Para la teoría de la guerra de baja intensidad todo es relativo. En los manuales llamados de contrainsurgencia, en realidad manuales de terrorismo de Estado, todo es entreverado y la idea del garrote y la zanahoria, como se le concebía en las fábulas antiguas, se quedó corta. Hoy la guerra es un programa de desarrollo: es decir, el fundamento para actuar en una población e intentar controlarla desde el Estado, en beneficio de los intereses de las corporaciones que son clientes o socias de éste. Controlarla significa, entre otras cosas, intentar erradicar cualquier pensamiento o actuación independiente, e impedirle resolver por sus propios medios las cuestiones más fundamentales, como son la subsistencia y la justicia, entre otras muchas.

En México, hoy, por un lado se anuncia una Cruzada contra el Hambre. Y cierran filas con el pri la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Partido Verde, Sedesol, y una comisión intersecretarial, en los objetivos expresos de "eliminar el hambre de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación", y aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos pequeños productores agrícolas. Para ello, se convocará a todos los niveles de gobierno, "a los sectores público, social y privado, y a organismos e instituciones internacionales".

Pero no chequean los supuestos esfuerzos por "remediar el hambre" contra los esfuerzos reales por desmantelar —en beneficio de las grandes corporaciones de la agroindustria— todo el andamiaje de saberes, estrategias, cuidados y esfuerzos individuales, familiares y colectivos que conforman eso que sueltamente llamamos agricultura campesina. Se difunde y se propala una cruzada contra el hambre y, como afirma Ivan Illich y nos recuerda Jean Robert, "la era moderna es una guerra sin tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones del entorno de la subsistencia y remplazarlas por mercancías producidas en el marco del nuevo Estado-nación. A lo largo de esta guerra, las culturas populares y sus áreas de subsistencia —los dominios vernáculos— [los territorios] fueron devastados en todos los niveles". Efectivamente. En la complejidad de las acciones gubernamentales que privilegian los intereses corporativos, las comunidades resultan escindidas de sus fuentes de subsistencia (sus territorios, su biodiversidad, sus "recursos"), son despojadas de sus estrategias de subsistencia (sus saberes independientes para producir alimentos), o se les prohíbe, impide o disuade de utilizarlas, con lo que terminan expulsadas, engrosando el ejército de obreros precarizados, propensos a estas cruzadas contra el hambre.

Y además están Bill Gates y Carlos Slim, que asoman la cabeza en su espaldarazo de 25 millones de dólares al Centro de Investigaciones y Mejoramiento para el Maíz y el Trigo (que estuviera en el centro de lo que hace 50 años se conoció en el mundo como Revolución Verde, porque tenía como objetivo no tan colateral "detener la revolución roja"). La cruzada contra el hambre parece entonces gritar junto con el boletín de la Fundación Gates: "Hace cincuenta años, el liderazgo de México alivió el hambre y la pobreza de cientos de millones de personas en América Latina y Asia [...] El mundo cuenta con México para que continúe guiando el camino en investigación agrícola y prácticas sustentables de cultivo para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Entretanto, la comunidad global debe hacer su parte y alinearse en torno a una nueva serie de objetivos, incluida la productividad agrícola, con resultados medibles que mejoren las vidas de la gente más pobre".

Lo crucial es un sistema de autogobierno regional que asuma expresamente la responsabilidad y le responda a las asambleas comunitarias que nombraron autoridades en tal sistema

En este caso la bala de azúcar de la que tanto se quejaron en Chiapas desde los meros inicios del movimiento zapatista es bastante amarga, toda vez que la Revolución Verde significó un recrudecimiento en esta guerra contra la subsistencia, pues impuso programas de intensificación de cultivos y semillas de laboratorio, erosionó e hizo drogadictos los suelos, y agudizó la expulsión campesina por la no rentabilidad de sus quehaceres. La propia Fundación Gates, que en su panel de asesores en desarrollo cuenta con distinguidos genocidas como Ernesto Zedillo Ponce de León, lleva ya tiempo promocionando en África su versión nueva de la Revolución Verde. Y el torbellino de resistencia crece conforme la imposición de qué, cómo y dónde cultivar se vuelve intolerable.

Y mientras eso ocurre y está por aprobarse la siembra comercial de maíz transgénico, con el mismo "noble" propósito de aliviar el hambre de los mexicanos, se agita la discusión —pareciera que desligada de la anterior— de qué hacer con la seguridad regional, con los cuerpos policiacos, o de "autodefensa", y si tendrían que estar vinculados o independientes de los aparatos de seguridad del Estado. Y en realidad, asistimos a lógicas hermanas: en ambos casos el intento del gobierno es disuadir o reprimir la posibilidad de que las comunidades resuelvan por sí mismas sus problemas de justicia, la defensa de sus territorios y sus medios de subsistencia propios, con dignidad y respeto.

Crear, o que surjan muchos grupos de autodefensa, o meros cuerpos policíacos de las comunidades, llenos de gente ruda, audaz  o "incorruptible", no llega al fondo  del problema de la inseguridad ni lo soluciona. Y menos si hay la sombra de una vinculación forzada con el sistema convencional del aparato policiaco, militar, judicial y jurídico mexicano, porque hay mucha desconfianza de este aparato.

Lo crucial es un sistema de autogobierno regional que asuma expresamente la responsabilidad y le responda a las asambleas comunitarias que nombraron autoridades en tal sistema. Es ésa la legitimidad y la eficacia de algún sistema comunitario de defensa y procuración de justicia. Sin ese sistema regional autónomo de autogobierno con autoridades ligadas a las asambleas y a los pueblos, por abajo, mediante un derecho mucho más vasto que los "usos y costumbres" —que no provenga de la imposición de un Estado donde impera el desvío de poder— no es posible defender el territorio, ni la subsistencia propia, individual, familiar, comunitaria. Hoy se vislumbra el intento gubernamental de deslegitimar los esfuerzos autonómicos de gobierno propio, y de "tolerar" las autodefensas si éstas aceptan enlazarse a los cuerpos policíacos convencionales.

El caso de Colombia, donde está muy probada la noción de que un muy buen programa de desarrollo es la zozobra que trae la guerra, con su incertidumbre, su confusión, el miedo y la inmovilidad, mostró ya hace tiempo que las balas de metal son impuestas como forma de relación, mediante las autodefensas obedientes, y que con ellas se ahonda la enajenación de la gente y su vida en relación con su territorio. La minería y la imposición de cultivos (como la palma africana o la soya transgénica) son algunos de sus resultados.