Rebeli�n

A ra�z de un reciente art�culo que escrib� sobre el asesinato de un guerrillero en el sur de Tolima [1], un conocido que tambi�n trabaja en asuntos de derechos humanos me cuestionaba la utilizaci�n del t�rmino "ejecuci�n extrajudicial" porque, seg�n �l, estaba siendo incorrectamente utilizado. Dec�a que, dado que la v�ctima era, efectivamente, un guerrillero, no hab�a que utilizar ese t�rmino, reserv�ndolo exclusivamente para las v�ctimas civiles que son hechas pasar por guerrilleros ca�dos en combate.

Esta interpretaci�n confunde dos conceptos, que, aun estando �ntimamente ligados, son diferentes: ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos. La confusi�n nace del hecho que los falsos positivos que m�s remecieron la conciencia de la opini�n p�blica fueron ejecuciones extrajudiciales. Pero no todos los falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales, ni todas las ejecuciones extrajudiciales son falsos positivos –lo que no las hace menos condenables. Esta no es una mera distinci�n t�cnica, sino que tiene importantes implicaciones de car�cter social e incluso �tico.

�Qu� es un falso positivo? Es una amplia gama de pr�cticas por parte de la fuerza p�blica para mostrar resultados en la guerra contrainsurgente que son ficticios o inflados. Estas pr�cticas van desde los montajes judiciales en contra de luchadores sociales haci�ndolos pasar por guerrilleros, hasta el secuestro e impune asesinato de j�venes de las clases populares para hacerlos para como milicianos o guerrilleros ca�dos en combate. Otras pr�cticas incluyen falsas desmovilizaciones y frustraci�n de falsos atentados. La idea de un falso positivo es mostrar golpes contra la insurgencia que no son tales, como parte de la guerra medi�tica del establecimiento. Aunque estos falsos positivos se realizan desde la d�cada del ‘60, el sistema de recompensas y est�mulos al ej�rcito en base a "resultados" desarrollado bajo el Plan Colombia, siendo �lvaro Uribe presidente y Juan Manuel Santos ministro de defensa, llevaron a la multiplicaci�n exponencial de �stos, lleg�ndose a horrores indescriptibles como el caso de los j�venes de Soacha [2].

�Qu� es una ejecuci�n extrajudicial? Pues bueno, eso: una ejecuci�n extrajudicial. Es decir, la ejecuci�n de un ser humano por fuera del debido proceso y del sistema jur�dico. En Colombia esta expresi�n es redundante porque no existe la pena de muerte, con lo cual no existe la posibilidad de ejecuciones judiciales. En Colombia el recurso a las armas por parte de la fuerza p�blica deber�a ser una medida extrema y por guerrillero que usted sea, no se le puede asesinar en estado de indefensi�n. Existen una serie de normativas legales nacionales e internacionales que Colombia ha suscrito en este sentido. Muchas ejecuciones extrajudiciales implican a civiles que son hechos pasar como guerrilleros ca�dos en combate; pero tambi�n hay guerrilleros que son ejecutados extrajudicialmente. Recordemos el caso de Alfonso Cano, el cual fue asesinado bajo �rdenes directas de Juan Manuel Santos en circunstancias de total sometimiento, como critic� valientemente el obispo de Cali, Monse�or Dar�o Monsalve [3].

Giovanni D�az era, efectivamente, un guerrillero. En ese sentido no puede decirse que fuera un civil muerto como parte de un "falso positivo". Pero fue asesinado en circunstancias de indefensi�n, totalmente inerme, y aunque tra�a un arma, �sta estaba guardada. No hubo el tal combate que inform�, falsamente, el parte militar. Giovanni pod�a haber sido capturado por la fuerza p�blica, pero se opt� por el asesinato a sangre fr�a. En las peores dictaduras, al menos existen tribunales de opereta que dictan sentencia de muerte; en Colombia ni siquiera eso existe –el soldado es juez y verdugo.

Que Giovanni D�az fue ejecutado extrajudicialmente a la luz de toda la evidencia de la que disponemos, es un hecho que en nada es menos grave por tratarse efectivamente un guerrillero. De hecho, que se cuestione la pertinencia del t�rmino no en base a las circunstancias del asesinato sino que en base a la naturaleza de la v�ctima, es de por s� un hecho preocupante que demuestra la degradaci�n �tica y moral del pa�s, que infecta a�n a personas que est�n involucradas con la defensa de los derechos humanos. Nos preguntamos, �es que acaso un guerrillero deja de pertenecer al g�nero humano por unirse a las filas insurgentes?; �es que acaso se suspenden los derechos humanos cuando se trata de un guerrillero?; �es que no tienen derecho a la debida defensa, a la vida, o es que se les puede asesinar a capricho, inermes, o arrancarles sus ojos con cucharas, o descuartizarlos con motosierras?; �acaso estas pr�cticas s�lo est�n mal si se trata de "presos de conciencia"?; �acaso la tortura y la vejaci�n sexual est�n bien siempre y cuando la v�ctima sea de las FARC-EP?

El abandono en el que la comunidad de derechos humanos tiene a los presos de guerra o la falta de reacci�n ante cr�menes flagrantes como el asesinato de Alfonso Cano, demuestran hasta qu� punto se han llegado a aceptar las peores abominaciones como naturales, siempre y cuando se den en un marco contrainsurgente. O hasta qu� punto la comunidad de derechos humanos ha sido amedrentada por las frecuentes acusaciones de ser "�ulicos del terrorismo" proferidas por Uribe V�lez. �Por qu� esa obsesi�n de ciertos defensores de derechos humanos en demostrar, antes que nada, que cualquier v�ctima de cr�menes de Estado no era, en realidad, miembro o simpatizante de la insurgencia? Y si lo fueran, �acaso eso invalida el derecho al debido proceso, el derecho a la vida, la protecci�n ante la tortura? �Debemos nosotros tambi�n convertirnos en un aparato de la polic�a pol�tica, distinguiendo los asesinatos y las torturas entre aceptables e inaceptables en base a la naturaleza de la v�ctima, en vez de condenar las pr�cticas violatorias, independiente de contra qui�n se cometan?

El asesinato a sangre fr�a, que en t�rminos t�cnicos se conoce como ejecuci�n extrajudicial es inaceptable en t�rminos jur�dicos, pero ante todo �ticos. Esto hace parte de esa cultura mafiosa, de esa cultura de la muerte, que se ha consolidado desde el Estado, en la cual un presidente, como fue Uribe V�lez, pod�a ordenar en p�blico a un general, cual C�sar romano: "Ac�belos y por cuenta m�a, no se preocupe mi general" [4].

Como se ve, este debate est� lejos de ser un debate meramente t�cnico.

NOTAS.