Rebelión

Éste lunes cumple un mes ininterrumpido la demanda de cientos de familias por la vivienda en la ciudad de Bahía Blanca. El reclamo comenzó con la toma de unidades habitacionales correspondientes al Plan Federal, puesto en marcha en 2007, ubicadas en el Barrio de Villa Delfina. La construcción de éstas se encuentra parada desde hace dos años y se desconocen los motivos dado que habrían sido enviados los fondos nacionales.

Más de doscientas familias, en su mayoría inscriptas en el sorteo del Plan, decidieron adoptar como medida de fuerza la toma del predio el día cuatro de enero. En su mayoría, se trata de jóvenes trabajadores y trabajadoras con hijos a cargo. La propuesta del grupo fue que el gobierno municipal gestione los materiales en función de que los manifestantes terminen la construcción de las mismas.

Funcionarios de la cartera de vivienda afirman que en general estaban entre un cincuenta y un setenta por ciento de finalización de construcción.

Sin embargo, la respuesta de la intendencia, efectuada el día 10, a través del Secretario de Salud y Promoción Social Diego Palomo fue la promulgar un decreto* de castigo. El mismo estipuló que quienes no abandonaran la toma para el lunes 14 se verían excluidos de los "beneficios sociales" y no entrarían en el sorteo de éste plan así como sería prohibitiva su participación para cualquier plan de vivienda realizado en adelante en la ciudad.

El Consejo Local Económico Social (CLES), con la ausencia del FPV y protagonistas de la toma que no pudieron salir, emitió un comunicado solicitando la prórroga del decreto**. Por su parte, organizaciones sociales, políticas y derechos humanos repudiaron la medida adoptada por el poder ejecutivo y se hicieron presente en Villa Delfina.

Fue sorprendente el escenario con el que nos encontramos organizaciones y medios cuando llegamos al lugar. Se dispuso un cerco perimetral que prohibía el ingreso de personas, así como proveer agua, comida y cualquier tipo de elemento. A su vez, fueron cortados todos los servicios en el lugar. De ésta forma, la ciudad de Bahía Blanca es testigo de un campo de concentración en democracia.

El día 13 el médico del Hospital Municipal Horacio Romano concurrió por su cuenta a observar el estado de salud de las familias. Consultado a su salida del predio dijo que encontró "bebés y adultos con diarrea, un chico quemado y otro sin medicación para su epilepsia. No hay agua para higienizarse. Se observa una condición sanitaria peligrosa y una situación propensa para la transmisión de gérmenes además de la existencia de presión alta en chicas embarazadas, entre otras cosas".

Unas horas después de haberse hecho pública la aparición de éste médico se hizo presente un móvil municipal de Sanidad. Se esperaba que colabore con la situación antes descripta. Sin embargo, cuando se retiraron, las familias dentro del alambrado que encerraba el predio denunciaron que los profesionales enviados por el municipio "nos dijeron que era mejor que salgamos así podían atendernos" en obvia referencia a que actuaron como agentes de disolución más que como asistentes humanitarios.

El día 15 la palabra represión estaba en boca de todos y de todas. El fiscal Duizeide pidió al juez de Garantías Guillermo Mércuri el desalojo de las más de 200 familias que ocupan viviendas en construcción. El Hospital Municipal recibió la directiva de despejar 30 camas y la estimación policial no descartaba un muerto. Cientos de efectivos policiales y de personal de civil, incluso muchos de otras jurisdicciones como La Matanza y Grupos Especiales rodearon el cerco.

Las organizaciones políticas y sociales asistieron en conjunto en función de evitar resultados nefastos. Más de seis horas de diálogos evitaron que las familias sufran la represión. Estaban convencido que el trasfondo de dignidad de su reclamo evitaría la violencia. Sin embargo la orden ya estaba dada. La dirigencia policial informó informalmente que el plazo era hasta las 05:00 hs de la mañana siguiente. Querían luz diurna.

Finalmente a la 01:30 hs del día miércoles las familias sin techo decidieron evitar la maniobra represiva y dejar de lado la judicialización de la protesta para llevarla nuevamente a su plano natural: el terreno de la política donde el Estado municipal no es capaz de dar respuesta e insiste en criminalizar a los y las sin techo.

Rodeadas de militantes sociales, por los DD.HH. y políticos marcharon más de 4 kilómetros hasta la plaza central de la ciudad donde decidieron montar un acampe para continuar con el reclamo por una vivienda digna.

El 16 de enero la ciudad amaneció con un acampe y familias durmiendo sobre colchones a diez metros del palacio municipal. En horas de la mañana llegaron vecinos y vecinas del barrio Napal. Informan que las fuerzas represivas que estaban dispuestas a llevar a cabo el desalojo finalmente actuaron en ése barrio cercano violentamente sobre unas 40 familias. Otros y otras sin techo se sumaron al acampe al tiempo que solidariamente se fueron acercando carpas para paliar las altas temperaturas, las lluvias y evitar la noche a cielo abierto.

Delegados de los y las acampantes dialogaron con los funcionarios municipales sin éxito. Al día siguiente fueron censados en grupos de cinco personas. Trascendidos indicaron que el acuerdo de palabra existente con el Secretario de Salud y Promoción Social incluía costear el alquiler de los y las manifestantes hasta tanto se destrabe una posibilidad para saldar el problema de fondo: la vivienda.

Sin embargo, las asistentes sociales encargadas de censar y generar acuerdos fueron dando respuestas insatisfactorias. La semana posterior estuvo poblada de cortes de calle como respuestas a cada maniobra oficial que tendieron a desarticular la organización vecinal.

El sábado 26 trascendió un principio de acuerdo. Los y las sin techo estaban en horas del medio día cargaron sus cosas en camionetas provistas por el municipio con el acuerdo de palabra que constaba en albergar a las familias hasta tanto consigan alquiler y luego seguir con la discusión del acceso a las viviendas.

Sin embargo, en las primeras horas de la tarde delegados del conflicto denunciaron que esa promesa no sería cumplida y que habría sido una maniobra para "despejar la plaza". Nuevamente se resolvió de espontáneo volver a acampar y continuar con la lucha.

Es en éste momento donde se siembra la confusión en la opinión pública: el municipio debía resolver un lugar para 11 familias en situación de calle. De esta forma se levantaba el acampe y volvían las negociaciones el lunes. Aquí es donde una vez más queda expresada la violencia de clase del grupo político al frente de la intendencia: nadie puede ser tan inocente de creer que un municipio no puede conseguir alojamiento para 11 familias; no les interesa la situación de los marginados y están molestos con que no respondan a sus punteros y se organicen. No resolvieron las camas: volvió el acampe.

El gobierno municipal transmite a través de los medios de comunicación su posición de "actúe la justicia". El Comisario Inspector Gustavo Maldonado se hace presente en el acampe advirtiendo que existe una orden de desalojo y que actuaría en las próximas horas el día martes 29. De inmediato organizaciones sociales y políticas acuden a evitar la criminalización de la protesta y emiten un comunicado responsabilizando al gobierno municipal por no atender el reclamo e insistir con la vía judicial. A su vez se presenta un recurso de amparo para evitar la supuesta desocupación forzosa.

Al día siguiente llega a los y las sin techo una notificación emanada del Juzgado de Faltas Nª 2 a cargo del Dr. Gabriel Alberto Nardi. Allí se intima a desocupar la Plaza Rivadavia en el plazo de 24 hs. El dictamen*** se funda en la Ordenanza nº 15523 titulada "Arbolado Urbano y Espacios Verdes". Las faltas que se imputan son "instalación de carpas", haber "conectado un televisor", "instalación de lonas y colchones sobre el césped", "la colocación de carteles de protesta atado a los árboles".

Se evidencia con esto la inoperancia de los personeros del poder. Dado que no puede afectarse el legítimo derecho a la protesta en un lugar tan visible, sumado a que existe un gran número de manifestantes en situación de calle, deciden operar a través del Tribunal de Faltas indirectamente basados en "el cuidado de los espacios verdes" como herramienta para forzar la desocupación de la plaza central. A su vez, se utilizó como emisario al Comisario quien emitió un mensaje difuso hablando de "orden de desalojo" que habría firmado un Juez.

La Defensora Oficial de Turno, Dr. Fabiana Vanini, interpuso un recurso de apelación para evitar el cumplimiento de la disposición de desocupación. Esta medida tiene efectos suspensivos.

Así las cosas, los y las sin techo permanecen acampando con el diálogo cortado por parte del gobierno encabezado por el Intendente Interino Gustavo Bevilacqua (el intendente electo Cristian Breiteinstein está en uso de licencia luego de ganar las elecciones y hoy está a cargo del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires).

Concejales de la oposición intentan generar vías de diálogo con el poder ejecutivo quien permanece en su postura de no negociar y exige que se desaloje la plaza. El jefe comunal declaró "No me preocupan las carpas en la plaza sino darle obra pública a la ciudad".

El conflicto cumplió un mes éste cuatro de febrero. Pese al esfuerzo de los y las acampantes de difundir su situación los medios masivos de comunicación nacionales no levantan la noticia.

Hasta el momento el saldo consta de la triste cronología cuyos elementos constitutivos son la fotografía de un campo de concentración en democracia, el trato inhumano durante la toma así como en el acampe de familias enteras en situación calle y la criminalización de la protesta.

* http://www.flickr.com/photos/92110625@N03/sets/72157632499540148/show/

** http://www.flickr.com/photos/92110625@N03/sets/72157632494

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*** http://www.flickr.com/photos/41149674@N08/sets/72157632666575102/show/

Fuente Documentos: FM de la Calle

Fuente Fotos: Jorgelina Anahí Molina (excepto la número 1 de Fm de la Calle)