El pasado 27 de abril desde e l mediodía hasta la tarde, miles de trabajadores y trabajadoras cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron por aumento de un 40% en sus salarios y más cupo laboral, cortando la intersección de la avenida San Juan y 9 de Julio, en Constitución.

Provenientes de varias organizaciones  reclamaron sin éxito durante más de cinco horas al Gobierno de la Ciudad una reunión con el Jefe de Gabinete Felipe Miguel y una mesa conjunta con la ministra de Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri, el ministro de Espacios Públicos, Eduardo Macchiavelli y la ministra de Educación, Soledad Acuña, para discutir las paritarias del sector y la incorporación de 400 desocupados/as a los distintos programas de empleo de Infraestructura, saneamiento, recolección de residuos, obras en las villas y escuelas públicas.

En un comunicado de prensa, manifestaron que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta "ha intentado imponer un techo en la paritaria de los trabajadores/as cooperativistas del 23%, en una situación económica cada día más difícil para los que menos tenemos. Las organizaciones estamos reclamando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumento salarial del 40%y trabajo para los desocupados/as. La inflación y los tarifazos superan por lejos los miserables aumentos que pretende fijar el gobierno."

El pasado viernes 22 de abril, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) organizó una Asamblea Confederal para definir un plan de lucha que exprese las necesidades de los diversos sectores de la Economía Popular. El encuentro, que reunió delegados de todo el país en la sede de CTEP de Pedro Echagüe en el barrio de Constitución, contó con las voces de los trabajadores que se expresaban desde las distintas ramas de este sector de la economía que se caracteriza por salir a construir su propia fuente de trabajo, y por ser una de las víctimas predilectas de las políticas de ajuste y de represión del macrismo.  

Cartoneros, trabajadores de la vía pública, campesinos, cooperativistas de programas sociales, trabajadores de fábricas recuperadas, de la cultura y la comunicación popular, hicieron oír su voz que, no pocas veces, remitió a la consigna que resumió el Papa Francisco: "Tierra, Techo, Trabajo".

Los trabajadores de la vía pública, en particular los de la Avenida Nicolás Avellaneda en Flores (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) representados por Jorge López, se encargaron de denunciar además la represión y la persecución policial a la que vienen siendo sometidos desde que asumieron Rodríguez Larreta y Macri.

El " Vasco" Murúa, representando a los trabajadores de las fábricas recuperadas , se encargó de señalar el impacto que el tarifazo en los servicios públicos y transporte tenía en particular con su sector, pero también sobre el conjunto de los trabajadores de la Economía Popular. Al respecto, el Movimiento de Fábricas Recuperadas, se manifestó en las puertas del Ministerio de Energía para reclamar contra el tarifazo en los servicios públicos.

Allí, Liliana López, señaló que: "hoy se encuentran con un aumento de más del 500% en gas, luz, y de todos los servicios. Esto va a producir lamentablemente que las fábricas cierren, porque no pueden mantenerse con un aumento de esa proporción, realizado en una forma tan desmedida y de una sola vez. No estamos en contra de los aumentos, pedimos que sean paulatinos, mesurados. Hay fábricas como Vandenfil de Luján, que venían pagando 15.000 pesos de luz y hoy les vino 60.000 pesos. Ninguna fábrica puede mantenerse con estos aumentos, porque no puede trasladarlos ni a la producción ni a los costos, porque los clientes se van".

Hasta ahora no tuvieron ninguna respuesta de parte de las autoridades gubernamentales.

A fines de 2014, los dueños de la Gráfica Vulcano vaciaron la empresa dejando a casi 20 familias en la calle. Los trabajadores decidieron armar una cooperativa y mantener la producción como empresa recuperada. Después de un largo camino, están cerca de lograr su objetivo. En estos días se cumplen los plazos previstos por el juez Gerardo Santicchia para que los trabajadores puedan volver a ocupar la gráfica. El último requisito era la habilitación del edificio: la Justicia intimó al gobierno porteño, que no respondió. De esta manera, se entiende que el inmueble está en condiciones para funcionar.

Ahora, los empleados esperan poder renegociar un contrato con Garantizar, lo que se hará con intervención del propio juez. De este modo, está todo listo para que puedan entrar al edificio y producir. Mientras tanto, los trabajadores siguen acampando frente a la fábrica y organizan actividades para visibilizar su lucha.

Tras una movilización al Juzgado Comercial 18 realizada este miércoles 27 de abril, los delegados se reunieron con la magistrada Valeria Pérez Casado a la que le informaron la grave situación social que atraviesan ya que no cobran desde octubre y afirmaron que de no existir una salida por parte de la empresa continuarán produciendo de manera autogestiva.

Los delegados Luis Baini y Pablo Aym Díaz ingresaron al despacho de la jueza acompañados por las autoridades de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores (FACTA), el abogado Ataliva Dinani, el legislador Patricio Del Corro (Frente de Izquierda) y el dirigente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.

En tanto, un centenar de trabajadores de la cooperativa, constituida oficialmente como tal con matrícula del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), aguardaban junto a otras cooperativas y organizaciones sociales y políticas, cortando la Avenida Callao a la altura de Marcelo T. de Alvear.

El jueves 5 de mayo hubo una nueva reunión con la jueza Valeria Pérez Casado para avanzar con las propuestas.

Los trabajadores exigen que la justicia dicte la quiebra inmediata de la empresa para permitir la continuidad laboral de la cooperativa de trabajo La Litoraleña Limitada. Además del pago de salarios adeudados desde octubre, reclaman que se efectúen los aportes patronales retrasados y se reincorpore a los despedidos.

En este marco, cabe recordar que los trabajadores mantienen ocupada la planta de elaboración de tapas de empanadas y tartas que se encuentra en la calle Girardot 345 del barrio porteño de Chacarita desde octubre pasado y que hasta la fecha el empresario Rodolfo Conti no ha manifestado interés ni propuestas económicas para solucionar el conflicto.

Ese fue uno de los resultados de la audiencia que la jueza de Circuito N°5, Stella Maris Bertune, de la ciudad de Rosario convocó para este miércoles 27 de abril, tras suspender el desalojo previsto para el día 14 de ese mes. "Ahora se abre el momento de sentarnos a diseñar el proyecto integral para esa zona, la última reserva de tierras que le queda a Rosario. Lo que empezó hace años como un desalojo, hoy es la posibilidad concreta de un nuevo modelo de ciudad", afirmaron los vecinos y trabajadores del tambo.

La audiencia dio cuenta del acuerdo e incluso de los plazos para trabajar en un plan integral para urbanizar estas 250 hectáreas de tierras, teniendo en cuenta no sólo los intereses del tambo y de las familias que habitan la zona hace muchísimo tiempo, sino también a toda la ciudad.

De esta manera se pautó una nueva audiencia para el 24 de mayo, en la que todos los involucrados, municipio, concejales y actores privados, presentarán los criterios de este plan integral urbanístico.

Cooperativas textiles denuncian que perderán 1500 empleos por decisión del gobierno La red de Cooperativas Textiles que trabajaban para el Estado denunció que la nueva gestión no le renovó los contratos y que la decisión deja sin empleo a 1.500 personas. La semana pasada la Red de Cooperativas Textiles realizó una ruidosa protesta en el centro porteño. Es que la nueva gestión de gobierno resolvió no renovar los contratos que unían a las cooperativas con el Estado y esa decisión deja sin empleo a los 1.500 trabajadores que actualmente son empleados por la Red.

Fuentes: Anred, APU y Red Eco Alternativo.