El juez Horacio Días, en su introducción a la lectura del veredicto contra los asesinos de Mariano Ferreyra, dijo que, con la muerte de Walter Bulacio, se acabaron las razzias en los ‘90. Y es inevitable preguntarse ¿qué piensan de esa afirmación los millares que, como Walter en 1991, hoy viven a diario la represión del estado? ¿Qué le responderían los que saben que vivimos todos los días a la sombra del gatillo fácil, al frío de la tortura en comisarías y cárceles y conviviendo con las detenciones arbitrarias, la averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones, las razzias? Probablemente la respuesta no sería una caricia.

Invitamos al señor juez a que salga a caminar por las calles, para constatar por sí mismo la falsedad de su afirmación y a resignificar su concepto de "razzia", para comprender un poco más la época en que vive.

Walter Bulacio tenía 17 años, pertenecía a la clase trabajadora y había acudido al estadio Obras a ver a un grupo de rock –Los Redondos– cuyo público mayoritario pertenecía a esa clase. Lo cazó una razzia de la policía federal que, aún siendo Walter menor de edad y, además, sin ninguna razón para ser detenido, lo arrastró hasta la comisaría 35ª junto a un centenar de jóvenes, en un operativo tan escandalosamente ilegítimo como cotidiano, durante el cual fue apaleado, en nombre del control social, lo que causaría su muerte una semana después.

En el marco de uno de los procesos más oscuros de la historia jurídica de este país, increíblemente viciado en todos sus aspectos por obra y gracia de los poderes e instituciones del estado – policía, dirigentes, jueces, fiscales -, siempre coincidentes a la hora de defender los privilegios que los fundan, el comisario Miguel Ángel Espósito fue sobreseído en 1992, y, lo que es más grave, se legitimó judicialmente el "Memo 40", una Orden del Día secreta de la policía federal que, básicamente habilitaba las detenciones arbitrarias e ilegales de menores de edad.

La movilización popular, que instaló el nombre de Walter como símbolo y bandera de lucha de generaciones condenadas a la exclusión social y apaleadas criminalmente por el verdugo azul del sistema, y la militancia de CORREPI, lograron que la Corte Suprema revocara esa decisión, y el comisario fuera nuevamente procesado. Siguieron las dilaciones, por lo que llevamos el caso a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH). En 2003, la causa llegó a la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), que, después del juicio oral que la justicia argentina no quiso hacer, condenó al estado argentino por violar el derecho a la libertad, a la integridad física y a la vida de Walter.

El gobierno argentino nunca cumplió esa condena, que le exige terminar con todas las normas y prácticas que habilitan (también hoy, Dr. Días) a las fuerzas de seguridad a detener a cualquiera, en cualquier lugar, porque sí. Ese sistemático incumplimiento de la sentencia del tribunal internacional muestra que, más allá del gobierno de turno, es el estado burgués el que no quiere que sus herramientas para ejercer el control y disciplinamiento social sean cuestionadas

En este año 2013, cuando ya se han cumplido 22 años de la detención y muerte de Walter, parece que, finalmente, el comisario Espósito será juzgado en Argentina. Claro que no, como correspondería, por las torturas y la muerte de Walter, sino sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado. Como lo hemos dicho muchas veces, un juicio que llega tarde, y mal, pero que hemos arrancado con la lucha sostenida.

Las manos de Nazareno, compañero de colegio de Walter, detenido junto a él en la puerta de Obras, inmortalizaron un mensaje en la pared del calabozo. El mensaje decía: "Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS. 19/04/91".

Cayeron por estar parados, por hacer nada, por estar esperando entrar a ver su banda. Por estar parados, (como ayer, como hoy) como cuando ellos llegan de improviso y te detienen porque sí.

Parados, como estaban algunos integrantes del campo popular en ese momento.

Hoy nosotros estamos de pie, como estuvimos y vamos a estar. Hoy sabemos que no vamos a dar un paso atrás por verlos acercarse, y que, por el contrario, por cada uno de los fusilados por el gatillo fácil y cada uno de los torturados en comisarías, vamos a dar un paso al frente.

A 22 AÑOS DE IMPUNIDAD… POR WALTER Y POR TODOS: ¡BASTA DE REPRESIÓN, TORTURAS Y GATILLO FÁCIL!

Hace casi tres años, el 11 de julio de 2010, Fernando "Pata" Diaz fue fusilado por el subteniente bonaerense Pablo Apecechea en su propia casa.

El martes pasado, tribunal oral nº 4 de Mercedes condenó al subteniente Apecechea a prisión perpetua por haber asesinado siendo policía. No es la primera vez que desde CORREPI logramos una perpetua para un policía, sentencia nada fácil si tenemos en cuenta que jueces, fiscales y policía forman parte del mismo aparato represivo. Sin embargo, esta vez los jueces no pudieron sostener, como en muchos otros casos de gatillo fácil, que se trataba de un "enfrentamiento", "un exceso" o simplemente una "equivocación", para luego dar condenas ridículas que dejan en libertad a los asesinos, premiándolos por haber cumplido su función: la de reprimir.

Y si no pudieron hacerlo, no fue porque sean complacientes, sino porque se vieron obligados por la lucha y la movilización popular a dictar esa condena. Pablo Apecechea fue condenado a prisión perpetua no sólo por asesinar, sino por hacerlo como integrante de las fuerzas de seguridad. Así, la misma ley que permite las detenciones arbitrarias y encarcela luchadores se vio obligada a exponer que no es lo mismo la represión estatal que la defensa popular.

El caso, de amplia repercusión en Moreno, el barrio de la familia Díaz, puso en evidencia la criminalidad institucional de la policía: una simple discusión familiar fue resuelta con un nuevo asesinato por un miembro de una comitiva integrada por 6 efectivos. Se trataba de calmar a un hombre alterado por una discusión familiar y que, en estado de ebriedad, no entrañaba ningún peligro para nadie. No lo creyó así el oficial Apecechea, que disparó una escopeta tres veces sobre el torso del Pata, dándole muerte casi instantáneamente.

La sentencia, una de las pocas que se registran con aplicación de la figura agravada del homicidio cometido por un policía en razón de su investidura, habla de una muerte "innecesaria y absurda".

Esta definición, sin embargo, amerita la interpelación que en CORREPI y desde siempre formulamos: ¿es que hay muertes necesarias y hasta lógicas cuando se instrumenta la política sistémica del gatillo fácil sobre los pibes pobres de nuestras barriadas?

¿Qué tiene de necesario y lógico el balazo en la nuca de un pibe que escapa sin posibilidad alguna de defensa?

El del Pata Díaz fue un caso distinto en sus formas, pero idéntico al resto de los gatillos en su genealogía: la policía disciplina, la policía mata, porque es la institución que "ordena" la vida de los pobres, la institución que tiene entre sus fuerzas a miles de Apececheas dispuestos a engrosar la lista de criminales legales, que siguen las órdenes escritas y de las otras, que portan armas truchas y "no blanqueadas en las comisarías, armas que se compran y no se transfieren pero que se usan en el servicio y cuando se mandan una macana como ésta la hacen desaparecer", como reconoció el propio Apecechea en su indagatoria. Como las armas que se plantan, las denominadas "perros", con los que se pretende justificar el fusilamiento, agregamos desde CORREPI.

Esta sentencia es bien recibida, pero no cambia las cosas. No es con espasmos de indignación judicial que se termina nuestra lucha. Más que nunca, esta sentencia debe servir para adquirir la conciencia sobre la necesidad de seguir luchando por todos los hechos represivos que se repiten a lo largo y ancho del país y que no terminan del mismo modo.

Esta sentencia es una excepción confirmatoria de una regla fundante: "se hunde en la pobreza, el uniformado mata a los pobres y se consagra su impunidad..." Cuando la evidencia es tal que no da para eso, se lo condena levemente y sólo en casos contados se cae con todo.

Éste ha sido uno de esos casos, en donde la participación de CORREPI en el ámbito de la justicia ha servido para ponerlo en evidencia, para obligarlos a condenar, para que no queden dudas que la otra justicia, la real y verdadera, estuvo todos estos días en la Plaza San Martín de Mercedes, allí donde un grupo de compañeros, con la movilización y la desnaturalización de estas políticas de estado, sentenció a perpetuidad al sistema opresor que resguarda a los que matan y, por regla general, absuelven.

Desde hace un tiempo, en la localidad cordobesa de Icho Cruz, ubicada al sudoeste de Villa Carlos Paz, ha recrudecido la represión hacia los vecinos del barrio Comechingones: represión traducida en el intento de desalojo que el estado le reclama a las 100 familias sin hogar que tomaron terrenos abandonados por una empresa para vivir dignamente y construir en ellos la cooperativa de trabajadores y trabajadoras Solares de Icho Cruz.

Evidentemente, la afectación de la propiedad privada, aun cuando se trate, como en este caso, de tierra que llevan 20 años abandonadas, es una de las acciones más duramente castigadas por el estado. Véase la sangrienta represión a los Qom en Formosa o la del Parque Indoamericano a fines de 2010. Claramente esto visibiliza el rol gerenciador de los gobiernos frente al negocio inmobiliario, que, a fuerza de represión policial y judicial, busca mantener un negocio que significa el 16% de la economía (entre el mercado inmobiliario y de la construcción).

Es por eso que, durante el último mes, se desalojaron 19 familias y se encarceló a 21 personas, entre ellas Juan Cochrane, dirigente de la cooperativa local, que fue allanada y saqueada por orden del fiscal Gustavo Marchetti (sobre el que pesan ocho denuncias vinculadas al narcotráfico).

Lo mismo sucede en la localidad de Piedras Blancas, también en Córdoba, donde 150 familias ocupan 16 hectáreas de un terreno público, como el Indoamericano, desde hace 6 meses. Es que el negocio inmobiliario no es sólo de los terrenos privados. Sean tierras de particulares o estatales, los gobiernos y sus socios se aseguran de que su renta queden en sus manos.

Desde CORREPI denunciamos el accionar de la policía, jueces, fiscales, ministros y empresarios, que persiguen a los trabajadores ocupados y desocupados que reclaman el derecho a una vivienda digna y a un trabajo.

Creemos firmemente que la represión y el negocio privado son política de estado y rechazamos la idea de que las represiones sufridas por el pueblo en el parque Indoamericano, en Chaco o en Formosa, en Icho Cruz y en tantas otras reivindicaciones de los trabajadores, provengan de una fuerza policial corrupta o autogobernada. Como lo recordamos en otra nota, como dijo uno de los comisarios en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra, "la policía no decide nada sola, orden de reprimir es siempre del poder político.".

El 25 de septiembre de 2010, el policía federal Maximiliano Germán Ledezma, custodio de la Presidencia, fusiló con su arma reglamentaria a Walter Robles y Leandro Pérez, dos adolescentes de Villa Fiorito. Llegamos al juicio oral después de una larga batalla, en la calle y en los tribunales, para que se lo acusara por los dos crímenes. Es que Ledezma tuvo tiempo de simular que "encontró" un arma junto al cuerpo de Walter antes que la calle Pío Baroja se llenara de indignados vecinos que le recriminaron el fusilamiento que varios de ellos presenciaron. Así, amparado en la legítima defensa, pasaron a un segundo plano las cuatro heridas de bala en la espalda, que, como las tres de Leandro, no dejan dudas de qué sucedió. Tres años de movilización y pelea constante de Marcela y Neli, las mamás, organizadas en CORREPI, lograron revertir la decisión de sobreseerlo por uno de los asesinatos, y hace dos semanas empezó el debate.

Los vecinos que vieron a los chicos correr por la calle, y al policía, de pie y muy calmo, tomar puntería hacia uno y luego el otro –tanta, que de 8 disparos que hizo, sólo uno no dio en sus blancos- desbarataron la versión que hizo el asesino en su defensa, alegando pánico, terror porque creyó que lo iban a matar.

Tan contundente fue el relato de esos vecinos, que el fiscal requirió que se condene al federal a 20 años de prisión. No acusó, claro está, por el homicidio agravado por la condición de policía, sino por homicidio simple, como si, en lugar de chapa y pistola, hubiera sido un albañil. CORREPI acusó por homicidio agravado, pidió prisión perpetua, y que se revoque el beneficio, extraordinario para los presos comunes, habitual para policías, del arresto domiciliario que desde hace un año disfruta el asesino.

El tribunal oral nº 3 de Lomas de Zamora, más preocupado por la enorme cantidad de compañeros que vienen movilizándose para acompañar las audiencias que por la agilidad del juicio, ha ido fraccionando el debate en cortas jornadas de dos o tres horas con intervalos de hasta diez días, con la clara intención de dificultar la presencia de los militantes antidepresivos, en su enorme mayoría familiares de víctimas organizados en CORREPI, que colman la pequeña sala y hacen el aguante afuera.

Así, el 3 de mayo, al cierre de los alegatos, convocaron para el lunes 13, a las 12:00, para escuchar las últimas palabras del homicida. De la sentencia, que parece que tienen pocas ganas de dictar, ni noticias todavía. Deberían saber, a esta altura, que vamos a seguir estando, aunque les moleste, porque sabemos que lo que les molesta, es la organización.

El viernes 3 de mayo, el gobierno llevó a cabo un costoso y mediático encuentro en el marco de su "Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional". Invitaron como panelistas a gobernadores y secretarios de distintas provincias, al juez Eugenio Raúl Zaffaroni, al presidente del Cels, Horacio Verbitsky; a la ministra de seguridad, Nilda Garré, y a Estela de Carlotto, entre otros personajes. También convocaron (y trajeron en micros fletados por el ministerio de Justicia) a familiares de víctimas de lo que llaman "violencia institucional", es decir, víctimas de la represión estatal. Allí, los panelistas hablaron sobre gatillo fácil, tortura, detenciones arbitrarias, violencia policial, represión a protestas. Podría resultar extraño, teniendo en cuenta que, hasta no hace mucho tiempo, este gobierno negaba que todas estas cosas ocurrieran, pero de extraño no tiene nada, ya que éste ha sido uno de los gobiernos más hábiles en el arte de reprimir con consenso.

Esta "campaña", que existe hace un tiempo, ya ha mostrado que no es más que otra de las tantas herramientas que ha sabido crear el kirchernismo para reprimir con el menor costo político y el mayor consenso posible. Lejos de pretender cambios profundos respecto a "la problemática", como ellos la llaman, sirve para negar el carácter sistémico de la represión. Muy clarito ha quedó esa idea en el panel liderado por Garré, donde se dijo "necesitamos recuperar la confianza en las fuerzas". Y es contundente al respecto la publicación "Políticas de Seguridad de la Nación", editada por el ministerio de Seguridad y repartida durante la jornada, donde se dice que, junto con la línea 911, las 1.200 cámaras de vigilancia instaladas, los más de 4.000 efectivos de policía federal, gendarmería y prefectura puestos en la calle en el último tiempo, se ha puesto en funcionamiento el "Centro de Comando y Control de la PFA" conectado con los 350 nuevos patrulleros que incorporan las últimas de las tecnologías para tenernos a todos bien cerquita en la mira y accionar de forma rápida si parecemos demasiado peligrosos para sus intereses.

Otra idea central que fue común escuchar entre los panelistas, es la de "dos gobiernos paralelos", en alusión a la tesis de que la policía se autogobierna y autodetermina, lo que permite esquivar toda responsabilidad estatal. Pero no es otro que el estado quien garantiza la desigualdad social, y gestiona la represión, herramienta más que necesaria para eso. Así se vio claramente cuando, frente al reclamo de vivienda digna de cientos de personas en el Parque Indoamericano, la respuesta fue la represión conjunta entre la Nación y la Ciudad, con decenas de heridos y tres asesinados, y la creación del ministerio de Seguridad, desde el que se centraliza la militarización del país.

El gobierno que pone en pie la "Campaña contra la Violencia Institucional" es el mismo que lleva adelante el Proyecto X e infiltra servicios en las organizaciones políticas; es el que actualiza las leyes antiterroristas; es el mismo gobierno que tiene en su haber más de 4.000 criminalizados por luchar, más de 2.300 asesinados por el gatillo fácil y la tortura y 20 muertos por la represión a la protesta social.

¿Autogobierno de las fuerzas de seguridad? No. Es el estado, a través de los distintos gobiernos de turno, quien dirige las fuerzas represivas, como dijo en su defensa uno de los policías en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra: "la decisión se toma en el poder político, allí se decide si se tolera la movida, como contra la casa de Tucumán, o si los sacan a patadas, como a los docentes de Santa Cruz". Entonces, no hay un doble discurso de parte del gobierno, que por un lado dice resolver y por el otro reprime. Es una sola la política represiva, que también se ocupa de la construcción de consenso, para lograr una "cortina" que les permita reprimir sin costos políticos, desligando responsabilidades.

Bien lo dijo nuestro compañero César Antillanca, padre de Gonzalo Julián Antillanca, asesinado por la policía en Trelew en 2010, que fue invitado a participar de la campaña como familiar de víctima, y que, conociendo la farsa que ésta representa, tomó el micrófono para decir, entre otras grandes verdades: "Si hay alguien que depende de los poderes ejecutivos provinciales y nacional son los sistemas de seguridad. (…) Que no nos quieran hacer creer que nosotros somos víctimas de un gobierno paralelo".

El despliegue de carpas, escenarios y folletos a todo color –algunos plagiados, como la versión K que elaboraron del "Manual del Pequeño Detenido" de CORREPI- no debe confundirnos, y hacernos creer que están para cuidarnos. La pretensión de esta campaña es clara: invitar a todo aquel que quiera hacer algo por los pibes asesinados, torturados, o detenidos ilegalmente a usar las vías que ellos proponen, que no son más que las vías del engaño. Sabemos que, a través del estado, no se puede eliminar la represión. Únicamente la organización independiente de quienes nos reprimen es el camino para luchar. CONTRA LA REPRESIÓN ¡ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE Y LUCHA CONSECUENTE!

Aunque no todos recordaran su nombre, no hubo militante que no reconociera al oficial de la policía federal Américo Alejandro Balbuena cuando la Agencia de noticias alternativas Rodolfo Walsh denunció al infiltrado y comenzó a circular su foto.

Hoy sabemos que su cotidiana presencia en cuanta marcha, acto, conflicto, corte o movilización popular hubiera no respondía a su compromiso con la información alternativa, sino que era liso y llano "cumplimiento del deber". Desde 2002, y sin solución de continuidad, el oficial de inteligencia de la PFA trabajó infiltrado como movilero de la Agencia Walsh, además de conducir programas de radio, como "Nada es casual", que se emitía durante 2008 en AM770 (Radio Cooperativa). Por ejemplo, el 15 de julio de 2011, el oficial Balbuena cubrió la conferencia de prensa en la que una gran cantidad de organizaciones anunciamos la promoción de la denuncia penal contra el burócrata Gerardo Martínez, de la UOCRA, por su tarea como espía de la dictadura desde el Batallón 601. Allí, el colega federal del denunciado entrevistó a Enrique "Cachito" Fukman de la AEDD; a Oscar Castro del SITRAIC y a María del Carmen Verdú de CORREPI.

Según informó un comunicado del ministerio de Seguridad del mismo día en que los compañeros de la Agencia Walsh hicieron pública la identidad del infiltrado oficial de inteligencia de la PFA, " Nilda Garré requirió un informe urgente al jefe de la Policía Federal sobre las tareas que desempeñaba Américo Alejandro Balbuena y sobre otros efectivos del área de reunión de información; resolvió iniciar una investigación sumaria y pasar a disponibilidad preventiva a personal de inteligencia de la Policía Federal Argentina para contribuir a esclarecer si las tareas que realizaba están comprendidas o no dentro de las funciones asignadas a la fuerza por la ley de Inteligencia".

Desde CORREPI afirmamos que no tiene la menor importancia establecer si las "tareas" son de las legalmente asignadas a la PFA por la ley de Inteligencia. La legalidad es lo que los mismos que nos espían dicen que es. Lo que el episodio prueba, de nuevo, es que, por dentro o por fuera de la legalidad normativa, el gobierno espía a las organizaciones del pueblo trabajador. Por más de 11 años, un oficial de inteligencia de la PFA cobró su sueldo mensualmente, sin cumplir para la fuerza otra función que la que tuvo ordenada: infiltrarse en una agencia de periodismo alternativo de reconocido prestigio militante, a cuyos compañeros todas las organizaciones abrimos nuestras puertas porque están junto a nosotros en todas las luchas. Ni Garré ni nadie en el gobierno necesita pedir informes a sus subordinados para saber qué hizo el oficial Balbuena durante más de una década: ellos le pagaban para que lo hiciera. ¿O creían que estaba dirigiendo el tránsito?

El Proyecto X (también de más de una década de existencia, aunque modernizado y perfeccionado en los últimos años), y el oficial Balbuena simplemente muestran la única cara del "gobierno de los DDHH". Como dijimos entonces, "para el que quiera ver las cosas como realmente son, ahí están los hechos, indiscutibles, y confesos".