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Latinoam�rica
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Como en tiempos de Pinochet
se persigue a los mapuche
como "terroristas"
V�ctor Ancalaf Llaupe
Ojarasca
La Corte Interamericana de Derechos Humanos finaliz� las audiencias del caso Nor�n Catrim�n y otros contra Chile, el en que se juzga sobre la aplicaci�n de la Ley Antiterrorista chilena —creada por la dictadura de Augusto Pinochet— contra l�deres mapuche. La denuncia, interpuesta en 2011, documenta represi�n estatal, violencia y encarcelamiento contra estos dirigentes, con el resultado de da�os humanos y sociales traum�ticos, adem�s de violaciones a los derechos ind�genas.
La Ley Antiterrorista prev� la aplicaci�n de prisi�n preventiva sin derecho a beneficios penitenciarios, as� como utilizaci�n de testigos sin rostro, secreto de investigaci�n y condenas doblemente severas que las de la justicia ordinaria.
El primero en declarar fue V�ctor Ancalaf Llaupe, uno de los referentes m�s destacados del movimiento. Fue tambi�n el primer mapuche condenado por la Ley Antiterrorista en 2001, por su participaci�n en las movilizaciones de los noventas contra las empresas forestales y la construcci�n de la hidroel�ctrica Ralco, sobre el r�o Alto B�o B�o. Las audiencias terminaron el 30 de mayo.
Ancalaf se�ala que la aplicaci�n de la Ley Antiterrorista es para frenar sus recuperaciones de tierra. Apunta que con la demanda, su pueblo busca que se reconozca la violaci�n a sus derechos y que se cumplan leyes y tratados internacionales. La sentencia se conocer� en los pr�ximos meses.
Denunciamos la violaci�n a los derechos humanos y los derechos colectivos del pueblo mapuche, la violencia que ejerce el Estado a trav�s de su polic�a y la aplicaci�n de las leyes represivas de la dictadura militar, en este caso la Ley Antiterrorista, bajo el contexto de una demanda social de derechos colectivos. La ley se nos aplica bajo la consigna del terrorismo, pero nuestra lucha es social y reivindica el territorio. El mapuche no es un movimiento armado ni tiene que ver con elementos que constituyen terrorismo. El Estado aplica la ley con irregularidades en pos de deslegitimar y criminalizar al movimiento.
Las movilizaciones para recuperar el territorio empezaron en 1995 a partir de que no se cumpli� un pacto hecho dos a�os antes entre el pueblo mapuche y el gobierno de la concertaci�n de Patricio Aylwyin. Desde entonces, las comunidades estamos en movilizaciones de distinta �ndole: foros, encuentros, nguillatunes (ceremonias religiosas) y con la ocupaci�n, ilegal como dice el Estado, pero que nosotros encontramos leg�tima porque tenemos pactos internacionales con la Corona espa�ola que el Estado no ha reconocido. Luchamos para que se cumplan y se devuelva parte del territorio mapuche a las comunidades.
Reclamamos estrictamente lo legal. En los acuerdos con la Corona espa�ola, �sta reconoce la soberan�a del territorio mapuche y se habla de una frontera que va desde el r�o B�o-B�o hasta la zona sur austral del territorio, usurpado por distintas leyes y a trav�s de los colonos que emigraron para tomar posesi�n de nuestra tierra. Todo esto produjo el empobrecimiento y el arrinconamiento de las comunidades ind�genas.
La preocupaci�n que ha tenido �ltimamente el Estado con respecto a nuestra causa se debe a las movilizaciones de las organizaciones sociales y del pueblo mapuche. Esta lucha tiene que ver, al igual que ocurre con los hermanos zapatistas en M�xico, con una fuerte resistencia para hacer notar esta problem�tica y los atropellos que vivimos. Recuperamos una cantidad considerable de tierras y obligamos a la mejora en las pol�ticas de Estado.
Lo que pretenden con la aplicaci�n de la Ley Antiterrorista es desarticular el movimiento y que no se siga con esta demanda. Lo hacen para consolidar el modelo capitalista que impera en Latinoam�rica, porque al igual que en Chile, en M�xico y otros pa�ses el sistema yanqui ha tra�do el empobrecimiento de los Afectaciones y terror contra las comunidades. Las leyes antiterroristas son muy fuertes desde el punto de vista humano. Nos restringen los derechos civiles y colectivos, somos aislados en c�rceles de extrema seguridad y de muy dif�cil acceso para las familias. Afectan a las comunidades porque los dirigentes y autoridades tradicionales ind�genas (lonkos, werkenes y machis) tienen el rol de gestionar elementos que permiten el desarrollo de las comunidades. Cuando son encarcelados, se pierde la posibilidad de que las comunidades avancen en educaci�n, salud y trabajos productivos. Uno de los impactos m�s grandes es la desarticulaci�n de las familias y la afectaci�n a los sectores m�s vulnerables: ni�os, mujeres, ancianos.
La lucha por la recuperaci�n del territorio se ve influida directamente porque se afecta la continuidad de las movilizaciones y las gestiones. Se produce un clima de hostigamiento por parte de la polic�a; mucha gente se ve aterrorizada con tantos allanamientos contra las comunidades. Se causa un terrible da�o: destrozan los enseres de las casas y roban los utensilios de trabajo y el dinero, cuando hay. Adem�s del p�nico que eso provoca, tambi�n trae empobrecimiento.
Hay alrededor de 34 casos por terrorismo en las cortes de la justicia chilena, y alrededor de 400 por distintos delitos imputados a los hermanos que se encuentran en las prisiones de Concepci�n, Temuco, Valdivia y Angol.
El arribo al sistema interamericano
La demanda ante la Corte se produjo por la nula voluntad de los gobiernos chilenos —tanto de la democracia y la concertaci�n como de los gobiernos de derecha—, para solucionar nuestra problem�tica.
Sombreros y tortillas, M�xico DF, circa 1950.
Foto: Nacho L�pez
M�s all� de una reparaci�n puntual del da�o, buscamos sentar un precedente de la violaci�n sistem�tica de los derechos colectivos del pueblo mapuche, y en particular sobre el Convenio 169 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT), porque no se respeta la libre determinaci�n, la autonom�a y el derecho a la tierra y a la vida. (Ha habido numerosos asesinatos de la polic�a contra j�venes en las movilizaciones efectuadas en la Araucan�a).
Si se falla a favor de nuestro pueblo, se favorecer� el respeto a las leyes internacionales y habr� un avance sustantivo en las pol�ticas de desarrollo de las comunidades, que hace cientos de a�os reclamamos el derecho a nuestro territorio. Ayudar� de un modo social, pues acualmente el Estado proyecta la imagen de que somos un pueblo violento, terrorista y agresivo. Se demostrar� que la violencia no ha venido de los ind�genas, sino de las instituciones.
El pueblo mapuche sigue vivo y reclamando nuestros derechos, que son justos y leg�timos. Esta lucha no terminar� mientras haya pobreza e injusticia en nuestro territorio.
Entrevista: Adazahira Ch�vez
Fuente: lafogata.org
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