Jacqueline Torres Urízar

Ojarasca

Miles de caminantes indígenas y campesinos trazan una ruta por la dignidad en un trayecto de 212 kilómetros de Cobán hacia la capital de Guatemala.

Esta marcha, que cuenta con la participación de miles de mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos se inició para recordar que hace un año, 80 familias q´eqchi´s fueron desalojadas por miembros del ejército y de la Policía Nacional Civil, en el Valle del Polochic, Alta Verapaz.

La marcha busca poner en la agenda del actual gobierno varias problemáticas que siguen sin respuestas tras 15 años de construcción democrática. Y más: la defensa de la tierra, el rechazo a los desalojos y a la criminalización de la lucha por el territorio evidencian a una sociedad todavía colonizada por las ideas de la supremacía racial, de género y económica. "Quisimos hacer esto ahora, a dos meses de gobierno y no esperar que se consoliden las políticas de represión que nos ha mostrado en corto tiempo", dijo Daniel Pascual, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), organización responsable de la marcha, al referirse a la administración del general retirado Otto Pérez Molina, que tomó el poder el 14 de enero pasado.

Habían transcurridos apenas unos 40 días cuando mujeres del Consejo de Pueblos de K´iche´ denunciaron la puesta en marcha de políticas de remilitarización en sus comunidades. El proceso inició con el reclutamiento en los establecimientos educativos. "A los jóvenes que cursan el último año de su carrera les dijeron que si no se adhieren a las reservas militares no van a conseguir trabajo el próximo año, porque las instituciones van a ponerlo como requisito", explicó Aura Lolita Chávez, integrante de ese Consejo. Tienen información de la apertura de al menos dos destacamentos más en Santa Cruz, donde ya existe uno, otro en el área Ixil y uno más en Ixcán. Aseguran que aproximadamente dos mil jóvenes han sido reclutados.

Una semana después, las comunidades de Petén que habitan las cercanías de la Biósfera Maya denunciaron al Batallón Verde, un contingente del ejército creado a finales de 2010 para cuidar el Parque Nacional Laguna del Tigre, un área protegida desde 1985 y donde tiene sus operaciones la compañía petrolera Perenco. Daniel Medina, de la comunidad El Pacífico, explicó que hay alrededor de 37 comunidades con unas 40 mil personas a quienes no les permiten pasar materiales de trabajo, abono para sus cultivos, medicinas ni alimentos. Hay que atravesar tres destacamentos, reportar lo que llevan e identificarse con documentos. "Es una forma de control porque no nos dejan reunirnos ni organizarnos", dijo Medina. Al igual que en El Quiché, en Petén las nuevas autoridades han nombrado a funcionarios que estuvieron relacionados con los grupos paramilitares conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), responsables de crímenes contra la población durante la guerra. Las comunidades preparaban una demanda contra Perenco, que de forma anómala logró prorrogar la licencia de extracción de petróleo en el área protegida.

En las principales carreteras del país, las fuerzas combinadas de seguridad (policía y ejército) realizan operativos en los que, al mejor estilo de la guerra, registran y controlan a quienes viajan en unidades de transporte público.

Para Santos Norato, presidente de la organización comunitaria Cuarenta y Ocho Cantones de Totonicapán, estas medidas sólo están siendo una continuidad de los gobiernos anteriores. Norato observa una política de intervención desde el gobierno de la llamada Gran Alianza Nacional (GANA), que llevó al poder al finquero Oscar Berger (2004-2008). "Desde entonces se han intervenido comunidades con el propósito de erosionar y debilitar nuestras capacidades organizativas comunitarias. Las estructuras están bien conformadas y cada gobierno que llega las ha avalado".

El partido Patriota ganó la presidencia de la República y alcaldías municipales debido a su discurso de seguridad y "mano dura" con la delincuencia. Los antecedentes del candidato del ahora partido oficial como fundador de la escuela Kaibil y responsable de la ejecución de la política de tierra arrasada en el área Ixil, una de las más devastadas, no fueron suficientes para persuadir a los electores. Algunos analistas ya veían venir las políticas de represión contra las comunidades y liderazgos que defienden sus territorios. Las medidas llevan el propósito claro de crear miedo en las comunidades.

El despliegue de las brigadas de seguridad coincide con las zonas en resistencia o donde ya se están desarrollando importantes megaproyectos, como en San Juan Sacatepéquez, Petén, San Marcos, Santa Cruz del Quiché, el Polochic, Huehuetenango e Izabal. "Detrás del despliegue de seguridad, existen argumentos como el combate al narcotráfico, al crimen organizado, al tráfico de armas, pero sabemos que es para criminalizar porque hay mucha fuerza y resistencia, así que para resguardar el orden nos reprimen", analiza Chávez. Tras la implementación de tales medidas de seguridad, las mujeres han denunciado la reiterada violencia y acoso sexual.

Para Benito Morales, consultor de la Comisión Internacional de Juristas, el financiamiento para la seguridad provendría de los recursos negociados con el aumento de impuestos por la extracción de metales, pues "hay un acuerdo voluntario con las empresas mineras". A pocos días de asumir el cargo, Pérez Molina dio luz verde a la Reforma Fiscal que tres de sus antecesores no pudieron concretar y también aumentó al 5 por ciento (antes del 1 por ciento) los impuestos a la minería.

En Guatemala se han realizado más de 60 consultas comunitarias desde el año 2005 y lo que va del 2012, en comunidades que han rechazado en su totalidad los megaproyectos y políticas extractivas, pero el Estado sigue sin hacer vinculantes estas manifestaciones de democracia comunitaria. A pesar de los discursos que apelan al reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, como premisas para la construcción de sociedades democráticas, las políticas públicas siguen negando el protagonismo a los pueblos indígenas.

Esta recurrente violación de derechos fue denunciada a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navy Pilley, en su reciente visita a Guatemala. Una Comisión manifestó cómo el Estado discrimina a los pueblos, criminaliza las luchas por el territorio, remilitariza sus comunidades y permite la violencia contra las mujeres. "Promueve e institucionaliza el racismo estructural y ambiental, mediante un modelo económico capitalista y neoliberal", consignaron en un documento.

Éste fue el contexto de la marcha indígena y campesina que llegó a la capital del país el 27 de marzo. "Una manifestación más de resistencia", como dice María Mateo, de la Alianza de Mujeres Rurales.

Jacqueline Torres Urízar es periodista guatemalteca. Junto con Rosalinda Hernández Alarcón, Andrea Carrillo Samayoa y Ana López Molina escribió el libro Memorias rebeldes contra el olvido: Paasantzila Txumb’al Ti’ Sortzeb’al K’u’l, Cuerda, 2008, libro que presenta las voces de las mujeres ixiles y k’iche’s combatientes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).