La Legislatura Bonaerense quiere aprobar la Ley de Policías Municipales porque, según argumentan algunos sectores, la centralización de la conducción en las cúpulas policiales favorece el control de la trama delictiva y la cooptación de las estructuras policiales. Lo que no nos está quedando claro a los bonaerenses, es qué nos garantiza que en las escalas municipales no puedan replicarse procesos similares de administración del delito y el gatillo fácil.

Si comparamos la experiencia de descentralización de políticas sociales a nivel nacional, vemos que una vez que se transfieren servicios, coordinar después una política común se torna más complejo. La Provincia se sacará de encima demandas y responsabilidades, los municipios contarán con mayor poder represivo, mejor o peor pagos según el nivel de recaudación, pero nada garantiza que haya una mejora para las instituciones y la comunidad.

Basta ver la película adelantada de la Policía Metropolitana. La legislatura, con apoyo del voto progresista, le otorgó a un gobierno de derecha la creación de una fuerza policial local. Y el primer Jefe que designó Macri, el Fino Palacios, involucrado en el caso AMIA, hoy está procesado por escuchas ilegales a los opositores que votaron la Ley. También incorporaron efectivos que fueron exonerados de otras fuerzas e incluso militares, en clara violación a les Leyes de defensa y seguridad interior. Además, no hay que olvidar que esta policía quiso implementar armas c on descargas eléctricas y la justicia porteña se lo tuvo que impedir, y que el año pasado reprimió con sus grupos especiales encapuchados a pacientes, médicos, periodistas y legisladores en el hospital Borda, entre otras barbaridades.

En la mayoría de los municipios de la región metropolitana, los mecanismos de control social ciudadano son débiles cuando no inexistentes. Frente a eventuales casos de represión de las futuras policías comunales, las instancias de reclamos que puedan realizarse ante los Concejos Deliberantes pueden ser bastardeados con facilidad sin mayores costos para el poder de turno. Hemos visto todos estos comportamientos de intimidación de fuerzas del orden formales y de fuerzas "informales" en diversos conflictos sociales locales.

Hasta la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner reconoció estas prácticas y cuestionó el proyecto por cadena nacional: "¿Para qué quieren la policía comunal algunos? ¿Para esto? ¿Para hacer policía de seguridad política de los intendentes, guardias pretorianas?".

En efecto, ¿qué garantiza que una policía municipal no refuerce las lógicas feudales autoritarias de control territorial que aplican la mayoría de los intendentes bonaerenses? ¿Vale arrepentirse después diciendo que la ley era buena, pero se aplicó mal?

Desde la Comisión Provincial de la Memoria hemos impulsado la creación de una Policía Judicial, que finalme nte tuvo aprobación mediante la ley 14.424. Esta normativa apunta a quitarle poder a la policía Bonaerense en funciones de investigación judicial, especialmente en delitos complejos, redes delictivas y casos de corrupción, para evitar las tramas de corrupción donde se amparaban o fraguaban causas. Con esta medida se crea un cuerpo civil especializado que dependerá del Poder Judicial. Sin embargo, lamentablemente, esta ley no ha sido reglamentada aún, lo cual ilustra falta de voluntad para encarar reformas que se proclaman como urgentes.

Lo único que le falta al país son policías compitiendo y espiándose entre sí para ver que intendente sale favorecido en las elecciones siguientes. La situación policial actual requiere profundas reformas, el asunto es como democratizarlas y subordinarlas eficazmente al poder político y al control ciudadano. No se trata de replicar los problemas nacionales y/o provinciales de gestión de las fuerzas policiales a escalas distritales.