Prensared

Lo dijo el fiscal Enrique Senestrari quien investiga estas causas comúnmente llamadas de "guante blanco". Se trata de actividades propias del crimen organizado que "facilitan el movimiento secreto del dinero de procedencia ilegal" cuyas consecuencias afectan al estado y a la sociedad aunque no lo perciba. Cuestionó al juez de la causa a quien recusó hace tiempo por mantener conductas "contradictorias" y a la Cámara por las demoras en resolver cuestiones urgentes.

El funcionario recibió a Prensared en su despacho ubicado en el cuarto piso de la Torre de Tribunales Federales. Cordial y claro en sus definiciones analizó algunos aspectos propios de estas causas complejas que hacen al funcionamiento del crimen organizado en esta provincia.

El fiscal del Juzgado federal 1 lleva adelante la investigación de las dos causas más resonantes surgidas en esta provincia: "Narcopolicías" y "CBI Cordubensis" y sus posibles ramificaciones Bacar y Bicen. Habló del funcionamiento ilegal de las financieras, de sus consecuencias para la ciudadanía y de las demoras de la propia justicia en resolver situaciones que para la fiscalía son urgentes. En esa línea manifestó que la libertad del responsable de la firma CBI Eduardo Rodrigo entraña riesgo procesal para la causa. Como es público recusó al juez de la causa Ricardo Bustos Fierro y espera que la Cámara Federal "que se toma su tiempo" resuelva. (1)

Opina que la próxima reforma procesal y puesta en funcionamiento de audiencias orales y públicas traerán los cambios necesarios que la sociedad le reclama a la justicia. El funcionario participa del movimiento Justicia Legítima que promueve Una justicia democrática de cara a la sociedad. "Me pagan un excelentísimo sueldo, no pago impuesto a las ganancias lo cual me parece injusto. No me gusta ser una especie de hombre misterioso y poderoso que trabaja encerrado en su despacho y nadie sepa lo que hace. La justicia es parte de la sociedad, no somos seres especiales. Soy un servidor público más y estoy a disposición de los que me pagan el sueldo que es la gente", afirma, enfático. Hace 30 años que se desempeña en la justicia federal de modo que conoce muy bien el paño.

Confiesa que el trabajo le resta tiempo para dedicarle a sus hijos, pero que ellos "Entienden que se trata de una responsabilidad que tengo que cumplir", afirma.

En las causas citadas, cuenta con la colaboración activa de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Carlos Gonella, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y con una veintena de colaboradores. Las causas suman una treintena de imputados entre policías y ejecutivos. En relación al expediente Narcopolicías procesados por "asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad", el fiscal espera recibir la documentación relativa al presunto suicidio del policía Juan Alos, tal como lo ordenó la CSJN.

El fiscal en su laberinto entre cajas repletas de documentos

-Suicidios dudosos, funcionarios públicos de los gobiernos provincial y municipal investigados y luego renunciados, empresarios y ejecutivos privados, todos acusados de asociación ilícita, evasión fiscal, lavado de dinero, un combo que remite a la idea de crimen organizado. ¿Cuál es su visión?

-Tiene todos los ingredientes: hay empresarios, hay políticos, funcionarios, personas comunes, y evasores. Como cualquier actividad que da ganancias y no se quiere mostrar públicamente, lo que se busca es evadir impuestos. Creo que esto funciona en todo el país, en las grandes ciudades y en lugares chicos bajo figuras de mutuales, cooperativas, asociaciones mutuales de los clubes. Recuerdo que en mi pueblo hubo problemas porque también se manejaba la idea de la usura, del préstamo clandestino y en ese sentido son lugares que facilitan el movimiento secreto del dinero de procedencia ilegal. Son asociaciones ilícitas que concentran actividades ilegales de todo tipo. En esto CBI y toda financiera clandestina tiene esas características porque la delincuencia en general va detrás del dinero. Y si uno sigue la ruta del dinero se fija dónde están esas organizaciones que facilitan ese flujo y le permiten a este tipo de delincuentes organizar sus ingresos, sus productos.

-¿Existen normas de fondo que le permitan avanzar hacia el juzgamiento y condena de estos delitos?

-Las normas están, lo que hace falta es poder aplicarlas correctamente. El sistema judicial es tremendamente lento y tenemos serios problemas que son públicamente conocidos con un juez que tiene actitudes contradictorias y que causa muchos problemas en la investigación porque solo actúa donde le parece que tiene que actuar y donde no quiere hacerlo dice que está suspendido o recusado cosa que no tiene ninguna cobertura legal. Pero tiene ese poder todavía para resolver y tenemos un sistema de recursos demasiado lento y Cámaras que no tienen plazos.

-Se está refiriendo al juez natural de la causa, Bustos Fierro

-Sí. Es un juez que tiene criterios absolutamente diferentes a los míos. Pero, además, particularmente en esta causa tan compleja, con muchos expedientes, tiene una conducta bastante complicada. Dice que está suspendido pero actúa y dentro de la misma causa toma algunas medidas y otra no. Esto genera una gran confusión y un problema de falta de certezas sobre cómo debe funcionar el sistema. Es juez por un rato y por otro no.

-Usted lo recusó y la Cámara no se expidió aún ¿Qué consecuencias derivan de esta demora?

-El trámite está en la Cámara que sigue tomándose su tiempo cuando es un tema que debe resolverse con rapidez. Volvemos al mismo problema: no tienen plazos y se manejan de acuerdo a sus criterios y uno tiene que esperar que lo hagan. Mientras, el problema grave que tiene la causa es que hay personas que tendrían que estar detenidas y no lo están. Son personas con un gran poder económico – particularmente uno de ellos el máximo responsable hasta ahora que es Rodrigo- ha demostrado capacidad, actitud y decisión de eludir a la Justicia. Se escapó del país, ingresó clandestinamente, mintió durante la audiencia de una forma descarada y todo indica que es una persona que tiene como se conoce en derecho riesgo procesal. Es peligroso para la investigación porque puede distorsionar la prueba, puede cambiar testimonios, puede borrar documentos donde pueden estar. Lo hacía antes porque tenía todo un sistema no para resguardar la información sino para esconderla de la justicia. Eso por supuesto que causa problemas.

-Un obstáculo enorme para la investigación…

-Imagínese usted. Una persona con poder económico, con muchos contactos políticos y con gente de poder que claramente mientras estaba declarando negociaba con los responsables que están detrás de él. Evidentemente, hizo algún tipo de negociación porque cuando llegó el momento de hablar, como lo había anunciado públicamente, dijo que estaba solo y eso no se lo cree nadie. Eso indica que está manipulando a la justicia a su gusto, sin ningún tipo de límites. Pero ello no impedirá que lleguemos aún más lejos de lo que estamos.

-¿Cuál era el modus operandi empleado por estas financieras truchas como CBI, Bacar y Bicen?

-Se montan sobre una figura legal con muy poca regulación como son los servicios de cajas de seguridad. La gente busca resguardar algún elemento o documento de alto valor económico y en muchísimos casos se trata de dinero. Estas empresas lo saben, entonces los tientan y los invitan a invertir. En un país como el nuestro que tenemos problemas de inflación, con más razón, aprovechan para que ese dinero les genere una ganancia mayor a través de este circuito clandestino que al ser de riesgo paga mayores intereses. La gente se tienta y si piensa que el dinero es uno de los valores más grandes que existen ingresa en este sistema. Así de simple funciona. No necesitan de publicidad, se comenta de boca en boca.

-Además funcionaba en un centro comercial

-La oficina de recepción de clientes de cajas de seguridad de CBI estaba a la vista de todo el mundo, dentro de un Shopping (N de R se refiere al complejo Dinosaurio). En el subsuelo, operaba todo un sistema de movimientos clandestinos y operaciones grandes de dinero con la excusa de que allí estaban las bóvedas. Contaba con una cochera subterránea, donde la gente no era vista cuando entraba al lugar. Para el afuera, estaba en un shopping cerca de su casa y que atendía los domingos. Eso también es parte de lo visible. Lo cómodo era que esa plata estaba ahí, escondida de los sistemas de control del estado, sin pagar impuestos. Y no solo eso, en muchos casos era de procedencia ilegal.

-Y eso era conocido por los clientes…

-Todo el mundo lo sabía. Pero habrá que ver porque existen muchos ingenuos también. Gente que confió en la imagen pública del lugar y pensaron que era legal. Esa es la impresión que han tenido algunos incautos que hoy están sufriendo para recuperar sus cosas que están a la vista de la justicia y siendo controladas.

-Los damnificados que son numerosos teniendo en cuenta que hay unas 4 mil cajas de seguridad entre CBI y Bacar. ¿Qué actitudes están tomando?

-Hay gente que viene con la idea de atomizar sus tenencias para achicar impuestos y vienen seis, siete, diez personas y todos dicen que tenían una parte de dinero en una caja prestada. Es decir que cada uno tenía 160 mil pesos que no le interesan a nadie y no un millón. Como decía mi jefe anterior, Carlos Torres, cuando en una causa por drogas se presentaron 50 personas- un ejército de tenedores- a decir que cada uno tenía un poquito de la droga encontrada. Bueno, acá también tenemos un ejército de tenedores de plata que está buscando el modo de achicar los montos, en forma individual, para que no sea de interés para el fisco ni para la justicia.

-¿Cómo afecta a la sociedad este tipo de conductas corruptas que al mismo tiempo percibe como ajenas? De hecho reacciona más cuando le roban un celular o la cartera…

-Usted lo describe clarito. En un problema grave porque se piensa que no me afectó directamente, le robaron al estado. Y tenemos un sistema donde todo aquel que quiere el éxito económico rápido siempre busca la trampa. Evade impuestos, roba, explota empleados, si está en una función pública se corrompe cobrando coimas para llegar rápido a la gran vida: Estar en el country, con su gran camioneta, y viajar seis veces al año. Son imágenes cuya concepción pone como máximo valor al dinero. Y bueno, hay mucha gente que va detrás de eso. Y se da otra cosa, los medios presentan al exitoso sin preguntar de dónde saca la plata y por qué tiene tanta.

-¿Se trataría de delitos diferentes a los comunes?

-Yo digo que el código penal debería considerarlos como delitos contra la sociedad, bien clarito, y con penas muy por encima de los delitos comunes que comete alguien que va y roba en un almacén o golpea para robar. Sin justificar estos hechos que deben tener una pena, aquél que teniendo oportunidades, sobrándole todo, sigue especulando y robando, colabora para que esa violencia exista. La pobreza genera desesperación, dolor, resentimiento, falta de esperanza y eso hace que haya gente que salga a robar a la calle y termine linchado. Hay un gran cinismo. Estos delitos generan un daño social más grande que el delito común.

-¿También ocurre que hubo causas resonantes que luego terminaron en la nada?

-Funcionalmente lo he sufrido. He visto abogados con gran capacidad de lobby y jueces demasiado permeables a esa presión. Por no ponerse firmes en avanzar en causas como estas que producen daño social han permitido el instituto de la prescripción que es bueno para preservar garantías constitucionales pero que está muy bastardeado. Hay abogados que se dedican a ganar tiempo y lo defienden como eje del ejercicio de la profesión. De ética no hablemos. Buscan que no se llegue a juicio y esto solo pasa cuando no hay pruebas. Pero estas maniobras son mucho más graves en los jueces que se toman su tiempo para resolver. Se han dado casos que permanecen en una Cámara ocho años y cuando sale ya prescribió. Esto pasa en el noventa por ciento de los casos donde se juzgan causas complejas donde hay muchos intereses políticos y económicos de por medio.

-¿Cuál sería el remedio para esto?

-Quizá haga falta que los jueces se sienten a trabajar en las audiencias y resuelvan en el momento, de cara a la gente y no como ahora que se encierran en sus escritorios, sin plazos. La Reforma Procesal va ayudar, y para eso es importante la audiencia oral y pública donde cualquier persona, de cualquier barrio, se haga presente. Hoy se ve la imagen horrenda del despacho cerrado de un juez importante, que basa su poder en el misterio, las palabras difíciles y la dificultad para verlos. Por eso creo que es sanísimo que todos los magistrados tengamos que dar la cara ante la gente y pasar el papelón que tengamos que pasar cuando nos equivocamos. Y pasar la vergüenza de cometer irregularidades delante de la gente, a ver si nos animamos. Esa clandestinidad del trabajo hace que muchos hagan lo que se les da la gana, sin control, porque un juez habla por su sentencia. No somos seres especiales, somos personas comunes que cumplimos una función por la que nos pagan muy bien.

-En relación al llamado Narcoescándalo la Corte ordenó que le sean enviadas las actuaciones por el presunto suicidio de Juan Alos. ¿Cree que podrás develar lo que ocurrió?

-Aún no recibí nada. En relación a los homicidios es unánime la opinión tanto judicial como científica de que los primeros momentos de la investigación son fundamentales porque a medida que pasa el tiempo se alejan las posibilidades de su esclarecimiento. En este caso, desde el primer momento se contaminó la prueba. Y lo hizo el fiscal (Drazzile) con una serie de medidas absolutamente cuestionables. No se puede entregar el auto que fue la escena del crimen a los propios policías sospechados para que lo laven, no se puede no actuar en este punto e indagar porqué se hizo. Ese auto tenía todo tipo de huellas, se sentó un policía en medio de la sangre y lo llevó manejando. Después lo lavó otro y luego vino la orden de precintarlo. Se hizo todo lo opuesto a lo que debe ser.

-¿El dictamen de la Corte habla de numerosas anomalías?

-Se nota claramente que hubo una visión sesgada de lo que tenía que investigarse. No se puede decir acá hubo un suicidio, voy a buscar las pruebas. Jamás puede hacer eso un fiscal. Los fiscales estamos para sospechar, para dudar y para investigar. Hay que tener mucho cuidado, acá hubo un homicidio de etiología dudosa. No es la primera vez que se simula un suicidio mediante una carta escrita que a veces hasta se obliga a la víctima a escribirla. No podemos dejar de sospechar, en semejante marco y cuando la esposa dice que quería hablar con el fiscal (Se refiere a él) sobre esta denuncia. Apareció públicamente en televisión siendo mostrado como un delincuente que se entera que hay una investigación policial en su contra y se entera otro grupo con mayor jerarquía. Hay que revisar todo porque hubo una conducta donde no se buscó la verdad. No tengo la convicción de que fue un homicidio, creo que es un caso que debe ser investigado a fondo para saber si es cierto que la imagen inicial de un suicidio es la correcta.

Notas

1- Ver Informe La cueva cordobesita, por Guillermo Posada (Recuadro: Un Juez cuestionado. Revista El Sur n°97.

2- Consultar además http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/noticias/574-la-uif-recuso-al-juez-de-la-causa-cbi-por-sus-vinculos-con-uno-de-los-imputados

Fuente original: http://www.prensared.org/20880/narcopolicias-y-cbiel-noventa-por-ciento-de-las-causas-complejas-donde-hay-intereses-politicos-y-economicos-de-por-medio-termina-prescribiendo