Alberto Acosta

"Si queremos acabar con el hambre en el mundo es fundamental garantizar el acceso universal a la tierra, así como al agua y a las semillas, y prohibir especular y hacer negocio con aquello que nos alimenta y nos da de comer"

Corría el año 2007. En Ecuador se vivía una efervescencia de ideas y expectativas innovadoras. Incluso revolucionarias. La siembra de las luchas sociales acumuladas a lo largo de las pasadas décadas parecía que empezaba a dar sus frutos. La Iniciativa Yasuní-ITT, que luego llegaría a ser ampliamente conocida a nivel internacional, para dejar el crudo en el subsuelo, a cambio de una contribución internacional, data de esa época y fue en ese mismo año cuando alcanzó el rango de política gubernamental. En ese entonces, entre otros puntos notables, ya se fraguaban los Derechos de la Naturaleza, la aceptación del agua como un derecho humano fundamental y la prohibición de los transgénicos, que luego serían incorporados en la Constitución del año 2008.

En esa línea de construcción, de algo diferente, desde el Ministerio de Energía y Minas, se propuso el programa "Cero Combustibles Fósiles en Galápagos". [ii] Con esta decisión se concibió el reemplazo del petróleo y sus derivados contaminantes en unas islas encantadas, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. En ese entonces inclusive se hablaba de reeditar allí una propuesta similar a la prevista con la no explotación del campo petrolero ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), con fines de rescate integral de este patrimonio.

Frente a un acelerado crecimiento de la demanda de combustibles en el archipiélago de las Islas Galápagos, de más del 10% anual, la idea era cambiar el patrón energético. Para ello se quería introducir energías renovables que permitieran reducir y luego eliminar las emisiones de CO2, evitando también la amenaza de un derrame de combustibles, que podría afectar a la biodiversidad, tal como sucedió con el accidente de un buque tanque -el Jessica- en el año 2001.

También se planteó la erradicación del uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Las energías fotovoltaica y eólica reemplazarían al combustible fósil (especialmente diesel) utilizado en la generación de electricidad. Con esto se pretende bajar sustancialmente el volumen de diesel embarcado hacia las Galápagos. A fines del año 2012 estos proyectos ya han reducido un 20% de la demanda de combustibles fósiles para energía eléctrica en las islas.

Y para asegurar aquel suministro energético de difícil cambio por electricidad, sobre todo en el transporte marítimo y aún terrestre, se propuso la sustitución gradual de vehículos convencionales por motores eléctricos, así como el uso de agrocombustibles [iii] particularmente en las actividades de pesca y turismo. Por cierto había conciencia de que era (y es) indispensable trabajar en el ámbito de la eficiencia energética, pues no tiene mucho sentido instalar costosas instalaciones de generación renovable, si la demanda crece indiscriminadamente y se mantiene el desperdicio de energía.

El aceite de piñón, producido en el continente, en la provincia de Manabí, debía suministrar el combustible requerido en las Galápagos. No se planteaba su producción masiva. El piñón a utilizarse debía provenir de las cercas vivas que utilizan los campesinos, no de plantaciones.

Este innovador proyecto en términos energéticos, que está aún lejos de su cristalización, con la introducción de los agrocombustibles abrió la puerta a un riesgo entonces insospechado. No consideramos que el piñón, en economías campesinas deprimidas, se convertiría en una fuente cada vez más importante de ingreso. Además, el gobierno de Rafael Correa terminó por impulsar aún más las plantaciones existentes de palma aceitera y de caña de azúcar, que en el año 2007 ya producían y hasta exportaban agrocombustibles. [iv]

Con un decreto ejecutivo el gobierno del presidente Correa, ya distanciado de todos aquellos elementos revolucionarios de los primeros momentos de su gestión, declaró, en el año 2012, de interés nacional el desarrollo de los agrocombustibles.

Las metas que se aspira a alcanzar con esta acción presidencial obligarán a una agresiva plantación de palma. Esta planta se expandirá en zonas de bosques húmedos tropicales de la Costa y de la Amazonia. De acuerdo a proyecciones oficiales, en el Ecuador se podrían utilizar unas 400.000 hectáreas para plantaciones de palma aceitera; ya para el año 2017 se espera una producción de 400 millones de litros de etanol, que bordeaba unos 20 millones en el 2013. [v]

El gobierno está empeñado no solo en ampliar las plantaciones de la palma, también ha resuelto fortalecer la expansión de otros monocultivos energéticos. Aquí cabe anotar el caso de la caña de azúcar para producción de etanol. Se pretende que los pequeños agricultores, que producen alcohol etílico y panela con sus variedades criollas y que les significa una fuente de ingreso constante a lo largo del año, cambien sus plantaciones, por otras más aptas para la producción de etanol, incluso en zonas de la Amazonia. En esta línea de incorporar a los campesinos a nuevas líneas productivas está la canola, un cultivo que ha empezado a ensayarse en algunas comunidades andinas con muy malos resultados, por cierto. También, aparece el cultivo del mencionado piñón enfocado a zonas secas.

Los grandes cultivos, es decir los agronegocios, a la postre, impulsados por la política del gobierno, serán los principales beneficiarios; es decir, los grandes grupos empresariales que controlan el mercado nacional de grasas y aceites. Y estas plantaciones se extenderán dando paso a una escalada de conflictos socioambientales. Bien sabemos que este tipo de plantaciones nutren contextos de violencia, sea por la sobreexplotación laboral, la destrucción de bosques o la contaminación, entre muchos otros problemas. El impulso a este modelo de plantaciones, por lo demás, resulta contradictorio con la soberanía alimentaria y no se diga con el Buen Vivir, propuesta de cambio civilizatorio recogida en la Constitución de Montecristi, aprobada plebiscitariamente el 2008.

Como alternativa energética, el modelo a gran escala de los agrocombustibles es nefasto, peor aún cuando se trata, no de usar residuos, sino de desarrollar plantaciones. De hecho estos cultivos son altamente consumidores de petróleo, el combustible que se supone que a través del agrocombustible se pretendería desplazar: muchas veces su demanda energética supera el rendimiento energético que ofrecen estos cultivos. Ocupan tierras agrícolas que en lugar de proporcionar alimentos a la población, alimentarán a los vehículos, sin aportar a la soberanía alimentaria -prevista en la Constitución- sino alentando el incremento del parque automotor, al tiempo que los alimentos se encarecen. Más agrocombustibles, como se ha visto en muchas partes del planeta, es sinónimo de hambre. Demandan enormes cantidades de agua y de agroquímicos. En resumen, los campesinos no se verán beneficiados por los cultivos usados para la generación de agrocombustibles, los cuales suscitarán usufructo para unos pocos empresarios, que acapararán grandes extensiones de tierras e invertirán en modelos agroindustriales de megaescala.

Para completar este perverso escenario, cabe relievar que el desarrollo de los agrocombustibles sintetiza una propuesta amorfa que pretende situarse entre el cambio de matriz energética, el fomento a la agricultura y el desarrollo tecnológico agrícola, muchas veces a partir de la utilización de los transgénicos. Y en esa línea está el presidente de la República, quien, atropellando la Constitución, ha decidido embarcar al país en la producción de cultivos genéticamente modificados. [vi]

Cabe preguntarse, por qué el gobierno ecuatoriano, cada vez más, se aleja de los principios originales que hicieron posible el triunfo de la candidatura de Alianza PAIS, hace ya más de siete años. Hoy con el retorno del viejo concepto de desarrollo, el país se embarca en una permanente negación de propuestas de avanzada en economía, ecología y democracia, que surgieron desde la sociedad civil. Es decir, el gobierno parece que se ha propuesto echar por la borda todas las reivindicaciones que fueron discutidas y planteadas por amplios segmentos de la sociedad. Con un sólido aparataje mediático, el gobierno del Ecuador, quiere volver atrás del camino andado, queriendo convencer a la sociedad de las bondades de una reprimarización de la economía y como consecuencia, de la destrucción de las riquezas naturales y culturales.