Editorial de Punto Final

Quienes piensen que la Nueva Mayoría y la Alianza se trenzarán en una lucha a muerte por la reforma educacional, incurren en un grave error. Ambos bloques coinciden en que recuperar el ritmo de crecimiento de la economía de mercado plantea modernizar y adaptar el elitista sistema de educación. Esto para formar los profesionales y técnicos que requiere una fase superior del capitalismo en Chile. La batalla política en curso solo busca consolidar áreas de influencia de ambos bloques partidarios y de sus asociados empresariales, religiosos, militares, etc. Al final de la jornada, tal como sucedió con la reforma tributaria, todo se arreglará en la cocina donde se preparan los platos más exóticos de la política chilena. Por lo demás, tanto la Nueva Mayoría como la desguañangada Alianza no están en condiciones de librar combates decisivos.

La política y los partidos en Chile atraviesan por el peor momento de su existencia, según corroboran todas las encuestas de opinión. La representatividad de ambas coaliciones es muy discutible porque procede de elecciones con 60% de abstención, dato que en forma empecinada se oculta en el discurso político. La mayoría de los parlamentarios, alcaldes y concejales en ejercicio fueron elegidos con votaciones insignificantes. Esa realidad escondida afecta sobre todo la base del gobierno, que de nuevo y de mayoría, en verdad, no tiene nada.

Pero mientras estos bueyes fingen darse cornadas, otros hechos ayudan a desentrañar los misterios de una política que acompaña como la sombra del perro al modelo económico. Ahí están, por ejemplo, las fabulosas ganancias de la banca privada y de las Instituciones de Salud Previsional. Las Isapres -como las AFPs en el caso de las pensiones- fueron creadas por la dictadura y han prosperado bajo los gobiernos de la Concertación, actual Nueva Mayoría. Las Isapres, en tanto sistema de seguro privado de salud, pertenecen en rigor al aparato financiero. Desde esa posición y a través de la red de clínicas, laboratorios, etc., han conseguido prostituir el sistema de salud y hasta la noble profesión de la medicina. Su miserable negocio lo hacen con los ahorros de la población más joven y sana, y excluyen de sus servicios a los adultos mayores y enfermos crónicos, que pasan a ser carga del Estado. Las escandalosas ganancias de las Isapres -como la banca y las mineras- marcan a fuego el carácter de clase del gobierno de turno, señalando con certeza los intereses oligárquicos a los que sirven esos regímenes.

El maridaje de la política y los negocios que vive el país, impide poner fin a estos abusos. Buena parte de la "clase política" depende de las contribuciones financieras que la gran empresa -incluyendo las Isapres- hace en temporada de campañas electorales. Sin embargo, hay sectores políticos sensibles a los abusos que se cometen con el pueblo. Un ejemplo a destacar es la propuesta de la directora del Fonasa, Jeanette Vega, de establecer un fondo nacional de salud solidaria. Eso permitiría captar el 7% de las cotizaciones de los sectores de mayores ingresos (y menores riesgos) que hoy se llevan las Isapres y que producen ganancias escandalosas. Aunque la racional propuesta de la Dra. Vega ha sido aprobada en la comisión que estudia la reforma de la salud, es difícil creer que el gobierno se atreva a impulsar una medida que acabaría con el sucio negocio de las Isapres.

El primer semestre de este gobierno está demostrando que la Nueva Mayoría carece de voluntad política para impulsar una modernización del Estado como la que ofreció en su programa. O quizás nunca tuvo la intención real de hacerlo. La plataforma de lanzamiento de cambios de verdad debería ser una nueva Constitución Política que surgiera de una Asamblea Constituyente y fuera aprobada en plebiscito por el pueblo. No obstante, tanto la presidenta Bachelet como la Nueva Mayoría no han hecho otra cosa que sacarle el cuerpo a un tema que debería estar en la base de cualquier proyecto de cambios. A pesar de esa ambigüedad, es evidente que la única vía democrática para elaborar una Constitución -la Asamblea Constituyente- atemoriza al gobierno y a su coalición. Una nueva Constitución, sin embargo, es indispensable tanto para quienes solo pretenden modernizar el Estado como para aquellos que buscamos un camino racional y democrático para cambiar la institucionalidad heredada de la dictadura, e iniciar la construcción de una sociedad basada en la igualdad y solidaridad entre los ciudadanos. Incluso moderados proyectos modernizadores, elaborados ad maiorem gloriam de la economía de mercado, como la reforma educacional en marcha, son irrealizables en el marco de la Constitución vigente, cuya razón de ser es velar por los intereses del capital nacional y extranjero. Ya es evidente que la economía afronta una "desaceleración", que por supuesto golpeará a los factores más vulnerables del sistema: los salarios y el empleo. El modelo implantado por la dictadura está mostrando fisuras. Las exportaciones, que son la clave del modelo, prácticamente no han cambiado su composición en los últimos treinta años. Más del 50% del total sigue siendo cobre. El año pasado, Chile exportó 77.367 millones de dólares y 40.158 millones fueron de cobre -casi sin valor agregado-. El resto son también recursos naturales como alimentos, frutas, celulosa y papel, recursos forestales, hierro, etc. Sin embargo, aunque el ciclo dorado de la minería parece haber terminado y las ganancias de las cupríferas están en bajada, el capital extranjero sigue haciendo utilidades enormes en Chile. El año pasado fueron 15.257 millones de dólares, según el Banco Central. Pero también esas utilidades están en la curva de descenso. Baste señalar que en 2007, durante el anterior gobierno de Bachelet, las empresas extranjeras obtuvieron ganancias por 22.823 millones de dólares. Lo concreto es que el modelo de economía de mercado necesita diversificar las exportaciones y para lograrlo, debe modificar la base productiva e intentar un nivel más sofisticado de productos transables en el mercado internacional. La banca, los servicios y el comercio -en especial este último, que viene sosteniendo el reducido crecimiento de la economía- no son capaces de atender las crecientes necesidades del país.

En función de esa estrategia está pensada la reforma educacional. Se trata de un proyecto condicionado por objetivos del modelo de dominación y eso hace que la "clase política" esté de acuerdo en darle viabilidad. La aparente disputa entre oficialismo y oposición, como sucedió con la reforma tributaria, encontrará sin duda un camino de coincidencia para cuidar el modelo. Solo una movilización popular fuerte y constante obligaría al gobierno a cumplir su programa, incluyendo la nueva Constitución Política. La modernización del Estado sería entonces un hecho positivo. Algunas experiencias históricas demuestran que la modernización estatal puede abrir un periodo de cambios sociales profundos e incluso revolucionarios(1). Sin embargo, esa posibilidad en el caso de Chile es muy reducida, por la debilidad del movimiento social y la inexistencia de una Izquierda robusta en lo orgánico y clara en su conducción. El único sector que podría, por ahora, iniciar una acción de esa envergadura es el estudiantil. Y siempre que los estudiantes consigan anudar sus luchas con las de otras vertientes del campo popular, que aún no están listas para entrar en batalla contra el modelo que instalaron el terrorismo de Estado y el poder seductor de la tarjeta de crédito. Para producir un efecto movilizador en cadena, sin embargo, el movimiento estudiantil tendría que retornar a sus demandas originales que interpretaban a un amplio sector de la población. Ellas iban desde la reforma educacional -burlada en 2006- hasta la Asamblea Constituyente, ineludible en todo programa democrático. Fue responsabilidad de algunos socios de la Nueva Mayoría que entonces gravitaban en el movimiento estudiantil -como el Partido Comunista-, haber acotado la movilización de los estudiantes a demandas corporativas, cooptando enseguida a algunos dirigentes.

Pero todo indica que el movimiento estudiantil ha recuperado su autonomía y con ella, el vigor para una lucha larga y compleja. La claridad política de sus dirigentes recoge las tradiciones combativas de los estudiantes chilenos y latinoamericanos. Eso permite mirar con optimismo el futuro próximo. Vienen tiempos en que los jóvenes estudiantes, trabajadores y pobladores limpiarán el aire de corrupción y oportunismo, dejando atrás la politiquería para entrar en las alamedas que conducen a la nueva sociedad. (1) Un texto interesante sobre este tópico es 1688. La primera revolución moderna. Steve Pincus. Ediciones Acantilado, Barcelona, 2013.

Editorial de "Punto Final", edición Nº 811, 22 de agosto, 2014
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