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ARGENTINA LA
LUCHA CONTINUA
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Derecho a la vivienda: estado de situación
Por Red Eco Alternativo
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre dio a conocer un
informe sobre desalojos de la Ciudad de Buenos Aires en 2016 elaborado en el mes
de noviembre pasado. El informe detalla los casos o intentos de desalojo
sucedidos en estos últimos 10 meses de presidencia de Macri, y las problemáticas
con estado procesal avanzado de desalojo judicial.
La publicación del informe vino a colación de haber logrado suspender, el
miércoles 15, el desalojo judicial de la Casa de la Calle Cobos (integrantes de
la Cooperativa de Viviendas Butteler), junto a diversos movimientos sociales y
el equipo jurídico de Vivienda de la Liga encabezado por los Dres. Héctor
Trajtemberg y Rosa Herrera.
El objetivo es contribuir al debate de la cuestión de los derechos humanos en la Argentina, en marcha hacia un 24 de marzo en las calles, contra el negacionismo, la impunidad, la represión y por la libertad de los presos por luchar y postulando la alternativa de la lucha y la unidad del campo popular.
De acuerdo a la información manejada por el espacio, plantearon que son 600.000 personas las que se encuentran en emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. De ellos 22.000 personas permanecen en situación de calle (incluyendo en paradores y hotelados) y 275.000 personas viven en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señalan en su informe que la grave situación que se presenta hoy se cristaliza en una violenta disputa en el territorio por el acceso al suelo urbano y a la vivienda, cuyo sector más débil, el de los trabajadores (incluidos y excluidos del mercado laboral), resultan los mayores afectados.
Esta situación es producto de un modelo de desarrollo urbano llevado a cabo, tanto desde el ámbito público como el privado que se remonta a la última dictadura cívico-militar.
Indican también que para llevar adelante este tipo de políticas urbanas, de las cuales uno de los puntos de conflicto se verifica en las prácticas de desalojo los sectores especuladores privados, cuentan con el respaldo de los tres poderes del Estado:
El Ejecutivo, con la omisión de llevar adelante políticas públicas de construcción de viviendas para los sectores más postergados.
El Legislativo con la regulación, por ejemplo, en los códigos procesales (civiles y penales) de construcciones jurídicas que vulneran derechos básicos como el de la defensa y el debido proceso, legalizando el adelantamiento de un desalojo sin que el propietario espere la sentencia definitiva (desalojo anticipado/restitución inmediata del inmueble al supuesto propietario).
Y el Poder Judicial (tanto nacional como el de la Ciudad) sacralizando la propiedad privada, siendo totalmente funcional a la especulación inmobiliaria y de la construcción para sectores de alto poder adquisitivo en desmedro del derecho a la vivienda de varones, mujeres, niños, niñas y adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, etc.
En función de este modelo de ciudad elitista y de expulsión de los sectores más postergados de la metrópoli que, plantean, remonta su origen en la última dictadura cívico-militar, señalan que se produjeron aumentos de los valores del suelo urbano y de la construcción, como así también aumentaron los requisitos exigidos para el acceso a un alquiler para vivienda de manera formal. Esto, sumado a la falta de intervención Estatal para su regulación, afectó el acceso a la vivienda digna y a un hábitat sano de los sectores populares empujándolos al espacio de la informalidad para acceder a un techo. Estas personas y familias se encuentran entonces en peligro permanente en cuanto a la estabilidad en sus viviendas, como a su tenencia (en los casos de los inquilinos formales e informales) y en la posesión de los inmuebles recuperados en su función social (villas u otros inmuebles con poblaciones que data de muchísimos años). Esto los expone a ser enjuiciados por desalojos como así también por desalojos de hecho, generalmente llevados a cabo por quienes dicen ser sus propietarios, juntamente con patotas.
Finalmente señalan que el macrismo lleva más de ocho años gobernando la ciudad más rica del país, que es verificable su falta de voluntad política de resolver esta problemática de fondo y que esta situación se agudizó, desde el fortalecimiento de esos lineamientos con la asunción de Mauricio Macri, como Presidente.
Desde principios de este año, La Liga actúa en el espacio de Asambleas por el Derecho a la Vivienda junto al CIBA (Coordinadora Inquilinos de Buenos Aires), Proyecto Popular, Casa Popular- Patria Grande, MPP, y demás organizaciones como cooperativas de vivienda Butteler, Moreno, Papa Francisco y distintos inmuebles habitados por compañeros/as afectados a un inminente desalojo.
Informe completo: https://laladh.wordpress.com/2017/02/16/en-defensa-del-derecho-a-la-vivienda-balance-de-nuestra-contribucion-a-una-lucha-popular-que-no-decae/
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