Por Luciana Peker
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En Florencio Varela y Hurlingham los femicidios de amigas o de familias enteras generan espanto y son tildados de masacre. Pero siete de cada diez mujeres asesinadas son baleadas. No es una excepción, sino un fuego enemigo e íntimo de la violencia machista. La policía debe implementar exámenes con perspectiva de género e inhabilitar y sacar las armas a quienes son denunciados. Las políticas de desarme están frenadas y el mercado ilegal no está controlado. Las armas aumentan doce veces el riesgo de ser asesinadas para las víctimas de violencia.

Denise Juárez y Sabrina Barrientos fueron asesinadas y Némesis y Magalí heridas a balazos el 11 de febrero de este año, cuando salían de bailar de "Santa Diabla", en Florencio Varela. El 6 de febrero Diego Loscalzo -ya denunciado por violencia de género- le quitó el arma reglamentaria a su ex mujer Romina Maguna (policía bonaerense) y la mató a ella, a su cuñada Vanesa Maguna y su marido Darío Díaz e hirió a Cinthia López, una vecina, en Hurlingham. Se subió a su moto y asesinó a la suegra Juana Paiva y a un hermano de Romina, José Maguna, e hirió a su pareja. Fue detenido en Córdoba. El hijo de 11 años de Romina Maguna logró huir y alertar sobre los femicidios. No son casos aislados, masacres alocadas, ni mucho menos pasiones desatadas. Son femicidios cometidos con armas que no las carga el diablo, sino que no las regula ni controla el Estado.

Setenta y dos mujeres fueron baleadas por ser mujeres en el 2016. Casi el 50 por ciento de los femicidios se comete en la vivienda de la víctima o de la casa compartida del agresor. De hogar dulce hogar, nada, solo más peligro sin testigos ni protección. De 290 mujeres asesinadas cuarenta y seis habían denunciado y/o tenían una orden de exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento de quien las asesinó. La responsabilidad es del que les quitó la vida y del Estado que no les puso escudos para proteger la vida que ellas dijeron que corría peligro. El 17 por ciento de los agresores se suicidó después de matar a la persona que consideraban tan suya como el aire, en un escenario de inmolación que solo es asimilable al terrorismo y que necesita nuevas y mayores estrategias de protección a las víctimas frente al todo vale del victimario.

El último año se registraron 290 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y 37 femicidios vinculados de hombres y niños. Además 401 hijas e hijos quedaron sin madre (y más de la mitad son menores de edad) y 19 asesinos pertenecían o habían integrado fuerzas de seguridad con lo que el arma del delito y la capacitación para usarla provino del propio Estado. Por lo que 2 de cada 10 veces que un hombre terminó con la vida de una mujer fue entrenado por el propio Estado y casi 4 de cada 10 mujeres le pidieron ayuda al Estado antes de ser asesinadas pero no consiguieron salvar su vida, según la investigación realizada por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano" (y dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, con el apoyo de Fundación Avon y la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano), con datos que abarcan desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial.

El gatillo femicida es demasiado fácil, ya que las balas se disparan de armas provistas por el propio Estado por parte de personal de fuerzas de seguridad, de vigiladores privados o de personas autorizadas a portar armas. Pero que incrementan doce veces el riesgo de las víctimas de violencia de ser asesinadas. "Cuando la violencia íntima involucra el uso de un arma, el riesgo de vida para la mujer aumenta doce veces en comparación con otros medios de violencia porque las armas producen lesiones más severas y ponen en riesgo la vida y porque reduce las posibilidades de que la víctima escape o de que intercedan otras personas para ayudarla", señala en el informe "Un arma en el hogar aumenta la inseguridad de las mujeres" de la Red de Mujeres de International Action Network on Small Arms (IANSA).

"La sola presencia de armas de fuego incrementa las posibilidades de que ocurra un femicidio, un accidente, un suicidio. Las armas están hechas para matar, constituyen un vector que transmite violencia. Contrariamente a lo que muchas veces se piensa la mayor cantidad de homicidios dolosos por armas de fuego no se produce en ocasión de otros delitos como un robo, sino que se dan ante conflictos interpersonales. Vecinos que se pelean, discusiones territoriales, o bien en casos de violencia de género", dimensiona Aldana Romano, directora Ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) e integrante de la Red Argentina contra el Desarme (RAD). Ella subraya: "La desigualdad y la violencia de género está también presente en la violencia con armas de fuego: la proporción de mujeres con tenencia (legal o ilegal) de armas de fuego es claramente inferior a la de los hombres. Existe una vinculación subyacente del arma como elemento fálico, asociado al poder patriarcal". En Argentina el 96,5 por ciento de los usuarios civiles de armas son varones y el 3,4 por ciento mujeres.

La idea de la inseguridad como eco mediático del miedo se muerde la cola y conduce a mayor desprotección. La policía carga armas que pueden ser usadas por agentes de seguridad violentos fuera y dentro del horario de servicios. Y encima en San Valentín sacan un video de amor que -más allá de toda parodia bizarra- se terminan besando la camiseta como si se tratara de un cuadro de fútbol cuando la idea no debería ser sumar más enfrentamientos que siempre existen entre dos bandos. El miedo a los otros -a veces ampliado, impostado o fogoneado y a veces un miedo genuino en ciudades esquivas de lazos e impulsoras de desigualdades urbanas que exacerban el odio y el sálvese quien y como se pueda- potencia prácticas que no salvan del miedo (ni del peligro) sino que habilitan a que el miedo crezca como el reparto de armas entre personal de la seguridad privada. Si todavía no está claro ni es seguro el manejo de armas por parte de fuerzas de seguridad públicas, mucho menos en la seguridad privada.

Y como si no se pusiera a cuidar a dragones con fuego en la boca que incendian más el ardor del peligro, la Justicia violenta y machista es la que tiene que investigar el machismo violento. En Florencio Varela el fiscal que intervino en el caso de las amigas acribilladas -aunque con estatus de subrogante-, Hernán Bustos Rivas, fue denunciado por golpes a su ex mujer y por incumplir sistemáticamente con la cuota alimentaria de sus dos hijas durante toda su adolescencia. La violencia física, psicológica y económica debería inhabilitar a un fiscal. En este caso fue corrido de la causa, después que el programa Va de vuelta, que conduce Romina Manguel en Radio Nacional, descubriera el prontuario de violencia machista del fiscal que tenía que investigar la violencia machista -y no solo las pericias técnicas- del múltiple femicidio de Florencio Varela.

El abogado que representa a la ex mujer y las hijas del fiscal, Darío Saldando, explicó: "Hace diez años no estaban tan visualizadas las cuestiones de violencia de género. No obstante eso, desde hace diez años no pasa alimento a las hijas ni a la esposa, que quedó en una situación muy precaria". La idea de todo vale o que hay vidas que valen más que otras no es azarosa, sino parte de un discurso que no resguarda, pero sí exhala furia. El 13 de septiembre del 2016 el carnicero Daniel Oyarzun persiguió a dos ladrones que habían robado su comercio, en Zárate, con un Peugeot Partner, y mató a uno de ellos cuando lo aplastó entre su auto y una columna. "Si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido", recomendó el Presidente Mauricio Macri. "Hay un mensaje equívoco que asocia el arma con la seguridad cuando en realidad es exactamente a la inversa. El arma, absolutamente en todas las situaciones, aumenta los riesgos de consecuencias letales en resoluciones de conflictos. De cada diez casos donde las personas intentan defenderse, nueve terminan mal. El arma siempre es un riesgo. Y, desde ya, la proliferación de las armas de fuego en manos de la sociedad civil incrementa las posibilidades de nuevas muertes y de nuevos femicidios", advierte Romano.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/21936-gatillo-veloz