La espiral de violencia que azota al estado de Veracruz es resultado de varios factores, como el empobrecimiento progresivo de las mayorías, la mayor participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad, la negligencia de ministerios públicos y el sistema judicial y el crecimiento de la delincuencia organizada en el estado. Pero por encima de todo eso está la omisión sistemática del gobierno del estado para atender a las víctimas de desapariciones forzadas, feminicidios y secuestros, en aras de mantener una imagen de paz social en Veracruz para atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico.

El mantra del crecimiento económico es sin duda el eje de la razón de ser del gobierno encabezado por Javier Duarte, pero lejos está de haberse convertido en una realidad palpable. La pobreza sigue en aumento al igual que la espiral de violencia pero las autoridades competentes han mantenido un sistemático silencio al respecto; es considerado de mal gusto, en los pasillos gubernamentales, mencionar el aumento de la violencia, que es considerada más bien como un daño colateral y no como un hecho que ha lastimado y lastima a miles de veracruzanos.

Sin duda que la crisis que estalló en 2008 tiene mucho que ver en el aumento de las cifras relacionadas con la violencia social, en particular de las desapariciones forzadas y los feminicidios. Las primeras son realizadas directamente o indirectamente por las autoridades sean estas la policía o las fuerzas armadas; las segundas por todos aquellos que de una u otra manera consideran a la mujer como un objeto y no como un ser humano y sobre todo, porque perciben un ambiente de impunidad que aumenta las probabilidad de no ser detenidos. Los conflictos familiares, las tentaciones para ingresar a las filas del narcotráfico y la apología de la violencia son la materialización de enormes tensiones sociales generadas por la marginación y la falta de oportunidades para contar con un empleo digno.

Por otro lado, las desapariciones forzadas han aumentado en el estado como consecuencia de las acciones que en materia de seguridad pública detentan hoy las fuerzas armadas y la policía estatal, las cuales y de acuerdo con cifras proporcionadas por el Colectivo por la Paz son responsables de la desaparición de 665 personas, entre las cuales se encuentran 122 menores de edad. Ya desde 2012, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) colocó al estado de Veracruz como una de las cinco entidades que concentran la mitad de las víctimas del dicho delito. En los primeros cinco meses del 2013, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, creado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicó a Veracruz en el primero lugar nacional, con 12 expedientes abiertos. Por su parte, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) tiene registrados, entre 2011 y 2013, al menos 388 desapariciones forzadas, siendo la capital del estado una de las regiones con mayor incidencia del delito.

A su vez, el Colectivo de Investigación y Desarrollo de las Mujeres, A.C. por medio a un monitoreo de medios de comunicación realizado entre agosto del 2011 y agosto del 2013 calcula en 169 feminicidios cometidos en Veracruz. Otra organización de mujeres, El Observatorio de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres documentó 100 feminicidios en la segunda mitad del año 2012. Irónicamente, desde 2011 existe el delito de feminicidio en el estado de Veracruz pero, al igual que la Comisión Estatal para   la Atención y  Protección   a  Periodistas, no son más que una fachada para ocultar su desprecio por tales delitos. Es aquí en donde se puede observar con mayor claridad la estrategia gubernamental. En lugar de aplicar los protocolos para efectuar las investigaciones, lo que están haciendo las autoridades competentes es simplemente negar su existencia (En el caso de las desapariciones forzadas prefiere llamarlas ‘personas no localizadas’).

A fuerza de declaraciones amplificadas hasta la náusea por los medios de comunicación, en las cuales el gobierno estatal niega reiteradamente la escalada de violencia en Veracruz, el gobernador pretende endulzar la percepción que los potenciales inversores tienen sobre el estado e inviertan sus capitales. En realidad no le importa mucho la percepción que tengan sus gobernados al respecto. Después de todo las desapariciones forzadas y los feminicidios son daños colaterales en una coyuntura que nuestros gobernantes prefieren ver como ajena a sus responsabilidades constitucionales, adjudicándole al gobierno federal y las fuerzas armadas la responsabilidad en las labores de seguridad. Recientemente, el gobernador reconoció, refiriéndose a los asesinatos y desapariciones que "…hay incidentes, evidentemente, y eso no lo vamos a poder solucionar…lo importante es que hay instituciones sólidas…"

En todo caso, la indiferencia calculada de las autoridades estatales frente a la escalada de violencia en Veracruz representa sin duda un elemento central para comprenderla. Enfrascadas en un mundo construido para alimentar su soberbia, no se dan cuenta de que controlar los medios de comunicación locales no es suficiente para ocultar la realidad y promover las inversiones. Y más aún: ésa realidad que pretenden ignorar o suavizar las alcanzará tarde o temprano. Los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición forzada, no prescriben. En la medida en que éstos aumenten, la indignación de la ciudadanía crecerá y eventualmente demandará justicia de manera organizada. Tal vez entonces toda esa soberbia y cinismo de la que hacen gala las autoridades hoy desaparezca tras las rejas.

Rafael de la Garza Talavera. Colectivo La Digna Voz

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2014/03/desapariciones-forzadas-feminicidios-e.html