Carla Zamora Lomelí

Abarrotes Juan Peralta, sierra Mazateca, 1992.

Foto: Ivan Alechine

Desde hace al menos dos años, la sombra de los megaproyectos amenaza lentamente a la Sierra Norte de Puebla. Sin información ni transparencia por parte de las autoridades o empresas, y sin consulta previa a los pueblos indígenas, las presas hidroeléctricas y la minería a cielo abierto intentan avanzar en esta región. "La gente sólo sabe que van a llegar unas máquinas y que van a venir más, o encuentran brechas abiertas por  los ingenieros para llegar al agua", dice Florencio Carlos Zabaleta, presidente de la Unidad Indígena Totonaca Nahua (Unitona), una de las organizaciones que en julio del 2012 integraron el Consejo Tiyat Tlali, red de colectivos de diversos orígenes, entre las que también se encuentran la Unión de Cooperativas Tosepan, la Maseual Siuamej Mosenyolchicauani, la Universidad de la Tierra en Puebla y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que acompañan los procesos de organización y resistencia de las poblaciones afectadas por los llamados proyectos de muerte.

Dichos proyectos, promovidos por la anterior administración del gobierno federal, incluyen, según el Consejo, 27 concesiones mineras para la explotación de oro, plata, cobre, zinc y plomo; 5 hidroeléctricas y aproximadamente 50 ciudades rurales en los municipios de Ahuacatlán, Tetela, Ixtacamaxtitlán, Zautla, Zacatlán, Teziutlán, Hueyapan, Huehuetla, Cuetzalan, Zapotitlán, Tlapacoya, Hermenegildo Galeana, Zaragoza, y Tlatlauquitepec, en el estado de Puebla (consejotiyattlali.blogspot.mx).

Así, empresas y gobiernos locales avanzan en el desarrollo de los proyectos, como en la comunidad de San Mateo Tlacotepec, donde tiene lugar la construcción de una presa por parte de la empresa Comexhidro. "Llegaron los ingenieros a buscar el lugar que requieren para su objetivo, pero como la gente no tenía sus documentos para vender sus predios, les tramitaron los títulos de propiedad y les armaron los expedientes sólo para hacer las transacciones de venta, pagando el metro cúbico de tierra a entre 8 y 11 pesos", señala Zabaleta. Sin embargo, las consecuencias de la presa provocarían la escasez de agua, pues se planea utilizar entre el 80 y 90 por ciento del caudal de los ríos para la generación de energía eléctrica que requerirán los proyectos mineros.

"Este tipo de proyectos traen en el fondo la muerte del río porque será desviado de sus cauce natural, la poca agua que deje se podría evaporar y provocaría la muerte de las especies y de las mismas comunidades, dado que además de la escasez, vendría la quiebra económica de muchas familias porque el río también lleva arena  y grava que aprovechan las familias para vender.  A nivel cultural también  traería destrucción,  pues dentro de los ríos hay sitios sagrados donde la gente recrea su propia espiritualidad", indica Camerino Aparicio González, asesor de la Unitona.

Frente a estos avances ha emergido también la resistencia de las comunidades, como en Olintla, en el municipio de Zaragoza, donde los pobladores han reafirmado su negativa a la construcción de una presa del Grupo México ante las graves afectaciones sociales, ambientales y de desplazamiento forzado que podrían vivir las comunidades totonacas, según una declaración firmada el pasado 16 de marzo por las comunidades de  Bibiano Hernández, Olintla, Ignacio Zaragoza, Chipahuatlán, El Crucero, Vicente Guerrero, Dimas López, Ayotoxco, Tlapacoyan, Hueytamalco, Filomeno Mata, Lacanuy, Tanipatapo, Hueytlalpan, El Espinal, Poza Rica y Papantla.

Las exploraciones mineras han encontrado la resistencia de las comunidades. Un referente es la experiencia de la comunidad Tlamanca, en Zautla, donde en noviembre del 2012, la asamblea de 32 comunidades lanzó un ultimátum para la salida de la minera china jdc del yacimiento La Lupe, logrando la clausura de esta explotación (La Jornada de Oriente, 5/11/2012). La amenaza de otros seis proyectos en el mismo municipio sigue latente.

De igual manera, en Tetela se ha organizado un frente de resistencia contra el proyecto para la explotación de plata y oro de la minera Espejera, filial del Grupo Frisco (parte de las inversiones que han incrementado las ganancias de Carlos Slim en el ramo). La organización Tetela hacia el Futuro ha realizado diversos foros y manifestaciones para oponerse a estos proyectos, ante lo cual la empresa ha publicado en medios locales sus ofertas para la comunidad, entre las que se incluyen, como parte de sus apoyos sociales, centros de capacitación para acceder a la bolsa de trabajo de la empresa y campañas de reforestación. Empero, no se plantean esquemas de sosteniblidad de tales apoyos, "va a haber dinero para el empresario y a cambio de eso nos va a desmadrar todo el medio ambiente, pero si no lo analizan, la gente cree que habrá fuentes de trabajo y desarrollo pero ¿cuántos meses? ¿Y después?", cuestionan los voceros de la Unitona.

Además, en Zoquiapan, la asamblea comunitaria logró que el presidente municipal, Esteban Pérez, se comprometiera a negar la posibilidad de instalación de una hidroeléctrica a la empresa Ingdeshidro (La Jornada de Oriente 29/03/2013). Este compromiso es particularmente importante, porque se considera que en otros casos "las autoridades municipales están actuando para apoyar a la empresa, y se están valiendo de todos los lazos de autoridad e incluso de caciques locales para legitimarlo", apunta Camerino Aparicio.

Por ello, "nos toca actuar demandando a quienes autorizan los proyectos, porque no pueden estar dando permisos que atentan contra la vida de los pueblos, donde se están violando derechos y están pasando por encima de la ley. Esto es sólo el principio, el sistema va a forzar a la gente a defender la tierra y el territorio. Es gente valiente que no tiene miedo", concluye Zabaleta. Así, en respuesta a los proyectos de muerte, florece la resistencia indígena.