Pasados siete meses del gobierno Macri se verifica la suba de precios y una inflación que asciende por encima de la capacidad recaudadora del Estado, agravando el déficit fiscal y promoviendo un mayor ajuste que se descarga sobre la población de menores ingresos.

La lógica es el descontento social extendido y por eso las movilizaciones, antes contra los despidos y suspensiones (que continúan), y ahora contra el incremento de tarifas, que escalaron esta semana en un "ruidazo" en diferentes ciudades de todo el país. Como siempre, se adujeron motivaciones políticas a la movida, y realmente la tiene, ya que toda manifestación pública es política. La movilización expresa la voluntad de una parte de la población, lo mismo que algunos otros opinan, también políticamente, que hay que esperar a que la política oficial fructifique.

En este sentido bien vale recorrer la historia cercana de la inflación, ya que si el INDEC falseaba las cifras y señalaba para mayo del 2015 una evolución de precios del 1%, el promedio de las mediciones particulares indicaban un 2,1%, un indicador que busca ansiosamente el gobierno para cumplir con su imposible objetivo del 25% establecido para este 2016 y que ahora señala un 17% para el 2017.

Insistamos, el objetivo de evolución de los precios del gobierno Macri coincide con la inflación medida por las consultoras a mayo del año pasado, confirmando que no resuelve los problemas que denunciaba en su momento con el escamoteo de datos del INDEC. Resulta que iban a combatir la inflación del 2% mensual que ellos medían y ahora buscan contener la inflación en 2% como el ideal para este año.

El diagnóstico ortodoxo gubernamental culpabiliza el ascenso de los precios a la emisión monetaria y por eso provocó desde el BCRA una dura política de restricción monetaria. Subió la tasa de interés pagadas en Letras del Banco Central, LEBAC a 35 días, ahora al 30%, con picos en este tiempo del 38%, encareciendo el crédito, promoviendo la especulación con títulos y compitiendo con el tipo de cambio que está contenido en torno a los 15 pesos por dólar luego de la devaluación de diciembre 2015.

La hipótesis del gobierno era que los precios habían escalado a noviembre del 2015 con la referencia del dólar paralelo, blue o ilegal a 15 pesos por un dólar, con lo cual, el "sinceramiento" que imaginaban con la devaluación no se trasladaría a precios.

¿Qué ocurrió? La realidad nos demuestra subas de precios desde diciembre del 2015 de 5,2%, según las consultoras privadas (el INDEC había dejado de informar), y una continuidad inflacionaria desde entonces, que osciló entre 3,15% y 4,95%.

Ahora, con mediciones oficiales del INDEC los datos señalan un 4,2% para mayo y 3,1% para Junio, que promueve una inflación para todo el año superior al 40%. De continuar esta tendencia a la baja de los precios, resultado de la recesión y el ajuste provocado por el gobierno Macri, llegaríamos al objetivo del 2% mensual.

Enfaticemos que se trata de un objetivo que es similar al punto de partida de la inflación criticada hacia mayo del pasado año. De hecho, hemos vuelto al punto de partida pero agravando la situación recesiva y deteriorando la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población y encima, vuelven a escucharse voces de atraso cambiario, ya que la inflación de precios se habría comido la devaluación de diciembre.

El impacto de las medidas de política económica del gobierno es lesivo para la recaudación fiscal.

Los datos de la AFIP dicen que la recaudación del último mes creció un 27,5% respecto del mismo mes del pasado año, pero el problema es que la inflación anualizada alcanza al 45,7% y por lo tanto, se verifica una merma de los recursos fiscales para atender las necesidades presupuestarias.

Ante la situación fiscal resultante, la lógica oficialista es el ajuste, condicionado por obligaciones que jamás son puestas en duda, caso de las cancelaciones de los compromisos de deuda. La deuda con la sociedad crece mientras se cancela la contraída, sin investigaciones, con los acreedores externos.

Desde la oposición política, el actual gobierno sostenía que había que bajar la presión fiscal vía eliminación de las retenciones y al mismo tiempo terminar con los subsidios a las tarifas. La ejecución sin anestesia de ese programa culmina en el desfinanciamiento del Estado actual y un desorden descomunal en materia de tarifas, que por ahora escamotea el tema de fondo que es el modelo energético de privatización construido desde los años 90´.

El fenómeno que dispara las movilizaciones contra el tarifazo es la imposibilidad de pagar de gran parte de la población, cuyos ingresos han sido afectados por la política económica en curso, pero no incluye, salvo excepciones una discusión a fondo sobre la política energética necesaria.

La concepción prevalente desde los 90´ es la mercantilización de la energía y por eso la continuidad de operadores foráneos, con subsidios estatales o sin ellos, y un Estado favoreciendo vía regulaciones y ausencias de control sobre régimen de inversión u otros compromisos de las empresas, o con subsidios, o compras amañadas como hoy se denuncian respecto de la adquisición de Gas a Shell vía Chile.

Para superar la concepción mercantil sobre la energía, se necesita generar conciencia sobre el "derecho a la energía", lo que supone una disputa más allá de las tarifas y asociada a la lucha por la des-mercantilización de la economía, lo que supone una perspectiva de acumulación de poder popular para construir otra política, con otros beneficiarios.

Como vemos, no se trata de hacer participar al Estado o al Mercado, sino que en tanto relaciones sociales expresadas por ambas categorías, lo que interesa es al servicio de quién y para qué proyecto interviene el Estado.

En definitiva, el Estado capitalista promueve el Mercado capitalista. Por eso tiene que pensarse y construirse un rumbo transicional para superar al capitalismo, sin lo cual, el debate Estado versus Mercado no tiene sentido, ya que se elude la cuestión de fondo que define el orden económico, social, político y cultural del régimen del capital..

La solución ofrecida era devaluación, quita de retenciones, de subsidios y que el mercado reordene.

Todo indica que vuelven las presiones para otra devaluación y el BCRA se preocupa que el tipo de cambio no se retrase más, con lo cual hacen lo que criticaban: interviene el Estado en el mercado.

Con la eliminación o disminución de retenciones se produjo una gigantesca transferencia de ingresos a grandes empresarios productores y exportadores, del agro, la minería y la industria, en desmedro del conjunto social.

Al eliminar subsidios y trasladarlos a precios generaron protestas que llegaron a la justicia y habilita un tiempo de tensiones y disputas para satisfacer la demanda de las empresas por precios que aseguren alta rentabilidad, o de los usuarios que deberán radicalizar sus protestas y demandas para intervenir en la discusión sobre el modelo energético.

Las respuestas propagandísticas del PRO y CAMBIEMOS en campaña electoral, y ahora en el gobierno, no resultan soluciones para la sociedad y solo satisfacen la aspiración de ganancias de sectores hegemónicos del capitalismo local.

El problema a desentrañar es precisamente el orden capitalista y por eso, para que la política popular pueda tener éxito requiere de luchas con perspectivas más allá del orden capitalista. Todo un desafío para la sociedad y el movimiento popular.