El consenso electoral logrado en las elecciones de medio turno el pasado 22/10 animó al gobierno de Mauricio Macri para la aceleración de algunos cambios estructurales que suponen un fuerte ajuste, tal como se visibilizó con las propuestas de reformas laborales, previsionales, tributarias y fiscales, ratificadas por la inmensa mayoría de los gobernadores e incluso la cúpula del sindicalismo tradicional.

Sin embargo, sectores ideológicamente ortodoxos, que se posicionan a la derecha del propio gobierno, demandan mayor premura en esos y otros cambios, al tiempo que reclaman por el tiempo perdido desde diciembre del 2015. Desde el oficialismo les responden que se trata de adecuar las reaccionarias modificaciones a lo que la política permite. La respuesta de Miguel Ángel Pichetto, Presidente del Bloque de Senadores del peronismo, frenando la iniciativa legislativa de modificaciones en el régimen laboral, parece darle la razón al gobierno. El Senador peronista se ampara en el debate hacia el interior de la CGT y el movimiento sindical y popular, caso de las CTA y más allá, dando cuenta que no alcanza con los avales de la cúpula sindical y política de los gobiernos de provincia.

La realidad, como sostuvimos en varias ocasiones, es que existe la iniciativa política del gobierno y del poder, demandando mayor radicalización en las transformaciones a favor de la ganancia y la acumulación, pero también existe iniciativa popular que interviene en la gestación de poder popular. Esta iniciativa incide también en la "relativa" moderación gubernamental, el "gradualismo" según los políticos afines a Macri; pero además, en la sensibilidad de la oposición política sistémica, la que aspira a discutir un lugar de visibilidad como alternancia futura en el gobierno del capitalismo local. Variadas reuniones, asambleas, encuentros de organizaciones sindicales, territoriales, sociales y políticas que pretenden frenar la ofensiva gubernamental pueblan el horizonte de las protestas en curso.

Es cierto que algunos quisieran ya la convocatoria a un Paro Nacional, lo que requiere de una articulación social y política por ahora ausente. La urgencia de la demanda se asocia al intento de frenar los cambios en proceso de discusión legislativa en un cuadro de mantenimiento del alza de precios y tarifas que afectan los ingresos de la mayoría de la población. De hecho, ya existen convocatorias a movilizaciones multisectoriales contra las iniciativas legislativas, las que impactan negativamente en la vida cotidiana de la mayoría de la población, sean trabajadores activos o pasivos, ocupados, regulares o irregularizados, tanto como a los beneficiarios de planes sociales. Estas medidas son reclamadas por el poder económico mundial, a activarse en la próxima cumbre de la OMC en diciembre y en la agenda del G20 presidido por el gobierno Macri en el 2018.

El avance de esta agenda legislativa de reformas estructurales constituye una situación que agravará la coyuntura de alza de precios, la inflación, que afecta a la mayoría social de menores ingresos y que se potencia con la agenda liberalizadora de la OMC y el G20.

Adicionemos, que la situación inflacionaria está crudamente asociada a la política económica y monetaria del Gobierno. No es casual que la proyección inflacionaria para el 2017 se imagine entre el 23 o 24%, muy lejos de la pauta gubernamental prevista. Las autoridades económicas estimulan el alza de precios con sus actualizaciones tarifarias y desde el BCRA se aplican políticas ortodoxas de contracción del circulante para combatir la inflación, con elevación de la tasa de interés.

En materia económica existe la voluntad expresada desde el inicio del Gobierno Macri para actualizar las tarifas de servicios públicos, solo frenadas por la protesta popular durante el 2016. Por eso, el interés del gobierno se concentra en un proceso recurrente de actualización tarifaria hasta la eliminación total de los subsidios públicos. La convergencia de los precios de los servicios públicos con el costo más la ganancia empresaria es lo único que satisfará la lógica de mercado del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el objetivo de hacer converger los precios internacionales del petróleo con los combustibles, en una coyuntura de recuperación del precio internacional del petróleo, que augura recurrentes aumentos de combustibles.

A contracorriente, solo se puede acudir a que se sostenga la protesta desplegada en los últimos intentos por actualizar las tarifas y aunque no alcance, intentar discutir la lógica mercantil impuesta para la prestación de servicios públicos. Necesitamos dar una batalla para concebirlos como derechos y no como mercancías.

Desde lo monetario, resulta evidente la política del BCRA de establecer metas de inflación contenidas, al 17% para 2017 y del 10% para el 2018, objetivo a sostener con elevadas tasas de interés, aún a costa de obturar cualquier proceso de recuperación de la actividad económica, más aún con un horizonte sin elecciones en el mediano plazo. Las tasas del 28,75% que pagan las LEBAC, que se negocian al 30% en el mercado secundario suponen un freno a la cotización del dólar y anima demandas de exportadores por devaluaciones próximas, las que afectarán los ingresos fijos de los sectores populares. Esas tasas de interés suponen un encarecimiento del crédito y el estímulo a inversiones especulativas que compiten contra cualquier estrategia de aliento al desarrollo productivo.

Tarifas y tasas de interés en alza inducen un proceso de actualización de precios de los sectores hegemónicos y de especulación financiera que actúan como mecanismos de redistribución regresiva del ingreso. El Gobierno busca achicar el déficit fiscal con incrementos de tarifas e inducir una restricción a la circulación monetaria con tasas elevadas para disciplinar la escalada de precios. Todo apunta a consolidar la ecuación de una mayoría perjudicada por las actualizaciones tarifarias del transporte, los combustibles, la luz, el agua, el gas y además, un aliento a la especulación.

Al mismo tiempo se intenta establecer un techo en la discusión por la actualización salarial del 2018, contenida en la meta de inflación del 10% y así, el precio de la fuerza de trabajo intenta contenerse, lo que requiere del disciplinamiento social y sindical. La represión es un requisito asociado al control de la protesta sindical y social.

La discusión es si pesa más la iniciativa por derecha, sea la del gobierno y los sectores hegemónicos e incluso de aquellos extremistas que exigen mayor celeridad en los cambios reaccionarios, o la que proviene, fragmentada por ahora, desde la izquierda diversa, partidaria o social, convergente con las demandas de los de abajo.

Convengamos también que muchos de los perjudicados económicamente son parte del consenso electoral logrado por el Gobierno de Macri y por ende, no alcanza con el análisis socioeconómico. Por ello es que se necesita también de la batalla en el plano cultural, el de las ideas. El consenso gubernamental se disputó ganando el sentido común con argumentos que requieren ser confrontados por otras explicaciones que generen nuevos sentidos para construir otro modelo productivo y de desarrollo favorable a la mayoría social. Estos argumentos y explicaciones suponen la discusión de proyectos adecuados para nuevas expresiones políticas del poder popular.