Cooperativa de Comunicación La Brújula

En diciembre de 2012, en sesión extraordinaria, el Senado santafesino aprobó la ley de desalojos rurales.

Ocho meses después, el gobernador Antonio Bonfatti firmó el decreto que reglamenta la norma. Desde los primeros días de septiembre, y por tercera vez en el año, se instaló una carpa campesina frente a la Casa de Gobierno en la capital provincial. Después de la reglamentación, los pequeños productores y las organizaciones sociales, culturales y políticas que los acompañan, siguen el reclamo en la ciudad.

Freno a los desalojos  

La Ley Provincial Nº 13.334 fue aprobada por unanimidad el 27 de diciembre pasado. La norma declara la emergencia en materia de propiedad y posesión de tierras por 5 años cuando se acredite ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural, por el término superior a 10 años. También suspende, por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de tierras.

La creación del Programa de Regularización Dominial, para crear un registro actualizado y realizar un relevamiento de la situación de la posesión de inmuebles rurales en toda la provincia, fue otro de los puntos principales de la ley. A partir de la ejecución del programa, según lo establece la norma, se concretará un Registro Personal de Poseedores en el que se inscribirán las personas que invoquen y acrediten la posesión de inmuebles rurales en conflicto de tenencia. Otra de las funciones del Programa es la de prestar asesoramiento legal para los pequeños productores, trabajadores rurales y campesinos que se encuentren en un conflicto dominial de tierras.

En la reciente reglamentación, gestionada a través del Ministerio de la Producción, se establecen y aclaran algunos términos y conceptos. Según el decreto firmado por el gobernador Antonio Bonfatti se considera que seis de los diez artículos de la ley no requieren dicha reglamentación.

A partir de ésta se entiende por pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos "a aquellas personas físicas o que constituyen una sociedad de hecho, que residan en el predio o a una distancia no mayor de 60 kilómetros del mismo, tengan un máximo de ingresos mensuales prediales netos de hasta diez canastas básicas, reciban un máximo de hasta el cincuenta por ciento de ingreso adicional mensual extrapredial (excluidos jubilaciones y/o pensiones mínimas, asignación universal por hijo, subsidio por desempleo u otros de igual carácter), y tengan hasta un trabajador permanente de prestación continua o discontinua excluyéndose los trabajadores temporarios".

Los beneficiarios de la ley acreditarán cumplir con los requisitos de ocupación efectiva, ininterrumpida, continua, pública y pacífica. Deberán demostrar la ocupación del campo desde el año 2002 a la fecha, por medio de cualquier documentación que permita acreditar su condición de productor agropecuario y Declaración Jurada.

Lucha campesina

La expansión de la frontera agropecuaria, la concentración de tierras y la sojización son unas de las principales causas de la expulsión de campesinos, pequeños productores y Pueblos Originarios a lo largo y ancho del país. Santa Fe es uno de los más claros ejemplos. La provincia de la bota se convirtió en un mar verde que se tragó a los pequeños emprendimientos ganaderos y de agricultura. Los desalojos a pequeños productores fueron acrecentándose de la mano de la profundización en todo el país del modelo basado en el monocultivo de la soja y el extractivismo.

En el norte santafesino, la región con más conflictos, los desalojos son cada vez más frecuentes y más violentos. La zona más postergada, olvidada y castigada por la pobreza es testigo de los peores atropellos a las familias campesinas. Tampoco existen datos precisos y actuales sobre la cantidad de tierras sin títulos o con precariedad.

A raíz de hechos violentos en octubre pasado, en los que tres familias fueron desalojadas de las viviendas que habitaban desde hacía más de 50 años, que luego fueron quemadas, y en los que no faltaron los atropellos de la policía, se presentó el proyecto para impedir que esto suceda. Los campesinos celebraron el tratamiento y la aprobación de la ley en su momento. Sin embargo, la tardanza en la reglamentación generó incertidumbre, por lo que no faltaron marchas, acampes y pedidos al gobernador para que los reciba y escuche sus reclamos.

Acampe y reclamos

Los pequeños productores y campesinos del norte viajaron a la ciudad capital y, por tercera vez en el año, acamparon frente a la Casa de Gobierno pidiendo la reglamentación de la ley y su aplicación inmediata. Pidieron reiteradas veces que los reciba Antonio Bonfatti, pero las puertas se cerraron todas las veces. A la semana siguiente, cuando la Carpa Campesina visibilizó el conflicto, se anunció el decreto que reglamentó la ley.

Casi dos semanas después del anuncio las carpas siguen frente a la Casa Gris y el miércoles 25 los campesinos, acompañados por organizaciones de Derechos Humanos, sociales, culturales y políticas, marcharon desde el Ministerio de la Producción hasta la Casa de Gobierno.

El reclamo consiste principalmente, según lo expresado en un comunicado firmado por diversas organizaciones, en limitaciones de la nueva reglamentación: "Deja afuera de la ley a los pequeños productores ya desalojados, trabajadores y trabajadoras que hace décadas producen o producían sus tierras junto a sus familias".

En comunicación con La Brújula, la diputada Susana García, quien elaboró y presentó el proyecto de ley, aclaró: "Lo que se está pidiendo en este momento, que se quiere hacer retroactiva a gente que ya había sido desalojada, no puede suceder porque sino seria anticonstitucional. Desde el momento que se promulga y se reglamenta, la ley es para adelante, no la podes hacer ir para atrás. Se trata de derechos adquiridos". Y además lamentó que haya movimientos y organizaciones que "puedan utilizar a los campesinos y su situación". "Uno hizo la ley en vista a la problemática que tienen hoy un sector de pequeños productores de agricultura familiar. Me duele que se los pueda utilizar y embarcar en algo que no era el espíritu y les generen expectativas, la ley es clarita", disparó.

Otra limitación que remarca el comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Santa Fe, Amsafe, Ate, Cta, Sadop, Movimiento Evita, Jóvenes para la Victoria, entre otros, es que la reglamentación "niega el acceso de muchas familias a los derechos declarados en la ley, como por ejemplo la imposición de límites a las distancias entre el predio rural y la residencia familiar, que no se condicen con la realidad geográfica ni de infraestructura". Y afirman que la reglamentación "es mucho más restrictiva que la ley misma, y niega a muchos campesinos y campesinas sus derechos consagrados por la Ley Provincial Nº 13.334". La diputada García, de la Coalición Cívica-ARI, negó lo expresado: "En la esencia de la ley no hubo modificaciones. Sólo se reglamentaron cuatro de los diez artículos, se detallaron las características".

Queda claro que son decenas las familias de campesinos y pequeños productores que fueron desalojadas antes del año 2002 y que quedarán fuera de las posibilidades de recuperar sus tierras.

Aquí, allá y en todos lados

El Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 26.160 en noviembre de 2006. Ésta declara la emergencia en materia de "posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras". Además, durante los primeros tres años de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debía realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras. El relevamiento nunca se concretó y, a partir de eso, en noviembre de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley Nº 26.554.

Frente a la falta de cumplimiento durante todos los años posteriores a su sanción, y el mismo día que los pequeños productores y campesinos marcharon en las calles de Santa Fe, el Congreso Nacional prorrogó, nuevamente, por tres años más la Ley.

Pasaron casi siete años desde su aprobación, sin embargo el nivel de ejecución de los relevamientos es muy bajo y arrastra denuncias por parte de comunidades y organizaciones afines a los Pueblos Originarios.

Según la última investigación realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que realizan un seguimiento de la problemática, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. "El programa ha sido concluido en sólo del 12,5 por ciento de las comunidades, principalmente en las provincias de menor presencia indígena y escasos niveles de conflictividad". Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197 y las provincias con mayores conflictos territoriales tienen un nivel de ejecución escaso y hasta nulo como en Neuquén y Formosa.

Leyes nuevas, desalojos viejos

Tanto la Ley Nacional Nº 26.160 y sus dos posteriores prórrogas, como la Ley Provincial Nº 13.334, son avances para los Pueblos Originarios, los pequeños productores y los campesinos que luchan por recuperar sus tierras y para que se haga justicia por los atropellos sufridos durante décadas de olvido.

Pero la realidad no es una ley. Los desalojos, hostigamientos, con decenas de muertes por resistir, continúan y en muchas zonas se han ido profundizando.

El escepticismo de los pequeños productores y los campesinos santafesinos puede tener una raíz en el olvido eterno y en el ninguneo de todos los estratos del Estado, pisoteando cualquier tipo de leyes que los contienen. La lucha de los pequeños productores y campesinos de Santa Fe va a continuar mientras siga existiendo un modelo que privilegia los intereses empresariales, que profundiza un modelo basado en el monocultivo de la soja, que expulsa a los productores y campesinos de sus tierras.

El modelo es incompatible, va por otro camino, otro ritmo y otros intereses, que siempre van a pasar por encima de los derechos de los pequeños productores, de campesinos y de Pueblos Originarios en todo el país.

Fuente.