Ecuador vivió un mes de marzo muy movido, con marchas y concentraciones que tuvieron la particularidad de marcar un pulseo en el campo de la izquierda política y social que hoy abarca tanto al gobierno como a nichos de oposición. El factor desencadenante de esta coyuntura fue la iniciativa de los sectores sociales y políticos aglutinados en la Coordinadora Plurinacional que impulsaron la "Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos", que tuvo lugar del 8 al 22 de marzo, para exigir al régimen un "cambio de modelo de desarrollo" sobre la base de una plataforma de 19 puntos. En todo caso, la fuerza gravitante en esta movilización fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuyo presidente, Humberto Cholango, expone a continuación tanto el sentido y balance la marcha como las aperturas hacia el futuro.

Nosotros hemos evaluado y el balance es positivo. En medio de un conflicto con el gobierno del presidente Rafael Correa, que es un conflicto programático, y en cierta medida con un gran sector del gobierno, ideológico, consideramos como positivo porque nace nuevamente una reconstitución de fuerzas sociales.

Obviamente no podemos decir que todo está reconstruido, pero nace una fuerza social para reconstituir y asumir como objetivo estratégico la agenda de lucha que es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que contempla gran parte del programa de la lucha que los movimientos sociales han venido desarrollando como, por ejemplo, la revolución agraria, la democratización de la economía, la democracia y la participación en la consolidación de un Estado plurinacional, la soberanía nacional entendida como una posición más digna frente a todos los gobiernos y frente a los acuerdos de libre comercio… Pero fundamentalmente creemos que es positiva esta movilización porque la sociedad tiene que movilizarse para exigir estos cambios y la sociedad tiene que asumir esta movilización como un elemento estratégico para que la derecha no pueda tener capacidad de iniciativa, capacidad de copar también las calles, para neutralizar un proceso político, un proceso social, que en cierta medida inicialmente tuvo avances pero con el pasar del tiempo se ha ido achicando.

No, de ninguna manera, nosotros asumimos esto como una lucha histórica, como un proyecto político, respondemos a objetivos estratégicos, y creo que es fundamental dejar muy claro que no quisiéramos convertirnos en opositores sino en constructores de alternativas para el país, porque no hay que hacer de la oposición una cultura de vida, sino lanzar propuestas que se puedan avanzar.

Obviamente que hay una difícil comprensión respecto a cuestiones como, por ejemplo, la entrega de la riqueza nacional a las empresas transnacionales, ya que si bien necesitamos socios, inversión extranjera, pero no necesitamos que las empresas vengan e impongan sus condiciones en los territorios de los pueblos indígenas que violen la Constitución del Estado, no solamente respecto al derecho a la consulta que consagra la Constitución, sino también a los derechos de la naturaleza, pues la Constitución dice claramente, donde hay bosque primario, donde hay pueblos que estén habitando, donde hay fuentes de agua, cuencas hidrográficas, no se puede hacer una explotación minera.

Entonces, creo que es fundamental dejar muy claro que para las organizaciones y sectores sociales se impone recrear, reconducir y ponerse a las circunstancias y a la altura del momento; no podemos seguir pensando en luchar con la misma lógica, con la misma tradición, con las mismas estrategias que hace unos 5 o 6 años atrás, muchas cosas han cambiado es cierto, hoy tenemos una nueva Constitución y hay que partir de ésta para pensar al Estado. En este sentido, desde el movimiento indígena hay que pensar a la sociedad en el marco de un Estado plurinacional.

Es en esta perspectiva que hay choque de visiones con el gobierno, por ejemplo, frente a la ley de tierras, la posición del Presidente es no a la revolución agraria porque redistribuir las tierras a los indígenas y campesinos es redistribuir la pobreza, entonces choca con una visión de socializar la economía, de democratizar los medios de producción; esas son las visiones con las que nosotros hemos confrontado y frente a eso es lo que nosotros hemos hecho una marcha para decir: oiga, el presidente ofreció una cosa y su política, su orientación, esta yendo en contra sentido.

Hay que entender, como elemento fundamental, que la lucha por la tierra es la lucha por el poder, por la cultura, por la economía, por la ciencia y por la vida. Por lo tanto, la lucha por la tierra es un eje fundamental y hay que decir que el levantamiento indígena del año 90, si bien tuvo otras reivindicaciones más, básicamente uno de los motivos fue por la disputa de las tierras y territorios con el Estado, con las empresas y con los grandes terratenientes.

Hoy, nuestra posición es que debe iniciarse una revolución agraria pero no solamente pensando en la lógica tradicional que es de redistribuir la tierra sino ver cual es el poder agrario, cuál es el poder del mercado, poder del control que están teniendo los grandes grupos y poderes económicos. En el país, por ejemplo, uno de los grupos más poderosos, que se ha consolidado en control de la alimentación, es PRONACA, que tiene acuerdos y convenios con el gobierno.

Como CONAIE planteamos poner un límite a la tenencia de tierra, nacionalización de los capitales y de las tierras que están siendo ocupados por empresas e inversiones extranjeras que solamente están dedicadas a producir productos de agro-exportación. También la creación de los juzgados agrarios o juzgados ambientales que se instalen con total coherencia, no sometidos a los vaivenes de la política de los gobiernos, la creación de un fondo de tierra y soberanía alimentaria para facilitar y reactivar la producción del país, para garantizar una alimentación segura, para combatir la especulación de los productos en los mercados, y este fondo tiene que ser para poder generar un empleo digno de las comunidades indígenas y campesinas.

Entonces, esos son, entre otros puntos, los que nosotros hemos previsto frente al proyecto de ley que ha presentado la Red Agraria y encabezado por la FENOCIN. Toda iniciativa ciudadana, que tenga participación, nosotros respaldamos y no tenemos ningún problema. Si es que hay que reunirnos con la FENOCIN, con la FEINE, para consensuar una ley y para tener una posición conjunta, lo vamos a hacer y lo hemos hecho, estamos avanzando en ese proceso.

Nosotros siempre tenemos una buena fe en el diálogo, pero también hemos tenido experiencias frustrantes. 25 años de la CONAIE, 23 años de levantamiento indígena, con todos los gobiernos hemos fracasado en el diálogo, no ha habido resultados positivos, tal vez reconocemos algunas cosas, pero como en proyecto general, en política general es muy poco, y no ha sido la excepción el diálogo con el Presidente actual.

Sin embargo creo que es fundamental insistir que el diálogo es el único camino por el que se puede llegar a consensos y acuerdos, siempre y cuando haya respeto, tolerancia, cuando los compromisos se cumplan. El diálogo no es ningún pacto, por eso tiene que darse a la luz del día en función del país. Por ejemplo nos hubiese gustado tener un diálogo transparente sobre ley de comunicación, sobre cómo se va a redistribuir las frecuencias, de cómo desprivatizar las frecuencias del espectro radioeléctrico, pues como puede ser posible que una persona tenga varias frecuencias, varias repetidoras, tenga periódico, televisión, cuando debería tener solamente un solo medio de comunicación. Nos hubiese gustado debatir, sin embargo creo que no es tarde.

Asimismo es importante que podamos tener coincidencias en la ley de tierras, consensuar primero entre las organizaciones y luego, si es posible, la Asamblea y el gobierno nacional. Lo mismo respecto a la ley de aguas, la participación de los indígenas… porque hasta estos momentos el gobierno ha ido llenando cositas por acá y no con un plan serio, verdadero, que pueda incluir o aceptar la realidad de las nacionalidades. Pueden tener indígenas en la función pública, eso es un derecho, pero eso no representa de ninguna manera un plan de construir un Estado plurinacional, más bien se trata de cuotas políticas.

Creo que podemos reconocer de lado a lado puede haber eso. Somos una organización de seres humanos, no podemos negar que puede existir errores, dificultades, pero una cosa que quede claro: el Presidente ha confrontado con nosotros en términos despectivos, ni siquiera se ha debatido. Yo estoy un año en la presidencia de la CONAIE, hemos tratado de tener la mayor tranquilidad posible, pero a veces somos obligados a dar respuestas porque nos obliga el Presidente. Y eso yo creo que no contribuye a un debate serio de construcción de país.

De ninguna manera va a repercutir eso, porque están asumiendo la función pública, primero, como un derecho que tienen como cualquier ecuatoriano; segundo, porque son profesionales y están ahí; tercero esa juventud que está ahí debería estar al servicio del Estado y no solamente al servicio del gobierno de turno; y, finalmente la gran mayoría lo hace a título personal, como cualquier profesional, y no a título de organizaciones. Pero lo que si rechazamos categóricamente es que a eso le den una manipulación política intencionada para golpear al movimiento indígena desde el gobierno.

Como CONAIE no participamos en el trámite, tenemos un movimiento político que es Pachakutik, que recoge diversas expresiones, eso hay que valorar, ha habido aciertos, pero también ha habido errores muy graves en este proceso, y eso nos debe servir, no para censurarnos ni para lamentarnos, sino como una lección aprendida como un proceso que nos enseñe para no cometer los errores, obviamente, para nosotros es fundamental que los sectores sociales, que las fuerzas progresistas de izquierda confluyan en un frente común y bajo una agenda común que se pueda llevar adelante, no en contra de Correa, sino con una alternativa. Entonces, ante los llamados que hace la derecha por una unidad de todos contra Correa, eso para nosotros absolutamente queda descartado, no es el camino que se debe transitar.

Estados Unidos ha empezado una nueva ofensiva, política, militar, diplomática, económica en Suramérica, intentando golpear a los gobiernos, los pueblos, para tratar de recomponer sus fuerzas, retomar su influencia y romper la UNASUR, que es uno de los objetivos fundamentales para nosotros, para la integración económica política cultural social y que se desarrolle las instituciones más sólidas para que puedan confrontar geopolíticamente. En eso nosotros hemos sido muy claros: jamás el movimiento indígena puede prestarse a estar haciendo el juego a Estados Unidos, a la política internacional de Obama y de las empresas transnacionales.

Fuente: http://alainet.org/active/54175