LA ARENA

Privatización, financiamiento y condiciones laborales abonan todos los ciclos escolares el conflicto en la educación pública. Un mismo hilo conductor y una historia repetida.

Cada año el conflicto en, y por, la educación pública tiende a repetirse. El enfrentamiento de los educadores con los funcionarios del área, nacionales o provinciales, puede tener distintas formas de expresión y de resolución momentánea, pero reconoce una misma matriz, cuyos principales componentes no son otros que privatización, financiamiento y condiciones laborales.

Con el inicio de cada ciclo escolar los problemas salariales del sector, el déficit de la infraestructura edilicia, y las desigualdades interprovinciales vuelven a ocupar el centro de la escena. No es igual en todas las provincias, pero el hilo conductor que recorre los conflictos es el mismo.

Más allá de que muchos de los problemas de la educación remiten a varias décadas atrás, no es menos cierto que se acrecentaron en los años 90 cuando desde el gobierno de turno buscaron sepultar los contenidos más progresistas de la Ley 1420, sancionada en 1884 y reconocida como fundamental en la construcción de nuestro Estado y en la integración social. Dicha ley establecía que las escuelas públicas eran responsabilidad del Estado y que podían acceder todos. El concepto era una matrícula abierta y gratuita, por eso la ley se denominaba de Educación Común.

Los años 90 fueron los del reino del mercado, de las desregulaciones, de la reconversión productiva y de la reforma del Estado. Es este nuevo modelo de acumulación y reproducción de los negocios bajo la hegemonía del capital financiero el que abrió el espacio para una reforma estructural de la educación en el país, compatible con las tendencias mundiales del neoliberalismo.

El eje fue la Ley Federal de Educación (24195/93) que reemplazó a la 1420, precedida por la de Transferencia de los Servicios Educativos a las Provincias (24049/92), finalmente complementada por la de Educación Superior (24591/95).

En poco más de tres años, por medio de este corpus legal, se descentralizó y transfirió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la prestación educativa y se impusieron los lineamientos básicos para la transformación del sistema en todos sus niveles (primario, secundario y terciario).

El gobierno nacional se desentendió así de la prestación del servicio educativo. La reforma puso en un mismo nivel a la educación estatal y a la privada, ambas fueron consideradas públicas pero se diferenciaron en la gestión. Sin embargo, subsidió a esta última en tanto la descentralización cargó sobre las arcas de las provincias el sostenimiento financiero, aumentando la fragmentación del sistema y generando enormes desigualdades entre las jurisdicciones.

El neoliberalismo no es más que una etapa del capitalismo, como antes hubo otras, que mercantilizó todos los espacios que pudo e hizo a las sociedades más clasistas de lo que ya eran. Esto se reprodujo en la educación.

La reforma del sistema tuvo como objetivo no explícito imponer una política educativa acorde con esa mayor polarización social. Por un lado, porque convalidó la existencia de escuelas públicas pobres de baja calidad y con escasos fondos, y escuelas privadas pagas con mayores recursos. Por el otro, porque cristalizó las desigualdades sociales, ya que en general son distintas las clases que se matriculan en uno u otro sector educativo. Debe distinguirse aquí que, por insuficiencias del sector público, una parte del pueblo pobre envía a sus hijos a escuelas confesionales cuya cuota suele ser de bajo monto. Por último, porque agudiza las desigualdades regionales ya que no todas las provincias tienen la misma capacidad financiera, ni el mismo desarrollo cultural.

En los años de hegemonía neoliberal proliferaron también las ideas de "la educación de mercado", las llamadas escuelas "voucher", las "charter" y las de "gestión social". Modelos, que inspirados en la experiencia de los EEUU, resultaban financiados por el erario público pero administrados como instituciones privadas. El individualismo y la autonomía en las que se afirmaban les permitiría moverse al margen de la mayoría de las reglamentaciones vigentes en el sistema público. En realidad estos modelos constituyen una etapa superior de la privatización, que crece sobre la degradación de la escuela pública, incluida la flexibilización de los docentes, y tienden a romper los contenidos socializantes de esta.

Con el estallido de la convertibilidad el proceso de acumulación y reproducción de capitales pasó a ser comandado por el capital productivo. Se inició así un período que denominamos neo-desarrollismo y que tiene también su correlato en la educación. Esto se expresa en la Ley de Educación Nacional (26206/06) y en la de Financiamiento Educativo (26075/05), ambas contienen elementos de ruptura y también continuidades con el pasado inmediato.

Por la primera se implementó una sola estructura educativa en reemplazo de las 54 existentes en el país. Se elevó a 13 años la escolaridad obligatoria y se obligó al Estado a ofrecer salas de 4 años. Se estableció la jornada extendida o completa en la escuela primaria y se impusieron contenidos obligatorios. Sin embargo, se sigue considerando como educación pública tanto a la estatal como a la privada, se mantiene la política de subsidios y la descentralización provincial de los servicios educativos y no se ha revertido el deterioro del trabajo docente. Por lo demás, la doble escolaridad es muy limitada y en el sector estatal no hay apertura de nuevas salas de 4 años, aunque sí en el sector privado. Se elevan los años de escolaridad pero la ley da la posibilidad de que las provincias opten por una primaria de seis y secundaria de seis o de siete y cino años, con lo cual hoy tenemos once provincias con la última opción y trece con la primera.

La segunda fija el objetivo, ya enunciado en los 90, de llevar la inversión educativa al 6 por ciento del PBI. De ese total, el Estado Nacional debe aportar el 40 por ciento y las provincias el 60 por ciento restante.

Lo que dejó la reforma de los 90 es un Ministerio de Educación nacional sin escuelas, que solo destina fondos para las universidades, para el incentivo docente y para las políticas educativas centralizadas. Esto fue acompañado de un fuerte ascenso de la privatización y el deterioro de las condiciones laborales de los docentes.

En el período 2004-2010 la matrícula escolar se incrementó en 452.000 alumnos, de estos el 83 por ciento se inscribió en escuelas de gestión privada. En la actualidad el 29 por ciento de los alumnos del país asiste a escuelas privadas, el 65 por ciento de estas recibe subsidios del Estado nacional, lo que representa algo así como el 13 por ciento del gasto educativo total. En la provincia de Buenos Aires, escenario de grandes conflictos docentes, el 35 por ciento de los alumnos está matriculado en el sector privado, el 73 por ciento de esas escuelas recibe subsidios por un monto cercano al 20 por ciento del presupuesto provincial.

Según el ejecutado del presupuesto nacional de 2012 la inversión educativa consolidada (Nación más las provincias) alcanzó al 6,47 por ciento del PBI, superando lo previsto en la ley. Sin embargo, lo aportado por Nación solo fue del 2,2 por ciento (1,45 por ciento al sistema educativo formal más 0,75 por ciento en programas focalizados). Así el Estado nacional no alcanzó a aportar el 40 por ciento como fija la ley. Pero lo sustantivo es que el 30 por ciento de esa inversión fue derivado al sostenimiento de la escuela privada en detrimento de la pública.

Para la docente e investigadora Laura Marrone "es necesario reabrir el debate sobre la cuestión del presupuesto de la educación. Se necesita derogar el actual sistema de financiación. El Estado nacional debe volver a hacerse cargo de la educación en todos sus niveles y llevar al 10 por ciento del PBI la inversión educativa, que debe ser aportada en partes iguales por Nación y provincias".

Enfrentar el problema presupuestario es un primer paso para abordar el conflicto educativo en su integralidad. Mientras persista esta política de subsidiar a la escuela privada no habrá mejoras duraderas para la escuela pública. Y los conflictos se reiteraran una y otra vez.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.