Esas son las causas por las que los trabajadores de la Dirección de Informática del Ministerio de Trabajo de la Nación vienen peleando desde hace más de un año. Siete de cada diez trabajadores están precarizados dentro del organismo. Detalles de la reunión que la semana pasada tuvieron con el ministro Carlos Tomada fueron parte de la entrevista con uno de los delegados del área.

El jueves pasado se levantó la movilización que los trabajadores de la Dirección de Informática del Ministerio de Trabajo tenían prevista para denunciar la tercerización de sus tareas y el maltrato laboral dentro del organismo. Lo decidieron así porque el ministro Carlos Tomada los convocó, a través de un llamado telefónico de su secretaria, a una reunión de urgencia para evitar esta medida que pondría en la calle y a la vista de muchos, los reclamos de los trabajadores.

"El ministro se mostró muy enojado principalmente con dos temas. Uno es que le molesta mucho que se sepa que en el Ministerio de Trabajo hay trabajo precario, y lo otro es que estamos hablando de violencia laboral. Y hay dos cosas que le juegan en contra: que efectivamente hay 2700 trabajadores precarizados de un total de 4200, o sea más del 70 por ciento. Esos 2700 están contratados bajo la forma de tareas temporales. Y lo otro es que sí hay violencia laboral. En este sentido, la prueba más lamentable es que compañeros de muchísimos años de trabajo y con mucho compromiso, con un buen nivel salarial, están renunciando y es porque algo pasa", contó Sebastián Scarano, delegado de ATE, en el programa Los Locos de Buenos Aires de FM La Tribu.

Según explicó Scarano, dentro de la ley marco de Empleo Público hay un artículo que dice que para tareas que no son propias de personal de planta, porque son tareas eventuales, hay una modalidad que permite contratar trabajadores de manera temporal. En el tiempo que dura la tarea esa persona tiene una relación laboral con el organismo y tiene incluso obra social. Pero no tiene derecho a la estabilidad porque hace tareas eventuales que no pueden ser cubiertas por la planta permanente.

"Por eso decimos que el caso de estos 2700 trabajadores es trabajo precario, porque realizan tareas propias y permanentes de personal de planta como por ejemplo las inspecciones. De los 500 inspectores que van a las empresas en busca de detectar trabajo en negro, más de la mitad están precarizados. Es más, nosotros decimos que es trabajo ilegal porque no cumple con la estabilidad del empleo público que dice la Constitución, no cumple con la ley marco de Empleo Público y tampoco con el Convenio Colectivo que dice que no puede haber más de un 15 por ciento con contratos eventuales. O sea que tenemos un Ministerio de Trabajo que no cumple la Constitución, la ley marco del Empleo Público ni el convenio colectivo".

La resultante de la reunión, además del enojo de Tomada, fue que les pidieron que acerquen una propuesta que están ahora consensuando. Scarano comentó que el piso de la misma será que los jefes del área que ejercieron violencia laboral no pueden tener más gente a cargo. "Violencia laboral es el gran crimen moderno. Es la manera más fácil de destruir a una persona y salir impune. Son pequeñas acciones que repetidas sistemáticamente a través del tiempo destruyen la autoestima del trabajador. El objetivo no es echar al trabajador sino que el propio trabajador se vaya y es lo que está pasando en el ministerio", explicó el delegado.

Para llevar adelante este mecanismo una de las cosas que están haciendo en esa área es que a trabajadores con muchos años de experiencia al frente de equipos de trabajo que costó formar se los deja sin gente a cargo: "Hay trabajadores a quienes se los desplazó al escalafón más bajo en la nueva estructura. Gente que era líder de proyectos, ingenieros con muchísima experiencia, de repente son programadores rasos y están en el mismo lugar que alguien nuevo que entra a trabajar mañana al Ministerio", citó como ejemplos.

Los cargos que quedan así "vacantes" los ocupan personas que ingresaron hace muy poco al organismo pero que no salen a denunciar la tercerización y también personal que antes trabajaba para consultoras que ahora contrata el Ministerio. Es el caso del arquitecto Rubén Martínez que trabajó durante veinte años para la consultora GLD que vendió horas de desarrollo al Ministerio por millones de dólares, quien ahora es jefe de 40 profesionales de muchos años de trayectoria. Otro caso, según comentó Scarano, es el de María Cristina López quien fue puesta como directora del área. "Ella era secretaria administrativa de la directora. Era la que le llevaba la agenda a la directora y, en su vida, ni dentro ni fuera del Ministerio de Trabajo, hizo un solo sistema", comentó.

"Hace 15 años que trabajo en el Ministerio y es la primera vez que vivo algo así en mi sector de trabajo. Compañeros de muchísimos años que se van, gente que pide licencia sin goce de sueldo", dijo Scarano aportando una idea de cómo los afecta esta situación.

El delegado de ATE reconoció que el actual ministro puso mucho en el sector de Sistemas para fortalecerlo, contratar gente y formar equipos. Pero hace poco más de un año la situación cambió y empezaron a impulsar la contratación de estas consultoras. En 2011, a la consultora GLD le contrataron 60.000 horas de desarrollo por un millón de dólares. Y en 2013 se contrataron 120.000 horas por 3 millones 200 mil dólares. "Para que tengan una idea de lo que significa, 120.000 horas de desarrollo es una Dirección entera de 40 personas trabajando ocho horas por día durante un año, cobrando por hora y en dólares, a razón de 20 dólares la hora. Nadie jamás contrataría una Dirección entera por una licitación internacional, pagando por hora", clarificó Scarano.

El delegado recordó que luego de reunirse la primera vez con el ministro, esperaron un mes y medio sin obtener respuesta y a seis trabajadores que habían participado en esa reunión y que tenían entre diez y doce años de trayectoria, los llamó alguien de Recursos Humanos de otro organismo diciéndoles que fueran al otro día con su currículum porque no iban a trabajar más en ese ministerio y que los iban a trasladar.

"Cuando en la reunión de la semana pasada le comentamos esto al ministro, nos dijo que para él es prioritario el tema de la violencia laboral, entonces le pedimos que empecemos viendo quiénes se fueron del ministerio, por qué se fueron y quién dispuso el traslado de estos seis compañeros, a los que nos respondió: ‘Me operaron de arriba’. O sea, el ministro no es capaz de decirnos quién dio la orden". Por sobre el ministro están el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la presidenta.

La consultora GLD tiene desarrollado un sistema (Meta4) listo para ser utilizado. Es un sistema de liquidación de sueldos que se utiliza en muchos organismos estatales. Hay que adaptarlo al régimen que tienen los organismos estatales y para lo que se contrata de GLD es para que lo pase a la versión nueva. "Este trabajo se inició en 2008. Según la misma empresa podría llevar no más de un año y medio con cuatro consultores y es el día de hoy que aún se sigue trabajando en esa migración de datos. Por eso, el problema en la contratación de horas de consultoría es que son muy difíciles de controlar. Mientras haya un funcionario que firme que alguien que trabajó efectivamente 4 horas figura que trabajó 40, se le paga por esas 40", comentó.

El conflicto lleva un año. Se trata de un sector estratégico dentro del Ministerio de Trabajo como es el área de Desarrollo de la Dirección de Informática. Allí están los trabajadores que durante los últimos 15 años hicieron todos los sistemas para este ministerio con los que se llevan adelante la gestión de los planes sociales y de capacitación, las tareas de inspección del trabajo no registrado y de toda la información que se utiliza en las negociaciones colectivas para discutir salarios.

Con la intención de tercerizar el trabajo, el Ministerio cerró contratos con consultoras por millones de dólares por horas de desarrollo que son tareas específicas de los trabajadores del área.

Los trabajadores llevaron adelante medidas de fuerza que fueron respondidas con medidas de violencia laboral. De los treinta y tres trabajadores, siete renunciaron, otros pidieron traslado a otras áreas, y otros están con problemas de salud.