OTROS C�RCULOS

La mayor�a de los detenidos no tiene condena pero est� condenado a enfermarse, e incluso a morir, por causas evitables. Adentro es m�s probable contraer tuberculosis que afuera. Y resulta dif�cil acceder a un turno en un hospital, a un preservativo y a un remedio. Dur�simo informe de los defensores generales.

En el sistema de encierro m�s grande de pa�s los detenidos conviven con muerte y enfermedad. Por a�o, al menos 70 personas encarceladas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) mueren por causas calificadas como "no traum�ticas" aunque en general se podr�an haber prevenido. La mayor�a de estas v�ctimas tiene menos de 35 a�os.

En su �ltimo monitoreo de los servicios de salud, el Consejo de Defensores —que nuclea a los defensores generales de los distintos departamentos judiciales de la Provincia— manifest� alarma por la situaci�n. Advirti�, por ejemplo, que la tuberculosis (TBC) aumenta entre la poblaci�n carcelaria en proporciones "geom�tricas, si se comparan los datos en forma retrospectiva a cinco o diez a�os", y que es "claramente superior" la posibilidad de enfermarse de TBC en la c�rcel que en el medio libre. Entre 2011 y 2012, 40 defensores realizaron rondas de inspecci�n en todas las unidades penitenciarias del sistema provincial.

En c�rceles que s�lo tienen lugar para alojar a la mitad de los 29.000 detenidos bonaerenses, la enfermedad se expande como reguero de p�lvora. Como la TBC, el HIV tiene una alta incidencia entre las personas que est�n encerradas en las unidades penitenciarias porque no hay una "real conciencia" sobre la posibilidad de promover la erradicaci�n del contagio, "ni existen programas formales de prevenci�n", sostienen los defensores. A ello se suma la "negaci�n" de las autoridades a reconocer la existencia de sexualidad entre la poblaci�n carcelaria masculina, lo que se traduce en la ausencia de pol�ticas activas para evitar la propagaci�n de enfermedades de transmisi�n sexual, como por ejemplo "programas de distribuci�n de preservativos".

Seg�n ese informe, por lo menos el 75% de los detenidos permanece encerrado sin que se lo haya encontrado responsable de cometer un delito; es decir, con prisi�n preventiva. En el Informe Anual 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) qued� asentado que 29 de las 56 unidades penales bonaerenses est�n sobrepobladas, pero ninguno de estos datos impide que el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, revise las pol�ticas de encarcelamiento. Y el pasado mes, la legislatura provincial aprob� una ley que limita las excarcelaciones de manera autom�tica en caso de portaci�n ileg�tima de armas de fuego.

El relevamiento encarado por los defensores advierte que estas personas engrosar�n el n�mero de las condenadas a enfermarse en las celdas del SPB. "La poblaci�n carcelaria ha adquirido enfermedades a partir de su encierro" y la ausencia de protocolos de higiene ambiental y la escasez y mala provisi�n de alimentos hacen lo suyo. A esto se suma la mala atenci�n del servicio m�dico, caracterizado por la falta de profesionales y de una pol�tica articulada de promoci�n y prevenci�n de la salud.

En la Unidad 17, de Urdampilleta, por la noche no hay m�dicos ni cuentan con un m�vil para trasladar a un enfermo en caso de presentarse una urgencia. Lo mismo sucede en el sector de sanidad de las unidades penitenciarias de Azul y en otras tantas. En la c�rcel de General Alvear el foco es el ausentismo de los m�dicos: "Esta unidad es un ejemplo de mala asignaci�n de recursos por parte del Estado ―dicen los defensores en su informe. Y se impone seguir leyendo—: Cuando fue inaugurada contaba con un amplio sector de sanidad y un quir�fano avanzado que ni siquiera en la actualidad funciona. Poco a poco se ha ido desmantelando su equipamiento hasta dejarla pr�cticamente sin operatividad alguna".

Otro condicionante es la imposibilidad de articular la atenci�n necesaria con el sistema de salud extramuros. La "ca�da" de los turnos concedidos en los hospitales p�blicos es la constante, no se concretan por cuestiones que van desde la falta de movilidad para el traslado de los internos hasta la omisi�n por parte del personal penitenciario y/o sanidad en la confirmaci�n del turno oportunamente asignado.Un caso emblem�tico es el de la unidad de Lisandro Olmos en La Plata, donde casi el 70% de los turnos brindados para la atenci�n de los detenidos no pudierone fectivizarse "dada la incomparecencia del paciente por falta de movilidad".

A esto se suma una habitual falta en antibi�ticos, analg�sicos,caja de suturas, ox�geno, f�rulas para inmovilizar, y una tambi�n habitual presencia de medicamentos vencidos (en la Unidad 31, de Varela, los defensores encontraron vencidos psicof�rmacos y medicamentos para enfermos de VIH o con accidentes card�acos. Tambi�n detectaron falta de registro sistem�tico y de seguimiento de las historias cl�nicas de los detenidos, que lejos est�n de ser tratados como pacientes por los profesionales que suelen atenderlos.

En las historias cl�nicas de los internos "no figuran ex�menes de laboratorio destinados al control y seguimiento de patolog�as ya diagnosticadas, a nuevos diagn�sticos y a evaluar los posibles efectos adversos de algunos f�rmacos, ni los dosajes que determinados f�rmacos requieren para ajustar la dosis", se lee en el informe de los defensores que recorrieron las c�rceles provinciales.

La ya mencionada falta de medicamentos es moneda corriente y la interrupci�n de los tratamientos, su inmediata consecuencia. Esto determina que muchas veces las intervenciones m�dicas terminen atadas a pedidos que se sustancian judicialmente o librados a la voluntad de los m�dicos intervinientes.

Entre las conclusiones de este duro informe el Consejo vincul� hacinamiento con el agravamiento de la pena: "Genera, entre otras cosas: la sobresaturaci�n de los servicios de salud; la propagaci�n de enfermedades contagiosas de todo tipo; la imposibilidad de contar con espacios para tratar adecuadamente a aquellos internos que necesitan tratamiento especial; y, como se ha dicho, incrementa fricciones y disputas entre los presos que muchas veces dejan heridos graves e incluso muertos".

El agravamiento de la pena es considerado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos una forma de tortura "naturalizada" en los sistemas carcelarios. En el �ltimo Congreso Internacional de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el titular de la Procuradur�a contra la Violencia Institucional, Abel C�rdoba, advert�a que tan evidente es la incondicionalidad del sistema judicial que evita sancionar los malos tratos a detenidos que pareciera existir "una habilitaci�n legal para torturar". A la pena de prisi�n se suma el dolor infligido diariamente en un esquema que conjuga arbitrariedad y abandono.

El informe cierra con una serie de sugerencias para, por los menos, dar una respuesta urgente al problema que afecta la vida de 29.000 personas en c�rceles y alcaid�as bonaerenses. Algunas de ellas:

-Sancionar una ley de cupos que: a) establezca criterios claros para definir la capacidad m�xima de las unidades carcelarias, b)proh�ba el alojamiento por encima del n�mero de plazas establecido, y c) establezca un mecanismo �gil y efectivo para corregir de manera inmediata cualquier situaci�n de exceso de los cupos establecidos.

-Capacitar al personal actual sobre el contenido de sus obligaciones y de las pautas que en materia de salud en contexto de encierro prev�n los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Urge establecer mecanismos de comunicaci�n fluida para obtener turnos, coordinar traslados y transmitir resultados de manera �gil y eficiente entre las unidades carcelarias y los centros de salud p�blica.

-Realizar una primera evaluaci�n profunda y sistem�tica de los procesos y resultados generados en la atenci�n de la salud en las c�rceles de la provincia a trav�s de los servicios de auditor�a m�dica de salud p�blica, de manera tal de obtener un diagn�stico profesional respecto de las deficiencias observadas.