Por Darío Aranda
Página 12

Vecinos de Andalgalá, Catamarca, acampan desde hace una semana frente a los Tribunales porteños de la plaza Lavalle en reclamo a la Corte Suprema de Justicia, a quien acusan de tener "cajoneada" la causa sobre un proyecto minero impulsado por el gobierno provincial. La demanda fue iniciada en 2010 y solicita que se protejan las fuentes de agua, la salud de los habitantes y que se prohíba la nueva explotación. Andalgalá –una de las zonas más pobres de Catamarca– es un caso testigo de extractivismo: hace 20 años se instaló Minera Alumbrera (la primera experiencia de megaminería en Argentina).

Andalgalá está a 240 kilómetros de la capital provincial. Sus 20.000 habitantes saben de megaminería desde los noventa porque de sus montañas se extraen oro y cobre (entre otros minerales). Se trata de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciado por contaminación y defraudación al fisco. Y desde hace una década el gobierno provincial impulsa un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (a cargo de la canadiense Yamana Gold), tres veces más grande que Alumbrera y que está más cerca del pueblo (a sólo 17 kilómetros), donde nacen los ríos que proveen agua a la población.

En 2010 las asambleas socioambientales y vecinos de a pie bloquearon el paso a los camiones de Agua Rica. Sobrevino una feroz represión, con una decena de heridos y detenidos. La respuesta fue una masiva movilización en la plaza principal. Y nació la Asamblea El Algarrobo. Todos los sábados marchan en el centro del pueblo y realizan campañas informativas. En enero de 2010 presentaron un amparo ambiental que hace hincapié en el derecho a un ambiente sano y solicita la suspensión del proyecto Agua Rica. Entre los fundamentos sobresale el hecho de que el estudio de impacto ambiental de la empresa tiene 30 observaciones (calidad del agua, contaminación del agua y afectación de la población aledaña, entre otras); además, no se realizó la audiencia pública antes de la autorización provincial a la que obliga la Ley General del Ambiente.

El amparo estuvo tres años frenado en el Poder Judicial de Catamarca y desde julio de 2013 en la Procuración General de la Nación, antesala de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2014, la Asamblea El Algarrobo acampó frente a Tribunales y reclamó por la demora judicial. La procuradora Alejandra Gils Carbó los recibió y prometió un pronto dictamen.

En diciembre de 2014, Gils Carbó dio luz verde para que la causa pasara a la Corte Suprema porque las demandadas (Yamana Gold y el Estado Provincial) "estarían en condiciones de llevar a cabo operaciones o acciones que podrían resultar susceptibles de producir un daño al medio ambiente y a la salud que, debido a su magnitud y a las circunstancias de hecho, sea irreversible". Gonzalo Fernández, uno de los acampantes, recordó que la procuradora también resaltó que el Poder Judicial de Catamarca (Juzgado de Garantía, Cámara de Apelaciones y Corte de Justicia) no actuó en base "al derecho vigente y que los jueces lesionaron garantías constitucionales de los vecinos de Andalgalá".

En línea con los pedidos de los vecinos, Gils Carbó resaltó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional "en el que las cuestiones en debate (en la causa) involucran el derecho humano a la salud de todos los habitantes y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras".

La causa judicial pasó por todos los despachos de los jueces de la Corte, pero no hubo fallo. El 1 de febrero, los vecinos se volvieron a instalar en la plaza Lavalle, frente a Tribunales. "Segundo acampe por la vida. Sentencia ya", es el título del comunicado de la Asamblea El Algarrobo, en el que cuestionan la demora del Poder Judicial y exigen que el máximo tribunal cumpla las legislaciones nacionales que establecen como derecho fundamental el vivir en un ambiente sano y el acceso al agua como un derecho humano.

Y advierten sobre una posible maniobra: que los jueces de la Corte devuelvan la causa a los tribunales provinciales. "El Poder Judicial de Catamarca se encargó de limitar el acceso a la justicia de los vecinos de Andalgalá a lo largo de estos años y fue también quien criminalizó la protesta e incluso ordenó represiones", recordó Gonzalo Fernández.

Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y que acompaña a los vecinos de Andalgalá, explicó que en julio pasado ampliaron la denuncia porque el juez de Minas (Raúl Guillermo Cerda) le otorgó a la empresa minera (Yamana Gold) una ampliación de la mensura de tierras, de 800 hectáreas originales le cedió 16.000 hectáreas más. Y los vecinos presentaron documentación con la que afirman se demuestra la existencia de glaciares en el cerro Nevado del Aconquija (donde pretenden instalarse las mineras). "Se le pide a la Corte que resuelva el reclamo de fondo, que la resolución que autorizó el mega yacimiento minero es violatoria del Código de Minería y de la Ley General del Ambiente", afirmó Katz.

La Asamblea El Algarrobo asegura que, de ponerse en marcha Agua Rica, será la "desaparición de Andalgalá". Mantendrán el acampe hasta que la Corte Suprema se expida.

Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, explicó que "la Corte se sacó de encima la causa contra la mina Veladero de Barrick Gold (en San Juan) paradójicamente 10 días antes del desastre del derrame con cianuro (en septiembre pasado), apelando a su ‘incompetencia originaria’". Y recordó que el tribunal tardó seis años para expedirse. Aún tramita otra causa por la mina Pascua Lama (también de Barrick en San Juan). "Es un caso de flagrante violación de la Ley de Glaciares pero el máximo tribunal la tiene cajoneada hace siete años", denunció el abogado y contrapuso su accionar con la petrolera Chevron en 2013: "En tiempo récord le levantó un embargo judicial para que comience a operar en Vaca Muerta".