El grupo llegó a Catamarca a bordo de un ómnibus Mercedes Benz alquilado y en las proximidades de Banda de Varela el chofer fue reducido. Allí debía hacer contacto con una camioneta Chevrolet y un camión frutero en el que viajaba oculto el armamento para llevar a cabo la operación. Éste incluía fusiles FAL, escopetas Itaca y pistolas ametralladoras PAM.
En el lugar escogido para hacer base los guerrilleros comenzaron a cambiar sus ropas y en esos momentos fueron observados por dos jóvenes que pasaban circunstancialmente en bicicleta. Los saludaron y siguieron su camino. Y cometieron el primero error: dejaron ir a quienes los delatarían ante la policía minutos después.  
Policías pertenecientes a la Dirección de Investigaciones y de la comisaría Tercera se trasladaron hasta el lugar a observar qué pasaba y entonces se produjo el primer enfrentamiento armado, que dejó un saldo de dos guerrilleros muertos y varios policías heridos.

El plan para robar las armas había comenzado a desandar el camino del fracaso. El repliegue fue inmediato y desordenado, en tres grupos que correrían distinta suerte. Irurzún y varios de los guerrilleros emprendieron la huída por la ruta provincial Nº 1. En el camino despojaron de sus automóviles a una mujer y a un cura y en ellos llegaron hasta la base "La Horqueta", en la selva del sur tucumano.

Otros guerrilleros se dispersaron y trataron de salir de la provincia por distintos medios. La mayoría, trece en total, fueron aprehendidos en la Terminal de ómnibus y en otros sectores del Valle Central. Siete años después serían sometidos a juicio, en un proceso judicial que como todos los llevados acabo durante la dictadura militar vulneró el derecho de defensa en juicio: los condenados ni siquiera vieron la cara del juez que los condenó ni se les informó de qué estaban acusados. Sólo se les hizo saber que habían sido condenados.

Muerte en el cañadón

La tercera fracción del grupo que intentó la operación militar, entre 16 y 18guerrilleros, quedaron al mando de Antonio del Carmen "Negrito" Fernández, un integrante del buró político del PRT-ERP cuya participación en una operación armada sería objeto de una severa autocrítica en el seno de la agrupación política de izquierda.

El reducido grupo quedó aislado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario. En un acto de ingenuidad, dos de sus integrantes bajaron hacia San José de Piedra Blanca a comprar pan y fueron detenidos y obligados mediante torturas a informar el lugar en el que se encontraban sus compañeros.  
Cuando la policía se acercó a las proximidades de la Capilla del Rosario el oficial de policía Ramón Acevedo, que guiaba a las fuerzas de seguridad porque conocía la zona, cayó muerto de un balazo disparado por los miembros del ERP.  
La muerte del policía Acevedo se transformó en la excusa ideal para tomar represalias desmedidas. En Catamarca confluyeron efectivos del RI 17 y del Tercer Cuerpo de Ejército con sus helicópteros y armamento sofisticado para la época. También participaron del ataque al grupo insurgente policías locales y de la Federal.

Los diarios de la época informaron sobre la refriega armada: 14 guerrilleros habían sido abatidos por el Ejército y otros tantos se encontraban detenidos. Entonces no se indagó cómo ocurrieron los hechos. Los vencedores fueron tratados como héroes de la Nación e incluso recibieron las felicitaciones de la entonces presidenta Isabelita.

Sin embargo, a partir de ese momento, sobrevoló el fantasma de la masacre. Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos denotaban que habían sido masacrados. En los protocolos de autopsia confeccionados en aquella época tres médicos forenses indicaron claramente las lesiones que presentaba cada uno de los cadáveres: todas eran sugestivamente realizadas con armas de fuego en zonas frontales o vitales, a corta distancia e incluso varias en los miembros superiores, un claro indicador de que las víctimas habían intentado cubrirse con sus manos y brazos, protegerse ya inermes de una ejecución.

Investigación

Pasarían casi treinta años de aquel episodio. Recién entonces un grupo de miembros de asociaciones ligadas a la defensa de los Derechos Humanos en Catamarca presentó una denuncia formal en el Juzgado Federal de Catamarca en la que se solicitó formalmente que se investigue aquel episodio y, además, que se identifique a cinco cadáveres que habían sido sepultados como NN en el cementerio municipal.

Ana Radusky, Guillermo Díaz Martínez, Mirta Clérici y Jorge Alberto Perea, con el patrocinio de los abogados Martín Fresneda y Claudio Oroz presentaron una denuncia escrita ante el entonces juez federal interino, Pedro Armando Navarro, en la que se aseveraba la existencia de una masacre, producida cuando el grupo guerrillero ya había depuesto sus armas ante la superioridad numérica de las fuerzas armadas.

Durante los últimos años tanto Navarro como su sucesor, Ricardo Antonio Moreno, tomaron medio centenar de testimonios e incorporaron pruebas al expediente, como una colección de fotografías tomadas entonces. En las gráficas se observa el modo en que eran llevados los cadáveres y la presencia de helicópteros del Ejército (esto en algún momento fue negado por la ex autoridades que declararon), como así también algunas de las personas que participaron del acto represivo.

Asimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos de los cinco guerrilleros sepultados sin nombre en el cementerio municipal y logró identificar a uno de ellos: Dardo Rutilio Betancour Roth, un "tupamaro" uruguayo que se había sumado a la lucha armada clandestina en el país. Su cuerpo fue repatriado y ya descansa en tierras orientales.

Aunque todavía no fueron identificados mediante pruebas genéticas, los otros cuerpos pertenecerían a quienes en vida se llamaron Hugo Cacciavillani –también "tupamaro" uruguayo-, Alberto Rosales Sánchez o Cresencio Molina Ibañez y Francisco Scocimarro.

Entre los testimonios recogidos durante la investigación unos se destacan más que otros. El ex conscripto Fernando Gambarella claramente expuso que los 16guerrilleros fueron acribillados a balazos luego de rendirse, cuando no tenían posibilidad alguna de defensa.

Mario Marca, un abogado tucumano que ejercía la profesión particular en Catamarca, en el estudio del entonces ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro, brindó en la causa un testimonio revelador. Enterado de que un grupo de guerrilleros del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario intuyó que se iba a producir una masacre y corrió hasta el despacho del ministro para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre.

"Toro me aconseja que no me meta, que no sea pelotudo –el consejo de siempre-.Entonces yo insisto en que trate de hacer algo y se pone en contacto con el coronel (Eduardo) Cubas, jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía. Entonces Cubas le responde que era imposible cualquier arreglo o mediación, porque el general (Antonio) Vaquero, segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de "aniquilar". Y así ocurrió: fueron, los rodearon y los mataron", recordaría Marca años después.

Al día siguiente el abogado fue detenido y pasó los siguientes nueve años en varias cárceles del país. Nunca se le informó sobre las razones de la detención ni fue sometido a juicio por delito alguno. Poco antes del advenimiento de la democracia recuperó su libertad y optó por el exilio voluntario.

Por estos días la causa transita etapas decisivas. El juez federal Ricardo Moreno está por fijar fecha para indagar a las dos únicas personas que todavía viven y a las que podría endilgárseles alguna responsabilidad en la masacre: los ex militares Mario Nakagama y Eduardo Carrizo Salvadores, quienes fueron sindicados por varios testigos como las autoridades militares que impartieron las órdenes directas de disparar sobre los guerrilleros rendidos, en el mismo teatro de los acontecimientos.

Los delitos que se investigan son considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles para la ley penal. Mucho tiempo pasó desde aquel episodio trágico. El 12 de agosto pasado se cumplieron 41 años, demasiados quizás, aunque no tantos si lo que se busca realmente es conocer la verdad de lo sucedido. Y para castigar a los responsables.