Igual que un tr�iler vertiginoso, el primer mes de gobierno de Mauricio Macri se vio desbordado de sucesos de alto impacto. Ni 24 horas hab�an transcurrido desde el traspaso de mando cuando se anunci� que se dejar�a caer el memor�ndum con Ir�n por la AMIA. Tres d�as m�s tarde se concret� la prometida quita y baja de retenciones al agro y la industria. El 15 de diciembre el presidente design� en comisi�n a dos jueces de la Corte Suprema y el 16 se desmantelaron los controles cambiarios. La intervenci�n de la Afsca y la Aftic se conoci� con las copas ya casi alz�ndose para el brindis del 24, mientras la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodr�guez manten�a al pa�s en vilo durante dos semanas. A esa mesa de fin de a�o se sum� el plato que faltaba: el despido masivo de miles de trabajadores estatales acusados de "�oquis".

El despid�metro

Los preanuncios de despidos en el Estado tomaron estado p�blico ni bien asumi� el nuevo gabinete, cuyo flamante ministro de Modernizaci�n, Andr�s Ibarra, se�al� en conferencia de prensa que se revisar�an todas las contrataciones y concursos de los �ltimos a�os con el �nimo de detectar aquellos casos de empleados que sin cumplir funciones estuvieran cobrando un sueldo. El 29 de diciembre ese adelanto tom� forma en el decreto 254/2015, por el cual se instruy� a los ministros, secretarios, autoridades de organismos descentralizados y a las empresas y sociedades del Estado para revisar tanto los contratos de sus empleados como la continuidad de los que concursaron sus puestos en los �ltimos a�os. De acuerdo a los considerandos de la norma, el n�mero de concursos durante el mandato de Cristina Kirchner fue excepcional, "circunstancia que amerita que la nueva gesti�n de Gobierno proceda a la revisi�n de los procesos de selecci�n y contrataci�n de personal, con el prop�sito de que se hayan realizado conforme a derecho y respondan a necesidades genuinas de gesti�n".

Los despidos comenzaron a sucederse no s�lo en el Poder Ejecutivo (al cual se circunscrib�a el decreto), sino tambi�n en el Congreso, provincias y municipios. Casi 2.000 personas fueron echadas del Senado, 600 del Centro Cultural Kirchner, 22 de Arsat, 450 del Ministerio de Seguridad, 290 del Municipio de Lan�s, 980 en Quilmes, 1.000 en Mor�n, 900 en Malvinas Argentinas y 4.500 en La Plata, donde la polic�a bonaerense dispar� gases lacrim�genos y balas de goma contra un grupo de empleados municipales que se manifestaban frente a la sede comunal. La iniciativa "El despid�metro", creada para contabilizar la cantidad de despidos ocurridos en el Estado desde la asunci�n del nuevo gobierno, contabilizaba al cierre de esta edici�n 24.094 casos "confirmados y chequeados" [1].

El tema cobr� fuerza en las redes sociales con su correspondiente l�gica binaria. De un lado se repet�a que "el gobierno no est� despidiendo trabajadores; est� dejando de regalar sueldos", mientras del otro se ponderaba a la totalidad del plantel del Estado como un conjunto de trabajadores intachables. Con argumentos vinculados a la eficiencia de la gesti�n p�blica, el gobierno insist�a en que se trataba de "contratos vencidos" o de "empleados a los que se les dibuja un recibo salarial por un trabajo que no hacen". "A esos argentinos que hemos encontrado escondidos, que no vienen pero cobran un salario, tienen que saber que van a tener un lugar. Tenemos que salir de estos modelos de abuso de lo que es de todos. Yo sue�o con un pa�s donde cada uno encuentre el lugar donde ser feliz", declar� Macri en su primera conferencia de prensa.

El gobierno en general, y el Ministerio de Modernizaci�n en particular �que se excus� de aportar su versi�n de los hechos para esta nota-, continuaron recurriendo a una justificaci�n que, tal como est� formulada, acab� por develarse injusta y enga�osa. Injusta porque es cierto que muchos contratos pudieron efectivamente haber finalizado o haber sido celebrados en el marco de convenios con universidades, un modo de contrataci�n flexible al que suele recurrirse en diferentes �reas del Estado para agilizar los procedimientos. Pero los empleados no son responsables de una precariedad que no eligen. El discurso resulta adem�s enga�oso, dado que no es posible que en un lapso tan breve las nuevas autoridades hayan avanzado con el prometido an�lisis de tareas y presentismo sobre la totalidad de los trabajadores.

M�s all� de las acusaciones, varias preguntas quedan flotando: �es necesario relevar el empleo estatal?, �hay �oquis en el sector p�blico?, �cu�ntos? Y m�s en general, �qui�nes trabajan hoy en el Estado, qu� tareas realizan, bajo qu� condiciones y por qu�, por lo menos en apariencia, son tan criticados?

M�s que gigantesco, heterog�neo

"La mayor parte del empleo p�blico est� hoy en las provincias y se trata de una dotaci�n que en aproximadamente un 70 por ciento est� formada por docentes, m�dicos y polic�as. La administraci�n p�blica nacional en realidad representa una cantidad de empleados bastante baja", se�ala Maximiliano Rey, polit�logo, co-profesor adjunto regular de la Universidad de Buenos Aires y autor, junto a Horacio Cao y Arturo Laguado Duca, de El Estado en cuesti�n [2], una obra de publicaci�n reciente que analiza las caracter�sticas de la administraci�n p�blica argentina durante los �ltimos cincuenta a�os.

"Es cierto que la cantidad de empleados p�blicos creci� en los �ltimos a�os. Pero tambi�n fue un per�odo en el que el Estado se agrand� en el mejor sentido del t�rmino, ampliando su rol de regulaci�n, diseminando delegaciones de distintos organismos por el territorio, creando universidades y recuperando empresas p�blicas. Aun as� las cifras que indican la cantidad de empleados p�blicos no son una locura. A mi entender cuando se habla de �oquis hay detr�s una mirada ideol�gica, porque si bien puede haber sectores del Estado donde se trabaja de una forma m�s flexible, no es la generalidad de los casos", advierte.

Una v�a para descubrir los hechos y desandar prejuicios es acudir a la frialdad de los n�meros, de modo de intentar responder a dos preguntas: �cu�l es hoy el volumen real de empleados p�blicos?, �el aparato estatal est� o no sobredimensionado?

Antes de meternos con los datos es necesario aclarar que hablamos de un conjunto extremadamente dif�cil de medir, un poco por la propia frondosidad de la maquinaria p�blica pero tambi�n por la ausencia de un sistema unificado de estad�sticas para las diferentes jurisdicciones. A eso se suma la decisi�n de incluir o no determinadas �reas (por ejemplo YPF, que es una empresa mixta), o la imprecisi�n de los datos referidos a los empleados contratados v�a universidades, ya que una dependencia estatal puede establecer un convenio de asistencia t�cnica con una casa de estudios pero ser� esta �ltima la que al fin y al cabo decida a cu�ntas personas tomar� por ese monto. La consecuencia de esta dificultad metodol�gica resulta obvia: como tantas veces sucede en estad�stica, las cifras pueden inflarse o desinflarse al gusto de quien las elabora.

Hecha la salvedad vale la pena citar los datos que aporta el trabajo Metamorfosis del sector p�blico nacional, que llev� a cabo el Cippec en base a los empleados de esa porci�n de la administraci�n estatal (es decir, Presidencia, Ministerios, Congreso Nacional, Poder Judicial, organismos descentralizados y empresas estatales, sin considerar en cambio a los trabajadores provinciales y municipales). El estudio contabiliz� en 2015 un total de 773.000 empleados, casi 290.000 m�s que en 2003, cuando s�lo hab�a 484.000.

�C�mo se desagrega esa cifra? El mayor incremento �un 350 por ciento� se registr� en las empresas p�blicas. Entre las que m�s emplean figuran YPF, con 22.000 empleados, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, con 20.000, el Correo Argentino, con 17.000, Aerol�neas Argentinas, con 10.700, y Aguas y Saneamiento, con 6.000. Aunque pueden haber aumentado su dotaci�n de personal, se trata en general de trabajadores que eran contabilizados como empleo privado y que se convirtieron en empleados p�blicos a partir de la estatizaci�n. En segundo lugar aparece la administraci�n central, que creci� un 44 por ciento, sumando unos cien mil trabajadores, con foco, principalmente, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Poder Judicial. Por �ltimo, la llamada administraci�n descentralizada (de la cual forman parte organismos como la ANSES, la AFIP y el PAMI) se increment� un 41 por ciento, incorporando cerca de 90.000 empleados en doce a�os.

La pregunta sigue pendiente: �es demasiado grande la planta de empleados p�blicos argentinos? Aunque no hay una forma de saber cu�l es el tama�o �ptimo de un Estado, el �ndice de trabajadores p�blicos de acuerdo a la poblaci�n econ�micamente activa (PEA) puede ser un buen indicador para comparar con otros pa�ses.

De acuerdo a diferentes estimaciones [3], la cantidad total de empleados estatales en Argentina (tomando en cuenta, ahora s�, tanto a la Naci�n como a las provincias y municipios) se calcula en 3,7 millones, lo cual, considerando una PEA de 22 millones, arroja que cerca de un 17 por ciento de los argentinos que hoy trabajan lo hacen para el Estado. Esos valores demuestran que nuestro pa�s no escapa a la media de la regi�n, y que est� por debajo de los pa�ses desarrollados como Noruega (donde la relaci�n entre empleo p�blico y fuerza de trabajo es del 34 por ciento), Dinamarca (32), Suecia (26), Francia (22), Canad� (20) y el Reino Unido (18) [4].

"Es posible que en Argentina exista un s�ndrome de �sobre-falta� de empleados p�blicos, es decir: sobran en algunos lugares mientras faltan en otros. Pero al contrario de lo que suele pensarse, y si nos comparamos con los pa�ses desarrollados, no hay un exceso de funcionarios. El foco deber�a estar puesto m�s en la calidad que en la cantidad, porque un Estado m�s presente y m�s visible naturalmente requiere de m�s personal", refiere Gustavo Blutman, secretario acad�mico del Centro de Investigaciones en Administraci�n P�blica de la Facultad de Ciencias Econ�micas de la UBA.

Al observar la composici�n del empleo estatal argentino puede notarse que son las provincias las que han visto aumentar sus dotaciones de trabajadores de manera m�s significativa, en general por transferencias de personal de salud y educaci�n desde la Naci�n en las �ltimas d�cadas. Esto afianz� una tendencia que ven�a insinu�ndose desde mediados del siglo pasado: en 1950 el gobierno nacional contaba con 3 empleados por cada 100 habitantes y las provincias con 1,25. En el 2000, el empleo p�blico provincial superaba en m�s de 5 veces al nacional, aunque con fuertes diferencias seg�n de qu� provincia se trate [5]. Respecto de estas cifras, el polit�logo Oscar Oszlak escrib�a ya en 2001 que "Argentina se asemeja a los pa�ses federales avanzados, como Estados Unidos o Canad�, donde las burocracias estaduales son abultadas, aun cuando las provincias argentinas no hayan alcanzado niveles semejantes de autonom�a fiscal y operativa".

Las diferencias entre Naci�n y provincias y la disparidad entre estas �ltimas dan cuenta de otra caracter�stica medular del empleo p�blico: m�s que gigantesco se presenta como heterog�neo, lo que dificulta cualquier generalizaci�n. "No es lo mismo evaluar qu� sucede con la gente de YPF, que tiene una gesti�n de tipo empresarial, con lo que puede estar pasando al interior del Ministerio de Desarrollo Social. Y esas diferencias se reproducen tambi�n a nivel nacional, provincial y municipal, porque se trabaja con p�blicos diversos y con l�gicas diversas. Para poder afirmar que �con los empleados p�blicos pasa tal cosa� habr�a que desagregar por �reas o incluso por organismos, aunque en ese caso terminar�amos haciendo casu�stica", se�ala Rey.

Seg�n el especialista, en determinados sectores resulta adem�s problem�tica la acumulaci�n de diversas tandas de reclutamiento decididas por cada gobierno. "Fueron sum�ndose una serie de capas que con el paso del tiempo han sido caracterizadas como �geol�gicas� y a las que tal vez cueste convencer de trabajar bajo la l�nea de una nueva gesti�n �explica�. Por diversos motivos se superpusieron con distintas normativas de ingreso y de carrera, y su estabilidad hoy depende m�s de una valoraci�n pol�tica que de un an�lisis jur�dico. Eso tambi�n hace a la heterogeneidad del aparato estatal".

Los medios de comunicaci�n, las an�cdotas puntuales en oficinas de atenci�n al p�blico y hasta algunos entra�ables personajes televisivos han venido agitando por a�os una suerte de sentido com�n acerca de que el empleo p�blico "es malo", pese a que existe una abundante evidencia que da cuenta de la relaci�n positiva entre el nivel de desarrollo de un pa�s y la mayor presencia del sector p�blico. As� lo explica un estudio de la Corporaci�n Andina de Fomento (CAF) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Cedlas-UNLP), que analiza el papel central que el Estado ocupa en las sociedades y econom�as nacionales: "Provee servicios b�sicos como defensa y justicia, ofrece servicios sociales como educaci�n y salud y con frecuencia participa en sectores productivos a trav�s de empresas estatales. Para realizar este vasto conjunto de actividades el Estado emplea un gran n�mero de trabajadores: de hecho el sector p�blico es, t�picamente, el principal empleador en las econom�as modernas". La investigaci�n pondera adem�s la alta formaci�n de los trabajadores del Estado de la regi�n, que en promedio tienen catorce a�os de estudio contra los doce del sector privado y los diez del informal.

Con n�meros y todo, las dudas subsisten. Si se han capacitado, si llevan a cabo tareas vitales para el funcionamiento del pa�s y si, al fin y al cabo, no son tantos: �por qu� entonces el desprestigio? "Presentar la idea de un Estado lento y supernumerario fue necesario para generar un clima de opini�n que permitiera llevar adelante determinadas medidas de ajuste. Hubo un Estado de Bienestar que posiblemente no tuvo el cuidado suficiente para agilizar su administraci�n, lo que fue aprovechado por las corporaciones para hacer su juego con el apoyo de los tanques en las calles en el pasado y el de los tanques medi�ticos en el presente �se�ala Claudia Bernazza, secretaria de Desarrollo Social de La Matanza y ex directora del Instituto de Capacitaci�n Parlamentaria de la C�mara de Diputados�.

Desde luego que el sector p�blico tiene sus falencias. Pero tambi�n las tiene el sector privado, por caso, las empresas de telefon�a m�vil, y no son blanco de esas campa�as de descr�dito."

Alta tensi�n

"Es normal que se d� un cierto recambio en el plantel de empleados p�blicos al iniciarse una nueva gesti�n, incluso es habitual que algunos trabajadores se vayan y lleguen nuevos cuando dentro de un mismo gobierno cambia un ministro �advierte Blutman�. Con N�stor Kirchner tambi�n se dieron despidos en determinadas reparticiones, pero fueron microsc�picos, no se conoci� el caso de un funcionario que echara de pronto a mil personas." Uno de los problemas, seg�n su mirada, es que hoy existe un grado mayor de flexibilizaci�n para expulsar empleados, ya que hay una planta permanente muy chica y un enorme sector de contratos de diferente �ndole: planta transitoria, pasant�as, becas, contratos de empleo p�blico, locaci�n de servicio, de obra, con organismos internacionales, con universidades y fundaciones, entre otros. Y cada uno con su propia normativa salarial y laboral.

La famosa "planta permanente" del Estado suele ser la m�s vapuleada por la opini�n p�blica. Se dice que estos empleados est�n atados a sus puestos y que despedirlos resulta casi imposible m�s all� de su desempe�o, lo que puede provocar con los contratados una tensi�n m�s o menos sutil. "Sin embargo �refiere Blutman� lo cierto es que la gente de planta fue desapareciendo de los organismos p�blicos. Hace 20 a�os eran m�s los trabajadores de planta que los contratados, pero esa relaci�n fue desequilibr�ndose a favor de estos �ltimos. S� me parece que deber�a existir una planta permanente con continuidad, pero tambi�n con cierto grado de renovaci�n y sobre todo con evaluaciones y capacitaciones serias y acordes con las necesidades sociales."

Mientras pelean por la reincorporaci�n de sus afiliados, los dirigentes de la Asociaci�n de Trabajadores del Estado (ATE) lanzaron la contracampa�a "Soy estatal, mi trabajo son tus derechos". "La estabilidad del empleo p�blico no es un beneficio de los trabajadores sino un derecho de los ciudadanos, para que quienes llevan adelante las pol�ticas p�blicas cuenten con la tranquilidad y la independencia de no estar presos del gobierno de turno", expresaron a trav�s de una serie de spots.

El secretario general del gremio, Hugo Godoy, explica los despidos masivos por varias v�as. "Por un lado existe una concepci�n de que �el Estado es m�o�, un coto de caza donde poner a los propios. Pero esto es tambi�n un disciplinamiento de cara a la pr�xima discusi�n salarial. Si estuvi�ramos hablando de �oquis eso podr�a detectarse con un simple control de asistencia; y si hay gente que cumpl�a tareas ligadas a la administraci�n anterior, entonces habr� que encontrarles una ocupaci�n nueva", sostiene. Y a�ade una paradoja: "La precarizaci�n laboral dentro del Estado, que aument� durante el kirchnerismo, termin� volvi�ndose un terreno f�rtil para estos despidos".

Desde el gobierno anterior discuten esta afirmaci�n marcando que se han realizado tanto avances en el marco normativo que regula el empleo p�blico nacional como esfuerzos por formalizarlo, y que de hecho los 13.000 concursos llevados a cabo desde 2009 (cantidad que el citado decreto calific� de "excepcional") tuvieron que ver, precisamente, con blanquear a esos trabajadores informales que en muchos casos ven�an desde hace a�os trabajando para el Estado [6].

"Cuando un gobierno toma decisiones se enfrenta a la necesidad de contratar gente con celeridad. Los concursos deber�an cambiar sus procesos, es cierto, desandando el camino reglamentarista de nuestros Estados. Pero todo esto no se hace de la noche a la ma�ana �apunta Claudia Bernazza�. Justamente porque avanz� con pol�ticas transformadoras, el kirchnerismo tuvo problemas con las reglamentaciones del empleo p�blico, previstas en su mayor�a por administraciones conservadoras. Estas reglamentaciones de la relaci�n de empleo son un problema tambi�n en los pa�ses centrales. Despu�s de todo �concluye� los liderazgos transformadores siempre est�n al borde de cumplir las normas administrativas preexistentes, y eso sucede tanto en el �mbito p�blico como en el privado."