Hay una unidad especializada llamada El Molino, que solo aloja madres con niños y hay un sector especializado en la unidad N° 5 de mujeres.

En cuanto a la situación jurídica de las personas privadas de libertad, 5.970 de los varones están procesados y 3.303 penados. En el caso de las mujeres, hay 467 procesadas y 150 sentenciadas. Según Belarra, la brecha entre procesados y sentenciados ha disminuido en los últimos años.

De acuerdo con la última actualización del INR con respecto a las edades de las personas privadas de libertad de febrero de 2014, la mayoría de los reclusos, 2.748, tienen entre 24 y 29 años, seguidos por 2.393 que tienen entre 18 y 23 años.

La mayoría de las mujeres privadas de libertad también tienen entre 24 y 29 años, son 152, seguidas por las que tienen entre 30 y 35, 118, y las que tienen entre 18 y 23 años, 114. No es casualidad que coincidan las edades de la mayoría de las personas privadas de libertad, hombres y mujeres pues existe una relación entre el crimen y la edad. Sin embargo, en el caso de los hombres aparece una frecuencia un poco más alta en términos de juventud del delito.

"Después de los 35 años aproximadamente, el delito empieza a descender por diferentes características de personalidad y ahí disminuye automáticamente la comisión de delitos por eso está alojado sobre todo en una población joven", señaló Belarra. En cuanto al tipo de delito, los hombres suelen cometer los que son contra la propiedad mientras que "en mujeres pueden aparecer delitos más asociados hacia la persona o el tráfico de sustancias", explicó el sociólogo Belarra. "En general el delito contra la propiedad, el más urbano, que tiene que ver con el hurto y la rapiña, es más característico de la población joven". En cambio, el homicidio por problemas familiares o ajustes de cuentas pueden darse con mayor frecuencia en otras edades y tienen que ver con el control de impulsos, indicó Belarra. Mientras que el primer caso está asociado a la sociedad de consumo, el segundo responde a cuestiones vinculares, precisó el experto.

Con respecto a la situación socioeducativa de los reclusos, Belarra indicó que vienen "de un contexto de crianza y de vida de fragmentación, de cierta complejidad, de trayectorias educativas interrumpidas, acceso temprano al mercado de empleo en general no calificado o semicalificado, con un corte de situaciones de vulnerabilidad o de riesgo social, que muchas veces está asociado a la comisión del delito", describió.

La mayoría tienen nivel de educación primaria, seguidos por algunos que tienen los primeros años de secundaria.

Este año, 1.257 personas privadas de libertad se inscribieron en Primaria, 2.488 en Secundaria, 299 en UTU y 699 en la educación no formal, reciben las clases en las cárceles.

Por otra parte, hay 271 extranjeros a nivel nacional, 190 de ellos se encuentran en la zona metropolitana. En general, estas personas están recluídas por delitos vinculados al narcotráfico y la mayoría son argentinos, seguidos por brasileros y, en menor cantidad, paraguayos. También hay presos de otros países de América Latina y de Europa, como españoles. En la Cárcel de Domingo Arena, hay 18 personas privadas de libertad.

Aunque en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se encuentren con población con primaria completa y algún año de secundaria, hay situaciones de analfabetos por desuso. La no utilización de los mecanismos de lectoescritura básicos como leer el diario o un libro, y el hecho de no hacer cálculos básicos generan un deterioro que conduce a que haya que identificarlos como un colectivo de analfabetos por desuso. Sin embargo, según contó el subdirector técnico del INR, sociólogo Gustavo Belarra, el manejo del celular, internet y las redes sociales habilita a todos a tener que usar el lenguaje escrito, aunque sea una codificación diferente que la del diccionario. Aproximadamente un 30% de los privados de libertad necesitan educación primaria. Esta es la primera intervención que realiza el INR con la Administración Nacional de Educación Pública, explicó Belarra. También dan clases de Secundaria. Los docentes dan clases en las cárceles.

Con respecto al trabajo en reclusión, cada dos días de trabajo de ocho horas, se descuenta un día de pena, y hasta un máximo de cuatro meses por cada año. El estudio entra en este régimen por cantidad de horas en primaria y en secundaria también se considera la aprobación de los exámenes.