La Arena

El punto de partida fue la derrota en las PASO nunca asumida por la presidenta. Aunque los derrotados fueron sus candidatos, tratándose de un comicio nacional y habiendo ella seleccionado las cabezas de listas, era inevitable que el desgaste le golpeara las puerta en Balcarce 50, Olivos y El Calafate.

Frente al traspié, una cosa es positiva. CFK no entró en pánico ni fue ganada por un ánimo derrotista o fuguista, como quisieran muchos de los opositores a ultranza, incluidos Héctor Magnetto y otros integrantes del "círculo rojo" blanqueado por Mauricio Macri. Cómo habrá sido de evidente esa intención de empujar a la jefa de Estado del sillón de Rivadavia que hasta Elisa Carrió admitió el complot, aunque identificó aquel "círculo" con el justicialismo. El "círculo gorila" que la incluye quedaba sin culpas.

Tuvo que ocurrir semejante golpe contra las PASO, para que el gobierno entendiera que debía elevar el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que abonaban 2.4 millones de trabajadores. En buena hora que el mismo fue elevado a 15.000 pesos, pero parte del daño ya fue hecho. ¿Por qué Cristina Fernández no habrá escuchado el clamor de tantos gremios en el momento oportuno?

Ahora el operativo reparación también alcanzó a los monotributistas, que empezarán a pagar a partir de los 400.000 pesos y no de la mitad. Muchas más familias de capas medias y medias bajas respirarán más aliviadas. Habrá que ver si en estos beneficiados pesará más el agradecimiento por la medida o si, sin ser desagradecidos con el gobierno que la adoptó, mantienen una crítica por sus penurias anteriores. En este último caso es obvio que no estarán enojados sólo con Ricardo Echegaray, de la AFIP.

Sería subestimar políticamente a la presidenta creer que se mantuvo en sus trece en el tema ganancias y monotributo por una "cerrazón" a las demandas sociales. Podría haber ocurrido que "las cuentas no le cerraban", en cuyo caso querría decir que las cuentas fiscales no son todo lo robustas que presume la jefa de Estado y los números que presentó en el proyecto de Presupuesto Nacional 2014.

Números para ver

El ministro de Economía Hernán Lorenzino, el viceministro Axel Kicillof y otros funcionarios llegaron esta semana a la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por Roberto Feletti, con aquel proyecto de ingresos y gastos. Iban tan apurados que en esa comisión no contaban aún con las copias de la iniciativa, lo que motivó quejas de los legisladores opositores.

Los números principales fueron defendidos por los integrantes del equipo económico, quienes plantearon un escenario optimista. El Producto Bruto Interno crecería el 6.2 por ciento, la inflación sería del 10.4 por ciento y el dólar llegaría a $6.33, en tanto se podría contar con un importante superávit primario y en el comercio exterior, este último en más de 10.000 millones de dólares.

El aumento en la actividad económica fue refrendada ayer por Cristina Fernández en el reportaje concedido a Hernán Brienza, de la Televisión Pública. Le dijo que, se mida como se mida, la economía argentina crece a más del 5 por ciento anual, a contramano de las recetas de ajuste vigentes en otras partes del mundo.

Sería lindo que estas estadísticas fueran ciertas, pero hay dudas, al margen de la mala onda que difunden Clarín y la oposición política. Por ejemplo, hasta ahora la inflación anual ha desbordado largamente las pautas estampadas en el Presupuesto. Otro tanto con la cotización del dólar. El aumento de gasto público ha sido mayor al proyectado, lo que hizo bajar sensiblemente el promocionado superávit fiscal. Y así de seguido.

Un aspecto negativo dentro de esas proyecciones tan optimistas es que, de ser ciertas las afirmaciones de Kicillof sobre el aumento de la economía en 2013 y 2014, el país debería pagar un plus de deuda externa por el cupón ligado al aumento del PBI de 5.000 millones de dólares en 2014 y otros 6.400 millones en 2015.

El apuro del oficialismo por tratar el Presupuesto 2014 trasuntaría el temor de que sus mayorías en el Congreso se achiquen después de octubre.

Más Estado y no menos

Una muy buena medida fue adoptada por el gobierno en materia de transporte público, al decidir que las líneas ferroviarias del Sarmiento y Mitre -que habían sido quitadas al grupo Cirigliano- en vez de ser administradas por las privadas unidas en Ugofe y Ugoms, pasen a la órbita de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.

Las concesionarias privadas ya habían perdido las líneas San Martín, Belgrano Sur y Roca, donde supo hacer pingües negocios un ex amigo del gobierno, Sergio Taselli, pero en esos casos no se hizo cargo directamente el Estado sino la Ugofe de los privados Roggio, Emepa e Hidrovías.

La decisión informada por el ministro del Interior y Transporte tuvo un costado autocrítico, cosa loable porque no es frecuente en la administración nacional. Dijo Florencio Randazzo: "estamos convencidos de que el Estado debe asumir la responsabilidad para que el sistema ferroviario se recupere. Todavía la gente viaja mal. Queremos lograr que viajen mejor". Luego abundó: "somos conscientes de que es una deuda pendiente de este Gobierno. Tenemos que reparar el servicio y las formaciones".

Para que esa política en materia de transporte sea más eficaz y refuerce el desarrollo nacional, sería conveniente que la fabricación del material y el reequipamiento de las formaciones se haga en talleres ferroviarios propios. Eso completaría el círculo virtuoso de la reestatización de los trenes, que bien podría alcanzar al Subte de Buenos Aires. Este fue inexplicablemente girado a manos de Macri, quien como era de esperar prorrogó por dos años la concesión a Metrovías-Roggio.

¿De 16 a 14?

A contramano del curso positivo que transitaba sobre rieles, los discursos y medidas en materia de "seguridad" propiciadas por el gobierno, en particular el gobernador Daniel Scioli, pero también ministros del PEN y candidatos a diputados como Martín Insaurralde, han dejado mucho que desear.

Si es por propuestas, la más nefasta puede haber sido lo de Insaurralde, quien el 5 de setiembre dijo a un medio que era partidario de bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores. Y repitió la idea nada menos que en la mesa de Mirtha Legrand, quien se ubicó a su "izquierda" en esta cuestión.

El intendente de Lomas de Zamora no estuvo solo en la propuesta, porque en los días siguientes salieron a defenderlo Randazzo y el jefe de Gabinete Juan M. Abal Medina, considerando que su proposición era "valiente" y muy oportuna para abrir el debate.

En rigor, mucho peor que esos anticipos de proyectos de ley fueron las medidas prácticas adoptadas por Scioli en la provincia que gobierna, al poner en funciones a Alejandro Granados como ministro de Seguridad. El flamante funcionario encarna la línea de más patrulleros, duplicar la cantidad de policías y multiplicar las cámaras, como si eso, más la baja en la edad de imputabilidad, fuera a producir mágicos resultados.

Bien acotó Luis Bruschtein ayer en Página/12: "los países que tienen los índices más altos de delincuencia, como México, Honduras y Colombia, tienen policías bravas. En esos países, la delincuencia creció con mano dura y policía brava".

El curso decidido por Scioli, y según sus laderos consultado y avalado por la presidenta, parece más una puja con Sergio Massa para ver quién se queda con los votos de la clase media y baja asustada por los delitos, que una verdadera preocupación por mejorar la seguridad.

En relación a la cantidad de menores que se involucran en delitos graves, los trabajadores sociales profesionales de la agrupación "Celeste y Blanca Construye" en Buenos Aires, destacaron que "una información relevada por "El Observatorio Social Legislativo" a través del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), muestra que sólo el 1,07% de las IPP (investigación Penal Preparatoria) iniciadas a personas menores de 18 años se refieren a delitos graves como homicidios dolosos".

Afortunadamente otros dirigentes del kirchnerismo, como Aníbal Fernández, Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Diana Conti y Juan Cabandié, hicieron sonar otra campana muy diferente a la del sciolismo. Eduardo Anguita, director de Miradas al Sur, kirchnerista, también se anotó entre los críticos a bajar la edad de imputabilidad.

La pelea interna está abierta en el gobierno y no tiene un final claro. Algo debería hacer reflexionar a quienes impulsan el proyecto más punitivo: el apoyo ferviente de Macri y Francisco de Narváez. Es como para que esos kirchneristas que alguna vez tuvieron posiciones progresistas se pregunten: "si la derecha más antidemocrática me apoya, quiere decir que algo mal estoy haciendo".

El grave escándalo de las narcopolicías en Córdoba indica cuáles son las mayores fuentes de la inseguridad y el delito. Son altos jefes policiales, con complicidad política y judicial. De gorra o civil, son mayores de edad; ninguno tiene entre 14 y 16 años.