La Arena

Esta nota sobre la responsabilidad criminal de los empresarios con la dictadura reconoce varias motivaciones. Una fue el 7 de mayo pasado, cuando Fiat se vistió de gala para recibir a la presidenta de la Nación que llegaba a Córdoba para la inauguración de la planta de tractores New Holland (NH). Esta había recibido préstamos millonarios del programa del Bicentenario en condiciones que industriales nacionales, no multinacionales como la de Turín, hubieran querido para sí.

En la ocasión la presidenta fue flanqueada por Natale Rigano, presidente de Fiat Industrial; Cristiano Rattazzi, de Fiat Argentina e histórico impulsor del modelo neoliberal, y Sergio Marchionne, presidente mundial de Fiat, quienes destacaron el aporte de la Nación para el proyecto NH.

La mayoría de los sectores progresistas decidieron concurrir a la planta de Ferreyra para festejar lo que veían como un día memorable: una planta ampliada con la presencia de la jefa de Estado. El cronista creyó que no se debía festejar con los ejecutivos de una empresa que tuvo gran responsabilidad en los crímenes cometidos por el III Cuerpo de Ejército.

Dos meses más tarde, en la megacausa "La Perla", que juzga los crímenes de los grupos de tareas del general Menéndez, el testigo Jorge Argañaraz, obrero de Fiat Materfer al momento de su secuestro, en noviembre de 1976, declaró sobre los torturadores: "al segundo o tercer día aparecen con álbumes fotográficos pertenecientes a los trabajadores de Fiat, pero los álbumes pertenecían a la empresa, decían Concord, Materfer y Grandes Motores Diesel; la empresa le había provisto a este grupo de tareas definitivamente estos elementos".

Argañaraz recuperó la libertad, pero 30 trabajadores de Fiat siguen desaparecidos, entre ellos siete incluidos en ese juicio: Eduardo Castello Soto, Luis Alberto López, Mario Oviedo, Raúl Suffi; Daniel y Pascual Ortega, y Pedro Finger.

A los popes de Fiat, en vez de créditos oficiales habría que darles cédulas de citación a indagatorias...

Otra de las motivaciones del cronista para esta nota fue que el 21 de julio pasado recibió un mail de Carlos Iaccarino, en su nombre y de su hermano Alejandro, con la recopilación de antecedentes, notas y el fallo del tribunal Oral Federal de La Plata Nº 1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Jantus y Pablo D. Vega, sobre el "caso Iaccarino". Al ir leyendo tanta data, creció el interés por escribir algo al respecto.

Carlos, Alejandro y otro hermano, Rodolfo, y sus dos padres fueron secuestrados en noviembre de 1976, algunos en Santiago del Estero y otros en La Plata, por la dictadura militar-cívica. Se los privó ilegalmente de la libertad y se los pasó, con tormentos y torturas, por catorce centros de detención, de ellos nueve clandestinos, como el tristemente célebre COT Martínez, que funcionaba en la zona norte de Buenos Aires y que se hizo conocido porque allí estuvo secuestrado Jacobo Timerman.

¿Los Iaccarino eran trabajadores como los de la Fiat? No. Eran empresarios que tenían campos, propiedades, algún avión ejecutivo y perdieron todo como otros 266 empresarios víctimas de secuestros por los militares y socios civiles, según la estadística de uno de los Iaccarino.

A esta familia les robaron todo, fraguando una venta por un precio que nunca se pagó. Un avión y 25.000 hectáreas de campos, valuados en 10 millones de dólares, desaparecieron.

El 10 de junio de 2013 el tribunal platense falló en esta causa y lamentablemente sólo condenó a dos ex jefes policiales de la Brigada de Lanús, Bruno Trevisan y Jorge R. Ferranti, a penas muy leves, de 3 y 4 años de prisión. Los halló culpables sólo de "vejaciones y severidades" dejando de lado la acusación de privación ilegítima de libertad y tormentos. Los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández apelaron tan errónea resolución, de la que solamente estuvo exento Rozanski, quien votó en minoría.

La labor de Carlos y Alejandro Iaccarino está más que justificada en lo que tiene de búsqueda de justicia y reparación. También hay otro aspecto loable, pues ellos buscan organizar a los empresarios nacionales víctimas de aquella represión y delitos. Con tantos cómplices de la represión en las cúpulas de UIA y AEA, vendría muy bien una representación realmente nacional de empresarios locales. 

Hablando de cómplices empresarios del terrorismo de Estado, todos fueron parte de la banda de José A. Martínez de Hoz, como el procesado Juan Alfredo Etchebarne, ex titular de la Comisión Nacional de Valores. El juez federal Daniel Rafecas tomó tal determinación acusándolo de ser corresponsable de al menos 23 secuestros de empresarios en la causa Industrias Grassi-Banco de Hurlingham.

Esos detenidos estuvieron en Campo de Mayo bajo la autoridad militar del general Roberto Roualdes, segundo de Carlos G. Suárez Mason. Como el militar no podía tener precisiones en los interrogatorios, pedía colaboración y asistencia a Etchebarne de la CNV, quien les enviaba funcionarios para orientar esas preguntas a los cautivos.

El objetivo era robarles sus participaciones empresarias, sacarlos del medio y favorecer a otros grupos económicos, más allegados al videlismo y el superministro de Economía. El mismo Martínez de Hoz, que falleció en marzo pasado cuando aún no había condena en su contra, estaba procesado con prisión preventiva por un caso similar, de secuestro a dos empresarios Gutheim, padre e hijo, a raíz de un convenio para venta de algodón a Taiwán. Ese negocio debía ser para peces más gordos que esos dos secuestrados.

Según el actual titular de la CNV, Alejandro Vanoli, hubo al menos 141 empresas que fueron apropiadas por procedimientos ilegales, secuestros y torturas de sus legítimos dueños, once los cuales fueron asesinados. Es estudio de la entidad debe haber servido de base para la decisión de Rafecas, de promover el procesamiento del responsable en tiempos de la dictadura. Otra buena actuación del juez, a pesar de las acusaciones en su momento de Amado Boudou, que amagaron con costarle la carrera judicial.

La corporación mediática y monopolista, con Clarín a la cabeza, se queja ahora de las funciones regulatorias que la ley ha otorgado a la CNV y algún fallo judicial consideró inconstitucional alguna de las facultades conferidas por su artículo 20. Debe ser porque extrañan los tiempos de Etchebarne y la picana.

Otro estímulo para escribir hoy sobre este tema fue saber que Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky van a presentar el 14 de setiembre próximo un libro de su autoría, titulado "Cuentas Pendientes". El adelanto de Siglo XXI dice que ambos, "junto con un equipo de prestigiosos autores, sacan a la luz los casos de complicidad civil y económica con la dictadura. Esos casos involucran empresas como Ledesma, Ford, Acindar, Techint o Mercedes Benz, cuyos directivos están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como organismos creados para extorsionar empresarios poco afines y expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iaccarino".

Habrá que leerlo. Ahora sí va a estar bueno Buenos Aires...

La otra motivación del artículo fueron los avances en la causa contra Carlos P. Blaquier, dueño del ingenio Ledesma de Jujuy, procesado junto con otro directivo, Alberto Lemos, por veintinueve desapariciones en aquella provincia durante 1976. Son dos causas, una conocida como la de la detención del médico y ex intendente Luis Arédez y otros detenidos, y otra llamada del "Apagón".

El monopolio azucarero, que además cuenta con plantas de fabricación de papel, bioetanol y 155.000 hectáreas, fortaleció estos tentáculos durante el terrorismo de Estado. En rigor desde antes, pues parte de los presos políticos lo fueron en Jujuy antes del golpe, cuando allí gobernaba el peronismo derechoso de Snopek, Martiarena y Paleari (Milagro Sala debe saber de estos antecedentes de la dupla Fellner-Barrionuevo).

El ingenio aportó las listas de sospechosos, las camionetas y hasta dependencias para que los detenidos fueran trasladados y concentrados. De allí, golpeados, más de 200 personas partieron hacia comisarías en aquellas aciagas jornadas de julio de 1976 y 30 nunca más regresaron con vida.

El 25 de julio pasado se realizó la marcha por el Apagón, de Calilegua a Libertador San Martín, con una concurrencia masiva de 50.000 personas. El cronista se acordó de sus amigos Jorge Weisz (ex dirigente obrero del Ledesma) y los abogados Carlos Patrignani y Pablo Bernard, todos desaparecidos en Ledesma, y de otros que no conoció personalmente, como el médico Luis Arédez (sí a su hijo Ricardo, quien le mandó la invitación a la marcha), Carlos Zamparini y otros militantes populares de Jujuy.

Ese 25 de julio se piantó un lagrimón por los recuerdos de tanta gente querida y desaparecida. Y hoy ese lagrimón se convirtió en esta nota, en sonrisa por el procesamiento de Blaquier y Lemos.

Fuente: http://www.laarena.com.ar/opinionahora_los_socios_civiles_del_genocidio_tambien_van_al_banquillo-100860-111.html