Todos los gobiernos del mundo que se sienten orgullosos de su historia, de sus luchas y de los sacrificios que muchos ciudadanos han debido emplear desinteresadamente en favor de su Patria y de su pueblo; desarrollan los medios y emprenden acciones para recuperar y conservar la memoria histórica, para homenajear y reconocer a las personas y los acontecimientos que permitieron alcanzar diverso tipo de logros o cimentar las bases de sus sociedades, o para saldar las deudas y resarcir los daños que pudieron haber quedado, de tal manera que se restablezca la justicia, se conozca la verdad de los hechos y se evite en el futuro la repetición de aquellos acontecimientos que pudieron haber causado muerte, vergüenza o impunidad.

En Bolivia, desde el año 2004 cuando se aprueba la Ley 2640, sucede todo lo contrario. A pesar de la obligación y el mandato legal que existe para proceder al resarcimiento de los daños provocados por gobiernos dictatoriales e inconstitucionales que violaron y conculcaron los derechos humanos y las garantías constitucionales de la ciudadanía; se ha optado por la indolencia y el desprecio frente al justo reclamo de las víctimas de violencia política que inclusive se han visto forzados a instalar hace más de un año y medio una vigilia permanente frente a las oficinas del Ministerio de Justicia, cuyas autoridades son responsables de la irregular, mañosa e incompleta lista de personas que ha validado y aprobado, sabiendo de las graves irregularidades cometidas en la calificación y la ausencia de notorias personalidades que no figuran a pesar del amplio conocimiento público que se tiene sobre los vejámenes, tortura, heridas y exilio que tuvieron que soportar.

Más allá de la nueva forma de violencia política que actualmente se ejerce (yendo contra toda lógica) sobre las víctimas de gobiernos autoritarios del pasado, porque se los vuelve a victimizar cuando se les niega sus derechos y se les obliga a movilizarse para reclamar (siendo que no exigen ni se trata de una concesión o un beneficio especial que pueda ser discrecionalmente decidido); sucede que la tarde del 19 de noviembre, en plena plaza Murillo, donde se encuentran nada menos que el llamado Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha producido un acto de violencia, represión y golpes, ejercitado por la Policía Nacional en contra precisamente de este grupo de luchadores sociales víctimas de violencia política en tiempos de dictadura.

Ironía de ironías en un gobierno y un proceso de cambio y transformación que debería haber tomado la iniciativa y no esperar ningún tipo de demandas en este campo tan sensible a la dignidad nacional y la memoria histórica, pero que paradójicamente se ejercita sobre aquellos mismos que en las décadas de los años 60, 70 y 80, lucharon en contra de regímenes autoritarios e inconstitucionales y lograron recuperar la democracia que hoy constituye la base de sustento del proceso.

Como si ello no fuera suficiente escarnio a un grupo social que en su momento ya dio muestras por demás suficientes de su compromiso con las luchas sociales por la democracia, contra el autoritarismo y contra regímenes que sometieron la dignidad, la libertad y la democracia, la Ministra de Comunicación se dio a la incomprensible tarea de desinformar y tergiversar los hechos, porque además de confundir la ley 2640 con otra (2064) promulgada por el gobierno de Banzer y que no tiene nada que ver con las víctimas de violencia política, insinúo que fueron precisamente las víctimas de violencia política quienes elaboraron y validaron las listas para el resarcimiento (por medio de ASOFAM y Loyola Guzman), cuando en realidad ha sido el Ministerio de Justicia y los funcionarios de esa repartición quiénes aprobaron y certificaron las mismas, muy a pesar de las graves irregularidades y manoseo denunciados con anticipación.

Es un hecho que los pueblos que desconocen u olvidan su historia, están destinados a repetir sus errores; pero es doblemente grave cuando no solo se desconoce la historia, sino que se pretende ocultarla como cuando se trata de tapar el sol con el dedo. La verdad y la justicia deben prevalecer, o será impuesta tarde o temprano.

(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Noviembre 20 de 2013.