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Latinoamérica
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Como en tiempos de Pinochet
se persigue a los mapuche
como "terroristas"
Víctor Ancalaf Llaupe
Ojarasca
La Corte Interamericana de Derechos Humanos finalizó las audiencias del caso Norín Catrimán y otros contra Chile, el en que se juzga sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista chilena —creada por la dictadura de Augusto Pinochet— contra líderes mapuche. La denuncia, interpuesta en 2011, documenta represión estatal, violencia y encarcelamiento contra estos dirigentes, con el resultado de daños humanos y sociales traumáticos, además de violaciones a los derechos indígenas.
La Ley Antiterrorista prevé la aplicación de prisión preventiva sin derecho a beneficios penitenciarios, así como utilización de testigos sin rostro, secreto de investigación y condenas doblemente severas que las de la justicia ordinaria.
El primero en declarar fue Víctor Ancalaf Llaupe, uno de los referentes más destacados del movimiento. Fue también el primer mapuche condenado por la Ley Antiterrorista en 2001, por su participación en las movilizaciones de los noventas contra las empresas forestales y la construcción de la hidroeléctrica Ralco, sobre el río Alto Bío Bío. Las audiencias terminaron el 30 de mayo.
Ancalaf señala que la aplicación de la Ley Antiterrorista es para frenar sus recuperaciones de tierra. Apunta que con la demanda, su pueblo busca que se reconozca la violación a sus derechos y que se cumplan leyes y tratados internacionales. La sentencia se conocerá en los próximos meses.
Denunciamos la violación a los derechos humanos y los derechos colectivos del pueblo mapuche, la violencia que ejerce el Estado a través de su policía y la aplicación de las leyes represivas de la dictadura militar, en este caso la Ley Antiterrorista, bajo el contexto de una demanda social de derechos colectivos. La ley se nos aplica bajo la consigna del terrorismo, pero nuestra lucha es social y reivindica el territorio. El mapuche no es un movimiento armado ni tiene que ver con elementos que constituyen terrorismo. El Estado aplica la ley con irregularidades en pos de deslegitimar y criminalizar al movimiento.
Las movilizaciones para recuperar el territorio empezaron en 1995 a partir de que no se cumplió un pacto hecho dos años antes entre el pueblo mapuche y el gobierno de la concertación de Patricio Aylwyin. Desde entonces, las comunidades estamos en movilizaciones de distinta índole: foros, encuentros, nguillatunes (ceremonias religiosas) y con la ocupación, ilegal como dice el Estado, pero que nosotros encontramos legítima porque tenemos pactos internacionales con la Corona española que el Estado no ha reconocido. Luchamos para que se cumplan y se devuelva parte del territorio mapuche a las comunidades.
Reclamamos estrictamente lo legal. En los acuerdos con la Corona española, ésta reconoce la soberanía del territorio mapuche y se habla de una frontera que va desde el río Bío-Bío hasta la zona sur austral del territorio, usurpado por distintas leyes y a través de los colonos que emigraron para tomar posesión de nuestra tierra. Todo esto produjo el empobrecimiento y el arrinconamiento de las comunidades indígenas.
La preocupación que ha tenido últimamente el Estado con respecto a nuestra causa se debe a las movilizaciones de las organizaciones sociales y del pueblo mapuche. Esta lucha tiene que ver, al igual que ocurre con los hermanos zapatistas en México, con una fuerte resistencia para hacer notar esta problemática y los atropellos que vivimos. Recuperamos una cantidad considerable de tierras y obligamos a la mejora en las políticas de Estado.
Lo que pretenden con la aplicación de la Ley Antiterrorista es desarticular el movimiento y que no se siga con esta demanda. Lo hacen para consolidar el modelo capitalista que impera en Latinoamérica, porque al igual que en Chile, en México y otros países el sistema yanqui ha traído el empobrecimiento de los Afectaciones y terror contra las comunidades. Las leyes antiterroristas son muy fuertes desde el punto de vista humano. Nos restringen los derechos civiles y colectivos, somos aislados en cárceles de extrema seguridad y de muy difícil acceso para las familias. Afectan a las comunidades porque los dirigentes y autoridades tradicionales indígenas (lonkos, werkenes y machis) tienen el rol de gestionar elementos que permiten el desarrollo de las comunidades. Cuando son encarcelados, se pierde la posibilidad de que las comunidades avancen en educación, salud y trabajos productivos. Uno de los impactos más grandes es la desarticulación de las familias y la afectación a los sectores más vulnerables: niños, mujeres, ancianos.
La lucha por la recuperación del territorio se ve influida directamente porque se afecta la continuidad de las movilizaciones y las gestiones. Se produce un clima de hostigamiento por parte de la policía; mucha gente se ve aterrorizada con tantos allanamientos contra las comunidades. Se causa un terrible daño: destrozan los enseres de las casas y roban los utensilios de trabajo y el dinero, cuando hay. Además del pánico que eso provoca, también trae empobrecimiento.
Hay alrededor de 34 casos por terrorismo en las cortes de la justicia chilena, y alrededor de 400 por distintos delitos imputados a los hermanos que se encuentran en las prisiones de Concepción, Temuco, Valdivia y Angol.
El arribo al sistema interamericano
La demanda ante la Corte se produjo por la nula voluntad de los gobiernos chilenos —tanto de la democracia y la concertación como de los gobiernos de derecha—, para solucionar nuestra problemática.
Sombreros y tortillas, México DF, circa 1950.
Foto: Nacho López
Más allá de una reparación puntual del daño, buscamos sentar un precedente de la violación sistemática de los derechos colectivos del pueblo mapuche, y en particular sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque no se respeta la libre determinación, la autonomía y el derecho a la tierra y a la vida. (Ha habido numerosos asesinatos de la policía contra jóvenes en las movilizaciones efectuadas en la Araucanía).
Si se falla a favor de nuestro pueblo, se favorecerá el respeto a las leyes internacionales y habrá un avance sustantivo en las políticas de desarrollo de las comunidades, que hace cientos de años reclamamos el derecho a nuestro territorio. Ayudará de un modo social, pues acualmente el Estado proyecta la imagen de que somos un pueblo violento, terrorista y agresivo. Se demostrará que la violencia no ha venido de los indígenas, sino de las instituciones.
El pueblo mapuche sigue vivo y reclamando nuestros derechos, que son justos y legítimos. Esta lucha no terminará mientras haya pobreza e injusticia en nuestro territorio.
Entrevista: Adazahira Chávez
Fuente: lafogata.org
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