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El miércoles, en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, Eric Milton Ponce fue baleado por un miembro de la policía bonaerense, David Cavaleiro. Al momento de escribir esta nota, Eric se encuentra en terapia intensiva, y su estado es grave.

El motivo "de superficie" del acto criminal, fue la discusión por una cuestión banal; por lo que los medios se apresuraron a calificar la acción de Cavaleiro de "irracional". La razón de fondo, sin embargo, es otra. Se trata de un caso más de gatillo fácil, que se inscribe en una lógica de larga data, y en su profundización (ver aquí y aquí). El endurecimiento del discurso del gobierno CK, el nombramiento de Milani como jefe del Ejército, de Marambio al frente del Servicio Penitenciario Nacional, de Granados como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la represión en Neuquén a los que protestaban por el acuerdo de Chevron, o la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, no son hechos aislados.

Para comprender el significado de lo que está ocurriendo, es importante ir a los datos y a la historia de la década K. Con este objeto, reproduzco en lo que sigue algunos de los datos y conclusiones más relevantes del "Informe de la situación represiva 2003-2013", de la CORREPI (consultar http://www.correpi.lahaine.org/). Recomiendo a los lectores del blog leer completo este informe. Aquí van entonces algunos datos.

Balance de una década

Según el informe, entre el 25/05/2003 y el 25/05/2013, esto es, durante la década de gobierno del matrimonio Kirchner, fueron asesinadas con el gatillo fácil, las desapariciones y la tortura en cárceles y comisarías 2280 personas. Aclaremos que se trata sólo de los casos denunciados a la CORREPI.

"Ningún gobierno, desde diciembre de 1983, exhibe un índice semejante". Existen tres modalidades básicas: por un lado, el gatillo fácil, responsable del 38% de las muertes. En segundo término, los fusilamientos realizados por las fuerzas de seguridad, que se presentan como enfrentamientos. En tercer lugar, la detención legal o ilegal de personas, las torturas en comisarías, seguidas de muerte y la desaparición de las víctimas. En este último respecto, CORREPI contabiliza unos 200 casos de desapariciones. En muchos casos, los asesinatos se presentan como suicidios o peleas entre internos. "Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse de los cuerpos los tiran a un río, a un basural, o los dejan cerca de las vías de un tren para simular un accidente". Jonathan Lezcano, Ezequiel Blanco, Alejandro Flores, Luciano Arruga, Jorge Julio López, Iván Torres, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria, son algunos de los desparecidos.

CORREPI dice que se trata de las tres modalidades básicas de una forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías, que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase dominante. La forma represiva está por eso dirigida principalmente a los sectores más pobres y oprimidos de la sociedad, y dentro de ellos, a los jóvenes. En este contexto, la presidenta Kirchner envía su mensaje de aliento y amparo a las fuerzas de seguridad: "no puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la Justicia libera, libera y libera".

A lo anterior, debe sumarse:

El proyecto X, de espionaje sobre las organizaciones políticas de izquierda y populares, instrumentado por la Gendarmería.

La infiltración de la Policía Federal en organizaciones populares, como la Agencia Walsh.

La sanción de siete leyes anti-terroristas desde 2003.

Las condiciones infrahumanas en que son mantenidos los presos, con aplicación sistemática de torturas y vejaciones de todo tipo.

La intervención militarizada, con Gendarmería o Prefectura, en la represión de luchas sindicales o populares. Como ejemplos: prefectura contra trabajadores de la industria pesquera en Mar del Plata, Gendarmería contra petroleros en Santa Cruz, Prefectura en el conflicto del Casino Flotante, en la ciudad de Buenos Aires; la ocupación por Gendarmería del Hospital Francés, también durante el conflicto sindical; la represión permanente a los trabajadores del INDEC.

El hostigamiento, persecución y amenazas a militantes y activistas sindicales y sociales, o defensores de derechos humanos, por el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales (muchos de ellos aliados y amparados por el gobierno K), incluidos los militantes de la CORREPI.

La tercerización de la represión con patotas. "Con una frecuencia superior a sus antecesores, el gobierno ha recurrido a grupos de choque paraestatales para intervenir en los conflictos que por su magnitud, apoyo popular o perseverancia, necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota". Existen para este fin grupos integrados por organizaciones afines al gobierno. En otros casos, interviene en la represión -por ejemplo, de conflictos laborales- personal de agencias privadas de seguridad, o patovicas, contratados por las patronales, que tienen vía libre para actuar.

Estos hechos están en correspondencia lógica con un "modelo de desarrollo con inclusión social" en que el 15% de la fuerza laboral está desocupada o subocupada; en que más del 35% tiene trabajos precarizados e informales; en que un millón de jóvenes no estudia ni trabaja; en un país en que más de 8 millones de personas carecen de agua de red, y 21 millones no tienen cloacas. Esto en un país que ha crecido, según los datos oficiales, "a tasas chinas". Más en general, los datos que presenta el informe CORREPI deberían servir para la reflexión acerca de la naturaleza de clase del Estado, y del gobierno que lo encabeza.

Fuente: http://www.argenpress.info/2013/10/gatillo-facil-represion-y-decada-k.html