Independientemente del resultado y de la selección que resulte campeona en el Mundial de Fútbol, Brasil vive una intensa disputa en torno al legado del torneo organizado por la FIFA, entidad privada que convenció al gobierno brasileño para que invirtiera la bagatela de 30 mil millones de reales en acciones y obras que resultan cuestionables, como la remoción de comunidades pobres, la ocupación militar de barrios populares, la construcción de aeropuertos y de estadios de fútbol y un fuerte aparato de seguridad destinado a proteger a los segmentos más privilegiados de la sociedad.

El resultado, por parte del gobierno, que asumió un papel preponderante en el megaevento de las grandes corporaciones internacionales, es un montón de cosas positivas, comenzando con los mismos aeropuertos y estadios, a las obras de la llamada movilización urbana [nuevas avenidas, pavimentación de las calles antiguas, corredores viales expresos, vehículos, etc...], los gastos que efectuarán miles de turistas, la divulgación del país en las redes mundiales de comunicación, hasta la acción articulada de las Fuerzas Armadas –entrenadas en Haití- con las policías federales, estatales y municipales.

En defensa del evento, la presidente de la República enfatizó en el hecho de que la FIFA no podrá llevarse en su equipaje las obras de los estadios, aeropuertos y de movilización urbana. Ellas se quedarán en el país para los brasileños. El ministro de la Justicia también se adelantó a considerar que el mayor logro de su área es la integración policial – un aparato sin precedentes montado exclusivamente para asegurar la realización del evento y anular las incomodidades provocadas por las protestas sociales, políticas y populares.

Es evidente que la FIFA y sus patrocinadores no colocaron en el equipaje los problemas del caos social, político y jurídico que causaron al país, como por ejemplo, corromper los poderes de la República para la aprobación de leyes y normas que contrarían al régimen jurídico existente, entre las cuales se encuentra la que permite vender bebidas alcohólicas en los estadios, utilizar el trabajo infantil y de adolescentes durante el evento, crear zonas de seguridad en áreas densamente habitadas e innumerables exenciones fiscales especiales – que crean iniquidades entre los impuestos pagados por las empresas patrocinadoras del evento y lo que debe ser pagado por las demás empresas.

Es claro que las fuerzas en juego en esta situación, especialmente las que apoyan al gobierno federal, quieren sacar el máximo provecho político del fútbol con fines electorales, como ya sucedió en innumerables ocasiones en Brasil y en muchos otros países. Es imposible olvidar el Mundial de 1970, cuando el gobierno Médici explotó la pasión de la "torcida" por la selección para mostrar un país que iba bien, que vivía un milagro económico y para esconder la más feroz dictadura y la más brutal violación de los derechos humanos. En esa época, las izquierdas criticaron a la publicidad oficial como una forma usada para entorpecer y desmovilizar a la oposición al régimen militar.

En ese aspecto, entonces se reveló también la fragilidad intelectual de importantes sectores de la izquierda, en especial de los investigadores universitarios, académicos y periodistas que acompañaron el desenvolvimiento del circo de la FIFA sin posicionarse de forma clara y sin hacer críticas, para mantener el alineamiento automático con un gobierno compuesto por lo más atrasado del país. Al contrario, muchos intelectuales que otrora criticaban el fútbol como el opio del pueblo, ahora lo silencian con cobardía o pasan a justificar la fuerte represión contra los críticos del mega-evento. Nunca antes en este país se reprimió manifestaciones con tamaña violencia y nunca las policías militares gozaron de tanta impunidad.

Las oposiciones neoliberal y de centro-derecha tienen gran interés en desgastar al actual gobierno [una coalición del PT, PMDB, PTB, PP y una decena más de siglas] con vistas a las elecciones generales del 5 de octubre, pero actúan básicamente en el campo institucional, en el Congreso Nacional, en las redes sociales y en los grandes conglomerados mediáticos – que nutren simpatías por las candidaturas lanzadas por el PSDB y por el PSB, en la expectativa de una decisión en la segunda vuelta.

Para esas oposiciones, el mayor legado del Mundial está en la incapacidad gerencial del gobierno federal, en la incompetencia para planificar y ejecutar un proyecto de tamaña grandiosidad dentro de los presupuestos y plazos establecidos. Los neoliberales centran la crítica en los aspectos relativos al desvío de recursos públicos, superfacturación de las obras y en la denuncia de la corrupción – o por lo menos en la sospecha de financiación de las campañas electorales con propinas por parte de las empresas contratistas que hicieron obras y de las empresas que gozaron de exenciones de impuestos u otros beneficios previstos en las leyes especiales para el campeonato de fútbol.

Las oposiciones desde el campo de la izquierda y los movimientos emergentes critican principalmente los daños sociales del Mundial para el país, el resultado de innumerables acciones privadas y públicas que producen efectos contrarios a lo que se esperaba de un proceso democrático y de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, con respeto a los derechos sociales y a las libertades civiles. Al contrario de un proceso civilizatorio, las consecuencias del Mundial, ya computadas y materializadas, son un gran retroceso político en dirección a la barbarie, a la exclusión, al preconcepto y al desacato a los derechos de los que más necesitan del apoyo del Estado.

Desde los primeros momentos de preparación de las obras para la realización del torneo, en 12 capitales estatales, los primeros afectados fueron las poblaciones de bajos ingresos desarraigadas de sus casas para permitir la construcción de obras como estadios y vías públicas para los accesos. Se calcula que más de 250.000 familias fueron desalojadas a manu militari en todo el país. Ahí hay un problema de difícil reparación, en un país en el cual el déficit de habitación aumenta más rápido que los programas habitacionales. Los movimientos de los sin techo aparecen por todo el país mientras los patrocinadores del Mundial aprovechan la especulación inmobiliaria.

Después se sucedieron las ocupaciones militares y policiales de cerros, favelas y comunidades pobres de Río de Janeiro y de otras ciudades, siempre con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, pero con abusos de todo orden y violaciones de derechos constitucionales. Esas ocupaciones, cínicamente denominadas como "pacificadoras", continúan proyectando un rostro de sangre que coloca a Brasil en el ranking de los países más violentos del mundo.  Si la idea era silenciar el descontento de las poblaciones excluidas, el resultado de asesinatos ha sido un grito que repercute por todas partes – en especial en las diversas cortes internacionales de defensa de los derechos humanos.

Nunca antes en este país se ocupó barrios enteros con tropas militares y policiales como sucedió en el complejo de Maré, en Río de Janeiro, con autorización general del Poder Judicial para operaciones de búsqueda y aprensión en 40.000 residencias, sin justificación determinada, una violencia sin precedentes y en flagrante violación de los derechos democráticos y humanos previstos en la Constitución Federal. Esa acción, evidentemente, demuestra que el costo del Mundial incluye la discriminación practicada por el Estado con el apoyo de los sectores más reaccionarios de la sociedad – aquellos que piden siempre más golpes y palos para los más pobres. Como siempre, la derecha y el gobierno, con todo el aparato mediático, tratan de criminalizar a los movimientos sociales y a los que se manifiestan en contra del Mundial.

Todavía necesitan ser computadas entre las consecuencias sociales los incentivos al turismo sexual, la explotación de la prostitución infantil y el aumento de la segregación de los que pueden frecuentar los nuevos estadios de fútbol en el estándar FIFA y los que se quedarán fuera del espectáculo después del Mundial. Todo indica que el mayor legado deportivo y cultural es la expulsión de los pobres y negros de las galerías, en el proceso de selección que se realiza mediante el poder adquisitivo, en busca de un nuevo público de élite – notoriamente blanco – por su estándar de consumo. Para los anunciantes y patrocinadores parece que ya había llegado el momento en que los estadios fueran ocupados por las clases medias, limpias y educadas, sin la amenaza de las "torcidas" integradas por las "clases peligrosas".

Conmemorado por el gobierno como un evento que vino a inyectar una enorme cantidad de dinero a la economía, en especial en las sedes de los juegos, por la presencia de turistas y por el gasto en hoteles, restaurantes y todo tipo de comercio, con ganancias generosas para todos, en verdad la mayor parte del dinero queda en la FIFA y sus asociados, que recogen la caja de los estadios y de los paquetes internacionales [pasajes aéreos, hoteles y traslados]. En la esencia también están las empresas contratistas, que cobran abusivamente por todas las obras [estadios, aeropuertos, vías públicas, etc.], los patrocinadores y, muy probablemente, algunos expertos que descubrieron nichos para obtener algún dinero de la FIFA.

Nunca antes en este país se inauguraron tantas obras inacabadas. En la víspera de la abertura del Mundial por lo menos 50% de las obras previstas no han sido terminadas. El problema de ese asunto no es sólo el costo financiero para que tales obras sean debidamente entregadas. El meollo está en una práctica política que ya debería haber sido superada, pues nos remite a los tiempos de mando absolutista del coronelismo y de las oligarquías. Imaginar que todo eso está siendo comandado por el PT y por el PCdoB, otrora partidos comprometidos con la transformación cultural y política, verdaderamente es un gran retroceso que, una vez más, sólo favorece al conservadurismo y a la derecha, así como a la reiterada farra de las empresas contratistas.

Como legado para el pueblo brasileño va a quedar la cuenta de todo lo que la administración directa gastó en el evento y aquello que fue financiado de forma subsidiada, lo que consiguió exención tributaria y aumentó la evasión de los cofres públicos, sin contar el riesgo de picos de inflación en función de un brutal aumento en los precios de alquileres y de alimentación. Evidentemente, si la inflación diese señales de que vamos a pasar del límite máximo del objetivo del 6,5% en el año, corremos el riesgo de tener que tomar nuevas medidas de austeridad con más apretura salarial y mayor control del crédito. Una cosa es cierta: el trabajador brasileño va a sentir en carne propia el resultado del Mundial durante varios años.

Para citar un ejemplo singular de cómo este torneo va a pesarle al pueblo, basta comparar el costo del estadio del Real Club Deportivo Español, en Barcelona – inaugurado recientemente, por el valor total de 100 millones de euros [aproximadamente 300 millones de reales]. Un estadio moderno, confortable, para 60 mil personas, con sistemas de energía solar y reaprovechamiento de agua de lluvia – con el costo del Itaquerão, un estadio  inacabado, que ya costó más de 1.100.000 millones de reales, casi cuatro veces más que el estadio español. Eso significa que la nación corintiana tendrá que saldar la deuda con el estadio en los próximos años no sólo con el alza de  los precios de los ingresos, sino también con el endeudamiento del club, con efectos en el propio elenco y desempeño del equipo, por lo menos en los próximos 20 años.

Sin mayores chances en las elecciones de octubre y con espacios reducidos en el juego institucional, las oposiciones de izquierda apuestan que el mayor legado del Mundial será, en primer lugar, sacarle algunas máscaras más al gobierno Federal, que por un lado ejerce fuerte influencia en las clases trabajadoras y en las camadas de menor renta [debido a programas sociales y alianzas con diferentes sectores políticos], y por otro lado continúa favoreciendo al gran capital, nacional e internacional, con políticas neoliberales, con pago de intereses altos y total libertad de los mercados y del flujo de capitales.

Además de eso, las oposiciones de izquierda y los movimientos populares apuestan también al aumento de las luchas sociales, con un número creciente de movilizaciones, manifestaciones, huelgas y protestas – dadas por las condiciones objetivas de vida precaria de la mayoría de la población, y de la escasez de políticas públicas de salud y saneamiento, educación, habitación, transportes y protección social. El Mundial evidenció la mirada popular sobre la desigualdad, la distancia de las autoridades y amplió el descontento con las condiciones de vida en los grandes centros urbanos. El Mundial, para las oposiciones de izquierda, es la posibilidad de un salto cuantitativo y cualitativo de concientización y organización de las luchas populares, cobrando cada vez más la cuenta a los gobiernos y poderes públicos.

Esa disputa extrapola el discurso y la perspectiva puramente electoral. Independiente de quien gane la elección del 5 de octubre [presidente de la República, gobernadores estatales, senadores, diputados federales y diputados estatales], lo que importa para los sectores más combativos de izquierda [excluyendo las fuerzas que pasaron a colaborar con el neoliberalismo, con el empresariado y con las oligarquías conservadoras] es mantener y ampliar los caminos alternativos para la construcción de otra sociedad – más democrática, más justa y más igualitaria.

Ese legado no se confunde con la retórica triunfalista y engañosa de la crónica oficial ni con la crítica superficial y oportunista de las oposiciones neoliberales y de derecha. Las verdaderas batallas políticas van mucho más allá del juego electoral.

* Hamilton Octavio de Souza, desde 1972 y columnista de Brasil de Fato, Caros Amigos y en la revista de los Sin Tierra. Es profesor de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP).