Fue el resultado de una investigación realizada por FUNAM sobre un organismo clave de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental. La CTI, además de no estar integrada como lo establece la ley, incluía a contratados y personal sin suficiente experiencia profesional. Venía actuando como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno "no sufrieran tropiezos". El Dr. Raúl Montenegro destacó que en el caso de Monsanto "su aviso de proyecto fue aprobado por una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, siendo que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz transgénico más grande del mundo".

Próximamente FUNAM y grupos de vecinos afectados por las decisiones ilegales de la CTI harán presentaciones administrativas para pedir la nulidad de sus aprobaciones. FUNAM también ampliará la denuncia presentada contra el Secretario de Ambiente Luis Federico Bocco.

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, denunció a nivel nacional e internacional que la Secretaría de Ambiente del gobierno de José Manuel de la Sota (Córdoba, Argentina) "aprobó ilegalmente la construcción de una planta de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas y otros emprendimientos que dañan el ambiente y la salud".

El Secretario de Ambiente Luis Federico Bocco y su antecesor Raúl Costa fueron denunciados penalmente por FUNAM en la Justicia Provincial de Córdoba. La presentación hecha por el Dr. Raúl Montenegro con el patrocinio letrado del Abogado Federico Macciocchi recayó en la Fiscalía del Distrito II Turno 3° a cargo del Dr. Pedro Caballero. Estimaban que esta semana la denuncia se giraría al Fuero Penal Económico, un área de la justicia con escasos antecedentes de haber imputado a funcionarios del actual gobierno provincial.

La presentación fue el resultado de una investigación realizada por FUNAM sobre las autorizaciones que ha venido concediendo un organismo clave de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental que presenta el propio gobierno para sus obras y las corporaciones privadas. "Originalmente la CTI estaba integrada con representantes designados por los distintos ministerios y organismos descentralizados del gobierno provincial, ello conforme a las Leyes Provinciales 8789 y 9156. De este modo se aseguraba un funcionamiento más plural y participativo. Pero a partir del año 2008, durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue drásticamente cambiada en abierta violación a la ley. Desde entonces la CTI se integra solamente con personal de planta y contratados, en muchos casos sin suficiente experiencia profesional. Vino actuando así como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno no sufran tropiezos", sostuvo el Dr. Raúl Montenegro.

Las irregularidades tomaron estado público a través del programa de televisión ADN conducido por Tomás Mendez, en el cual FUNAM presentó los resultados de su investigación (Canal 10, Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, 9 de octubre de 2013). Este programa ya había mostrado casos de corrupción en el área de Auditorías Ambientales de la Secretaría de Ambiente.

Ver el programa de ADN sobre Monsanto en:

http://www.adncba.com/el-negocio-ilegal-de-monsanto-en-cordoba/

Entre los casos "más sorprendentes de autorización" Montenegro resaltó el de Monsanto "pues al aviso de proyecto lo aprobó una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, siendo que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz transgénico más grande del mundo. Ninguno de ellos manejaba temas claves como salud o sociales".

Para FUNAM "la integración de personal laboralmente precarizado a la CTI debió facilitar la aprobación de casos que necesitaban tratamiento rápido y sin obstáculos. Cabría preguntarse sin embargo por qué solamente cuatro personas firmaron la autorización de Monsanto, pese a los pésimos antecedentes de la empresa y a la visibilidad pública que tendría su dictamen. Solo una larga lista de actos irregulares e impunidad pueden explicarlo".

En la presentación judicial hecha el 10 de octubre pasado "también solicitamos que se investiguen otros casos", recalcó Montenegro, y pasó a describir algunos de ellos.

"El 'Proyecto Inmobiliario de Villa Candonga' que presentó la empresa Ticupil S.A. (2010) fue aprobado por la CTI pese a hallarse ubicado en zona roja de bosque nativo, donde no puede haber desmonte. Peor aún, ni siquiera tuvo en cuenta la afectación de la Capilla Histórica de Candonga y la grave crisis hídrica".

"Otro caso emblemático, indicó Montenegro, es el 'Proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Vertedero Controlado de Calamuchita. En este caso la CTI aprobó el vertedero pese a que un dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario consideró que el sitio no era apto por ser inundable. Ignoró además la resolución 84/2010 de la Defensoría del Pueblo de la Nación cuyo Artículo 1° dice: 'Exhortar a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba a establecer un nuevo emplazamiento de la 'Planta de clasificación, procesamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos del Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba'. Irónicamente, este vertedero fue financiado por el gobierno de la provincia de Córdoba con fondos procedentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y Calamuchita –este año- fue una de las zonas que más sufrió los incendios forestales".

"En el caso de la 'Planta de Transformación Eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en San Antonio de Arredondo', contiguo a Villa Carlos Paz, la CTI aprobó el proyecto pese a que EPEC le introdujo, con posterioridad, importantes modificaciones que hacen caer automáticamente su autorización. Aún así la obra prosiguió sin que actuara la Secretaría de Ambiente".

El Abogado patrocinante de FUNAM, Federico Macciocchi, indicó: "hemos puesto en conocimiento del Sr. Fiscal de Instrucción los hechos que se habrían cometido en el seno de la Secretaría de Ambiente, precisamente por su titular, Luis Federico Bocco y su predecesor Raúl Costa, quienes habrían dictado resoluciones contrarias la ley que rige el funcionamiento de esa secretaría, en particular la norma que instituye la conformación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la evaluación de impacto ambiental. Esta comisión, que dictamina para que el Secretario de Ambiente autorice -o no- un aviso de proyecto, debe integrarse con los representantes de los ministerios, por organismos dependientes del Poder Ejecutivo y entes autárquicos, pero en el caso de la autorización de la planta de Monsanto, y en muchas otras causas, esa Comisión Técnica Interdisciplinaria se integró sólo con empleados de la misma Secretaría de Ambiente. Resulta flagrante el funcionamiento al margen de la ley con el claro propósito de que emprendimientos de gran envergadura se puedan llevar adelante sorteando todo tipo de control o exigencia".

Montenegro por su parte indicó que "este procedimiento irregular e ilegal facilitó indudablemente la aprobación rápida de proyectos que deberían haber sido analizados de acuerdo a la ley y con la máxima capacidad profesional. Nuestra presentación es apenas la punta de un ovillo a investigar. Está claro que acontecimientos clave, como los Rally Dakar, también fueron aprobados con el mismo procedimiento ilegal y sesgado".

El Abogado patrocinante de FUNAM, Federico Macciocchi, adelantó que el próximo paso "es hacer presentaciones administrativas para lograr la anulación de las aprobaciones concedidas a Monsanto y otros emprendimientos". También indicó que "las comunidades afectadas por malas actuaciones de la CTI irán haciendo sus propios planteos judiciales y administrativos. Esto se irá concretando en las semanas venideras".

FUNAM informó que había obtenido "nuevos elementos de prueba contra la Secretaría de Ambiente" y que serán presentados al Tribunal "que finalmente tenga a su cargo la causa".

Federico Macciocchi y Raúl Montenegro coincidieron en indicar que el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA, es una herramienta administrativa indispensable para proteger la salud de las personas y el ambiente antes de que se inicien obras, pero que lo sucedido en la Secretaría de Ambiente "no solo aumenta el descrédito del Estado provincial, sino que deja desprotegida a la sociedad frente a los caprichos de los gobernantes y el poder económico de las grandes corporaciones".