Texto escrito a pedido de la conferencia nacional sobre "Multinacionales, Violencia, Libertad Sindical y Democracia en Colombia", organizado por el sindicato internacional SINALTRAINAL en su 30.0 aniversario, 26 de julio, 2012, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá.Traducido por Silvia Arana para Rebelión

La intervención militar de EE.UU. en Colombia constituye la guerra de contra-insurgencia más larga en la historia mundial reciente. Comenzó cuando el Presidente John F. Kennedy creó en 1962 los "Boinas Verdes", y se intensificó en el nuevo siglo con el programa militar de siete mil millones de dólares del Presidente Clinton (Plan Colombia) iniciado en el 2001 y que hoy continúa con Obama con el establecimiento de siete nuevas bases militares. La guerra que EE.UU. libra en Colombia ya lleva 50 años. Diez presidentes estadounidenses, 5 demócratas y 5 republicanos, liberales y conservadores, se han alternado para llevar adelante una de las más brutales guerras de contra-insurgencia jamás registradas en América Latina. En términos de matanza de civiles, de sindicalistas y de activistas de derechos humanos, de desplazamiento de campesinos, la oligarquía apoyada por EE.UU. tiene la dudosa distinción de figurar en los primeros puestos de la lista de gobernantes tiranos.

Para entender la sangrienta historia de la intervención imperial de EE.UU. en Colombia es necesario examinar varios aspectos clave de la relación en un contexto histórico comparativo que resalte las especificidades de la clase dominante de Colombia y la importancia geo-política estratégica del país para la hegemonía de EE.UU. en el hemisferio.

La violencia es endémica en una sociedad regida por una clase gobernante 'cerrada' a través de partidos oligárquicos del siglo XIX (y sus facciones rivales) durante la mayor parte del siglo XX y XXI. Colombia difiere de la mayor parte de países latinoamericanos, en los que a principios del siglo XX, se expandió la representación de diversos partidos de clase media. En el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial y especialmente durante la Depresión del 30, América Latina presenció el surgimiento de partidos socialistas, comunistas y nacional populistas al igual que de regímenes tipo Frente Popular. Sin embargo, Colombia permaneció congelada en el tiempo en un sistema político cerrado dominado por dos partidos oligárquicos, compitiendo con balas y votos.

En el periodo inmediato posterior a la II Guerra Mundial emergió la figura nacionalista y populista de Jorge Eliécer Gaitán, este fue asesinado y el país entró en una etapa de baño de sangre que cubrió a toda la sociedad llamada la "Violencia". Facciones de las oligarquías conservadora y liberal financiaron bandas armadas para asesinarse los unos a los otros, dando como resultado más de trescientos mil muertos. Las oligarquías terminaron la guerra interna firmando un acuerdo de alternancia en el gobierno, el llamado "Frente Nacional" que consolidó más aún el control del poder impidiendo que cualquier nuevo movimiento político alcanzara cualquier tipo de representación significativa.

Incluso cuando emergió una seudo alternativa, bajo el mando del populista de derecha, Rojas Pinilla, las masas urbanas y los pobres del campo fueron sometidos por los ejércitos privados de los terratenientes, mientras que el movimiento obrero urbano fue brutalmente reprimido por los militares y la policía. Los disidentes demócratas integraban en general una facción del Partido Liberal; mientras que los activistas obreros se congregaban en torno de los sindicatos militantes y del clandestino o semi legal Partido Comunista o de pequeños partidos socialistas.

Con el inicio de la Guerra Fría, Washington halló en la alianza oligárquica bipartidista un cómplice muy bien dispuesto, especialmente después de la eliminación de Gaitán y de la salvaje represión de los militantes sindicalistas que trabajaban en los complejos agrícolas controlados por EE.UU. Comenzando con los acuerdos militares anticomunistas bilaterales y multilaterales de principios de los 50, la política colombiana quedó congelada en un patrón de subordinación y colaboración con Washington, mientras EE.UU. expandía su poder imperial desde América Central y el Caribe hacia el resto de América Latina.

Las similitudes entre los sistemas políticos bipartidistas de Colombia y de EE.UU. y la exclusión de cualquier oposición efectiva en ambos países, facilitó la continuidad y colaboración. Como resultado, la oligarquía colombiana no enfrentó los desafíos que surgieron de tanto en tanto en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

La Revolución Cubana, especialmente la transición hacia el socialismo y la multiplicación de movimientos guerrilleros en América Latina, marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre EE.UU. y Colombia. Colombia se transformó en un país central para la estrategia contrarrevolucionaria de Washington. Fue como un "laboratorio" de EE.UU. en la lucha contra el auge revolucionario de los 60.

Colombia fue una suerte de trampolín desde el que Washington lanzó una contra- ofensiva apuntalada en regímenes militares para establecer un imperio de países dependientes-clientes, abiertos a los intereses económicos de EE.UU. y obedientes a los dictados de la política exterior de Washington.

El imperio estadounidense no surgió completamente formado a fines de la II Guerra Mundial. Tuvo que confrontar y vencer muchos obstáculos y desafíos internos y externos. Internamente, a fines de la II Guerra Mundial, después de cinco años de guerra, la mayoría de los ciudadanos de EE.UU. exigían una desmovilización militar (1945-1947) lo que debilitaba la capacidad de intervención contra los nuevos gobiernos progresistas en Guatemala, Chile, Argentina y otros países. Sin embargo, con la Guerra Fría y la "guerra caliente" en Corea, EE.UU. se rearmó y se lanzó en pos de la hegemonía mundial. Gobiernos progresistas y social democráticos y sus líderes fueron expulsados del poder y encarcelados en Venezuela, Guatemala y Chile. A lo largo de la década del 50, Washington apoyó la primera (pero no la única) "Era de Dictadores y Libre Mercado". En ella se incluyen Odría en Perú, Pérez Jiménez en Venezuela, Ospina y Gómez en Colombia, Trujillo en República Dominicana, Duvalier en Haití, Somoza en Nicaragua, Armas en Guatemala, Batista en Cuba.

Entre 1948 y 1960 el imperio estadounidense dependió completamente de la fuerza bruta de los dictadores y de la complicidad de las oligarquías agro-minera locales para establecer su dominación.

El Imperio, basado en dictaduras de derecha, no duró más de una década. Comenzando con la victoria del Movimiento 26 de Julio en Cuba, una década (1960-1970) de insurrecciones revolucionarias a lo largo del continente desafiaron el poder imperial y a los colaboradores clientes del Imperio.

El imperialismo estadounidense, ante la extinción de sus clientes dictatoriales, se vio forzado a adaptarse a la nueva configuración de fuerzas compuestas por partidos electorales reformistas de clase media , a una nueva generación de radicales y a un movimiento revolucionario de intelectuales, campesinos y obreros inspirados por el ejemplo de Cuba.

En 1962 Washington lanzó una nueva estrategia llamada "La Alianza para el Progreso" (AP) para dividir a los reformistas de los revolucionarios: la AP les prometía a los regímenes reformistas de clase media tanto ayuda económica como asesores militares, armas y fuerzas especiales para destruir a los insurgentes revolucionarios. Es decir, la violencia imperial se hizo más selectiva : estaba dirigida contra los movimientos revolucionarios independientes e involucraba una mayor participación militar directa en los programas de contra-insurgencia de los regímenes elegidos por voto.

En contraste con el resto de América Latina, donde reformas agrarias, democráticas y nacionalistas se desarrollaron a la par de los programas de contra-insurgencia (Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela) en Colombia la oligarquía siguió en el poder, bloqueando el surgimiento de una alternativa reformista-democrática y dependiendo completamente de una estrategia de militarización total y de polarización política entre revolución y reacción.

En Colombia, el Imperio estadounidense no tuvo que elegir entre un régimen reformista de clase media y un movimiento revolucionario porque el sistema oligárquico bipartidista dominaba la arena electoral. EE.UU. no necesitó combinar el "palo con la zanahoria" sino que concentró todos sus esfuerzos en fortalecer el poder militar de la oligarquía dominante.

La clase gobernante de Colombia descartó cualquier tipo de "reforma agraria" a diferencia de Chile, Perú y Ecuador por la razón obvia de que ellos eran la élite terrateniente. La oligarquía colombiana no tuvo ninguna presión del nacionalismo militar para nacionalizar las industrias estratégicas, como en Bolivia (estaño y gas) y Perú (petróleo y cobre) porque los militares estaban bajo el mando de EE.UU. y estrechamente vinculados a la emergente narco-burguesía.

Hacia fines de los 60, Colombia se convirtió en la pieza clave (el "modelo") de la política de EE.UU. para América Latina. La región pasó del reformismo al nacionalismo radical y al socialismo democrático a principios de los 70, especialmente los países andinos y el Caribe.

Colombia era la anomalía en la región andina gobernada por nacionalistas como Guillermo Rodríguez en Ecuador, Juan Velasco Alvarado en Perú, J J Torres en Bolivia y socialistas democráticos como Salvador Allende en Chile. La clase gobernante colombiana funcionaba como el "contrapunto" de EE.UU. en el lanzamiento de su segunda y más brutal ofensiva contrarrevolucionaria que comenzó con el golpe de estado de 1964 en Brasil.

A continuación EE.UU. invadió y ocupó la República Dominicana en 1965/66 y apoyó el derrocamiento de Allende, Rodríguez, Torres, Velasco Alvarado en los países andinos. Luego, EE.UU. apoyaría golpes militares en Argentina (1976) y Uruguay (1972).

El Pentágono organizó escuadrones de la muerte mercenarios en El Salvador y Guatemala matando cerca de trescientos mil campesinos, obreros indígenas, maestros y otros ciudadanos. EE.UU. organizó desde Honduras un ejército mercenario (los "Contras") para destruir la revolución Sandinista.

La clase gobernante de Colombia, con el apoyo de expertos en contra-insurgencia de EE.UU. e Israel, trató de seguir el liderazgo contrarrevolucionario de EE.UU. involucrándose en una "política de tierra quemada" para derrotar a la insurrección popular. Pero los narco-presidentes Turbay, Betancur, Barco, Gaviria y Samper solo obtuvieron éxitos parciales -destruyeron la Unión Patriótica, una organización legal y popular, pero incrementaron el tamaño, alcance y cantidad de miembros de la insurgencia armada.

La segunda ola de "Dictadores y Libre Mercado" (1970-1980) -incluyendo Pinochet (Chile), Videla (Argentina) y Álvarez (Uruguay)- llegaron a tener presión popular y a enfrentar crisis irresolubles causadas por la deuda externa a principios de la década del 80. Una vez más el imperialismo estadounidense enfrentaba un desafío y una disyuntiva: o continuar con los dictadores y la crisis financiera aguda o instrumentar una "transición democrática" que permita preservar el estado y una economía neoliberal.

La década del 90 fue testigo del mayor saqueo de las economías latinoamericanas desde la época de Pizarro y Cortés. Los presidentes Menem en Argentina, Salinas y Zedillo en México, Cardoso en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia y Fujimori en Perú privatizaron y desnacionalizaron -en general vía decretos presidenciales- más de cinco mil empresas, minas, recursos energéticos, bancos y redes de telecomunicación pertenecientes al estado valuados en más de mil billones de dólares. En la década de 1990, más de 900 mil millones de dólares salieron de América Latina en forma de ganancias, royalties y pagos de intereses a corporaciones multinacionales, bancos y especuladores. En Colombia, el narcotráfico se convirtió en la principal fuente de ganancias mientras la oligarquía tradicional se unía a la "narco-burguesía" en el lavado de miles de millones de dólares vía cuentas " correspondence " en los principales bancos de EE.UU. en Miami, Wall Street y Los Ángeles.

La transición de dictaduras militares a sistemas neoliberales autoritarios elegidos por voto, en Colombia fue la transición de un estado oligárquico a un narco-estado. Los escuadrones de la muerte paramilitares y los militares saquearon a millones de campesinos y enfrentaron a la insurgencia armada. No hubo ninguna "transición democrática", ¡la oposición democrática fue asesinada! Entre 1984 y 1990 fueron asesinados más de cinco mil miembros de la Unión Patriótica.

Los imperialistas de EE.UU. consideraban al neoliberalismo latinoamericano de los 90 como el "modelo" de expansión a escala mundial. La fórmula consistía en combinar el saqueo con la privatización en América Latina y la apropiación militar en Colombia.

Las bases de la supremacía imperial de EE.UU. en América Latina fueron construidas en su totalidad sobre cimientos frágiles : pillaje, saqueo y corrupción condujeron a una profunda polarización de clases y una crisis económica que culminó con las insurrecciones populares que derrocaron a los regímenes apoyados por EE.UU. en Argentina, Bolivia y Ecuador. En Brasil, Uruguay y Venezuela los presidentes neoliberales en el gobierno fueron derrotados por partidos de centro-izquierda y partidos nacional-populistas.

En Colombia, el rechazo masivo al gobierno neoliberal y narco-burgués se expresó mediante la abstención electoral masiva (por encima del 75%): el crecimiento exponencial de la influencia y la presencia de la insurrección armada en más de un tercio de las municipalidades y la retirada táctica del Presidente Pastrana, quien aceptó una zona desmilitarizada para la paz directa en negociaciones con las FARC-EP.

Colapsaron las bases del dominio imperial de EE.UU. construidas sobre el colaboracionismo de los regímenes neoliberales-clientes. Entre 2000 y 2005 los movimientos populares sociales derrotaron al golpe contrarrevolucionario y al paro patronal (lock-out) en Venezuela (2002-2003). Un Presidente Chávez victorioso aceleró y radicalizó el proceso de cambio socio-económico y profundizó la política exterior antiimperialista de Venezuela. Argentina, Brasil y Uruguay rechazaron los acuerdos de libre comercio de EE.UU.

Una vez más Colombia iba en contra de la ola progresista de la región. La narco-burguesía y la oligarquía optaron por la militarización total para bloquear el surgimiento de los movimientos populares democráticos presentes en el resto de América Latina. La respuesta de Colombia-EE.UU. a la revolución democrática en la región fue el "Plan Colombia" financiado por los gobiernos de EE.UU., Colombia y la Unión Europea.

El Plan Colombia fue la respuesta de EE.UU. a la propagación de la revolución popular democrática a través de América Latina. Representa el mayor programa de ayuda militar de EE.UU. en toda la región y fue diseñado para cumplir con varios objetivos estratégicos:

Cercar a Colombia del "contagio" de la revolución anti-neoliberal, que debilitaba el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas propuesto por EE.UU.

Desarrollar la capacidad de Colombia para amenazar y presionar al gobierno antiimperialista de Venezuela y proporcionar a EE.UU. múltiples bases militares desde donde lanzar una intervención directa contra Venezuela si ocurriera un golpe "interno".

Importantes funciones políticas y económicas de carácter interno. Fue diseñado para militarizar la sociedad y vaciar el campo: 300.000 soldados junto a 30.000 fuerzas paramilitares de los escuadrones de la muerte forzaron a millones de personas a abandonar los territorios controlados por la guerrilla. Los guerrilleros perdieron recursos de inteligencia y apoyo logístico pero ganaron nuevos reclutas. Como resultado de la política de "tierra quemada" de Uribe/Santos y la violencia masiva, nuevos sectores económicos, especialmente mineros, petroleros y del agro, recibieron inversiones extranjeras, sentando las bases en 2012 para el acuerdo de libre comercio firmado por Obama y Santos.

Hay una conexión directa entre el Plan Colombia (2001), la militarización del estado, la represión indiscriminada y la desposesión (2002-2011), la profundización de la liberalización neoliberal y el acuerdo de libre comercio (2012).

Colombia tiene un rol geo-político estratégico en la militarización del imperio estadounidense.

En el Medio Oriente, Sur de Asia y Norte de África, EE.UU. ha usado el pretexto de la "guerra contra el terrorismo" para invadir y establecer un imperio de bases militares en alianza con Israel y la OTAN. En América Latina, EE.UU. en alianza con Colombia y México con el pretexto de la "guerra contra las drogas" ha construido un imperio de bases militares en América Central, el Caribe y de manera creciente en el resto de América Latina. Actualmente, EE.UU. tiene bases militares en Colombia (8), Aruba, Costa Rica, Guantánamo (Cuba), Curaçao, El Salvador, Honduras (3), Haití, Panamá (12), Paraguay, Perú, República Dominicana y Puerto Rico (varias).

Debido a la declinación relativa del poder económico de EE.UU. y al incremento del militarismo, hoy el imperio estadounidense es, en gran parte, un imperio militar en guerra perpetua. Los estrechos vínculos de Washington con Colombia reflejan la similitud de características estructurales del estado fuertemente inclinado hacia las instituciones militares y de la economía sesgada hacia políticas neoliberales y de libre mercado.

Una vez más, Colombia representa una anomalía en América Latina. Casi diez años después de que América Latina rechazara el neoliberalismo y ocho años después de que los gobiernos de centro-izquierda rechazaran un acuerdo de libre comercio con EE.UU., Colombia bajo el mando de Uribe-Santos acepta el neoliberalismo y un acuerdo de libre comercio con Washington.

Para hacer frente a dos iniciativas económicas principales de Venezuela, el Plan Caribe y ALBA, que desafían la hegemonía estadounidense en el Caribe y la región andina, Washington estrecha sus vínculos con Colombia mediante el acuerdo de libre comercio.

El imperio estadounidense depende de regímenes colaboracionistas en todo el mundo para defender su dominio militar. En América Latina, Colombia es su aliado primordial y más activo, especialmente en la región del Caribe y América Central.

Al igual que EE.UU., el estado colombiano militarizado no encaja con la situación de América Latina. EE.UU. carece de nuevas iniciativas económicas para ofrecerle a América Latina, ha perdido una influencia significativa mientras se produjo una disminución en el comercio, la inversión y la participación en el mercado. Debido a que Colombia, como estado neoliberal militarizado complementa el proyecto global de EE.UU., se ha convertido en un receptáculo especial de ayuda militar masiva de EE.UU. -precisamente para evitar que se una al nuevo bloque de estados independientes progresistas y que esto genere un mayor aislamiento de Washington.

La creciente dependencia colombiana de la economía de EE.UU. a través del acuerdo de libre comercio significa el sacrificio de un amplio sector de productores agrícolas y manufactureros pero incrementa las oportunidades para la oligarquía y los inversores extranjeros en minería, petróleo y finanzas. El acuerdo de libre comercio aumentará las oportunidades de la burguesía narco-financiera que lava más de 20 mil millones de dólares anuales en ganancias de las drogas a través de los principales bancos de EE.UU. y la Unión Europea.

Colombia es el "estado modelo" del imperio estadounidense en América Latina. Es un país gobernado por una triple alianza de la narco-oligarquía, la burguesía neoliberal y los militares. El régimen de Santos depende cada vez más del influjo a gran escala del capital extranjero, orientado hacia la producción destinada a los mercados externos. Los gastos militares, el terror indiscriminado del régimen de Uribe, el aislamiento político de los poderes económicos regionales (Venezuela, Brasil, Argentina) y las limitaciones de una economía estadounidense estancada son serios obstáculos para el modelo neoliberal. El Presidente Santos trata de reconciliar estas "contradicciones internas". Santos ha reemplazado el terror indiscriminado con los asesinatos selectivos de activistas clave de los sindicatos y de los movimientos sociales y de derechos humanos. Se ha enfocado en cooptar a los políticos electoralistas y en enfocar las actividades de los paramilitares hacia la eliminación de los opositores populares en las nuevas áreas mineras y de inversión. Ha combinado la firma de acuerdos económicos importantes con Venezuela con la profundización de los vínculos militares con EE.UU.

Los acuerdos de Santos con la Casa Blanca y la estrategia de diversificar la dependencia y el libre mercado se apoyan en cimientos domésticos y globales muy frágiles. La represión del disenso, los impuestos regresivos, la depresión de los estándares de vida, los millones de desposeídos rurales han conducido a un vasto crecimiento de las desigualdades, a la demanda masiva reprimida y a una creciente presión popular. Los compromisos militares con EE.UU. imponen un pesado costo económico sin compensación económica. El costo del militarismo fomentado por EE.UU. perjudica los esfuerzos comerciales colombianos para expandirse en los mercados regionales. La economía de EE.UU. está estancada, EE.UU. está en recesión y los pronósticos para 2012 no son alentadores, especialmente para una economía abierta como la colombiana.

Con el inicio del siglo XXI los países de América Latina enfrentaron una situación similar: crisis de los regímenes neoliberales, decadencia de la economía de EE.UU. y una clase gobernante incapaz de crecer externamente y sin voluntad de desarrollar el mercado interno. Esto dio como resultado revoluciones democráticas que condujeron a la ruptura parcial con la hegemonía estadounidense y el neoliberalismo. Una década después, Colombia enfrenta una situación similar. La cuestión es si Colombia seguirá al resto de América Latina terminando con el militarismo imperial y emprendiendo un camino nuevo de desarrollo. Ha llegado el momento de que Colombia deje de ser una "anomalía política", deje de ser un cliente del imperialismo militar. Los movimientos populares colombianos, como lo demuestra Marcha Patriótica, están preparados para hacer su propia revolución popular democrática y antiimperialista y emprender su propio camino hacia el Socialismo del siglo XXI.