Mario Hernández

Rebelión

Andrés Carrasco (AC): Así es, podríamos empezar por el ejemplo que usted trae. Leuco es un periodista no-oficialista, más bien todo lo contrario, un crítico y Kovadloff, quien escribe para el empresariado, también. Tiene textos muy neoliberales. Días atrás se dio a conocer una declaración de un grupo empresarial que pide volver al neoliberalismo de los ’90. Aunque yo creo que nunca nos fuimos, hay grupos empresarios que desean que la política gubernamental sea mucho más transparente. Le están pidiendo al gobierno que profundice sus rasgos neoliberales y los haga claros.

En ese contexto aparece el elogio de Kovadloff a Lino Barañao que puede estar en un gobierno supuestamente progresista como el actual pero también en otro neoliberal extremo. Esto sirve para reflexionar, ¿será que esta política es realmente progresista? ¿La política de Ciencia y Técnica (CyT) es progresista? Yo empezaría por ponerlo en duda, primero por el ejemplo que usted me sirve en bandeja y después podríamos empezar a analizar aspectos de su política y ver cómo el Ministerio de CyT acordona todas sus instituciones y las pone para que sirvan de soporte al sector privado, en particular al agronegocio, la megaminería contaminante y eventuales negocios que siempre traen dudas porque, en general, mediante la transferencia de tecnología ponen a los investigadores en situación de generar conocimiento para las grandes transnacionales.

Se lo digo claramente, de hecho el último anuncio que se hizo ayer de otorgar una exención impositiva a los biodiesel o el de Mar Azul que involucra a la industria pesquera. Como ya terminaron la política de instalar el modelo extractivista en la tierra, ahora van a estudiar el Mar Argentino. Esto no se hace para favorecer a la nación sino a los grandes negocios. Le pueden poner el color que quieran, pero cuando una política como la tecnológica está atada a los intereses de las grandes empresas debería ser puesta en debate.

Hay otros aspectos que anuda el Ministerio de CyT que son menos públicos, por ejemplo, que no se haya desembarazado de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sostener la investigación en Argentina. Todos nosotros estamos atados a conseguir financiamiento que viene del BID para poder seguir manteniendo la infraestructura en equipos. Argentina no ha sabido nacionalizar el financiamiento científico. O los procesos de asociar nuestra ciencia a monstruos como Alemania a través del Instituto Max Planck o cosas más grandes como el Laboratorio de Biología Molecular. Son proyectos de asociación, intercambio, formación de recursos humanos que también tienen aspectos políticos que habría que discutir porque pueden crear una especie de abrazadera a la decisión política argentina acerca de cómo conducir sus decisiones políticas, qué tipo de proyectos y a quién van dirigidos.

Cuando el estado nacional anunció con bombos y platillos en el 2007 que iba a hacer una sociedad con el Max Planck, edificio de por medio, que por supuesto lo pagamos todos nosotros, significaba atarnos a las políticas del Max Planck que no solo es un instituto de investigación, sino aplicada a la industria. Ellos están orgullosos en Alemania, nació para eso, además a los alemanes les viene bien pero, ¿por qué tenemos que trabajar nosotros para la industria alemana? Me consta que fue hecho para patentar, para transferir tecnología.

MH: Quisiera profundizar esto porque se habla mucho de las empresas, por ejemplo, lo hicimos en nuestra charla anterior sobre Monsanto, pero resulta que han aparecido en distintos parlamentos de América del Sur en 2012, 2013, una cantidad de proyectos de Leyes de Semilla, todos muy parecidos. ¿Tiene algo que ver con esto el Ministerio de Agricultura de EE. UU.?

AC: Yo empezaría por casa. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura argentino promueve esa tendencia? Lo mismo pasa en Ecuador, en Brasil, en México, todas las leyes de semillas conducen a formar un marco normativo legal que favorece y cuida los intereses de las empresas, no solo de ganar dinero, vendiendo y cobrando regalías, sino de apropiarse de las semillas, es decir, ellos son los propietarios de las semillas y nosotros usamos las que ellos nos venden. Estamos atados a eso porque en realidad lo que hacen es proteger la propiedad de las empresas que desarrollan esas semillas. Habría que poner en debate si eso conduce a la soberanía o a un grado de dependencia. Lo llamativo, que usted marca muy bien, es que muchos países latinoamericanos tengan proyectos de ley, en algunos casos peores que el argentino, en la misma dirección: instalar las semillas transgénicas como insumo para la producción de alimentos para exportar alimentos-mercancía y asegurar la propiedad de esas semillas, que no haya disputas.

En Argentina hay una situación muy particular porque las patentes no corren en las semillas, por lo menos por ahora. El gobierno le prometió a Monsanto sacar una ley que se parezca a las otras que dice usted.

Yo no puedo dejar de pensar que en realidad los que están conduciendo este tipo de actividades productivas no son los Ministerios de Agricultura sino los intereses de las grandes empresas. Obviamente, la Secretaría de Agricultura de EE. UU. con sus organismos de control, participa de todo esto puesto que Monsanto y otras empresas son americanas. No sería una sorpresa que sus intereses sean defendidos en cada país por los embajadores estadounidenses. De esto hay una larga historia en América Latina.

Eso no me llama la atención, el asunto es preguntarse por qué los Ministerios de Agricultura de nuestros países son obediente a los intereses de las empresas aunque les impongan a los productores que van a usar semillas por las cuales van a tener que pagar patentes y no las van a poder utilizar de un año para el otro, el uso propio como lo llaman en el campo, si no pagan esas regalías que las empresas le van a cobrar al productor aunque no les compre las semillas y las produzca él para usarlas en la cosecha siguiente.

Además, aparece la figura de la patente que hasta ahora no se había aplicado. Sería como si alguien recibe a un hambriento y le regala la comida uno, dos, tres, cuatro días al mes y después se la empieza a cobrar. Nos acostumbramos durante 20 años a usar semillas que les permitieron entrar también en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, pero las próximas deberían tener ese nuevo marco. Deberíamos discutir si eso conduce a mayor soberanía o a mayor dependencia.

Esta batalla nunca tiene fin.

MH: Otro de los temas políticos fue cuando hacía referencia a la lucha que se libró en Córdoba contra Monsanto y allí ahora hay en debate una nueva Ley de Ambiente.

AC: Esa es la carta que debe haber sacado Monsanto a las autoridades para modificar la ley actual y poder instalarse. Evidentemente, con la ley bastante deficiente que tienen hoy día no es suficiente para que Monsanto pueda instalarse en Córdoba. Esa es una técnica que viene de los ’90: desarmar los marcos normativos que impiden o ponen corralitos a las grandes empresas. Esa ha sido la tarea del neoliberalismo en los ’90 para que suceda la presión de las grandes empresas extractivistas como pasa hoy en América Latina, tanto con el petróleo como minerales de todo tipo, alimentos, etc. Cuando Menem destruía la Junta Nacional de Granos tenía un objetivo. Si hoy la tuviéramos funcionando como en aquel momento tendríamos herramientas desde el Estado que harían difícil el desbloqueo. Hoy hablaba con un especialista que reconocía que habría que crear una Junta de Granos, pero no es fácil hacerlo en medio de un estado de conflicto. Estas construcciones necesitan un apoyo político muy serio para que el rebote de una medida así no le haga un agujero debajo de la línea de flotación del propio barco. Cuando se fundó la Junta Nacional de Granos en la época del primer peronismo había mayor acumulación política en el gobierno. No obstante, parecería ser que ahora es el momento para recuperar esa institución que fue desmontada.

Como no es suficiente tienen que ir agregando otras medidas de desmonte de instituciones regulatorias. Ahora hay que cambiar la Ley de Semilla que es mala pero suficientemente restrictiva como para que a las empresas no les convenga, necesitan una más flexible.

Esto también nos enseña otra cosa: esta batalla nunca tiene fin porque hoy van a querer cambiar la ley en algunos aspectos y si lo logran dentro de algunos años, por alguna situación nueva, esa misma ley les va a dificultar un nuevo desarrollo productivo y van a pretender cambiarla nuevamente y la van a escribir ellos para que nadie les meta una coma de más.

Eso es pérdida de autonomía porque siguen desmontando y, cuando doblegan a las instituciones para que hagan determinadas cosas, también están haciendo lo mismo. Cuando hablábamos de los investigadores vinculados a estos desarrollos tecnológicos crean un estado de condicionamiento. ¿Cómo se vuelve de eso? Es como desmontar una ley, porque si uno metió una quinta columna de un sistema de producción científica, después cómo la saca y además con esta noticia que la oposición, que supuestamente quiere ganar las elecciones en 2015, está alabando a Lino Barañao, lo cual es una pésima noticia, porque quiere decir que está haciendo "bien" las cosas y se juega a perdurar, lo cual va a ser catastrófico porque si ahora es malo, en manos de esta otra tendencia se va a desatar. Hay que recordar que el ministro es un hombre de izquierda y progresista. Así lo declaró toda su vida, que viene de la izquierda socialista. Parece un chiste de mal gusto.

MH: Lo entendimos perfectamente. Le agradezco mucho haber podido completar la entrevista del martes pasado.

AC: Cuando quiera o necesite acá me encuentra. Un abrazo.