Argentina, la
lucha continua....
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El modelo agropecuario al banquillo
Darío Aranda
ComAmbiental
Mañana comienza el primer juicio por fumigaciones con agroquímicos. Dos productores y un fumigador acusados. Y el modelo de agronegocios, de empresas y gobiernos, en la mira.
Mural representativo en Espacio Chico Mendes. Foto: ComAmbiental
Cincuenta millones de toneladas, diecinueve millones de hectáreas y, al menos, 190 millones de litros de agrotóxico. Sólo algunas de las cifras que estarán presentes en el juicio oral que explicitará las consecuencias sanitarias, ambientales y sociales del modelo agropecuario actual que tiene a soja transgénica como principal cultivo. Este lunes comienza en Córdoba el primer juicio que ubicará en el banquillo de los acusados a dos productores y un aeroaplicador que fumigaban a vecinos del barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de la capital provincial.
"Este juicio crea un precedente para Córdoba y para la Argentina. Tenemos el apoyo de muchas personas que nos acompañan, pero también sabemos que enfrente hay mucha gente que no quiere justicia porque se les pueden arruinar sus negocios. Enfrente están los sojeros, pero por sobre todo están los gobiernos provinciales y el Nacional, que son cómplices de las multinacionales y cuentan con el apoyo de grandes medios de comunicación", alertó Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó, pioneras en la lucha contra las fumigaciones e impulsoras de la denuncia.
Al banquillo. Medardo Avila Vázquez era, en 2008, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Había concurrido a Ituzaingó Anexo alertado por las Madres. Observó en persona cómo aviones fumigaban sobre las viviendas. De inmediato hizo a denuncia por "envenenamiento". El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador.
La denuncia de 2008 sumó otra denuncia (de 2004) de las Madres de Ituzaingó, y es la que llega a juicio en la Cámara I del Crimen. Tiene su fundamento en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051. El artículo 55 reprime con pena de prisión de tres a diez años al que utilizando productos peligrosos (entre ellos los agroquímicos) "contaminaren" de un modo peligroso para la salud pública, el aire, el agua y el ambiente en general.
Los acusados son los productores Francisco Rafael Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el piloto del avión fumigador Jorge Pancello. El abogado defensor es Carlos Hairabedian, uno de los abogados más reconocidos (y costosos) de Córdoba.
Avila Vázquez, el denunciante, renunció en 2009 a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Médico pediatra, neonatólogo y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, está ansioso.
En pocas horas, y por primera vez en su vida, estará en un juicio oral. "Las comunidades denuncian a este modelo de agricultura tóxica desde hace más de diez años. Desde la universidad y desde la medicina llegamos tarde, hace cuatro años. Y la Justicia llegó aún más tarde, recién ahora, por primera vez un juicio oral", lamenta Avila Vázquez, pero también es optimista. "Si se logra una condena, habrá justicia, se estará respetando el derecho a la salud de las poblaciones y forzaremos al poder político a debatir este modelo que, con pruebas científicas de sobra, enferma a las poblaciones".
Darío Avila fue el abogado que inició la denuncia como letrado, en 2008, de la Subsecretaría de Salud de la ciudad de Córdoba y aún hoy asesora a las Madres de Ituzaingó: "No se persigue ningún tipo de indemnización económica, se lucha por justicia, por una condena, ya que la Ley de Residuos Peligrosos es muy clara respecto a la acción de poner en riesgo la salud pública, prevé condenas de tres a diez años, y a lo largo de toda la instrucción se han obtenido muchas pruebas de la contaminación y de las consecuencias en la salud de todo en barrio".
La lucha de las Madres de Ituzaingó inspiró al jefe del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), Andrés Carrasco, a investigar los efectos del glifosato en embriones anfibios. En abril de 2009 dio el alerta: comprobó que, aún con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.
"Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario", subrayó Carrasco, e hizo hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo.
Tuvo como respuesta el apoyo de decenas de pueblos y organizaciones que denunciaban desde hacía una década los efectos de los agroquímicos, pero también le valió una campaña de desprestigio que unió al ministro de Ciencia de la Nación, Lino Barañao, a Clarín y La Nación, y a las grandes empresas del sector. Lo acusaban de no haber publicado su investigación en una revista científica.
En agosto de 2010, la investigación de Andrés Carrasco fue publicada en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología), donde se confirmó que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advirtió: "Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo".
La investigación de Carrasco marcó un punto de inflexión. Los pueblos fumigados encontraron respuesta científica a tantos años de denuncias. Algunos grandes medios de comunicación comenzaron a dar cuenta del efecto sanitario del modelo agropecuario. Y buena parte del espectro científico nacional quedó en evidencia: los que aportaron pruebas de las consecuencias del modelo y, una gran mayoría, que cerró filas con la ciencia y la técnica al servicio del modelo productivista de agronegocios.
A casi dos años de la publicación científica, y a un día de iniciarse el juicio penal en Córdoba, Carrasco habla con mucho cariño de las Madres de Ituzaingó, recuerda sus primeras charlas y no deja sorprenderse: "El lunes será un paso más en su inmensa lucha por justicia, por la salud para sus hijos, por un modelo de producción que no sume más víctimas".
"El juicio es fundamental, tiene que marcar un hito, un antes y un después, salga como salga. Instalar este juicio como debate es una bisagra, por primera vez quedará en evidencia en un tribunal que acciones directas o indirectas de las corporaciones del modelo agropecuario están enfrentadas con las poblaciones locales. Se juega algo muy importante, las transnacionales o los pueblos", resume Carrasco, investigador principal del Conicet y de la UBA.
El juicio comienza este lunes y podría extenderse hasta la próxima semana. Declararán productores sojeros, empresarios, científicos y muchos vecinos afectados. Concurrirán periodistas y dirigentes sociales de países latinoamericanos donde el modelo agropecuario también suma denuncias.
A las 8 concentrarán organizaciones sociales que apoyan la denuncia de las Madres de Ituzaingó, y las acompañarán hasta las puertas de tribunales. En paralelo al juicio, y frente a los tribunales, se montará una carpa de organizaciones ambientales donde transmitirán en vivo las instancias del juicio, habrá actividades artísticas, proyección de documentales, olla popular y charlas informativas de lo que implica el actual modelo agropecuario.
Más allá de la justicia formal. El viernes y sábado se reunirán, en la Universidad Nacional de Córdoba, un centenar de pueblos fumigados de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos.
Medardo Avila Vázquez, que también integra la Red Universitaria de Médicos de Pueblos Fumigados, sabe que los tres acusados son el "eslabón más débil" del modelo de agronegocios, pero está convencido de que en el juicio se pondrá en debate, y se afectará, a otros actores. "Con la ley en la mano, apuntaremos a los distintos niveles de responsabilidad, donde los máximos responsables son las multinacionales de semillas y agrotóxicos, y los gobiernos que aplican a rajatabla las directrices de las corporaciones. Estos dos actores también estarán en el banquillo, y por eso están preocupados", afirmó.
Sofía Gatica, de las Madres de Ituzaingó, nunca pensó que llegaría a esta instancia del juicio. Tampoco nunca imaginó que ganaría el Premio Goldman (algo así como el Premio Nobel del ambiente, primera vez que una argentina lo recibe). En abril pasado viajó a Estados Unidos y recibió la distinción por su lucha contra las fumigaciones.
No quiere arriesgar cómo finalizará el juicio, sólo reconoce que serán días "muy largos", de "nervios". Entiende ya como una "victoria" que estén frente al juez quienes "echaban veneno sobre familias enteras", recuerda que vio "morir muchos vecinos, grandes y niños" en los últimos diez años y confiesa que tiene un sueño: "Que haya justicia. De los jueces depende que estos venenos del campo sigan, o no, enfermando y matando personas".