Como nunca antes en la política internacional boliviana, el gobierno de Evo Morales ha conseguido generar una gran confusión en el gobierno de Chile y en los sectores oligárquicos de ese país que no pueden encontrar maneras de aminorar la potencia que ha adquirido el derecho de Bolivia a una salida soberana al océano Pacífico, tomando en cuenta los fundamentos históricos, jurídicos y políticos planteados y manteniendo una incesante iniciativa diplomática que ha marcado la agenda internacional.

El punto más avanzado ha sido la presentación, en abril de 2013, de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la petición de que el gobierno de Santiago manifieste su disposición a negociar de buena fe un acuerdo que le otorgue a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico. La respuesta presentada por las autoridades chilenas ante la instancia de La Haya, el pasado 15 de julio de 2014, manifiesta su contrariedad al plantear el recurso de "incompetencia" de la Corte Internacional de Justicia para pronunciarse sobre este asunto.

Los antecedentes históricos inmediatos han mostrado la apertura y ductilidad del presidente Evo Morales frente al pueblo y a los gobiernos en Chile, a partir de la invitación al Acto de posesión presidencial, cursada en 2006, al entonces presidente Ricardo Lagos, luego con los importantes acercamientos y diálogos con la presidenta Michelle Bachelet en su primera gestión, posteriormente con el presidente conservador Sebastián Piñera y ahora nuevamente con Bachelet. Asimismo, durante sus estadías en Chile, Morales consiguió el apoyo popular a la demanda boliviana en masivos actos en los que participaron organizaciones sociales, sindicatos, personalidades, estudiantes e intelectuales del vecino país, los que emitieron documentos de apoyo y solidaridad con el derecho boliviano, en el contexto de las nuevas prácticas de la diplomacia de los pueblos. Inclusive el ex parlamentario y ex candidato presidencial en Chile Marco Enriquez Ominami ha manifestado su adhesión al pedido boliviano.

POLÍTICA DISTRACTIVA DEL GOBIERNO DE CHILE

Sin embargo, la respuesta a la apertura del presidente boliviano fue respondida por la diplomacia de Santiago y sus sectores oligárquicos con una política de distracción y promesas de distinto tipo sin llegar a establecer, a pesar de la claridad de la demanda boliviana, un diálogo efectivo y claro sobre el tema marítimo, considerado prioritario y fundamental en las relaciones internacionales en el contexto regional y para el desarrollo integral de Bolivia.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente Morales han desarrollado un conjunto de acciones sistemáticas y continuas poniendo en jaque permanente a la diplomacia chilena hasta llegar a la instancia judicial más importante de la comunidad internacional. De esta manera se ha quebrado una larga historia en la cual las autoridades bolivianas caían en las trampas de la experimentada diplomacia chilena que hacía promesas y no las cumplía en largos e infructuosos diálogos, siguiendo así la estrategia de la oligarquía chilena que conseguía finalmente la aquiescencia de una diplomacia boliviana afín a los de su similar del país vecino.

Esto no es casual debido a que la nueva diplomacia boliviana ha renovado profundamente sus cuadros, prescindiendo de los clanes familiares, en muchos casos vinculados a los intereses chilenos, que manejaron la Cancillería durante muchas décadas, aunque su ductilidad les permite, en algunos casos, todavía recuperar espacios en esta nueva coyuntura.

La ruptura de las formalidades vacuas ha permitido al Presidente Evo Morales y a otros Jefes de Estado de América Latina abrir nuevas formas del relacionamiento internacional más directo y de cara a los pueblos como ocurrió sobre todo en las Cumbres Presidenciales en las que participó el comandante Hugo Chavez.

Sin embargo, a pesar de estos importantes pasos dados al respecto, el gobierno boliviano no ha desarrollado una acción contundente para afectar los intereses de empresas chilenas y de su gobierno en torno a temas vitales como la explotación de las aguas del Silala, las millonarias actividades comerciales entre ambos países que favorecen al Chile y la desviación arbitraria del curso de las aguas del Rio Lauca.

LA REALIDAD DEL SIGLO XIX

Lo innegable, a pesar de los reparos de los sectores conservadores chilenos, es que Bolivia fue creada con una extensa franja marítima, en tanto la República de Chile contaba con un territorio que llegaba hasta el Rio Paposo al norte, siendo parte del territorio boliviano las regiones de Antofagasta, Tocopilla y Mejillones.

La investigación del profesor chileno Cástulo Martinez en "El mar de Bolivia" destaca, entre otros, dos hechos contundentes: el Libertador Simon Bolivar, el 28 de diciembre de 1825, dictó un Decreto que dice "Quedará habilitado, desde el 1 de enero entrante, por puerto mayor de estas provincias, con el nombre de Puerto La Mar, el de Cobija. Se arreglarán allí las oficinas pertenecientes a la Hacienda Pública. El Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre queda encargado de la ejecución de este decreto".

El otro, en 28 de septiembre de 1872, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Adolfo Ibañez y Gutierrez, contesta a la Cámara de Diputados de su país lo siguiente: "La primera de las preguntas que contiene la interpelación debe más bien dirigirse al gobierno de Bolivia que al de Chile, porque correspondiendo al primero la soberanía del territorio donde está situado el puerto de Antofagasta, es a ese gobierno a quien conviene dar las garantías de permanencia y estabilidad que se pretenden"

La Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta de propiedad anglo-chilena, interesada en explotar los recursos naturales de la región (salitre, guano y minerales) fue la impulsora, en febrero de 1879, de la violenta e ilegal ocupación de los territorios bolivianos por parte de las fuerzas militares chilenas. Los intereses de esta empresa de capitales ingleses tienen, por tanto, la responsabilidad de la Guerra del Pacífico que permitió el afianzamiento de la oligarquía chilena y el sometimiento a ella de la oligarquía boliviana.

NECESIDAD DE UNA SOLUCIÓN DURADERA

En un momento de crisis de la economías metropolitanas y de su poder mundial y la emergencia de movimientos nacionalistas y antiimperialistas de liberación nacional en nuestra región y con la formación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en los albores del siglo XXI, corresponde asegurar la justicia internacional con el reconocimiento por parte del gobierno de Chile del derecho boliviano sobre el Océano Pacífico.

Para ello la comunidad regional deberá desarrollar una acción diplomática más efectiva con el objetivo de convertir definitivamente a Nuestra América en zona de paz y amistad duraderas.

La importancia del acercamiento de los pueblos boliviano y chileno y de sus organizaciones, así como de los sectores intelectuales, universitarios y profesionales ha permitido, en los últimos años, generar una conciencia latinoamericanista que considera que deben solucionarse los problemas pendientes entre los Estados para conseguir la unidad de la Patria Grande.

*Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano, docente de la UMSA; escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina. eduardo.pazrada8@gmail.com .