Natalia Sierra *

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Las elecciones del domingo 23 de febrero movieron el mapa político ecuatoriano con respecto a las nacionales llevadas a cabo en febrero de 2013. Un año atrás el movimiento Alianza País (AP) consiguió obtener la mayoría casi absoluta de las representaciones nacionales, consolidándose en el poder estatal seis años después de haberlo alcanzado. Luego de haber conquistado el Poder Ejecutivo y el Legislativo, inmediatamente el gobierno controló la totalidad de los poderes y funciones del Estado, con lo cual aprobó leyes y decretos que consolidaban su poder y abrían paso a la ejecución de su proyecto económico (capitalismo extractivista) y político (autoritarismo estatal). Pero generó al mismo tiempo un paulatino crecimiento del malestar en diversos sectores sociales.

Este último año, caracterizado por el poder absoluto de AP en el Estado, fue también el de su mayor desgaste político.

Esta situación expresa la paradoja propia de la concentración del poder que generó AP a partir de su victoria en las elecciones nacionales. Sin oposición política, es decir sin un enemigo que funja de chivo expiatorio que concentre el mal y posibilite la cohesión del movimiento, éste comenzó su desgaste interno (fraccionamiento, peleas por espacios de poder, disputas ideológicas, personales). Por otro lado, la concentración del poder, que en rigor se dio en la figura del presidente, exacerbó formas autoritarias de gestión en los asuntos del Estado y en la relación con la sociedad.

El desgaste político sufrido por AP en este último año se hizo evidente en cuatro hechos sintomáticos que tuvieron a Quito como escenario político del debate, y que permiten de alguna manera comprender la derrota que sufrió en la capital y en otras ciudades importantes del país.

El primero, y quizá el más significativo por el debate estructural que moviliza, es el tema del Yasuní. Cuando Correa decidió terminar la iniciativa Yasuní –que proponía dejar el petróleo bajo el suelo–, promocionada por el mismo gobierno durante más de cuatro años a nivel nacional e internacional, la población lo rechazó, y se planteó la necesidad de una consulta popular para que el pueblo decidiera al respecto. La respuesta gubernamental fue la total descalificación de esta demanda social. Muchos sectores, sobre todo de jóvenes urbanos e indígenas y campesinos, insistieron en pedir el plebiscito. La decisión unilateral del gobierno puso en debate público el proyecto económico extractivista de AP, que cuestiona seriamente su autodeclarada línea progresista.

El segundo fue la discusión en torno al nuevo Código Penal Integral, claramente punitivo, no sólo por la criminalización de la lucha social, denunciada por las organizaciones afectadas por juicios por terrorismo y rebelión en contra de sus dirigentes, sino por la criminalización de la sociedad, visible entre otras cosas en un artículo que estipula la "mala praxis profesional". Los médicos se movilizaron con nuevas formas de resistencia y obligaron al gobierno a negociar.

El tercero fue abierto por el incidente que se dio entre el presidente Correa y el cantautor popular Jaime Guevara, quien fuera maltratado por el AParato de gobierno por haber, según decían, "insultado a la majestad del presidente". Una vez más se puso en acción un linchamiento público por parte de todo el AParato estatal en contra de un ciudadano. La diferencia esta vez fue que se trató de un símbolo de las luchas populares por más de cuatro décadas.

El cuarto es la sanción que se impuso al caricaturista Xavier Bonilla ("Bonil") por un dibujo en el que se hacía referencia al allanamiento de la casa del asesor político Fernando Villavicencio, quien se encontraba investigando supuestos actos de corrupción gubernamental. El control de la comunicación y la opinión llegó a niveles inverosímiles con este hecho, donde el absurdo vuelto solemne deviene en ridículo. La rectificación que tuvo que hacer Bonil de la caricatura por exigencia de la Superintendencia de Comunicación terminó por dejar en mayor ridículo aun al gobierno.

El hecho de que AP no haya podido consolidarse a nivel local abre un nuevo escenario en el tablero político que aún no es posible saber cómo se desenvolverá. Lo poco que se puede ver es que la vieja derecha socialcristiana y alguna vieja derecha remozada lograron ciertos espacios de poder que habían perdido. Los sectores más de derecha del gobierno, aliados a los nuevos grupos de poder económico formados en este período, salen a su vez victoriosos frente a los más "progresistas". Un hecho importante a tomar en cuenta es que Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, se presenta como la segunda fuerza política electoral del país, con 33 municipios y siete prefecturas conquistadas en alianza. La izquierda no ha logrado por su lado generar una propuesta clara, quizás porque aún no consigue recuperar el discurso revolucionario apropiado por AP. Lo único que parece estar claro para la izquierda es la urgencia de construir, defender y fortalecer la autonomía de las organizaciones sociales y populares.

*  Socióloga y catedrática universitaria ecuatoriana.