Eduardo Lucita
LA ARENA

Hay indicadores económicos y sociales y políticas públicas que indican que el país está muy lejano a la realidad que vivió en la crisis de 2001. Sin embargo, a pesar de estos datos positivos, hay un núcleo duro que resiste todo cambio.

Los hechos se sucedieron velozmente. A fines de diciembre pasado hubo saqueos en distintas ciudades del país. Más allá del debate acerca de si fueron espontáneos o estimulados por algún sector político, lo concreto es que han puesto en escena una realidad que la inclusión social de estos años no alcanza a cubrir.

Si se analiza el comportamiento de las principales variables económico-sociales de 2003 a 2012 no puede menos que concluirse que hubo cambios positivos. Efectivamente, en estos diez años la economía creció un 80 por ciento, y la industria más que el promedio. Por lo tanto a mayor actividad económica, creación de puestos de trabajo, mejoras salariales y mayor mercado interno. El mercado de trabajo hasta el 2007 -la desocupación cayó del 24 al 7,5 por ciento actual- y las posteriores medidas de inclusión social del gobierno como la Asignación Universal por Hijo y el Plan Argentina Trabaja, redundaron en una caída de la pobreza: de un 54 por ciento se redujo al 25 por ciento actual.

Un núcleo duro

Sin embargo, a pesar de estos datos positivos hay un núcleo duro que resiste todo cambio. Según un trabajo del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, son casi 750.000 los jóvenes de entre 18 y 24 años, que no solo están excluidos de la producción y del consumo, sino también del estudio. Otros análisis como los de SEL Consultores, hacen llegar esta cifra a cerca de 900.000 jóvenes. La tasa de desocupación en esta franja etaria alcanzaría al 18 por ciento, superando más de tres veces y media la desocupación entre los adultos. Puede que el universo alcanzado por las muestras en la que se basan estos estudios no resulten de la magnitud necesaria como para ser efectivamente representativos, pero a pesar de ello indican una realidad.

Parte de este núcleo duro es también el trabajo infantil. Se estima que el 7 por ciento de los niños de entre 5 y 17 años trabajan en distintas actividades informales, esto a pesar que hace ya cuatro años que se aprobaron las leyes que prohíben el trabajo infantil y que protegen el trabajo adolescente. Incluso están en marcha los programas gubernamentales de contención social de niños y adolescentes.

No es este un problema solo local, sino mundial, propio de la acumulación del capital en esta época. Es que el capital no puede resolver salarios e inflación al mismo tiempo, y toda salida de sus crisis implica fuertes aumentos de productividad. Desde los años setenta del siglo pasado a hoy se estima que el promedio de salario real a nivel mundial cayó entre un 7 y un 10 por ciento, mientras que la desocupación que era del 3 por ciento en esos años, esta ahora entre un 8 y un 10 de promedio mundial. En tanto que la precarización se ha instalado como un nuevo precio de la economía. El resultado es un piso de pobreza que ronda el 20 por ciento en el mundo. No se trata de quitarle responsabilidades al gobierno pero sí de marcar la existencia de problemática sociales generalizadas y cuya principal traba para resolverlas es el propio sistema del capital.

Los "Ni-ni"

Los saqueos de diciembre, que se extendieron con distinta intensidad por varias ciudades del país, pero que tuvieron epicentro en Bariloche y Rosario, mostraron que quienes se apropiaban de esas mercancías -que no fueron solo productos electrónicos como mostraron una y otra vez los medios televisivos- eran mayoritariamente jóvenes. Hubo grupos de personas mayores, incluso no puede descartarse delincuencia organizada, pero la impronta fueron los jóvenes, y no necesariamente por el hambre generalizado, como si lo fue como motivador en el 2001.

Se trata de los llamados "Ni-ni": los que ni estudian ni trabajan. Forman parte del sector más pobre de la sociedad, son los pobres de toda pobreza. Esa exclusión de la producción y de los ámbitos educativos es muchas veces heredada de sus padres, y en algunos casos también de sus abuelos, que los antecedieron en su marginalidad. Conviene recordar que Argentina tuvo un pico de desocupación del 24 por ciento en la crisis del 2001/2002, pero que durante una década mostró una tasa promedio del 18 por ciento. La actual es del 7,5 por ciento y se resiste a la baja. Esto deja inevitablemente secuelas sociales, las condiciones en que viven y reproducen su existencia estos sectores se han deteriorado generación tras generación.

Esos jóvenes se miran en el espejo de sus progenitores y no encuentran respuestas, sienten que les han expropiado el futuro y no ven otro horizonte que no sea una continuidad, cuando no un agravamiento, de las condiciones que los sofocan en el presente. No tienen rutina de trabajo ni de estudio, no resisten horarios ni normas fijas, en muchos casos hay pérdida de valores. El individualismo y la búsqueda del progreso rápido y fácil es la única perspectiva que aparece como viable para estos grupos.

Vidas en peligro

La informalidad laboral extrema, la ausencia de una educación mínima -más del 50 por ciento de estos jóvenes no alcanza una lectura comprensiva mínima-, y sobre todo las adicciones y la problemática del narcotráfico es lo que predomina en las barrios más pobres. Los jóvenes muertos por peleas entre bandas que se disputan un territorio, incluso los asesinados por pertenecer a movimientos sociales que buscan mejorar las condiciones de vida y recuperar a adolescentes, es una realidad cotidiana en muchos puntos. Pero ha sido noticia en estos días en la ciudad de Rosario.

Precisamente un comunicado firmado por una Comisión Gremial de esa ciudad señala que numerosas personas de las barriadas más humildes encuentran salida laboral en la delincuencia y en el "circuito de producción, industrialización, transporte y comercialización de la droga". Por eso dicen, es equivocado hablar de los Ni-ni, porque trabajar, trabajan, pero para los narcos. Algunos trascendidos indican que el narcotráfico recluta jóvenes en las villas y barrios pobres por 150 pesos al día, mensualizado es bastante más que un salario mínimo.

Mercados alternativos

El comunicado de referencia ubica correctamente a esa "ocupación" como una actividad capitalista más. Hace algo más de veinte años el economista español Ramón Tamames, analizando el capitalismo de ese momento, señalaba que frente a la crisis de los 70 el sistema había recreado a escala internacional mercados alternativos. Estos no eran otros que el de la trata de personas, el tráfico de armas y el narcotráfico a escala global. Las enormes ganancias obtenidas en la ilegalidad de estos mercados alternativos terminan siendo legalizadas a través del sistema financiero y son funcionales así a la acumulación capitalista.

Soluciones políticas

No sirve solo perseguir a los "dealers", estos constituyen la organización de base que se está adueñando del control de los barrios, desplazando a los políticos. Pero el verdadero centro de la actividad está más arriba. "Sin tocar a los capitalistas del negocio de la droga no hay solución posible", señalan acertadamente los gremialistas rosarinos al mismo tiempo que rechazan la intención de diversos sectores de capitalizar política y electoralmente la situación. Para ellos la represión generalizada no ha resuelto la situación en ningún país, proponen en cambio la profundización de las políticas estatales tendientes a la creación de empleo para combatir y sacar a los jóvenes de ese laberinto infernal de la pobreza extrema, la informalidad y la droga. Al mismo tiempo que hacen un llamado a "acompañar y avanzar en todo proceso de organización social y concientización desde las organizaciones populares que se contraponen a la captación de las bandas de narcos".

Una salida política distinta que tiende a superar las insuficiencias de la actual política de inclusión social.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.