(Publicado por movimientoendefensadelapacha el 12.5. en argentina indymedia)

Diversas organizaciones sociales y vecinos de todos los municipios asentados sobre la cuenca del Rio Luján, marcharon en caravana el 18 de Mayo desde el Canal de San Fernando hacia el Juzgado Federal No. 1 de San Isidro.

Allí entregaron una petición a la Juez Arroyo Salgado, para que dé lugar a la solicitud de "paralización precautoria de toda obra que se lleve a cabo en barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación" del Río Luján y Delta del Paraná, "como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquéllos cuyas obras no han iniciado", petición que fue presentada por el Fiscal Fernando Domínguez en febrero del corriente año.
"A más de tres meses de presentada dicha petición sin que la misma se ponga en práctica, queremos expresar nuestra preocupación a la Sra. Juez ya que las obras y rellenos continúan, aumentando los riesgos de inundación y perdiendo los múltiples beneficios que brindan estas áreas naturales", sostienen.

Por tal motivo, se concentraron en el Canal de San Fernando (Ruta 197 y Perón) para llegar al Juzgado Federal No. 1, calle 3 de febrero 110, San Isidro, a las 11:00. 

Fiscal insiste en frenar la construcción de countries por inundaciones

El 26 de abril, el fiscal federal Fernando Domínguez aportó nuevas pruebas a la jueza Sandra Arroyo Salgado solicitando la paralización precautoria de proyectos privados en la cuenca del Río Luján y el Delta del Paraná. Sostiene que dichas obras provocan graves inundaciones y acusa a los responsables de las mismas de estrago seguido de muerte, dejando el saldo de cuatro víctimas fatales en los últimos dos años, entre ellas un menor de edad, un delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Pasaron más de dos meses de la presentación del 17 de febrero pasado, sustentada en el testimonio y aportes de numerosos expertos, pero aún la Jueza Arroyo Salgado no se ha pronunciado. A las sólidas pruebas presentadas a principio de este año, se suman por un lado estudios de la Administración de Parques Nacionales, que sostienen que el proyecto inmobiliario "Puerto Palmas Pueblo Ecológico" amenaza con fragmentar el humedal de la Reserva Otamendi y una ordenanza del Concejo Deliberante de Campana que el 15 de septiembre del 2015 declaró como zona no urbanizable al área de humedales del Río Luján, debido a que las edificaciones potencian las inundaciones y dificultan el normal escurrimiento de las aguas. Además, un informe realizado por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, donde queda explícito que la presencia de desarrollos inmobiliarios suntuosos genera estrangulamiento y taponamiento en los cauces principales de las cuencas y un pronunciamiento del Defensor del Pueblo de la Nación. También e l Consejo Superior de la UNLu adhirió el pasado 12 de mayo a la solicitud de paralización precautoria de obras sobre humedales.

En su presentación, el fiscal enumera más de 90 barrios privados, countries, clubes y demás emprendimientos que habrían afectado el normal escurrimiento de las aguas, y solicita que se inicie un proceso de investigación a fin de ampliar y actualizar dicha lista para poder avanzar en una investigación más detallada de las responsabilidades penales. Asimismo, la fiscalía sostiene que este accionar sólo fue posible con complicidad, por acción u omisión, en los tres niveles del Estado, y por ello introduce en su denuncia la figura de incumplimiento de funciones públicas.

El petitorio plantea que los humedales son la identidad de estos pueblos y parajes, y que los vecinos tienen derecho a decidir el rumbo de estos lugares. Se advierte del arrinconamiento de la localidad entre las grandes urbanizaciones privadas y se cuestiona la pérdida de patrimonios arqueológicos indígenas.

Una primera tanda de firmas fue presentada el 31 de marzo por Mesa de Entrada del Municipio de Tigre, mientras el petitorio sigue circulando en distintos rincones de la localidad para reunir más adhesiones.

El 1º de abril, los integrantes de la Asamblea de Dique-La Ñata y el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) se manifestaron en Calle Italia y Arroyo El Claro, en la entrada al predio conocido como La Bellaca, donde la empresa EIDICO estaba construyendo el emprendimiento inmobiliario Santa Ana.

Según constataron los convocantes a la protesta, el ingreso al campo cuenta con una faja de clausura municipal con fecha del 12 de marzo y número de acta 13594. 

"El campo de La Bellaca está en la entrada de Villa La Ñata, entre las calles Italia y Loreto, es uno de los últimos pulmones verdes de la localidad de Dique Luján y tiene sitios arqueológicos con enterratorios humanos que son patrimonio sagrado de los pueblos originarios", manifestaron los organizadores de la movilización. 

"Solicitamos a las autoridades judiciales frenar este tipo de emprendimientos. Exigimos a las autoridades municipales no autorizar la construcción del barrio privado Santa Ana en La Bellaca y frenar este modelo injusto de desarrollo, que desde la década del 90, y a pesar de los cambios de gobierno, se mantiene", se expresó en la declaración presentada durante la anterior protesta, que se desarrolló el 18 de marzo frente a las oficinas de EIDICO. 

"Los humedales son parte de la identidad de Dique Luján y Villa La Ñata. No queremos que nuestra localidad se convierta en un ‘pasillo’ entre los megaemprendimientos inmobiliarios", se agregó en el escrito, en el que se concluyó: "Es una cuestión de supervivencia, estamos siendo acorralados".

Sólo en Tigre, Escobar y Pilar (Cuenca Baja del Río Luján), se han destruido unas 10 mil hectáreas de humedales, según la evaluación que hacen especialistas como los del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata.

Los humedales son una esponja natural que absorben las crecidas del agua por lluvia o sudestada, por lo que la desaparición intensiva de este patrimonio natural en las últimas dos décadas está directamente relacionada con el agravamiento de las inundaciones y la destrucción de la principal reserva de agua nacional. Además, este proceso ha sido acompañado por la privatización de tierras, calles, caminos y costas públicas, encerrando a los vecinos preexistentes y destruyendo sitios arqueológicos con enterratorios de los pueblos originarios.

Paralizan las obras de Costantini y Eidico en Escobar por irregularidades

A instancias de una resolución provincial, el Municipio dispuso en marzo la paralización de las obras en los megaemprendimientos urbanísticos que se están construyendo en el partido de Escobar, entre ellos, Puertos del Lago, del magnate Eduardo Costantini y San Matías, de la desolladora Eidico. 

Fuentes de la Secretaría de Obras Públicas explicaron que la medida obedece a una resolución provincial que "rechazó los planos de sector" presentados por los desarrolladores. "En virtud de esta disposición, que data del segundo semestre del año pasado y de la que el Municipio es autoridad de aplicación, lo que hicimos es pedirles a los desarrolladores que cumplimenten todas las observaciones que la Provincia les hizo y se abstengan hasta tanto de avanzar con las obras".

La situación tiene por protagonistas al magnate Eduardo Costantini, socio mayorista de la compañía Consultatio -desarrolladora de Nordelta, en Tigre- y dueño del Museo de Arte Latinoamericano (Malba); y al megaemprendimiento El Cantón, de la desarrolladora Eidico, de la que es presidente Jorge O’Reilly, la misma que mantiene otro litigio con la gestión de Ariel Sujarchuk por la usurpación de una calle en Punta Querandí, en el límite de Maschwitz y Dique Luján. Pero también alcanza a otros inversores. El Cantón, del broker JP Urruti y Asociados; El Naudir, Aguas Privadas y El Cazal, ambos desarrollados por la empresa E2 y emplazados entre la barranca y el Río Luján, en lo que se conoce en el mercado inmobiliario como el "Nuevo Cazador", se encuentran en un contexto similar. 

"Algunos están con voluntad de corregir los planos de sector y otros quieren seguir modificando el medio ambiente por fuera de las leyes provinciales y ordenanzas municipales. Es más, están haciendo obras que ni siquiera están presentadas en la Municipalidad y movimientos de suelo de grandes dimensiones que fueron clausurados, pero los continúan", expresó el intendente Sujarchuk.

El litigio entre el Municipio y los grupos inversores mantiene en vilo a quienes se encuentran habitando en estos megaemprendimientos, tanto como a aquéllos que están construyendo y a los que adquirieron lotes en las últimas ventas, ante la imposibilidad de escriturar sus terrenos y realizar obras mientras el conflicto no se resuelva.

El planteo del Municipio sobre los megaemprendimientos no se limita a la regularización de los planos de sector objetados por la Provincia. Para levantarles la barrera, el intendente también pretende que los urbanizadores hagan un aporte para el distrito proporcional a su envergadura. Lo hace apoyándose en la ley provincial 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que establece la obligación de que contribuyan con proyectos concretos que favorezcan a la comunidad en la que se emplazan. Las pretensiones de Sujarchuk son tres obras que considera fundamentales para el distrito: 1) Que completen la pavimentación del acceso de Panamericana hasta la avenida San Martín, a la altura de El Cazador; 2) Que ejecuten un plan hidráulico diseñado por el Municipio en el barrio San Luis para "evitar que se inunde a consecuencia de las obras que hicieron ellos"; 3) La reparación del puente de La Arenera, en Ingeniero Maschwitz, que habría sido roto por los camiones que acceden a esos emprendimientos.

Iniciado hacia fines de los ’90, el boom de las urbanizaciones privadas en el partido de Escobar alcanzó una dimensión descomunal. Un dato que lo sintetiza de manera contundente es que los cinco emprendimientos inmobiliarios que se encuentran en conflicto con el Municipio totalizan una cantidad de 2.331 hectáreas, de las cuales una gran porción se encuentra en zona de humedales.