El gobierno del presidente Rafael Correa inauguró la megaminería en Ecuador. El lunes 5 de marzo firmó el primer contrato para explotación de minería metálica a gran escala en la historia del Ecuador. Lo hizo luego de llegar a un acuerdo con la compañía de capital chino ECSA, que explotará cobre en el proyecto Mirador a pesar de la oposición mayoritaria de la población del cantón El Pangui en la provincia de Zamora Chinchipe.

Para impulsar esta nueva etapa de la larga historia extractivista del país, el gobierno de la "revolución ciudadana" cuenta con el apoyo del capitalismo global chino del cual espera mucho.

El extractivismo en general se refiere a la explotación de los recursos naturales para comercializarlos en el mercado mundial, en el Ecuador este modelo inicia desde la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo XX con la explotación del petróleo, en el país esta etapa sigue vigente y ahora con la minería a gran escala se ha profundizado aun mas a pesar de las los muchos discursos propugnando la salida de la "noche neoliberal". El recuerdo más claro que nos queda de esta etapa es lo sucedido con la Texaco y la contaminación ambiental.

El petróleo no logró transformar la matriz económica nacional. Por el contrario, la sumió en la más abyecta dependencia. Desde que en 1972 se iniciara el boom y la promesa de desarrollo, han transitado por el poder más de 14 gobiernos diferentes, cada uno de aquellos gobiernos, militares, demócrata populares, social cristianos, social demócratas, conservadores, populistas, tecnocrático neoliberales y correista, han coincidido de manera casi exacta en el mismo discurso sobre el uso de los recursos naturales.

De hecho, el actual ministro de recursos naturales del gobierno de Correa tiene una larguísima trayectoria y experiencia petrolera, desde finales de los setenta y a lo largo de todo el periodo neoliberal. Ha sido director técnico del Instituto Nacional de Energía en 1978; subgerente de Planificación de la extinta CEPE (hoy Petroecuador) entre 1979-1980; asesor en el Congreso Nacional, en Petróleo y Minería, 1981-1983; asesor del contralor general el Estado en Contratación Petrolera y Comercialización externa, 1983-1984; coordinador general de la Unidad de Contratación Petrolera, 1984-1987. Y ahora el propulsor de la Megaminería en el Ecuador, ¿con las mismas personas que festinaron el petróleo podemos esperar algo distinto con la minería?

El Ecuador tiene actualmente 4,1 millones de hectáreas concesionadas, es decir el 20% de la superficie total del país. Previamente se dio el rastreo de nuestros recursos, por ejemplo los mineros, durante la década del 80 a través del proyecto PRODEMINCA del Banco Mundial; institución que financió, mediante un préstamo de 120 millones de dólares, la realización de la Ley de Minería de 2002.

Durante el gobierno de Rafael Correa, continuando con las políticas neoliberales, se han impulsado proyectos mineros a gran escala ubicados, principalmente, en el sur y en el oriente del país. Esto sucede "a pesar" del Mandato Minero N° 6. Nunca fueron revertidas, como decía ese Mandato, las grandes concesiones mineras entregadas, especialmente, a empresas canadienses y al capital chino. Aun más, el gobierno genera tanta confianza a las multinacionales que, por ejemplo, la empresa ECSA traspasó el 96.9% del proyecto Mirador al capital chino en junio de 2010, a un costo total de 624,8 millones de dólares, con la seguridad de que este proyecto se realizará.

Para garantizar los proyectos mineros el gobierno ha debido perseguir a los dirigentes de las comunidades y de grupos sociales opuestos a estos planes extractivistas. Aplicando la legislación de las dictaduras militares, bajo las acusaciones de saboteadores y terroristas, se han destruido las organizaciones, se atemoriza a sus dirigentes, se neutraliza toda forma de organización social a través de sembrar miedo en la población. En el país, en general, existen más de 200 procesados por este gobierno, entre maestros, estudiantes, dirigentes comunitarios, trabajadores, periodistas, etc.

Esta legislación represiva aplicada fue emitida por las dictaduras para perseguir al "enemigo comunista" y ahora es aplicada a los dirigentes sociales, catalogándolos de terroristas o de saboteadores.

Políticas de represión similares ocurren en otros países. Por ejemplo Perú en zonas como Cajamarca o el Valle del Tambo, con varios muertos causados por las fuerzas militares. O en Chile, con el gobierno de la Concertación y el actual de Sebastián Piñera, con el vilipendio al pueblo mapuche y la militarización de sus territorios acusándoles igualmente de terroristas.

La codicia por nuestros recursos naturales no cesa. El sistema capitalista con su producción anárquica de mercancías los busca a cambio de obtener grandes ganancias. El señor Presidente Rafael Correa ha dicho claramente que "durante este gobierno se explotarán todos los recursos naturales del país" y que nada ni nadie lo detendrá. ¿Cuáles son las garantías que dará el gobierno a las empresas, sino es reprimiendo a las comunidades afectadas?

¡Las comunidades campesinas, los estudiantes, los obreros, las organizaciones políticas de izquierda, no podemos quedarnos inmóviles ni pecar de ingenuidad ante la persecución a nuestros dirigentes y la militarización venidera!