Miguel Ángel Ferrer

La aparición pública hace algunos meses de las autodefensas michoacanas trajo como consecuencia inesperada el conocimiento y reconocimiento de la participación directa de funcionarios públicos y otros actores políticos en la arrolladora ola de la delincuencia organizada.

El gobernador, ya relevado del cargo, era, a título de alcahuete, protector, comisionista, jefe segundón o capo principal, personaje centralísimo en la organización delictiva. Y también, como actor centralísimo, el secretario de Gobierno, segunda autoridad estatal. Y, asimismo, ya detenido y procesado al igual que el dicho secretario, el hijo del hoy ex gobernador.

Y ahora, con la detención y encausamiento judicial de dos presidentas municipales, se confirma lo que todo el mundo sabía o sospechaba, sobre todo en Michoacán: que sin la complicidad o participación o protección del gobierno no podría explicarse el imparable desbordamiento de la delincuencia.

Pero la activa participación gubernamental en el crimen no es asunto reciente en Michoacán. Ya desde el sexenio anterior hubo decenas de detenciones, acusaciones y procesamientos de autoridades municipales bajo cargos de delincuencia organizada. Y, entendiendo el contexto político-criminal, nada tuvo de sorprendente el desenlace: libertad de los inculpados "por falta de pruebas".

Frente a esta situación, desde luego, es fácil suponer la participación en el crimen organizado michoacano de otro tipo de funcionarios: policías, fiscales, militares y jueces. ¿Qué delincuente puede temer la acción de la justicia teniendo de su lado tan amplia red de protección?

A pesar de la escandalera provocada por el cese del gobernador y la consignación penal del hijo, del secretario de gobierno y de las dos presidentas municipales, la situación no ha mejorado. Y no cabe duda que ha empeorado.

Para aparentar que se combatiría al crimen, el gobierno federal nombró un extra legal, por no decir ilegal, comisionado especial para el combate a la delincuencia. Y si bien este fue el objetivo declarado, la propia realidad confirmó que el propósito real era dar fin al fenómeno de las autodefensas, mediante la cooptación (amenazas, dinero, promesas) y la represión policiaca, militar y judicial.

Cooptadas, amedrentadas o encarceladas las autodefensas, el comisionado federal no ha ido más allá. La delincuencia sigue desbordada e intocada, aunque, es necesario reconocerlo, con menos exposición mediática. El tal comisionado logró esconder la basura debajo de la alfombra.

Relevar de sus cargos a unas cuantas autoridades no podía conducir al desmantelamiento de la vasta red de participación gubernamental en el crimen. Esto quiere decir que los pactos de participación y complicidad oficiales en la delincuencia siguen vigentes. Y que si antes tenían la bendición soterrada, discreta, cuidadosa del gobierno federal, ahora ese aval a los delincuentes ha dejado de tener perfil bajo para ser, en el presente, obvio y hasta descarado, con las patentes de corso emitidas y firmadas por el propio comisionado, representante directo y plenipotenciario del gobierno federal.

Por otra parte, apenas si es lógico suponer que el esquema michoacano se repite y opera en otras entidades, localidades y regiones del país, que sufren, al igual que Michoacán, el desbordamiento y la actuación impune de la delincuencia organizada.

¿Quién no recuerda el caso del que fue gobernador del estado de Tamaulipas, acusado hasta el cansancio de ser partícipe y hasta jefe del aparato criminal de su entidad? Tales acusaciones, públicas aunque no oficiales, datan de hace muchos años. Y si bien el ex gobernador, Tomás Yarrington, no ha sido encausado por el gobierno federal, donde debe tener muchos amigos o cómplices, sí tiene el carácter de prófugo de la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico.

¿Son excepciones Michoacán y Tamaulipas? ¿O son el espejo en que pueden reflejarse todas o casi todas las entidades mexicanas?

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