Así lo afirmó la abogada María del Carmen Verdú (Correpi) a la hora de los alegatos de las querellas en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra y por los heridos en el ataque del 20 de octubre del 2010.

Junto a ella, representantes del CELS y de APEL también presentaron sus fundamentos. El CELS, que representa a la familia de Ferreyra, solicitó la pena de prisión perpetua para 14 de los imputados, entre los cuales se encuentra José Pedraza. Mientras que los letrados de Correpi y APEL, como patrocinantes de los heridos, sumaron 25 años de prisión. Por su parte, la Fiscalía comenzó su exposición el martes pasado y continuará con la misma este viernes 29. En la jornada, los jueces concedieron la excarcelación a Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño, tras los pedidos de sus defensores ante la falta de acusación por parte de la Fiscalía.

La exposición del Ministerio Público Fiscal se inició el martes 26 de febrero ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de Comodoro Py 2002 y continuará este viernes 29.

Si bien los abogados del CELS, que representan a la familia de Mariano Ferreyra, pidieron la pena de cuatro años de prisión para Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño por el rol de ocultar las armas que utilizaron los atacantes, ante la falta de acusación de la Fiscalía y tras los pedidos de los defensores de los imputados, los jueces concedieron la excarcelación a ambos. Esta decisión ha sido motivo de repudio por parte de los organismos de DDHH y del Partido Obrero, donde militaba Mariano (ver: Comunicado de prensa)

A continuación reproducimos la reseña de los alegatos de las querellas:

El viernes 22 de febrero fue el turno de nuestra querella. Debido a que el tribunal impuso la limitación de sólo dos voces habilitadas a exponer por cada parte, fueron las compañeras Claudia Ferrero (APEL) y María del Carmen Verdú (CORREPI) quienes intervinieron, pero es mandatorio decir que sus exposiciones fueron el fruto de un trabajo colectivo, al que ambas organizaciones destacaron un importante equipo de compañeros.

Dividido en tres partes, el alegato comenzó con un completísimo cuadro de la historia y situación actual del negocio de los ferrocarriles, reseñando la forma en que se realizaron las concesiones; el entramado de intereses económicos; los vínculos políticos; el surgimiento del movimiento de lucha contra la tercerización y, finalmente, la necesidad de los beneficiarios del sistema de explotación de frenarlo.

Apoyada en datos precisos sobre el largo proceso de asociación de empresas, gobierno y burocracia sindical, y analizando una por una las declaraciones testimoniales que se fueron escuchando a los largo de estos seis meses y medio de debate, así como los cruces y escuchas telefónicas, la compañera Ferrero demostró acabadamente que éste fue "Un crimen ejecutado para defender un sistema de concesión parasitaria y corrupta del transporte, así como la explotación del trabajo precario de miles de trabajadores tercerizados. Un crimen para defender el monopolio de una burocracia sindical patronal integrada al estado. Un crimen para detener el movimiento por la independencia de la clase obrera, que hoy mismo progresa en todos los sindicatos. Pocas veces antes ha quedado definida con tanta claridad la naturaleza social y política de un crimen contra luchadores populares. Que para su perpetuación, ese crimen se haya llevado adelante con la activa participación de las fuerzas de seguridad, transforma el crimen político en un crimen de estado".

La segunda parte fue dedicada por la compañera Verdú para desarrollar la idea del "plan criminal común" ejecutado por esa triple alianza antiobrera. Primero analizó la función de las "patotas", y mostró cómo a lo largo de la historia los gobiernos han usado estos grupos de choque paraestatales para reprimir por fuera de su aparato oficial, y cómo, en los últimos 10 años, esa práctica de la "tercerización de la represión" fue ocupando un rol cada vez más preponderante, a partir de la necesidad discursiva del gobierno de sostener su slogan de que "no reprime la protesta social", mientras lo acucia la necesidad de hacerlo. "La ecuación es simple para el aparato estatal: si los que atacan, pegan y amenazan no llevan uniforme, siempre se puede recurrir a las tesis del desborde individual, el infiltrado o del grupo de inadaptados. Hasta pueden darse el lujo, si la cosa trasciende y causa repudio masivo, de exigir ’esclarecimiento, juicio y castigo’ ", explicó.

Luego, reconstruyó los hechos del 20 de octubre de 2010 a partir de los testimonios, videos y cruces telefónicos, y el rol de cada uno de los integrantes de la patota y sus jefes en la planificación y ejecución: "Pedraza y Fernández, los hombres tras el escritorio. En el terreno, Pablo Díaz dirigió; Alcorcel garantizó la presencia de Favale y secundó a Díaz para dirigir la corrida; Favale y Sánchez ejecutaron los disparos, junto a quienes no han sido identificados todavía; González y Pipitó removieron el obstáculo de la prensa; Uño y Pérez garantizaron la efectividad del ataque y la retirada, con la salida de las armas".

Tras un breve cuarto intermedio, aprovechado para que las compañeras pudieran dirigirse a la gran cantidad de militantes movilizados frente a los tribunales (ver http://www.youtube.com/watch?v=fcCR...), continuó María del Carmen con el rol de los "imputados privilegiados", como llamó a los policías, que, a diferencia de Pedraza y sus hombres, nunca fueron detenidos (excepto Lompizano el fin de semana pasado). En ese tramo, dijo: "Hemos apreciado en la sala, en sus declaraciones, la capacidad y solvencia de los jefes policiales. ¿Y nos quieren hacer creer que fueron unos tontos o unos distraídos que no se dieron cuenta de lo que pasaba, y quedaron totalmente sorprendidos, estuporosos como dijo Lompizano por un hecho imprevisto? La única explicación razonable, que no ofende la lógica ni la inteligencia, es que hicieron lo que los mandaron a hacer: permanecer junto a los hombres de la Unión Ferroviaria, controlar a distancia a los trabajadores tercerizados, y garantizar que el plan criminal, con su objetivo aleccionador, se llevara a cabo íntegramente".

Después de analizar el rol de cada policía, y de repetir, como lo venimos diciendo, "son todos los que están, pero no están todos los que son", la compañera repasó los nombres de los compañeros asesinados, como Mariano, en la represión a movilizaciones y manifestaciones, y cerró su parte:

"El nombre de Mariano Ferreyra se ha sumado a la lista de los casi 70 compañeros asesinados por luchar que la democracia inauguró el 12 de abril de 1995, en Ushuaia, con el obrero metalúrgico Víctor Choque, y que sumaría, hasta 2002, a los trabajadores Teresa Rodríguez en Neuquén, Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente de Corrientes, Aníbal Verón, Barrios y Santillán en Salta, a los 39 asesinados del 19 y 20 de diciembre de 2001, y a Maxi y Darío, en el Puente Pueyrredón.

"Una lista que creció, en los últimos 10 años, con 21 asesinados más en la represión a manifestaciones y movilizaciones en todo el país, a veces con el uso de estos grupos de choque para disimular que es una política de estado, y desembozadamente en otros casos, y hasta repitiendo protagonistas, como en la represión conjunta de la federal y la metropolitana en el Parque Indoamericano, con tres muertos, y el comisario mayor Lompizano dirigiendo el operativo desde la DGO.

"Por eso es imprescindible, además de condenar a los que aquí están imputados, que se ordene, como lo pediremos enseguida, la debida prosecución de la causa, en la instancia que corresponde, contra los que permanecen en la impunidad, y a lo sumo pisaron esta sala en calidad de testigos. Muchos son funcionarios del gobierno nacional, y no precisamente segundones.

"Por eso, cuando la Sra. Presidenta dijo, con notable hipocresía, que la bala que mató a Mariano, rozó el corazón de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, la organización antirrepresiva que integro, CORREPI, le respondió que la bala que mató a Mariano, salió del corazón mismo del estado.

"En nombre de CORREPI, quiero agradecer a los compañeros del Partido Obrero su generosidad y disposición a la unidad de acción al permitirnos integrar esta querella que se propuso ser la voz de los trabajadores en este juicio. Por nuestra parte, pusimos en la tarea, como en cualquier aspecto de la cotidiana militancia antirrepresiva, toda la fuerza de nuestras convicciones, motivados y guiados sólo por nuestros principios.

"Señores jueces, es sobre un crimen de estado que deberán dictar sentencia. Un crimen de estado ejecutado con ese hábil recurso de tercerizar la represión, tan efectivo para ocultar su naturaleza. La sentencia que este tribunal dicte, deberá ser ejemplar, y, permítaseme el término, aleccionadora. Aleccionadora para todos aquellos que creen que encarcelando o matando obreros pueden frenar las luchas de los explotados, y aleccionadora para los que no entienden cuál es el motor de la historia".

Después de varios minutos de atronadores aplausos, retomó entonces la palabra la compañera Claudia Ferrero, que calificó legalmente el delito, y requirió al tribunal la extracción de testimonios para investigar la conducta de funcionarios públicos como Aníbal Fernández, Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna; de policías como los comisarios Catalán y Brousson, de los directivos de UGOFE (grupos Cirigliano, Roggio y Romero), de varios integrantes de la UF como Karina Benemérito, Aldo Amuchástegui y Alberto Carnovale. Explicó la compañera que, aunque la pena que corresponde a los 17 acusados es la prisión perpetua por el asesinato de Mariano, nuestro rol como patrocinantes de los heridos nos impedía pedir formalmente esa condena, por lo que, constreñidos por la norma legal, sumamos 25 años de prisión para todos ellos.

Cerró finalmente la compañera Ferrero el alegato de nuestra querella, con un fuerte y emotivo párrafo mirando de frente al tribunal, y volvieron los aplausos de los compañeros que escuchaban en la sala y en la calle.

El 19 de febrero, y con el comisario mayor Lompizano detenido después de su viajecito al sur, se reanudó la agenda del juicio, y empezaron los alegatos de las acusaciones con la querella que representa a la mamá de Mariano Ferreyra. Los abogados del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Alberto Bovino y Maximiliano Medina, a lo largo de unas diez horas, desgranaron cada elemento de prueba para, finalmente, solicitar la pena de prisión perpetua para 14 de los imputados, cuatro años de prisión a cumplir para dos de los integrantes de la patota, y un año en suspenso para uno de los policías. También pidieron que se investigue a otros cinco integrantes de la Unión Ferroviaria cuya participación en el plan criminal que resultó evidente durante el juicio, y denunciaron a otros hombres de Pedraza y algunos policías por falso testimonio.

El Dr. Bovino se hizo cargo de describir el marco general de la explotación del servicio ferroviario y el negocio de las empresas tercerizadas en cuyo contexto se produjo el crimen, y fue el encargado, también de dar algunas precisiones jurídicas sobre la calificación penal y la antijuridicidad de las conductas que analizaron. El Dr. Medina, apoyado en gráficos, fotos y videos, expuso con gran solvencia los hechos, dejando clara la mecánica del ataque, así como la participación policial en el crimen. Al término de la larga exposición, difícilmente quedó alguna duda de que Favale y Sánchez fueron los tiradores; de la responsabilidad, como instigadores, de Pedraza y Fernández, o del rol de resto de la patota, sin perjuicio de la leve pena solicitada para Uño y Pérez, a partir de que los consideraron sólo partícipes secundarios.

La brillante exposición de Medina también expuso el alcance de la participación policial, pero ello fue relativizado por su colega, que aclaró, en una intervención de apariencia netamente técnica, la caracterización política del organismo que representan respecto del estado y el gobierno: "no hace falta que haya acuerdo previo para ser partícipe", dijo el Dr. Bovino en relación a la policía, poniendo al aparato estatal del que los uniformados forman parte a salvo de toda responsabilidad en la gestación y ejecución del plan criminal. Así, todo lo actuado por la policía habría resultado de que "hicieron todo mal", o que "ese día les falló el ’olfato policial’", fórmulas que remiten inevitablemente a las clásicas tesis de errores, abusos, excesos, autonomía de la fuerza, ineficiencia o corrupción individual o grupal y otras que sistemáticamente intentan diluir la responsabilidad estatal.

En la misma línea, y pese a que, hasta con precisa ironía, se refirieron a la relación fluida y amistosa de varios funcionarios del gobierno nacional con los burócratas sindicales, ello no se tradujo en el reclamo de investigación a su respecto. Tampoco solicitaron medidas contra la patronal, UGOFE.

Así, aunque sostuvieron la idea de que existió un plan criminal cuyo objeto era aleccionar a los trabajadores tercerizados de la línea Roca que ponían en riesgo la hegemonía pedracista en el gremio y amenazaban sus negocios, y acusaron a seis de los siete policías como partícipes necesarios del crimen, es decir, dijeron que hicieron un aporte sin el cual no se podría haber consumado el delito, deslindaron al aparato estatal en su conjunto y a la empresa de toda responsabilidad.

El final del alegato, que tuvo pasajes espectaculares en el manejo de las pruebas fílmicas y de audio, fue recibido con un gran aplauso del público, sin dudas merecido por la calidad técnica y la solvencia de los profesionales, cuyo trabajo, dentro de los límites que les impone el posicionamiento político de su organización, fue impecable.

Al término de la audiencia, el tribunal informó que decidieron excarcelar al comisario mayor Lompizano, imponiéndole que cada lunes se presente en su secretaría para dar el presente, y que se mantendrían las medidas dispuestas para que el ministerio de Seguridad garantice la presencia en la sala de todos los policías hasta el día de la sentencia.