Luis Torres Rodríguez

El gobierno de la "Revolución Ciudadana" justifica la propuesta de nuevo Código Monetario y Financiero para reemplazar a la Ley General de Instituciones Financieras, que fue el paraguas que protegió a numerosos banqueros que asaltaron los fondos públicos y privados. La nueva propuesta elimina a la Junta Bancaria y reduce las atribuciones del Superintendente de Bancos, que han sido los garantes de corrupción del sistema financiero y han extendido la época neoliberal hasta el 2014. La crítica no es solamente a la ley sino a los funcionarios del más alto nivel.

Ganancias obscenas de la banca; tasas de usura sin control; fijación de las tasa de interés por parte de la misma banca; farsa de control de los costos de los servicios financieros; lavado de activos ilícitos han pasado "en confianza" en la banca privada; cobro de comisiones ilegales; sobreendeudamiento de los clientes para evacuar la sobreliquidez de la banca, producto del lavado de activos; cartera excesiva destinada al consumo; permisividad en prestamos vinculados; existencia de oligopolios financieros; existencia de sucursales de bancos nacionales en paraísos fiscales y mayores productores y consumidores de droga, ha sido el paraíso donde han disfrutado los dioses de la banca.

A todo este libertinaje financiero debía ser la respuesta del nuevo Código. Los cambios cosméticos de la nueva institucionalidad financiera se remite a que la Junta Bancaria se denominará Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; esta será la encargada de fijar las tasas de interés y no la banca; las empresas de seguro pasan a control de la Superintendencia de Compañías; fijación de líneas de crédito; especialización de la banca según segmentos.

Son necesarios estos cambios pero no suficientes. Hay monumentales "olvidos" que hacen que algunas cosas cambien para no cambiar nada.

La reclamación de los sectores la derecha, oligárquicos y financieros, a muchas leyes aprobadas por la Asamblea (penal, comunicación, hídricos) es que la legislación no establece con claridad los parámetros concretos para evitar la discrecionalidad y subjetividad del juez o la autoridad (recordemos el caso del delito de mala práctica profesional).

El negocio fundamental de la intermediación financiera es el cobro de tasas de usura y el lavado de activos.

En el caso del precio del dinero o tasa de usura que debe pagar el prestatario de un crédito, no está determinado en la ley. Será la discrecionalidad de los miembros de la Junta la que determine la tasa de interés. En pleno siglo XXI y con un economista como Presidente, es inaudito que no se fijen parámetros para determinar la tasa de interés. Tres son los elementos a considerar para esta fijación: 1. la tasa pasiva que paga el banco a los depositantes a la que debe estar anclada la tasa activa; 2. Los costos administrativos de manejar ese dinero; y, 3. una ganancia razonable del banquero.

En el Ecuador la actividad especulativa–parasitaria obtiene una ganancia promedio del 20% anual, superando a la actividad productiva–real y al crecimiento económico del país que en los últimos años ha alcanzado un promedio del 5%. ¿Cómo es posible que el banco pague en el mejor de los casos una tasa de interés al depositante entre el 1% y 3% anual, mientras cobra entre el 25% y 30% anual, a lo que haya que agregar las comisiones y servicios. Al empresario de la micro empresa, que es el que soporta la economía del país y utiliza de mayor manera la mano de obra de la población económicamente activa (60%), le cobran el 30% de tasa de interés. ¿Será este un servicio de orden público garantizado por el Estado? La falacia que maneja el banquero es que el empresario de la microempresa es un sujeto de alto riesgo, tratando de descargar su principal debilidad, puesto que los banqueros son los que no devuelven el dinero y ellos constituyen el mayor riesgo. El sector de la microempresa es el más cumplidor en el pago de sus deudas y si el empresario de la microempresa no paga, no es porque sea incobrable sino porque es impagable la deuda, por las altas de tasas de usura que cobra el banquero.

En lo referente a los gastos administrativos, la banca presenta contablemente los más altos costos administrativos, no porque esa sea la realidad sino para disminuir utilidades. Es un lugar común escuchar a los representantes de la derecha afirmar que las instituciones públicas son ineficientes y constituyen una carga muy grande para el Estado. Si comparamos entre los gastos administrativos del IESS y Banco Pichincha, encontramos un abismo de diferencia que los separa. Mientras el primero está en un 8% su costo administrativo, el segundo oscila en el 40%. ¿Cómo puede llegar a este porcentaje si un oficial de ventanilla o de crédito gana el salario mínimo vital de un poco mas de USD$300,00? El Estado debería fijar un techo máximo de gastos administrativos a través de la Junta, para que no sigan estafando.

Las ganancias razonables en dolarización no deben superar el 2%. Pero, acostumbrados a ganar desproporcionadamente como en la época del "sucre", continúan ejerciendo la profesión de la codicia.

Los parámetros están fijados y esto es lo que tiene que hacer la ley para no dejar a la discrecionalidad del tecnócrata, que pretenderá hacerse el simpático con el banquero y tener la opción de ingresar al Banco cuando termine sus funciones. El gobierno de la "revolución ciudadana" no puede escaparse por las tranqueras para seguir beneficiando a los banqueros y garantizarles las mayores "ganancias". La tasa de interés para los "clientes" de la banca no debería superar el 15% anual, incluido los denominados "servicios", en el peor de los casos, sin que establezca parámetros de discriminación: al más pobre mayor interés, al más rico menor interés.

El otro "olvido" monumental es no determinar sanciones enérgicas y radicales para los bancos y cooperativas dedicadas al lavado de activos ilícitos. Si uno de los mayores problemas del Ecuador es el tráfico de droga, por estar junto a Colombia y Perú, los más grandes productores de droga del mundo, ¿por qué desaparece el concepto de "servicio de orden público" del sistema financiero y el Estado se olvida de proteger a la sociedad sin buscar el bien común, sino las ganancias desproporcionadas de la banca? El año de 2014 romperemos el record de tráfico de droga y con ello el lavado de activos a través de la banca. En el año 2014 aprobaran la ley pero el tráfico de droga crecerá. El contenido de la ley contradice al Presidente de la Republica, puesto que el tráfico de droga no sería un "problema" sino una "solución" para la gente ubicada en puestos claves del Estado y la banca que permiten el tráfico del 90% de la droga que pasa por el Ecuador y solo el 10% es capturado.

El temor a no permitir el mayor crecimiento de una banca ineficiente los pagará la sociedad y por supuesto no este gobierno. ¿Estamos condenados a no topar al banco más grande, haga lo que haga? El Ecuador no necesita más de dos bancos estatales para atender las necesidades financieras licitas del sector productivo. Para las actividades ilícitas necesitamos la "competencia" de varios bancos privados, que se disputan la carroña del narcotráfico.

Los oligopolios continuarán; administradores de bancos y superintendentes de bancos con poca idoneidad seguirán desfilando. La nueva propuesta ni siquiera contiene la calificación de idoneidad de éstos, mientras la ley anterior si lo hacía.

No existe una prohibición expresa a que la banca continúe cobrando "comisiones", que fue establecida en 2007. Los costos de los "servicios" serán impuestos por los banqueros. La Junta nueva seguirá resolviendo mayoritariamente las pequeñas y grandes defraudaciones a los clientes del más grande banco del Ecuador. El sigilo bancario se consagra para esconder los dineros mal habidos.

La "revolución" seguirá avanzando en el Ecuador, hacia... 

Luis Torres Rodríguez. Autor del libro: "Fidel Egas Grijalva, quiebras y corrupción en el Ecuador".