Punto Final

Operación Cóndor es el nombre que se asignó a un convenio de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares del Cono Sur -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia-, a mediados de la década de los 70. Se constituyó así una banda clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado mediante el secuestro, asesinato y desaparición de dirigentes políticos y luchadores sociales.

Son más de 70 los chilenos secuestrados o asesinados que residían en Argentina. Varios fueron traídos por la Dina a Chile y posteriormente, asesinados.

El Tribunal de Juzgamiento Oral en lo Criminal Federal N°1 de Buenos Aires, inició el juicio oral y público por este caso el 5 de marzo de este año. Los fiscales María Mercedes Moguilansky y Enrique Ouviña cuentan con pruebas para reencarcelar a 19 generales y coroneles argentinos responsables de crímenes contra la Humanidad. Rafael Videla, Luciano Menéndez y Carlos Tragant son algunos de 19 acusados. La primera etapa corresponde a 23 casos de compatriotas, héroes de la lucha popular, entre ellos nueve militantes del MIR: Edgardo Enríquez, Luis Elgueta, José de la Maza, Miguel Orellana, Angel Athanasiú, Frida Laschan, Angélica Delard, Gloria Delard y Luis Appel de la Cruz. Hay tres militantes socialistas: Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. Cuatro militantes comunistas: Cristina Carreño, Alexei Jaccard, Patricio Rojas y Oscar Oyarzún, además de Luis Zaragoza, Luis Espinoza, Oscar Urra y Rafael Ferrada, también chilenos. Además del niño de 4 años, Pablo Athanasiú.

Los familiares, testigos y peritos podrán, desde Chile mediante videoconferencia, reconfirmar sus declaraciones durante este juicio que durará más de un año. El Estado chileno no se ha hecho parte del proceso y el programa de derechos humanos ha conectado en Chile a los familiares de las víctimas con las autoridades judiciales argentinas. El caso Operación Cóndor en Chile, lo lleva el juez Mario Carroza.

La lucha contra el olvido, la impunidad y la mentira nos obliga a los militantes de Izquierda y a quienes fueron compañeros de estos luchadores sociales a difundir este histórico juicio. Los culpables presos en Argentina no estarán en una seudocárcel de 5 estrellas, como en Chile.

El 10 de abril de 1976, Edgardo Enríquez Espinosa, ingeniero civil, dirigente del MIR y hermano del fallecido secretario general, Miguel Enríquez, ambos hijos del ex ministro de Educación de Salvador Allende, Edgardo Enriquez Frödden, fue detenido al salir de una reunión de la Junta Coordinadora Revolucionaria, en Buenos Aires. Junto a él fueron detenidos por la Policía Federal argentina, en colaboración directa con agentes del Departamento Exterior de la Dina, la joven brasileña Regina Marcondes, también desaparecida, y varios otros chilenos. Edgardo Enríquez fue trasladado a El Olimpo, Campo de Mayo y a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Está desaparecido.

El 3 de abril de 1976, en el marco de la Operación Cóndor, la Dina y la policía federal argentina secuestraron, en Mendoza, a tres jóvenes socialistas chilenos: Luis Muñoz Velásquez, detenido junto a Juan Hernández Zaspe, presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile, que militaba en el PS clandestino sector Comisión de Consenso, y Manuel Tamayo Martínez, ex dirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e ingeniería comercial de la Universidad de Concepción, que militaba en el PS clandestino como enlace del dirigente nacional Ricardo Lagos Salinas. Los tres jóvenes trabajaban en la reorganización clandestina del socialismo chileno.

Los secuestradores los llevaron al Regimiento Maipo, de Mendoza; en la noche los trasladaron por el paso fronterizo Los Libertadores en una camioneta con toldo. Los entregaron al campo de torturas Cuatro Alamo, en Santiago. De allí los llevaron al centro de torturas y exterminio Villa Grimaldi , en Peñalolén. Ex prisioneros fueron testigos de la estadía de los tres, tanto en Cuatro Alamos como en Villa Grimaldi.

El 26 de julio de 1978 desapareció en Argentina Cristina Carreño Araya, militante comunista. Había llegado a ese país desde Hungría a principios de ese mes. El día 24 informó en las oficinas del CEAS, repartición de la Iglesia Católica que trabajaba en coordinación con ACNUR, sentirse perseguida y solicitó el estatus de refugiada.

No hay ninguna duda sobre la situación de violación a los derechos humanos que sufrió Cristina Carreño, ya que existen numerosos testimonios relativos a su reclusión en El Banco y El Olimpo, de Buenos Aires, recintos pertenecientes a la policía argentina. Después de ser asesinada estuvo como NN en un cementerio municipal. El 29 de diciembre de 2009 sus restos son entregados a su familia, y actualmente se encuentra en el Memorial del Detenido Desaparecido, en el Cementerio General de Santiago.

Los militantes del MIR Angel Athanasiú Jara (estudiante) y su esposa Frida Laschan Mellado, ex funcionaria de la Corporación de Reforma Agraria en Lautaro, en el marco de la Operación Cóndor fueron secuestrados en Argentina con su hijo de cuatro años Pablo Germán Athanasiú Laschan. Los tres, incluyendo al menor, continúan desaparecidos.

El 10 de enero de 1977, José Appel de la Cruz fue secuestrado por un grupo de civiles armados en plena vía pública de la ciudad de Cipolletti, provincia de Neuquén, Argentina, ante los ojos de su cónyuge, Carmen Delard Cabezas. Ella desapareció en la comisaría de esa ciudad, donde se había dirigido para hacer la denuncia de la detención de su cónyuge.

El 17 de enero, una semana más tarde, su hermana Gloria Delard Cabezas fue detenida en su domicilio de Buenos Aires, junto a su esposo Roberto Cristi Melero y sus dos hijos. Gloria Delard estaba embarazada de su tercer hijo. Las hermanas Carmen y Gloria Delard y sus maridos eran estudiantes de la Universidad de Concepción y militantes del MIR.

Oscar Urra Ferrarese, chileno, tenía 24 años y estaba casado con Susana Ossola, quien tenía tres meses de embarazo. Trabajaba como obrero metalúrgico. Fue secuestrado junto a su mujer en una parada de colectivos de la línea 365, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 22 de mayo de 1976. Según información brindada a la familia, los jóvenes permanecieron detenidos en los centros clandestinos de detención El Campito, ubicado en Campo de Mayo, y Vesubio. Según testimonios, Susana habría dado a luz en cautiverio. La pareja y su hijo están desaparecidos.

Publicado en "Punto Final", edición Nº 779, 19 de abril, 2013