La audiencia contra el represor ex capitán del Ejercito Norberto Tozzo, acusado de desaparecer cuatro militantes políticos en 1976, y de haber participado de operaciones conjuntas de las usadas por la dictadura para lograr la desaparición de treinta mil personas en este país desde ese año hasta 1983 comenzó este jueves en el Tribunal Oral Federal de Resistencia.

Pasadas las ocho de la mañana el Tribunal Oral Federal de Resistencia recibió a los fiscales, a los abogados querellantes, patrocinantes de los familiares de las víctimas, cuyos nombres son Roberto Yedro, Reynaldo Zapata Soñéz, Fernando Piérola y Julio Pereyra, al abogado que defiende a Tozzo, y público en general.

El Tribunal Oral Federal, estuvo compuesto por los jueces Alfredo Garcia Wenk como presidente, Rubén David Quiñenez, ambos del Tribunal Oral Federal de Formosa y Selva Angélica Spessot, de la Cámara Federal de Corrientes.

La querella se compone por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, CELS y Familiares, encabezadas por el doctor Mario Bosch, la Secretaría de DD HH de la Provincia del Chaco, encargada al doctor Duilio Ramírez y a Sergio Quiroz, y a la Liga por los Derechos del Hombre, por los doctores Ataliva y Pedro Dinani.

Durante las preeliminares, momento previo al debate, hubo un cruce entre el abogado patrocinante de los familiares de las víctimas, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, Mario Bosh, con el abogado que patrocina a Tozzo, el doctor Juan Manuel Costilla, sobre cuestiones que atienden al procedimiento.

La Fiscalía Federal, en tanto, está representada por el fiscal federal subrogante ante el Tribunal Oral, Patricio Sabadini, el fiscal general subrogante Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc en Derechos Humanos Diego Jesús Vigay, que, sobre el arranque, sugirió al presidente del tribunal un aporte a la causa.

Una vez iniciado el debate Tozzo manifestó un profundo desprecio hacia la investidura de los jueces y hacia los doctores patrocinantes y decidió enfrentar su indagatoria durante la segunda audiencia, que será este viernes, por lo que esta primera sesión fue puramente inaugural.

Como curiosidad, el acusado saneó una duda que fue explicada por el tribunal sobre la traducción de los documentos de su extradición y se mostró agradecido a la democracia. "Agradezco a la democracia por la posibilidad de venir a defenderme" señaló taxativamente.

Cabe recordar que el detenido no se presentó por su propia voluntad a rendir cuentas sobre la gravedad de su implicancia en los delitos de los que se lo acusa, cometidos contra militantes políticos en contra el proceso neoliberal descarnado que instauró la Junta militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. El represor fue encontrado fugitivo en Rio de Janeiro -donde se hallaba en un hotel de lujo- y extraditado a nuestro país por fuerza de Interpol tras sendos pedidos de Cancillería.

Tozzo enfrenta cargos por cometer uno de los crímenes más aterradores del que se pueda referir un ciudadano común en nuestro país: privación ilegitima de la libertad agravada por el transcurso del tiempo a cuatro personas, que las organizaciones de derechos humanos reclaman sea reconocido como delitos de lesa humanidad a pesar de cierta restricción que impone la ley brasilera.

De los expedientes se extrae que Tozzo, además de haber reconocido testimonialmente haber actuado con las armas contra militantes políticos, treinta y seis años atrás, participó del traslado de los militantes que fueron llevados por militares y policías hasta fusilamiento en la localidad Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976.

De ese operativo se sabe que fue ordenado por comandos superiores en el marco de los planes de exterminio planificados para arrasar del país a todo aquel que pensara diferente de los designios de los gobernantes de facto, entonces alineados a una política económica que convirtió al país en presa fácil del plan de dependencia programado contra las naciones latinoamericanas por parte de las potencias imperialistas denominado Plan Condor.

La sociedad chaqueña en su conjunto expresa ante este caso su profundo repudio hacia los crímenes cometidos por las fuerzas militares y policiales, según manifestó el abogado patrocinante Bosh, quien además, adelantó que se espera una condena de pena máxima en condición de imprescriptibilidad contra el imputado.