Las políticas públicas, estrategias y prácticas desarrolladas en la Provincia de Córdoba en materia de seguridad hace más de diez años, han sido objeto de múltiples críticas, denuncias e impugnaciones por parte de académicos e instituciones de derechos humanos. Al carácter arbitrario y estigmatizante de sus prácticas, se añade el cuestionamiento en la ambigüedad de sus reglas, la corrupción, criminalización, represión y el abuso policial que traen aparejados, la habilitación a la institución policial a intervenir con fines preventivos y la inefectividad al momento de intentar reducir la violencia e inseguridad.

Este paradigma de la (in)seguridad, se basa en los modelos estadounidenses de "tolerancia cero" establecidos por el Manhattan Institute, think tank promotor de la penalidad neoliberal, que considera que la seguridad ciudadana aumentará gracias al control del desorden de pequeña escala en lugares públicos. Se aplican políticas preventivas fuertemente agresivas con un gran número de policías en las calles en todo momento.

Esta dinámica de la política de seguridad cordobesa, permite hablar de un "Estado Policial", entendiendo por éste no sólo a las fuerzas policiales en sí mismas, sino a todos los dispositivos, tecnologías y mecanismos que son propios de este tipo gubernamentalidad, expresión local de las sociedades de control que se configuran como un signo de época.

El presente artículo tiene por objetivo el análisis de ciertas tendencias evidenciadas en esta política de seguridad provincial: en primer lugar, una hiperinflación carcelaria, seguida de una expansión horizontal del sistema penal, un incremento del presupuesto y el personal vinculado a seguridad y un aumento de la autoridad y las capacidades del mencionado sistema. Por último, se analiza el hecho de que son los marginados del poder político y económico el principal blanco de esta política de seguridad descrita.

La política de seguridad del Estado Provincial cordobés se encuentra enmarcada en la "Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba" (Ley N° 9.235) y el "Régimen de los servicios de prestación privada de seguridad, vigilancia e investigación" (Ley N° 9.236).

La Ley N° 9.235 circunscribe el problema de la inseguridad, a la física y de la propiedad, dejando de lado las nociones de inseguridad social y económica. En su artículo 3° establece: "La seguridad pública tiene por objeto: I. Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba; II. Proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes".

De acuerdo a este instituto, existen dos metas principales que deben guiar la creación de estrategias para prevenir el crimen e incrementar la seguridad ciudadana: mantener el orden y crear estructuras que refuercen las leyes. Bajo esta visión proactiva, la policía debe contar con los recursos para poder realizar su trabajo correctamente y la libertad para usarlos de manera innovadora (Kelling, G. y Corbett, R, 2003). De acuerdo a la política de "ventanas rotas", la seguridad ciudadana aumentará gracias al control del desorden de pequeña escala en lugares públicos. Se busca enviar el mensaje de que ningún tipo de actividad ilegal será tolerada, con políticas preventivas fuertemente agresivas y la existencia de un gran número de policías en las calles en todo momento (Kelling, G. y Coles, C., 1996).

A su vez, dentro de la "tolerancia cero" se utiliza una técnica denominada "stop and frisk", que consiste en "controlar, detener y en caso de necesidad someter a un cacheo en la calle a cualquier persona que pueda ser "razonablemente sospechosa" de un crimen o un delito" (Wacquant, 2004:15).

El mencionado marco regulatorio se ha articulado a su vez con la Ley Provincial N° 8.431 "Código de Faltas de la Provincia de Córdoba", sancionada en 1994 y que desde el 1° de Abril de 2016 ha sido continuada/sustituida por la Ley N° 10.326 "Código de Convivencia Ciudadana".

Esta dinámica de la política de seguridad cordobesa, observada y denunciada también en el continente en general, permite hablar de un "Estado Policial", entendiendo por éste no sólo a las fuerzas policiales en sí mismas, sino a todos los dispositivos, tecnologías y mecanismos que son propios de este tipo gubernamentalidad, expresión local de las sociedades de control que se configuran como un signo de época. Una "estructura gubernativa que ordena cuerpos y cosas en el territorio a partir de lógicas y dispositivos biopolíticos de intervención sobre ese territorio y los sujetos que en él/sobre él existen" (Job, 2013).

Se entenderá por biopoder "el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder" (Foucault, 2006:15).

En términos de la demografía penitenciaria, se habla de una "bulimia carcelaria". A nivel nacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales anunció en 2005 que en 7 años, la cantidad de presos se había duplicado (Job, 2011).

Si se considera la tasa de población penitenciaria cada 100 mil habitantes en Argentina, puede observarse un franco crecimiento en la misma: mientras que en el 2000 era de 103 cada 100 mil habitantes, en 2012 la tasa fue de 149 cada 100 mil habitantes, un 45% más alta.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En el gráfico puede observarse el crecimiento de la demografía penitenciaria, que en quince años se incrementó en un 93%, pasando de 3.112 a 5.994 personas.

Fuente: Elaboración propia en base al Informe Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba, 2013.

De este modo, se observa una transformación en la finalidad del sistema penal, que ya no hace referencia a:

"prevenir el crimen ni tratar a los delincuentes con vistas a su eventual regreso a la sociedad una vez cumplida su sentencia, sino aislar grupos percibidos como peligrosos y neutralizar a sus miembros más perturbadores mediante un seguimiento estandarizado de los comportamientos y una gestión aleatoria de los riesgos que están más emparentados con la investigación operativa o el retratamiento o reciclado de los "desechos sociales" que con el trabajo social" (Wacquant, 2004:93).

Se dice así que el sistema contravencional es extensivo, ya que si bien sus efectos no suelen ser de consecuencias a largo plazo en cada condena, sí "sirven" a modo de disciplinamiento social ya que "atrapan" en sus redes a una cantidad considerable de ciudadanos. Así, el efecto disciplinador y el impacto en la subjetividad de ciertos sectores es determinante en su modo de estar y sumamente asfixiante por su amenaza constante, que no responde a razones ni acciones, sino a la simple voluntad absolutamente arbitraria e infundada de cada agente policial que decide aplicarla (siempre por orden y con respaldo político e institucional para hacerlo).

El régimen contravencional se vuelve así, una de las principales herramientas de segregación socio-territorial del Estado Policial en la Provincia.

La tercera tendencia de la política de seguridad cordobesa hace referencia al enorme incremento en las erogaciones públicas que trae aparejado.

Si se analizan los gastos del Gobierno Provincial de acuerdo a su finalidad, puede observarse el marcado crecimiento que en términos nominales viene teniendo el presupuesto en "Servicios de Seguridad y Justicia".

Este tipo de gasto tiene en cuenta:

"las acciones inherentes al mantenimiento del orden público interno y acciones relacionadas con el sistema penitenciario. Incluye el financiamiento de políticas sobre defensa de víctimas de delitos, reinserción de liberados, seguridad deportiva, seguridad vial, las acciones tendientes a conocer la verdad y preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado y la aplicación del poder de policía en todo el territorio provincial" (Portal de Transparencia Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2015).

Mientras que en el 2009 este gasto fue de $1.328 millones, en el 2016 fue de $11.210 millones, lo que implica un incremento del 744% en 7 años.

A su vez, si se analizan los crecimientos interanuales, puede observarse una variación del 39% en el monto presupuestado para el corriente año en relación al 2015.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Analizando la composición de ese gasto, puede concluirse que el mismo no se ha modificado en gran medida a lo largo del período analizado.

Los "Servicios de Seguridad y Justicia" están compuestos por:

A partir del gráfico que se muestra a continuación puede observarse cómo a lo largo de los años, la composición de este tipo de erogaciones no se ha modificado de modo sustancial. En ambos años, los gastos en Seguridad Interior constituyen un 80% del total, el que pertenece al Sistema Penal evidencia en promedio una participación del 16%, la Administración de la Seguridad un promedio del 3% y los gastos de Justicia un magro 1%. Es importante resaltar que en el año 2016, los gastos de "Seguridad Interior" fueron 73 veces el monto destinado a "Justicia" ($9.007 millones contra $124 millones).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Al entender al presupuesto como la "expresión y el resultado de los acuerdos, pactos y mecanismos políticos que se forjan coyunturalmente alrededor de los principales aparatos del Estado o en las reformas estructurales de reducción del Estado y las políticas sociales", es que las estadísticas mencionadas adquieren importancia (Carrión, F y Dammert, M. 2009: 18). Quedan evidenciadas de este modo, las claras prioridades del Gobierno en materia de seguridad.

"Llevar a cabo actividades de acuerdo al estudio de las necesidades y demandas de la población conforme a un estudio sistemático analizando el entorno, evaluando las fortalezas y debilidades de la Repartición e identificar oportunidades en que la Institución se podría acercar al valor ideal para desarrollar una estrategia acorde a la situación imperante; Potenciar el sistema de prevención y operativo; Lograr el óptimo rendimiento de recursos materiales y humanos; Capacitación específica y cultural del personal; Buena comunicación con la sociedad; Optimizar los servicios; Luchar contra el narcotráfico y adicciones".

En el modelo de seguridad cordobés descripto, la institución policial aparece como un actor fundamental en su implementación.

Si se analiza el personal policial, puede observarse que el mismo ha evidenciado desde 2005 un incremento del 107% en su planta, pasando de tener 11.737 empleados, a 22.815 en el año 2016, como se evidencia en el cuadro a continuación. Estos datos corresponden sólo a la cantidad de integrantes de la Policía Provincial, no están incluídos los agentes de la Policía Federal, Policía Aeroportuaria, Gendarmería, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, personal del Tribunal de Conducta Policial, Fuerzas Armadas en general y agentes de seguridad privada (negocio que ha incrementado su número y ganancias de manera exponencial en los últimos años).

Al realizar una comparación con el crecimiento del personal docente en relación a los datos anteriores, se puede observar que el personal vinculado con la "Educación Inicial y Primaria" era en 2005 de 18.672 personas y en 2016 está compuesto por 21.106 docentes, es decir que el crecimiento ha sido de un magro 13%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En este punto es importante destacar que el números de policías por habitante existente en la provincia está muy por arriba de las recomendaciones que, según varios artículos, realizaría la ONU de 1 cada 280 habitantes, ya que la provincia presenta 1 policía cada 145 habitantes, es decir casi el doble.

Los anteriores, son todos indicadores del modo en el que la política de seguridad del Estado Provincial ha ido incrementando en términos presupuestarios y de personal: evidencia, además de la tremenda policialización existente en el territorio, el enorme gasto ineficaz en el que está sumido la provincia.

Esta radiografía da cuenta de que el Estado Policial, si bien no se limita a la institución policial, sí encuentra en ella su columna vertebral "ordenadora". No es ya la política representativa la instancia de condensación y ordenación del conjunto de voluntades, sino la disputa directa en/sobre el territorio, la que configura una dinámica social cada vez más "a la intemperie", donde la violencia se vuelve el signo de época para dirimir el modo en que la vida se desarrolla en el espacio social.

Una primera aclaración al momento de hablar de la cuarta tendencia en la política de seguridad cordobesa, debería quizás señalar cierto borramiento, o al menos difuminación, entre la esfera pública y la privada. Si bien esta división, según una concepción marxista del Estado y el Derecho, respondió siempre a una operación ideológica (en el sentido de velo), lo que es indudable es que esa frontera (incluso si respondía a operaciones ideológicas) está sumamente en crisis, siendo cada vez menos significativa para explicar la realidad social y el momento histórico. Así, el Estado ha sido tomado por asalto, casi sin mediaciones, por las empresas transnacionales en los diversos ámbitos, y la "tercerización" se ha vuelto uno de los modos predilectos de "gestión" del Estado, pero también, y sobre todo, de transferencias de recursos desde la población hacia los sectores más concentrados de la economía. Este fenómeno es indiscutible cuando se observa de modo desagregado el presupuesto en materia de seguridad.

En ese marco, las campañas comandadas por las empresas de (in)comunicación masiva, atizando de manera histriónica la bandera de la inseguridad, no sólo han permitido el crecimiento desmesurado e ineficaz de las fuerzas estatales de seguridad, sino que han posibilitado la existencia de una brecha cada vez mayor entre la seguridad provista por las instituciones públicas y la percepción de la seguridad por parte de la sociedad, lo que redunda en un colosal desarrollo del negocio de la seguridad privada: erogaciones de tipo preventivo (seguros, alarmas, cámaras, entre otros) que realizan las familias para de este modo incrementar su sensación de seguridad (El Llano en Llamas, 2015).

En relación a los servicios privados de seguridad y custodia (enmarcados en nuestra provincia en la mencionada Ley N° 9.236), los mismos son de gran dimensión no sólo a nivel mundial, sino también regional y nacional.

Claramente la Argentina no es ajena a esta tendencia. De acuerdo a los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el año 2010 había 111.203 empleados formales trabajando en 1.434 empresas dedicadas a la seguridad privada.

Si la hiperinflación carcelaria, está a su vez acompañada de una expansión horizontal del sistema penal, un incremento del presupuesto y el personal vinculado a seguridad y un aumento de la autoridad y las capacidades del mencionado sistema, lo cierto es que son los marginados del poder político y económico el principal blanco de esta política de seguridad descripta.

Fuente: Elaboración propia en base del "Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba".

A su vez, cuando se les preguntó a los encuestados "¿Cuántas veces fuiste detenido por aplicación del Código de Faltas?", seleccionando aquellos individuos con 5 o más detenciones, se concluye que el 75% pertenecen a barrios de nivel socio-económico bajo, el 15,6% a barrios con un nivel de ingresos medio y sólo el 5,9% se trataba de personas con un nivel socio-económico alto. Es evidente que estas diferencias no hacen relación a una mayor propensión de las personas de niveles socio-económicos bajos a cometer delitos, sino que muestran con claridad el carácter discriminatorio de la política de seguridad en la Provincia de Córdoba.

Fuente: Elaboración propia en base del "Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba".

La política de seguridad analizada en el artículo, nos permite hablar de la instalacion de sociedades de control en el continente latinoamericano en general, que en Córdoba toma la particular forma de Estado Policial.

A partir del despliegue de este Estado Policial es que podemos dar cuenta de las tendencias mencionadas: una la hiperinflación carcelaria, acompañada de una expansión horizontal del sistema penal, un incremento del presupuesto vinculado a seguridad, junto con una tremenda policialización de la provincia, y un aumento de la autoridad y las capacidades del mencionado sistema. A su vez, la evidencia de que este tipo de estrategias y tecnologías tienen como blanco principal a los marginados del poder político y económico.

Una política que presenta los más variados mecanismos de disciplinamiento y control social, con un objetivo preventivo, y que tanto en términos económicos como securitarios resulta ineficiente: evidencia crecimientos descomunales en sus gastos presupuestados, incrementos masivos de personal, un marcado desarrollo del negocio de la seguridad privada, que no implican reducciones en los índices de criminalidad, violencia, victimización o sensación de inseguridad; pero que por el contrario es una usina de violacion de derechos, dignidades y libertades humanas.

Queda en evidencia, una política estatal pensada para unos pocos, que busca controlar, reprimir y aislar a determinados grupos considerados "peligrosos". Deben diseñarse con urgencia, políticas públicas que piensen en la seguridad que comprendan que la unica manera eficiente de garantizar, incluso los objetivos de proteccion física y de la propiedad, es abandonando el paradigma guerrerista preventiva de policializacion social, que realizando una mejor utilizacion de los recursos estatales y privados garanticen una seguridad para la sociedad en su conjunto y no sólo para determinados sectores.

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