Carlos del Frade

APE

El miércoles 15 de diciembre de 2004, el diario "Página/12", informaba que "tal como estaba previsto, el pliego de Ricardo Lorenzetti para ocupar el cargo de Adolfo Vázquez en la Corte Suprema fue aprobado ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado. Durante una hora y media, el jurista santafesino respondió a las impugnaciones recibidas en su contra y al cuestionario elevado por los senadores y Organizaciones no gubernamentales", decía la cabeza de la nota firmada por la periodista Adriana Meyer.

El ex apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa se aprestaba a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego sería elegido presidente por dos períodos consecutivos hasta el año 2012. Jamás olvidaría quiénes impugnaron su designación.

Uno de ellos, la Asociación Médica del Departamento Castellanos. "Desde el año 1996 hasta el 2000, el abogado Ricardo Lorenzetti, propuesto hace unos días para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia; fue socio capitalista y fundador de una de las primeras gerenciadoras de salud en Rafaela: Apreme. Con un capital de 400 pesos, Lorenzetti comenzó a recorrer los pasillos de la medicina privada", comenzaba la nota del diario "Castellanos", del 19 de octubre de 2004.

En ese tiempo las denuncias judiciales contra la Asociación Médica del Departamento Castellanos llegaron a sumar casi dos decenas.

Para los integrantes de la gremial esa persecución legal se debe, entre otras razones, a la carta enviada el 27 de octubre de 2004 al entonces Ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Horacio Daniel Rosatti.

"En reiteradas oportunidades la presidenta del Programa Asistencia Médico Integral (PAMI), licenciada Graciela Ocaña, denunció el accionar de empresas gerenciadoras como intermediarias parásitas en el sistema de salud, atribuyéndoles a su desmanejo en la década del noventa, la crisis financiera que afrontó el Instituto. La licenciada Ocaña, quien cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, debe enfrentar a diario los grupos de poder que operan en el PAMI, que transformaron la prestación de servicios en un negocio y que ocasiona graves perjuicios en la calidad de atención de sus afiliados", decía uno de los párrafos de aquella carta.

El doctor Ricardo Lorenzetti "fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: Apreme, constituida en el año 1996 y tuvo una activa participación durante cuatro años. Según consta en el acta constitutiva de dicha sociedad. Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento y apoyan nuestra impresión numerosas denuncias radicadas en la Agencia del PAMI de Rafaela. Además dejamos constancia de que como socio y abogado de la gerenciadora de salud de Rafaela, Apreme, operó ininterrumpidamente contra nuestra entidad gremial con demandas judiciales de todo tipo, por considerarnos competencia, a pesar de que nuestro fin no es el lucro. Si bien no podemos demostrar dolo ni ilegalidad en esta actuación del abogado rafaelino, lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación", terminaba el escrito.

En el anuario 2004, el diario "Castellanos" resumió una serie de artículos en relación al doctor Lorenzetti y sus vínculos con las empresas de salud privada de Rafaela. "Lorenzetti participó de la elaboración de la ingeniería legal de un grupo societario de dueños de clínicas y sanatorios que durante años prácticamente monopolizó el negocio de la salud en la ciudad. De esta sociedad (constituida a principios de 1994) participaron inicialmente los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro (integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente). Más tarde se incorporó el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud en Rafaela destinada fundamentalmente a gerenciar contratos de obras sociales haciendo de intermediaria entre éstas y los sanatorios", apuntaba la nota.

Agregaba que "las autoridades de las clínicas se comprometieron "a dictar conductas prestacionales a los médicos que integran los planteles de sus respectivos sanatorios a los fines de bajar costos".

De esta medida surgió lo que en los sanatorios se conocía como una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti", afirmaba el diario.

"Finalmente el jurista fue socio de los principales dueños de clínicas y sanatorios rafaelinos en Apreme, entre los años 1996 y 2000. Integró la sociedad con un 4 por ciento, participaba del reparto de las ganancias y tenía un ingreso fijo mínimo mensual de 4 mil pesos establecido en el contrato societario que él mismo redactó. Apreme manejaba las cápitas de 20 mil jubilados, un negocio de unos diez millones de pesos (o dólares) al año. Los vínculos de Lorenzetti con las gerenciadoras fueron el argumento de las impugnaciones presentadas por la Asociación Médica del Departamento Castellanos y por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia", relataba el artículo.

El diario avanzaba en los contactos de Lorenzetti con los gremios de la ciudad, entre ellos la poderosa Unión Obrera Metalúrgica en tiempos del terrorismo de estado.

La nota recordaba que Lorenzetti fue el abogado patrocinante de la querella del ex intendente y luego diputado provincial del PJ, Ricardo Peirone, contra el diario "Castellanos".

Terminaba la crónica agregando que "Lorenzetti fue asesor permanente de los doctores Parra y Barreiro, viejos dirigentes del peronismo en Rafaela. "En 1983 y 1987, tuvo activa participación en las campañas políticas e incluso, como lo señaló el entonces concejal peronista Aldo Camusso, en 1987 era el principal asesor legal de Rubén Pavetti, quien estuvo cerca de ganarle las elecciones municipales a Rodolfo Muriel…Las mismas fuentes revelaron que al crearse la Cámara de Apelaciones e incorporarse nuevos juzgados en Rafaela, se produjeron innumerables nombramientos de jueces. Muchos de ellos pasaron por el estudio jurídico del doctor Lorenzetti, quien bajo el padrinazgo de Parra (por entonces diputado provincial) decidía respecto de la suerte de los pretendientes a cubrir dichos cargos", concluía la investigación periodística.