ARGENTINA, LA LUCHA CONTINUA

Por Andrés Carminati*
El Furgón –

El terrorismo de Estado en Argentina comenzó mucho antes del 24 de marzo de 1976. En esta historia de lucha, resistencia y represión estatal se encuentra el gérmen del genocidio que luego puso en marcha, de forma planificada, la dictadura militar.

Si bien, como ya es sabido, el 24 de marzo de 1976 se inició la más sangrienta masacre que ha conocido el pueblo argentino a manos de las Fuerzas Armadas del Estado. El terrorismo estatal y la masacre selectiva de militantes, delegados gremiales y activistas populares, se inició con anterioridad, y de manera sistemática hacia finales del gobierno constitucional iniciado en 1973.

En la zona del sur de Santa Fe, si hay que ponerle una fecha de inicio al terrorismo estatal, esta debería ser el 20 de marzo de 1975. Un año antes del golpe.

Ese 20 de marzo se produjo lo que el Ministro del Interior de Isabel Perón, Alberto Rocamora, denominó "Operativo Serpiente Roja del Paraná", destinado a combatir el "Complot de la Industria Pesada". Cerca de cuatro mil efectivos de fuerzas conjuntas, 90 vehículos de la policía federal y carros de asalto invadieron la ciudad de Villa Constitución y llevaron adelante un gigante "rastrillaje" (como le decían los milicos a patearte la puerta, meterse en tu casa, revolverte todo y llevarte preso), en toda la zona del Cordón Industrial del Paraná, desde Zárate-Campana hasta Puerto General San Martín, con epicentro en la ciudad de Villa Constitución. Durante el "operativo" se detuvieron alrededor de 300 personas, entre los que se contaban la comisión directiva completa de la UOM Villa Constitución, dirigentes de la Unión Ferroviaria de esa ciudad, delegados de Acindar, Marathon, Metcon en Villa, de PASA, John Deere, Massey Ferguson en la Zona Norte o la metalúrgica Galizia Bargut en Rosario.

Este operativo legal vino de la mano del creciente accionar de las fuerzas parapoliciales asesinas que han pasado a la historia bajo el nombre de la Triple A. Estas bandas, entrenadas y pertrechadas por el Estado (policía, fuerzas armadas, servicios de inteligencia, ministerio de ¿bienestar social?) agudizaron su accionar a partir del desembarco de las "fuerzas conjuntas" el 20 de marzo y comenzaron su campaña de terror contra la población en general y contra el activismo en particular.

Las noticias sobre cadáveres arrojados a los costados de las rutas o en la ribera del río, acribillados, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados, serían noticias cada vez más frecuente entre 1975 y 1976.

En noviembre de 1974 se había producido el histórico triunfo de la "Lista Marrón" en la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución. "La Marrón" era expresión del Sindicalismo Clasista y Antiburocrático, donde confluían el activismo obrero de base de Villa y la mayor parte de las fuerzas de izquierda revolucionaria, como el PRT-ERP, OCPO, Montoneros, Vanguardia Comunista, etc. Aquel 29 de noviembre, 2.623 votos del "Movimiento de Recuperación Sindical 7 de Septiembre, Lista Marrón", decretaban una contundente victoria sobre los a 1.473 de la "Agrupación Peronista Tercera Posición, Lista Rosa". Sólo por cuatro meses esa voluntad mayoritaria de los metalúrgicos villenses sería respetada.

También el 6 de noviembre de 1974, por decreto Nº 1368/74, la presidenta María Estela Martínez de Perón dispuso el "Estado de Sitio" en todo el país. Según sus fundamentos, el Estado Nacional debía "…con toda energía, erradicar expresiones de una barbarie patológica que se ha desatado como forma de un plan terrorista aleve y criminal contra la Nación…".

A partir de ese mes fueron cada vez más frecuentes los "procedimientos antisubversivos" y "rastrillajes", que la Policía llevaba a cabo en distintos puntos de la ciudad de Rosario.

En febrero de 1975, un nuevo decreto, el Nº 261/75, otorgaría a las Fuerzas Armadas el comando de la represión en la provincia de Tucumán, con el fin de exterminar a la Compañía de Monte del ERP y al pueblo que la sostenía. En su artículo primero se leía: "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMÁN".

Este decreto le daba "legalidad" al denominado "Operativo Independencia" que se había iniciado de hecho algunos meses antes. A partir de febrero, en Tucumán se llevaría adelante la prueba piloto del genocidio que un año más tarde asolaría a todo el pueblo argentino. Allí comenzaría a operar el primer centro clandestino de detención y tortura del país: "La Escuelita" de Famaillá.

"El complot de la industria pesada"

Al mes siguiente, los periódicos mencionaban cierta "información sobre una merma en la producción en lugares como San Nicolás y Villa Constitución, donde la UOM tienen filiales dirigidas por sindicalistas radicalizados".

El 20 de marzo, un diario de la ciudad de Rosario informaba con grandes letras en su tapa: "Descubriose un vasto complot. Destinado a paralizar la industria pesada entre San Nicolás y nuestra ciudad".

Para combatir este "complot" fue instrumentado el "Operativo Serpiente Roja del Paraná". Durante el mismo, las "fuerzas conjuntas" realizaron una gigantesca razzia selectiva, destinada a detener a gran parte del activismo obrero y popular que ya había sido identificado por las distintas agencias de inteligencia del Estado y mediante las listas negras confeccionadas previamente por las patronales empresarias de la región.

A principios de mayo, el Ministro del Interior afirmaría que durante el "operativo" se habían detenido a 307 personas, entre los que destacaban la comisión directiva completa de la UOM Villa Constitución, y diferentes delegados y activistas obreros de todo el Cordón Industrial. La mayor parte fueron trasladados a la cárcel de Coronda, en calidad de presos políticos, donde permanecieron recluidos varios años en condiciones aberrantes.

La respuesta no se hizo esperar, y la combativa clase obrera de Villa, que un año antes junto a vastos sectores del pueblo había protagonizado el "Villazo", declaró la huelga con ocupación de fábricas hasta que fueran dejados en libertad los compañeros detenidos. Comenzaría así una heroica lucha de todo el pueblo de Villa que resistiría durante dos meses.

De inmediato, el Ministerio de Trabajo intimó a desocupar las plantas. "Una cosa es el sindicalismo y otra la subversión", diría. En la misma sintonía, el Ministro del Interior, en su Informe sobre el Complot, explicaba que "habían podido detectar una vasta red de infiltración extremista en los establecimientos industriales de esa zona y sus poblaciones aledañas, que estaba formando un verdadero tumor subversivo (…) y que había comenzado a echar raíces acompañado de sus dos métodos fundamentales de acción: subversión política y terrorismo industrial".

La huelga y ocupación de fábrica duró hasta el 26 de marzo. Ese día se produjo la intervención, de hecho, de la UOM Villa, designándose un delegado "normalizador" (Simón de Iriondo), y además la policía procedió a desocupar por la fuerza las plantas industriales. Según el tradicional periódico La Capital, las mismas fueron desocupadas por "un operativo de características espectaculares, por la cantidad de hombres puestos al servicio del mismo". Se trataba, según el diario, de "la Policía Federal -acantonadas en el interior de la fábrica- y personal especializado en la lucha contra la guerrilla de la Brigada Rural de la Policía Provincial, conocido como ‘Puma’". Además, según el mismo periódico -insospechado de tener alguna simpatía hacia los trabajadores- durante el desalojo "agentes de la Policía Federal provistos de nóminas del personal, identificaban a los obreros que comenzaban a salir de la fábrica y a los señalados en sus listas como delegados de base o activistas fueron sistemáticamente detenidos".

A pesar de los desalojos, la resistencia se trasladó a los barrios, y la lucha por la libertad de los dirigentes presos sería tomada por gran parte del pueblo de Villa Constitución, a través del "Comité de Lucha".

El 22 de abril, unos 10.000 trabajadores con sus mujeres e hijos marcharon con dirección a la plaza central de Villa para realizar una asamblea. Sin embargo, la misma no pudo concretarse debido a la feroz represión policial. Durante esa jornada cayó muerto José García, obrero de Acindar, diez personas resultaron heridas y cien fueron detenidas. Aquella movilización fue el punto más alto de la resistencia. La represión, el aislamiento y el desgaste propio de las luchas prolongadas llevaron a los trabajadores a levantar, en asamblea, la medida de fuerza. Era el día 19 de mayo, habían pasado 61 días de la invasión sobre Villa.

Durante esos dos meses las organizaciones parapoliciales tuvieron rienda suelta para realizar su masacre contra el pueblo y sus militantes. Dos hechos que ejemplifican el accionar y la impunidad de estos grupos son: el asesinato de Rodolfo Mancini, de 25 años, delegado de Metcon. Mancini fue secuestrado el primero de mayo y luego "encontrado semi calcinado y acribillado a balazos en el baúl de un automóvil incendiado en Sarandi, a 15 kilómetros al sur de la Capital Federal". Y el asesinato de Jorge Ramón Chaparro, de 28 años, que trabajaba como conductor de los colectivos de los obreros de Acindar y Metcon. Chaparro no tenía militancia política o gremial. Se había negado a transportar a los carneros que la empresa había traído para romper la huelga.

El mensaje era claro: la muerte visitaría las casas de los activistas, pero también la de los solidarios con la lucha.

Otro caso ejemplificador de esta práctica de terror hacia la población, fue el doble crimen del canillita Juan Carlos Ponce de León y el portuario Adelaido Viribay. Los mismos fueron asesinados en la "peña" donde estaban reunidos junto a otros trabajadores y vecinos. Esa noche, en "un automóvil, varios desconocidos, utilizando armas de distinto calibre, atacaron el inmueble…". La reunión baleada era una "peña" desvinculada del conflicto. Los asistentes a la misma se reunían a comer y cantar.

Otro mensaje: la muerte también visitaba a los que se reunían con cualquier motivo…

Los asesinos se movían con total impunidad en una ciudad llena de controles y ocupada militarmente. No se movían por "tierra de nadie": habían llegado hasta su destino atravesando un camino de una empresa perteneciente a Acindar.

La dirección de Acindar –que era presidida en ese entonces por el futuro ministro de economía de la dictadura, "don" Alfredo Martínez de Hoz- es la responsable intelectual y económica de las detenciones, de las torturas, asesinatos y desapariciones cometidos contra cientos de trabajadores de la empresa. Como informaba el periódico La Capital, la "Brigada Rural "Puma" y el "personal especializado en la lucha contra la guerrilla" se encontraba "acantonadas en el interior de la fábrica". Durante el desalojo de la planta detuvieron con "nóminas del personal", es decir con las listas de los empleados de Acindar, provistas por la misma empresa, a los "señalados en sus listas como delegados de base o activistas".

Ya en 1984, la comisión investigadora de la CONADEP Santa Fe había establecido que al interior de la fábrica existía un Centro Clandestino de Detención y Tortura en el ex "albergue de solteros". En ese entonces, hace más de 20 años, concluía el informe: "La vinculación entre la política de seguridad del Estado y el poder económico tuvo en este caso un ejemplo elocuente.(…) Globalmente las fuerzas que reprimieron en Villa Constitución son, por orden cronológico desde 1975: Policía Provincial, Policía Federal, Fuerzas parapoliciales – quienes siempre actuaron -y, desde marzo de 1976, Fuerzas Armadas, a veces conjuntamente con policiales o parapoliciales".

Casi quince días después de haber finalizado el conflicto en Villa Constitución, el 2 de junio, se produjo la designación de un nuevo titular en la cartera de economía: Celestino Rodrigo. El ministro que pasaría a la historia por las medidas económicas de corte neoliberal y de ajuste, y que la sabiduría popular bautizó como "Rodrigazo".

La oportunidad no era azarosa: en marzo de 1975 la UOM de Villa era el último bastión de las experiencias clasistas y combativas que permanecían en la dirección de algún sindicato. Agustín Tosco y René Salamanca, máximos referentes del clasismo cordobés, deambulaban en la clandestinidad con órdenes de captura y sus sindicatos intervenidos. Lo mismo había sucedido con Raimundo Ongaro: en agosto de 1974, el gobierno le había retirado la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense que él dirigía, y desde octubre de ese año permanecía en prisión.

Aun así, durante junio y julio se produjeron las movilizaciones más grandes que ha conocido la historia de la clase obrera argentina. La CGT se vio obligada a decretar la huelga general por 48 horas, la primera decretada contra un gobierno peronista, que además impuso la renuncia del criminal López Rega y de Rodrigo.

Después de varios meses "confusos", donde la burocracia sindical, producto de la enorme movilización obrera, había logrado cierta influencia en Casa de Gobierno, se inició la ofensiva final de la burguesía argentina y sus Fuerzas Armadas.

En octubre, los decretos Nº 2770, 2771 y 2772, encomendaban a las Fuerzas Armadas a "ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".

Es decir, se extendía al resto de la República el "Operativo Independencia".

En noviembre se producía el primer "Operativo Militar en Rosario". Más de cinco mil hombres de Ejército, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía, comenzaron un operativo de gigantescas magnitudes.

La prensa señalaba: "Varias villas de emergencia fueron cercadas identificándose a sus habitantes y abocándose a la búsqueda de armas y elementos subversivos. (…)También fueron detenidos micros del transporte urbano para identificar a los pasajeros…en la estación Mariano Moreno y en las vías de acceso a la ciudad".

Si bien desde septiembre se vivía un clima de terror en la ciudad, a partir de noviembre, con una ciudad ocupada militarmente, con constantes razzias y controles de tránsito, los crímenes de las bandas paramilitares aumentaron exponencialmente.

¿Estas "bandas" eran invisibles a los controles de tránsito, ninguna  razzia encontró nunca sus refugios?

No, las "bandas de ultraderecha" nacían de los mismos cuarteles y comisarías. De allí brotó la muerte y la barbarie que la burguesía cultiva para sembrar en casos de peligro. El genocidio ya estaba en marcha, en pleno "Estado de derecho". Las víctimas eran obreros, maestros, delegados gremiales, estudiantes, activistas políticos, abogados defensores de derechos humanos o laboralistas, etc.

La "violencia" en abstracto no existe. Existen y existieron "violencias". El Estado, que se autoadjudica el monopolio de aquella que es "legítima", la ejerció con toda su potencia a fin de sostener el sistema capitalista. "En la legalidad y en la clandestinidad, para que la muerte los repare".

Claramente lo expresó Videla en noviembre de 1975, en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos (contrarrevolucionarios y genocidas) en Uruguay: "Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país".

Después de 1973 la burguesía y sus milicos habían comprendido que para derrotar a esa poderosa fuerza obrera y popular que había parido los Cordobazos, Rosariazos, Villazos, y otros "azos", había que exterminar a su vanguardia, a los movilizados entre los movilizados, a quienes llevaban en el cuero y la conciencia aquellas jornadas insurreccionales, a quienes no se dejarían amansar por el dominio de ningún capital, a quienes sólo aceptarían el futuro: el cielo por asalto.

La historia parada en ese dramático punto tenía sólo dos caminos: el triunfo de la Revolución o la Muerte. Ganó la muerte…

Sólo temporalmente.

(1) Obrero de Marathon, dirigente de la UOM Villa Constitución, Militante del PRT-ERP. Único miembro de la comisión directiva de la seccional de la UOM que logró eludir la represión y que presidía el "Comité de Lucha".

Fuente: lafogata.org