Los diez luchadores populares que fueron citados a indagatoria esta mañana en el juzgado de San Pedro, a cargo de Carolina Pérez Rojas, se negaron a declarar ya que no se les permitió ver el expediente. Están acusados de instigación a cometer delito, atentado y resistencia a la autoridad y daños calificados, en el marco de la jornada de represión del 28 de julio de 2011, cuando se intentó desalojar la toma de tierras que un grupo de familias llevaba adelante en un predio de la empresa Ledesma, en el departamento Libertador General San Martín. Ese día asesinaron a tres personas que participaban de la ocupación, Ariel Farfan, Félix Reyes y Juan Velázquez, y al policía Alejandro Farfan. Al salir de la sede judicial, una numerosa movilización esperaba a los dirigentes para realizar un acto en el que hablaron representantes de distintos gremios y agrupaciones sociales. La Red Nacional de Medios Alternativos acompañó esta actividad a través de una transmisión especial a cargo de La Retaguardia y Radio Capoma.

"Nos negamos a declarar porque no estaban todavía los cuerpos del expediente habilitados para poder leerlos, por lo que no podíamos definir cómo iba a seguir la situación judicial. Lo que entendemos es que acá hay una criminalización de la protesta que es parte de una política del gobierno nacional, parte de una política provincial, porque los jefes policiales que han estado en la represión fueron promovidos, ascendidos. Nosotros queremos que caigan presos por los asesinatos de nuestros jóvenes los responsables políticos, los jefes de policía, los que estuvieron al frente de la represión, los que han definido que maten a cuatro jóvenes", declaró el dirigente de la CCC de Jujuy, Kike Mosquera, minutos después de salir del juzgado durante una transmisión especial de Radio Capoma y La Retaguardia.

En 2011, la empresa Ledesma tenía un compromiso con el Estado y las agrupaciones sociales de ceder varias hectáreas de su terreno, ubicado en la zona de El Triángulo, para la construcción de viviendas. Ante el incumplimiento, un grupo de familias decidió tomar las tierras. El 28 de julio de ese año, y sin previo aviso, distintas fuerzas comenzaron un operativo de desalojo en el lugar. "A las 9.30 de la mañana, la jueza dio la orden de retirar a la policía de la represión y los jefes acordados con Ledesma siguieron reprimiendo hasta la una de la tarde. Las fuerzas que reprimían, la infantería, los cuerpos especiales, la caballería no respondían a la jueza sino a Ledesma, ya que el jefe de seguridad de Ledesma estaba en el camino interno, que separa El Triángulo del resto de las tierras de la empresa, junto a los jefes de policía dirigiendo el operativo. Lo hemos demostrado con fotos ante la justicia", relató Mosquera en una entrevista realizada por La Retaguardia el día previo a la citación.

La represión finalizó con cuatro personas asesinadas y más de sesenta heridas, además de varios detenidos. "Lamentablemente las cuatro muertes están impunes. Al único que le convenía el asesinato de un policía es a la empresa Ledesma para quedar como víctima y hacernos pasar a nosotros como delincuentes. Nosotros en realidad lo único que hacíamos era expresar un reclamo popular de tierras, que hizo que en Jujuy estallaran ciento setenta tomas y que el gobierno provincial tuviera que armar un programa de lotes para cada familia jujeña que lo necesitara. Por el caso del policía asesinado, Alejandro Farfan, están procesadas dos personas, de apellidos Tapia y Claro, aunque nosotros dudamos de su autoría. Pero por los asesinatos de los tres jóvenes, de los que hemos sido testigos de cómo los baleó la policía porque estábamos cerca, porque cayeron al lado nuestro, hoy no hay ni un policía procesado, ni imputado, ni los jefes de policía que tienen la responsabilidad del operativo, y tampoco el responsable político que es el ex ministro de Gobierno, Pablo La Villa", denunció Mosquera.

Los jefes de la policía que actuaron en la represión fueron imputados por desobedecer la orden judicial de finalizar el operativo a las nueve de la mañana, pero ninguno fue procesado o acusado por las muertes. Por el contrario, algunos hasta fueron ascendidos de sus cargos: "el jefe del operativo de la represión del 28 de julio, Fabián Sosa, hoy es segundo jefe de la policía, no solamente no está procesado por los asesinatos sino que fue premiado por el gobierno provincial. El jefe regional de Libertador fue premiado y lo llevaron de jefe regional a Humahuaca, una zona turística en la que no hay ningún problema, salvo cuando estuvo él que por su actuación hubo un asesinato también por problemas de tierras", relató Mosquera.

Durante la transmisión, la abogada de los dirigentes, Mariana Vargas, se refirió a las incongruencias de las acusaciones contra sus defendidos: "cómo puede ser que se acuse de resistencia a la autoridad si en la misma causa están acusados los policías por haber actuado ilegalmente por lo menos desde las nueve y media de la mañana, donde había una suspensión de desalojo y siguieron actuando. O sea, es una autoridad que actúa ilegalmente y resulta que se acusa a los que enfrentan eso, con licencia de autoridad no se llega a configurar el delito. Y lo mismo con la instigación a cometer delitos, el atropello con el que vino la fuerza represiva a desalojar lo que ocasionó fue una respuesta espontánea de los que estaban ahí y del conjunto del pueblo, por lo tanto no se puede plantear que hubo una instigación. Esto es una cortina de humo en un expediente en el que en realidad lo que está claro es que se cerró la impunidad sobre los crímenes que es lo que tenemos que lograr que sí se resuelva. Nosotros venimos empujando por ejemplo que se cite a los jefes policiales, mínimamente por desobediencia judicial, esos jefes también tienen que responder por los crímenes porque lo que está probado en el expediente es que las balas de plomo que mataron a los chicos e hirieron a otros venían a las 12.30 de un pelotón que seguía al lado de la infantería disparando al lugar en el que murieron los jóvenes, y eso está probado. Lo que nosotros tenemos que sacar a relucir es que necesitamos justicia por los cuatro crímenes. Lo que está claro es que la gente a la que se citó tuvo una necesidad y no pudo actuar de otra forma, no es que acá hubo otro camino para resolver el tema de la tierra. Hasta ahora se demostró que no hay otro camino, por lo tanto estaban obligados a esto para resolver un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda, y a la vez actuaron legítimamente cuando resistieron ese desalojo que fue criminal", sostuvo la abogada, que también actuó en la causa contra Romina Tejerina.

Vargas además aseguró que la responsabilidad intelectual del homicidio del policía es de Ledesma: "era matar al policía, aislar a la CCC, encarcelar a los dirigentes y sacar a la gente del predio y llevarla a otro lado. Eso se transformó en otra cosa cuando la policía desobedeció la orden judicial y siguió matando".

Para Mosquera, este caso se incluye en el marco de la criminalización de la protesta que lleva adelante el gobierno nacional contra los luchadores populares: "por eso hay cinco mil procesados en todo el país, en el marco de la ley anti-terrorista se da el revanchismo de Ledesma, por eso nos imputan y nos intentan detener. Y para dar un escarmiento a todo aquel que ose tocar una tierra de un terrateniente como (Carlos Pedro) Blaquier. Estamos acusados de delitos que tienen que ver con la criminalización de la protesta social; fue una pueblada. Acá hubo quinientos policías reprimiendo y hubo miles de personas defendiéndose y peleando por su tierra".

La voz de Kike Mosquera se volvió a escuchar durante la transmisión cuando se dirigió a las personas presentes en el acto: "hoy, a un año y siete meses en lugar de estar exigiéndole a la justicia que todos los responsables estén presos, nos están queriendo enjuiciar, criminalizar a nosotros que hemos sido las víctimas de esta represión. No hay un solo policía o jefe de policía procesado por el asesinato de los jóvenes. Ahí está el ex gobernador (Walter) Barrionuevo calentando una silla en el Senado de la Nación, el ex ministro La Villa pavoneándose por la ciudad de San Salvador, y ahí está la empresa Ledesma que es el otro responsable. Es claro que hay una política nacional de procesar a todo aquel que luche, reclame, pero también está la política provincial de proteger al operativo policial. Premian por reprimir. Está también el revanchismo de Ledesma, que presiona y compra a jueces y fiscales. La justicia de San Pedro tendría que tener el logo de Ledesma. Yo vi cómo un abogado de Ledesma presionaba a la jueza Pérez Rojas para que nos impute por usurpación. Tenemos orgullo por la solidaridad que hemos recibido a lo largo y ancho del país. Estamos orgullosos de pelear contra Ledesma, de haberles sacado tierras, no le tenemos miedo a la justicia, vamos a seguir hablando, a seguir luchando, y no tenemos miedo de caer presos porque hemos luchado por nuestras tierras, y hemos hecho camino porque necesitamos que en todo el país se democratice la tierra, para empezar a vivir en un país liberado, en una patria distinta", arengó a los presentes.

Una muestra de esta solidaridad fue el acompañamiento en el juzgado de numerosas agrupaciones y sindicatos. Sus palabras pudieron escucharse también en el acto, a través de la transmisión de la RNMA.

Nando Acosta, secretario general de ATE Jujuy, afirmó: "este poder mata, y nosotros tenemos que pelear por la vida. Esta pelea es contra los que explotan, contra los que gobiernan a favor de los que explotan, contra los que juzgan a favor de los que explotan. Revelarnos contra este modelo, este sistema, esta explotación es ponernos del lado de la vida y del pueblo honesto".

Luego fue el turno de Cristina Jalil, madre de Plaza de Mayo – Quilmes quien felicitó a los presentes por la extraordinaria demostración de unidad en la lucha. "Nosotros que venimos luchando hace muchos años contra la impunidad, que seguimos luchando por nuestros 30.000 desaparecidos, aseguramos que la única manera de llegar a la justicia por los nuestros va a ser el día que haya justicia para todo el pueblo argentino. Nosotros logramos derrotar la dictadura junto al pueblo argentino, esa dictadura que vino para quedarse, este pueblo demostró que si se enfrentó a la dictadura como lo hizo fue gracias a la unidad del pueblo argentino. Nosotros luchamos contra la impunidad de ayer pero también contra la de hoy. Nos van a encontrar en cada lucha al lado de ustedes, porque este gobierno que habla de derechos humanos, mantiene permanentemente la represión. Nuestro lugar sigue siendo las calles y vamos a luchar junto a nuestro pueblo para algún día lograr la tierra, salud, educación y trabajo para todos nosotros", agregó.

Uno de los discursos más encendidos fue el del representante de la Corriente Clasista y Combativa de Tucumán, Rubén Porta, quien criticó duramente a quienes están en el poder: "luchamos por las necesidades que ellos nos arrebatan; ellos nos matan y encima nos transforman en culpables. Qué saben ellos lo que es vivir en un rancho, ni siquiera se imaginan lo que es ver una chapa chorreando cuando sale el sol a las siete de la mañana. Millones de familias en la Argentina viven en la situación de estar amontonados, tres o cuatro generaciones de la misma familia, en un mismo rancho. Encima tenemos esta oligarquía basura, asesina, que siempre actuó sin piedad contra el pueblo. Actuaba así con los pueblos originarios y con el pueblo de Libertador que valientemente se ha plantado y le arrebató las tierras que no querían entregar, recuperándolas para nuestro pueblo. Y entonces Blaquier se dio el gusto de matar cuatro compañeros de Libertador. Cualquier argentino común que puede estar implicado de haber ordenado matar a alguien estaría escondiéndose, pero Blaquier es de los que dominan en la Argentina, así que llama a sus pichichos, a estos jueces y les dice que condene a los que se han atrevido a rebelarse contra su poder. Y acá están estos pichichos que llamaron a declarar a nuestros mejores dirigentes. Que las familias de los asesinados sepan que este pueblo puede ser golpeado, perseguido, pero este pueblo lucha y desde su propio seno nacieron estos dirigentes", dijo, gritando a través del micrófono.

También estuvieron presentes en el acto Rafael Vargas del Sindicato de Trabajadores del Azúcar de Ledesma; Guillermo del Frade de CTA Jujuy, y Leonardo Rosales del PC de Jujuy, entre otros.

La lucha que llevó a los hechos del 28 de julio de 2011 no finalizó ese día. Al poco tiempo se logró la expropiación de cuarenta hectáreas a la empresa Ledesma. Allí viven actualmente dos mil trescientas familias, con su título de propiedad. Sin embargo, las condiciones son desfavorables, ya que no tienen agua potable por lo que existen numerosos casos de dengue y diarrea estival, tampoco cuentan con luz. "Tenemos ocho programas de vivienda, o sea ocho casas que estamos terminando de construir y desde el gobierno provincial nos han dado treinta y cinco planes "Mejor Vivir" para la dos mil trescientas familias. Esa es la ayuda que hemos recibido del gobierno nacional y provincial. Cada uno se fue haciendo su rancho, algunos han logrado construir porque hay docentes, empleados municipales que han logrado con mucho esfuerzo levantar algunas paredes. Pero hay una parte muy importante de la población que es muy pobre, que vive en ranchos y que en ese contexto necesitaríamos una ayuda estatal a través de los programas de vivienda, pero carecemos de ella", relató Mosquera y agregó que la lucha continuará hasta lograr expropiar otras cuarenta hectáreas a Ledesma, y hasta que todos los responsables políticos y materiales de las muertes de Ariel Farfan, Félix Reyes y Juan Velázquez, Alejandro Farfan sean juzgados.