La polémica de estas horas remite a la magnitud de la pobreza e indigencia en la Argentina actual, y el debate transita entre la negada información oficial y mediciones alternativas.

Más allá de la cuestión cuantitativa, la discusión es relativa al modelo de desarrollo en crisis en 2001, con la máxima medición de pobreza e indigencia en nuestra historia, y las políticas asumidas posteriormente.

Datos y argumentos oficiales

En rigor, el INDEC discontinuó la publicación relativa a pobreza e indigencia y como consecuencia de la sorpresa para propios y extraños, el debate generado incluyó una explicación técnica en su sitio en internet el 24 de abril señalando que: "...se discontinuó la publicación de la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia por ingresos monetarios que el instituto estadístico venía realizando desde 1993 por contar con severas carencias metodológicas, sumadas al hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC-NU." [1]

Es raro que se aluda a las "carencias metodológicas" que hasta ahora explicaron la "drástica" disminución de los indicadores, según argumenta el Jefe de Gabinete. Las cifras de pobreza e indigencia bajaron desde el máximo a comienzos del 2002, pero no a los niveles irrisorios que enuncia el INDEC.

Según el INDEC [2], para el primer semestre del 2013 existían un 4,7% de personas bajo la línea de pobreza, 2 millones de personas; y la indigencia en 1,4% de la población, un poco menos de 600.000 personas. Para el IPyPP [3] los datos son del 36,5% de personas bajo la pobreza, unos 15.400.000 personas, y la indigencia involucra a 5.000.000 de personas, expresando el 12,1% de la población.

Por lo tanto, la pobreza e indigencia es menor a la del 2001/2002 en las dos mediciones. Los registros del IPyPP están sustentados en actualizaciones de una base con datos del INDEC al 2006. Desde entonces el INDEC ha sido poco creíble en su información y las nuevas mediciones depararan nuevos debates sobre los indicadores de pobreza e indigencia.

En cualquier caso, la reducción respecto del grosero dato del 2002 con 56% de la población bajo la pobreza se explica por una política social masiva, para la sobrevivencia, que no saca a la población beneficiaria de la situación de empobrecimiento. Aludimos a los planes sociales, especialmente a la Asignación Universal por Hijo, de $460 mensuales con cerca de 4 millones de beneficiarios; y a 2 millones de nuevas jubilaciones mínimas otorgadas en estos años, con un ingreso mensual de $2.752.

Menos creíble aun es el argumento del "empalme" ya que la información escamoteada remite a datos del segundo semestre del 2013, antes de modificar a comienzos del 2014 el índice de Precios al Consumidor según la nueva metodología. No hay necesidad de empalme, y se necesitaba el dato de fines del 2013, así como oportunamente se informó el IPC de diciembre que tampoco empalma la inflación con el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano.

Es muy importante que el INDEC difunda las cifras, ahora enunciadas desde la nueva metodología, y así como la inflación de enero se multiplicó por cuatro respecto de la de diciembre en la medición de precios; el indicador de pobreza e indigencia podría presentar una similitud, además agravada por el impacto de la devaluación y su incidencia en la inflación sobre los sectores más empobrecidos.

Pobreza y producción

Decíamos que el tema supera lo cuantitativo y se asocia a cuestiones estructurales del orden económico en la Argentina, al modelo productivo y de desarrollo.

En ese sentido y a modo de ejemplo vale mencionar la aprobación parlamentaria de la compensación por 5.000 millones de dólares a REPSOL.

¿Por qué el vínculo entre los datos de pobreza e YPF? Porque la petrolera privada de gestión estatal sigue siendo la empresa más importante y de mayor facturación en la Argentina, y constituye el eje proveedor de insumos estratégicos para el desarrollo productivo del conjunto de la economía local.

YPF participa activamente en la generación de valor, o si se quiere, de riqueza. Uno de los interrogantes, por lo tanto, remite a la distribución de la riqueza en el país, y queda claro que lo aprobado por el Parlamento supone el destino de cuantiosos recursos públicos, generados por el esfuerzo del trabajo social en el país al capital externo. Esos inversores externos, REPSOL, son un conglomerado transnacionales que deterioraron las reservas de gas y petróleo, depredaron la naturaleza y fugaron ganancias para sus estratégicos planes de inversión en otras latitudes.

Vale remarcar que en Diputados la medida avanzó con 135 votos afirmativos del partido de gobierno y aliados (Nuevo Encuentro y otros provinciales); con la abstención de 42 legisladores, básicamente del masismo y el macrismo, que no se oponen a lo esencial de indemnizar a REPSOL [4] , con lo cual existe una amplia mayoría favorable a favorecer recursos públicos a cumplir con acreedores e inversores externos. La votación negativa sumó 59 diputados, que incluye opositores que acuerdan la normalización con la petrolera transnacional (caso de la mayoría de UNEN) y sectores de izquierda y centro izquierda con larga prédica contra la política petrolera desde los 90´ (Proyecto Sur, UP, FIT).

Los argumentos del gobierno y la oposición sistémica favorecen una reinserción subordinada de la economía local en el sistema capitalista mundial, por ello la autorización reciente al Santander para girar 32 millones de dólares como remesas de utilidades al exterior, y toda la búsqueda por conseguir capitales externos para introducir en la Argentina.

Los pagos se realizarán con bonos de la deuda pública, con rentabilidad en dólares, a una tasa mayor de la que obtienen otros países vecinos, entre el 7 y el 8,75%. Para el 2015 empezarán a amortizarse los bonos de deudas y los compromisos se extienden hasta el 2033, configurando toda una hipoteca que se suma al cáncer interminable del endeudamiento externo.

Se entregarán a REPSOL tres títulos: a) el Bonar X por 500 millones de dólares, con tasa del 7%, y con vencimiento en 2017; b) el Discount 33 por 1.250 millones de dólares, con tasa al 8,28%, con vencimiento en 2033; c) el Bonar 2024 por 3.250 millones de dólares, con tasa al 8,75%, que vence en 2024. Un tema de interés es que los 5.000 millones de dólares deben ser efectivamente realizados por Repsol; y si esto no ocurre, porque el valor de mercado obtenido fuera menor a 4.670 millones de dólares, el Estado se compromete a entregar bonos adicionales hasta 1.000 millones de dólares.

Es evidente un gran negocio para REPSOL, que afirma la pérdida de soberanía de la Argentina y la consolidación del carácter dependiente de nuestro orden económico y social. Por ello es que se necesita asociar la pobreza a la riqueza, ya que esta existe como consecuencia de aquella y habilita a un debate sobre un "modelo productivo y de desarrollo no dependiente", donde la riqueza social generada sea distribuida para resolver las insatisfechas necesidades de la población empobrecida de la Argentina.